LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
DENUNCIA SOBRE UN
VIOLENTO DESALOJO
2 de diciembre del 2010
En el
despacho Nº 118 del 19 de noviembre del corriente año, la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires denunció penalmente a los policías que procedieron a un desalojo
donde se empleó la fuerza en forma más que violenta.
En dicho
despacho afirman que se produjeron vejaciones, apremios ilegales y otros hacia
los pobladores del asentamiento ubicado en avenida Vélez Sarsfield y las vías
del ferrocarril, ubicado en la villa 21, 24, por parte del personal de la División Roca
de la Policía Federal
Argentina el pasado 10 de noviembre.
Y agregan:
Las personas
que residían en ese predio manifestaron ante la Defensoría del
Pueblo porteña haber sido víctimas de violencia y abuso por parte de los efectivos
de la Policía
Federal que intervinieron en el desalojo. Los numerosos testimonios
recibidos se refirieron a la brutalidad en el accionar de los policías, a
la falta de uniforme o identificación de la mayoría de ellos y a la portación
visible y uso de picanas eléctricas.
En cuanto a la orden de desalojo y demolición de
las viviendas sostienen: Por otro lado, la orden de desalojo y demolición
de las viviendas en el mismo procedimiento no fue comunicada con la anticipación
necesaria a las familias afectadas para que puedan resguardar sus bienes.
Según las declaraciones obtenidas, los efectivos policiales irrumpieron en
el lugar y retiraron sin el más mínimo cuidado todos los elementos que se
encontraban dentro de las casillas, tiraron abajo las viviendas con palas
mecánicas y luego cargaron lo colectado en una formación del ferrocarril.
Se presentó una denuncia penal presentada por Alicia
Pierini, Defensora del Pueblo donde señala que “estamos frente a la criminalización
de la usurpación y desalojo compulsivo por medio de la violencia, apremios
ilegales, topadoras y picana”, y que: “El Estado debe adoptar las medidas
acertadas para proveer de seguridad a quienes viven en los asentamientos urbanos”.
A raíz de estos actos de violencia que también sufrieron mujeres con sus bebés
en brazos, se destaca que “los niños y adolescentes constituyen un grupo que
debe ser protegido especialmente ante situaciones como las denunciadas”.
El titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional
y de Faltas número 2, Dr. Carlos Bentolila, fue quien ordenó el allanamiento
del predio para restituir el terreno a la empresa Ferrosur S.A, concluyen.
En materia de asentamientos, villas y desalojos,
nuestro portal viene haciendo una cobertura permanente sobre el tema, esta
nota se agrega a este trabajo.
FUENTES: Defensoría del Pueblo y propias.
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