COMUNICADO DE PRENSA

Atento a los hechos desgraciados sufridos en la localidad salteña de Tartagal el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) desea solidarizarse con los hermanos afectados y plantear algunas reflexiones en torno a la cuestión.
No deja de sorprendernos la ligereza de los dichos de nuestras autoridades políticas, desde la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta el Gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y sus funcionarios subalternos. Rechazan de plano y sin lugar a consideraciones la posibilidad de relacionar el alud y la crecida del Río Tartagal con las actividades extractivas madereras que se llevan adelante en la región. Existen serios estudios que demuestran cómo los desmontes, talas irracionales, apertura de picadas para actividades petrolíferas y otros aprovechamientos sin los debidos estudios de impacto ambiental y control público, han alterado significativamente el equilibrio ecológico de la zona. Desconocerlo implica un acto de necedad e irresponsabilidad política.
Nos preguntamos además:
¿Puede atribuirse toda la responsabilidad a fuerzas de la Naturaleza cuando desde hace años existían estudios de la Universidad Nacional de Salta, entre otros, que alertaban acerca de la posibilidad de derrumbes e inundaciones provocado por el deterioro de la cabecera de la cuenca del Río Tartagal?
¿Puede hablarse de hechos inevitables cuando los estudios científicos y hasta el sentido común demandaban la necesidad de encarar urgentes medidas que detengan o, por lo menos, controlen las acciones del Hombre?
¿Es posible eximir de responsabilidad a autoridades políticas que estuvieron ausentes, que no quisieron escuchar, que no previeron, que niegan la realidad?
Ante los hechos y las reacciones, es de esperar que nuevas catástrofes como la de Tartagal se repitan periódicamente. Como dato alarmante, basta recordar la recientemente aprobada Ley de ordenamiento de bosques nativos provincial que vulneró el proceso participativo previo y desconoció los criterios científicos, dejando abierta la posibilidad de desmontar alrededor de 4.000.000 de hectáreas, cuando los estudios señalan que perder más de 1.200.000 hectáreas en la provincia implica un inmenso peligro ambiental.
Celebramos el acierto y mesura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, ante el justo reclamo de comunidades indígenas y campesinas, ordenó al Gobierno de Salta el 29 de Diciembre pasado la suspensión de los desmontes indiscriminados. Recordamos que el día 18 de Febrero se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una Audiencia Pública ante la Corte Suprema en la cual dirigentes indígenas y campesinos expondrán ante los magistrados sobre la gravedad de la cuestión.
Por último, como organismo pastoral de la Iglesia Católica en Argentina, renovamos nuestro compromiso a continuar muy cercanos a los Pueblos Indígenas, acompañándolos en sus luchas, en sus reclamos y en sus esperanzas. Como dicen nuestros Obispos Latinoamericanos: “empeñar nuestros esfuerzos en la promulgación de políticas públicas y participaciones ciudadanas que garanticen la protección, conservación y restauración de la naturaleza.” (Doc. de Aparecida 493.d).
Estamos convencidos que estos Pueblos tienen una enorme lección para darnos, en el cuidado y el respeto de la creación, regalo de Dios para toda la humanidad.-