Las políticas
de Estado existen para todos los temas… depende para quién se implementen.
Desalojo, represión y batahola…
Por Elena Luz González Bazán especial
para Villa Crespo Digital
Febrero deparó desalojos, represión, y eso sí, muchas declaraciones y pocas
soluciones…
Primero, fue la Plaza
Noruega, luego siguió Pampa y la vía, esto fue el viernes
22 de febrero, en horas de la mañana, según la información que rodó, era una
orden de la
Justicia Contravencional, por tal motivo, los cartoneros
que ocupaban el espacio público de Pampa y las del Ferrocarril Mitre fueron
desalojados. El saldo ocho recicladores detenidos, entre ellos un niño e incidentes
con vecinos que los apoyaban.
Los hechos…
Viernes 22 de febrero, horas de la mañana, un grupo de cartoneros que ocupaban
el espacio público en las calles Pampa, Virrey Vertiz, Sucre y las vías del
Ferrocarril Mitre, en el barrio de Belgrano son desaojados. Como venimos reiterando
en este informe, porque no podemos peder de vista que la eliminación del Tren
Blanco trajo estos inconvenientes, estos recicladores urbanos se asentaron
en muchos lugares de la ciudad esperando que este tren vuelva a circular,
protestando por su eliminación. El tren es el que les permite volver a sus
hogares en el conurbano bonaerense.
Los que desalojaron fueron los efectivos de la Policía Federal,
a eso de las 7 de la mañana, por orden de la Fiscalía Contravencional
Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires a cargo de la Dra. Marcela Solano.
También se sostuvo que este desalojo del predio se realizaba por las denuncias
de algunos vecinos del barrio porque el asentamiento estaba provocando problemas
de higiene y seguridad por la presencia de material inflamable.
Unas 50 familias, más de 250 personas, fueron expulsadas, estaba presente
el ministro de justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.
Comienzan las declaraciones
El ministro de Ambiente y Espacio público porteño, Juan Pablo Piccardo sostuvo
en declaraciones a radio La Red
que: "La Fiscal
Solano, verificó una contravención en el espacio publico,
porque hay material inflamable, menores, y una cuestión de higiene, por lo
que se ordeno el desalojo con la policía. Se intenta salvaguardar la integridad
de las personas y retirar el material peligroso".
"Hay que encontrar una salida -continuó Piccardo- para resolver términos
de logística. Hemos tenido conversaciones, como en otros asentamientos en
donde hemos llegado a un acuerdo. Muchos camiones que circulan con cartoneros
son del sistema que esta funcionando, y estos cuadros son todavía peor porque
van los carros con las personas arriba. Queda un asentamiento en Cabildo y
General Paz, y otros pequeños, entre ellas, 90 plazas tomadas, veinte por
cartoneros. Es cierto que antes se viajaba en el tren, la gente y el carro,
y ahora deben hacerlo por separado, lo que es más complicado".
El letrado de los cartoneros, Gastón Sánchez, afirmó en radio Mitre que el
procedimiento es "ilegal" porque se basa en un "decreto que
no lleva la firma del Jefe de Gobierno y que está firmado por un funcionario
de menor rango que ordena el desalojo de personas de otra plaza y otro lugar".
"Vamos a plantear esta ilegalidad, y lo actuado por el comisario de la
Seccional 33", advirtió.
El lunes 25 el abogado sostenía que presentarían una denuncia penal contra
el Gobierno de la Ciudad
por la medida que tomó el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño
el viernes 22.
"El Gobierno de la Ciudad
miente cuando dice que fue la fiscal la que ordenó el desalojo del viernes
pasado, por el 22 de febrero, en Barrancas de Belgrano. La fiscal no ordenó
el desalojo. Nosotros vamos a realizar una denuncia penal en este sentido",
reafirmó el doctor Sánchez a FM Global Station.
"Hay que dividir en dos -continuó- las soluciones al conflicto: las inmediatas
y las mediatas. El Tren Blanco es una solución inmediata; yo no digo que sea
una solución a largo plazo. Este es un conflicto social".
El abogado Gastón Sánchez afirmaba que: el jefe de gabinete porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, dice que el espacio público no se negocia. ¨Me parece que
es una frase demasiado grandilocuente para lo que es el espacio público. Mañana,
por el martes 26 de febrero, va a haber una movilización por tres cuestiones:
el regreso del Tren Blanco, el repudio a los hechos del viernes pasado, por
el 22 de febrero, y la renuncia del ministro de Espacio Público porteño, Juan
Pablo Piccardo", finalizó el letrado.
Por su lado, el jefe de ministros afirmó que ¨la medida administrativa tomada
por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que permitió -el viernes
22 de febrero- el desalojo de un grupo de cartoneros que ocupaban un espacio
público de Pampa, Virrey Vertíz , Sucre y las vías del Ferrocarril Mitre,
en Belgrano¨ es correcta.
"Hubo más de treinta reuniones con ellos para ofrecerles alternativas,
en muchos lugares se llegó a un consenso y se fueron. El tren blanco es de
una empresa privado y los trenes los tiene el gobierno nacional, nosotros
no podemos hacer nada. A este grupo de personas quisimos ponerles camiones
pero no quisieron, por eso se los desalojó. El espacio público no es negociable,
es de todos", dijo Rodríguez Larreta en Radio 10.
"Ellos dicen que no hubo diálogo, y hablamos más de treinta veces, diálogo
hubo hasta el cansancio. No hay ninguna duda de la legalidad de la medida
que se tomó", finalizó el funcionario de la Ciudad.
Esteban Bullrich, ministro de Desarrollo Social también habló,
remarcando que no se trata de represión sino de ordenar la vida de la ciudad,
de todos…
El martes 26 de febrero del 2008, sostuvo: ¨no se trata de represión, se trata
de ordenar¨ ¨Nosotros como gobierno tenemos que tomar el rol de ordenar la
vida entre todos nosotros para que podamos convivir; los
cartoneros, los ciudadanos, el resto de los trabajadores de la ciudad,
tiene que poder convivir¨. Mientras se realizaban las protestas por el desalojo
de Pampa y la vía, nuevamente Bullrich sustentaba: ¨Nosotros como gobierno
tenemos que tomar el rol de ordenar la vida entre todos nosotros para que
podamos convivir; los cartoneros, los ciudadanos, el resto de los trabajadores
de la ciudad, tiene que poder convivir. Si entre todos nos respetamos el camino
que nos queda por delante es un camino de crecimiento; si nos faltamos el
respeto terminamos como hemos terminado muchas veces, con crisis que lamentablemente
tienen que ver más con países que no saben superar el disenso, no saben superar
la crítica, no saben superar la violencia¨.
Asimismo, el legislador del PRO-RECREAR, Marcelo Meis propuso que todos los
estamentos políticos, nación, provincia y ciudad se den un plazo de dos años
para terminar con el trabajo de los cartoneros, que se lleve "un programa
social que sustente un mercado laboral para estas personas y los aleje de
la situación infrahumana que vienen llevando diariamente y que trae aparejados
hechos molestos e incómodos para otros vecinos".
"Una norma que ponga fin a la actividad también implicará mantener la Ciudad más limpia y evitar
problemas de inseguridad y drogadicción que se esconden, en algunos casos,
detrás de los denominados recolectores callejeros. Asimismo, se garantizan
los derechos de los niños y adolescentes -que acompañan a sus padres por la
calle de manera promiscua- como lo establecen la Constitución
y los tratados internacionales respectivos", dijo Meis.
Para Meis, el accionar de los cartoneros "se está desbordando con un
alcance tal que ya provoca transgresiones y contravenciones de todo tipo para
la Ciudad y sus vecinos, como:
usurpación de espacios públicos; roturas de bolsas de basura en las veredas;
circulación con carros a caballo por las avenidas; vehículos en condiciones
precarias y sin documentación, y falta de limpieza".
"Estas personas están sometidas a un trabajo infrahumano que indudablemente
beneficia a sectores inescrupulosos que lucran con la necesidad de la gente
actuando como intermediarios en la compra y venta de cartones y otros materiales,
logrando el beneficio de unos pocos y el perjuicio de muchos", fundamentó
Meis en un comunicado de prensa enviado a los medios.
"Las autoridades de la
Ciudad están dispuestas y si la Nación y la Provincia se hacen eco
del tema en dos años terminaremos con esta grave problemática social y cultural
que no es digna ni merecida para nuestra ciudad y nuestro país", finalizó
Por su lado, el Poder Ejecutivo de la ciudad envió un comunicado de prensa
a los medios en el que confirmaba que "la Fiscalía Contravencional
Nº 3, a cargo de Marcela Solano, ordenó el desalojo
del delimitado por las calles La Pampa, Virrey Vértiz, Sucre y Vías del Ferrocarril
Mitre".
También dice que el Poder Ejecutivo de la Ciudad "continuará ofreciendo la mejor solución
transitoria posible a los recicladores urbanos, que vieron afectado el traslado
de la mercadería al conurbano bonaerense por la suspensión del 'Tren Blanco',
con el propósito de respetar el espacio público y acatar el justo reclamo
de los vecinos porteños".
Marcela Solano, la fiscal mencionada, en diálogo con la agencia adn ciudad,
desmintió que ella haya ordenado el desalojo de los cartoneros: "No ordené
ningún desalojo porque esa medida es potestad del Poder Ejecutivo porteño".
Igualmente, la justicia confirmó que la fiscal envió un oficio a distintas
reparticiones del gobierno. Mientras que el 8 de febrero, la funcionaria judicial,
envió otro documento a la Comisaría 33 atento la denuncias recibidas por particulares
sobre "posible comisión de delitos en la zona". "El Poder Judicial
es independiente y no es la primera vez que el Ejecutivo porteño quiere hacer
ver que los fiscales van a actuar según las políticas del Gobierno de la
Ciudad. Esto no es así, cada funcionario decide según su
criterio, y no sobre políticas dictadas desde otro poder", aseguraron
desde la Justicia porteña.
La polémica fue tan dura que se pusieron paños fríos en medio de este cruce,
que es mucho más arduo, tedioso y con pocas soluciones. El gobierno porteño
reconoció que la disposición de desalojo salió del ejecutivo.
Por su lado, Alicia Pierini, la defensora del pueblo de la ciudad expresó
que el personal policial de la comisaría 33 hizo abuso de la fuerza pública,
provocó lesiones, privaciones ilegítimas de la libertad y abuso de la autoridad.
El pasado 26 de febrero, la causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción
Nº 49, a
cargo de Facundo Cubas.
Es cierto como se afirma desde el mismo riñón del gobierno porteño que hay
una cadena de responsabilidades. Que este trabajo no sólo es inhumano, sino
que hay quienes se favorecen sobradamente de él.
Pero siempre el hilo se corta por lo más delgado, la víctima se transforma
en victimaria, y los verdaderos responsables quedan libres.
Las medidas tomadas hasta el momento, no son paliativas, son parte de un verdadero
interés económico que se organiza alrededor de la basura. Donde las familias
que deben trabajar son las únicas no favorecidas, sobreviven con un trabajo
precario, sin cargas sociales, obra social, jubilación y todas las conquistas
que aún siguen teniendo los trabajadores en blanco.
Este es un entramado donde se continúa hablando de las consecuencias y jamás
de las causas…