BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 611
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
16
de junio del 2011
Del 24
de mayo de 2011
1. Perfeccionan
la política represiva contra los luchadores.
2. Para
muestra basta un "botón".
3. Agente
antidrogas narcotraficante y penitenciario ladrón.
4. Democracia,
dictadura, la tortura continúa.
5. Morón:
La UTN enreja, gendarmería amenaza, Sabatella filma.
6. Los
paramilitares de Abu Dhabi.
PERFECCIONAN
LA POLÍTICA REPRESIVA CONTRA LOS LUCHADORES
El autoproclamado
gobierno de los derechos humanos continúa con su política
de reprimir con el mayor consenso posible. El 29 de marzo de este año
se reunió el Consejo de Seguridad Interior (CSI), que agrupa
a todos los ministros del país, de los que dependen las fuerzas
de seguridad provinciales, a fin de implementar una política
común para reprimir la protesta social.
Teniendo
en cuenta que estamos en épocas electorales es lógico
que busquen la mejor manera de hacerlo con el menor costo político
posible. Por ello esta última semana hasta se cuidaron de hablar
de represión y utilizaron eufemismos del tipo “control
de la protesta social”, o “control inteligente de la protesta”
para “evitar cualquier tipo de desborde”.
El plan
consiste básicamente en tratar de cooptar la eventual protesta
y, si no se logra, ahí sí aplicar la represión.
Recaerá sobre aquellos que salgan a luchar en forma independiente.
Ese es el significado que debe darse a declaraciones que indican que
el procedimiento represivo consistirá en determinar cuál
es el conflicto, quiénes son los actores principales y detectar
a los “potenciales actores desestabilizadores”. Es decir,
se hará inteligencia y, si no se los puede cooptar se los reprimirá.
Se señala además que habrá un grupo especial listo
para entrar en acción “como último recurso”.
Así,
quienes se organicen y salgan a luchar por mejores condiciones de vida
en forma independiente del gobierno deberán esperar el intento
de cooptación, la saturación de fuerzas de seguridad en
el lugar de la movilización y la actuación de grupos de
élite especializados en la represión de la protesta.
Esta decisión
política será coronada luego con el armado de causas a
los luchadores apelando a artilugios legales que transformarán
al ejercicio de derechos básicos, como luchar por mejores condiciones
de vida, en delitos con penas durísimas.
Actualmente
CORREPI defiende a tres compañeros militantes del PTS acusados
de cortar dos avenidas durante el conflicto de Kraft-Terrabusi. El dato
es la forma en que seleccionaron a los compañeros imputados:
buscaron caras conocidas en las fotos y videos policiales y las compararon
con fotos de otros actos y de las páginas web de las organizaciones
políticas. Así, ubicaron a los compañeros Juan
Oribe, Jesica Calcagno y Patricio del Corro y les achacaron ser los
“responsables” de los cortes. El 2 de agosto es el juicio
oral.
Este 24
de mayo los compañeros Pedro Kuperman y Rubén Saboulard
van a juicio por dos movilizaciones efectuadas en noviembre y diciembre
de 2009. Los policías los identificaron por ser quienes habitualmente
hablan con ellos para avisar por dónde van a ir. Nuevamente,
puede verse el procedimiento que realiza el estado para castigar a quienes
osan organizarse y luchar.
En todos
los casos los jueces y fiscales intentan utilizar las figuras penales
más graves, es decir, las que contienen una pena mayor.
Es lo
que ocurre con los compañeros Hospital, Merino, (militantes de
Causa Ferroviaria y del PO), Morales (militante de Causa Ferroviaria)
y Belliboni (militante del PO) quienes fueron acusados por extorsión,
que contiene una pena de hasta diez años de prisión, por
las protestas ocurridas el 23 de diciembre de 2010 en la estación
Constitución, donde no estaban los compañeros. Los identificaron
con tareas de inteligencia de la policía (División Roca),
por fotos y videos y seguimiento y vigilancia en las casas. Los mismos
policías que hicieron esas tareas están imputados como
co-responsables del plan criminal que terminó en el asesinato
de Mariano Ferreyra.
El 2 de
marzo de este año, doce trabajadores ambulantes y dos militantes
de la TPR fueron detenidos durante una movilización cerca de
la estación Avellaneda del Ferrocarril Roca. Reclamaban el pase
a planta permanente de los vendedores. El juez federal Armella, de Quilmes,
el mismo que interviene en la persecución de Hospital, Merino,
Morales y Belliboni, también los acusó del delito de extorsión,
además de interrupción del servicio ferroviario, del tránsito,
lesiones y resistencia a la autoridad. La causa fue iniciada por un
gerente de UGOFE y como testigos están ofrecidos los mismos policías
que están imputados en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.
Para estos
jueces, fiscales y empresarios, es extorsión reclamar por un
derecho.
Otro compañero,
el “Neno” Abella, de la agrupación gremial ferroviaria
“4 de Octubre” fue acusado y se lo llevará a juicio,
entre el 8 y el 10 de junio, por realizar pintadas en la estación
Constitución el día posterior al asesinato de Mariano
Ferreyra. Se le imputa el delito de daños y, concretamente, pintadas
de organizaciones a las que no pertenece. Lo acusa el mismo gerente
de UGOFE que persigue a los vendedores ambulantes, a Hospital, Merino,
Morales y Belliboni y declaran contra el compañero los mismos
policías cómplices del asesinato de Mariano.
Esos ejemplos
concretos muestran que la supuesta nueva política de “control
inteligente de la protesta social” es nada más que un eufemismo
para decir que continuarán perfeccionando la política
represiva sobre los luchadores, política que tiene como protagonistas
y socios al gobierno, a los empresarios, a la burocracia sindical, a
la policía y a los jueces y fiscales.
PARA
MUESTRA BASTA UN "BOTÓN"
El 9 de
octubre de 2002, un chico de 19 años, Enrique Redondo Martínez,
que era arquero del Club Atlético Victoriano Arenas (Primera
D) y un ex cabo de la policía federal de 41 años, Martin
Venturini, se cruzaron por la calle en una barriada de Remedios de Escalada.
El saldo,
tres disparos sobre el joven, dos de ellos mortales. El juicio oral
se inició, como muchas veces ocurre, después de 9 años
y con el policía en libertad, con una causa que estuvo contaminada
desde el primer momento con el encubrimiento protagonizado por la comisaría
4ª de Lanús, que, para proteger al colega federal, trató
de tirar carne podrida señalando como autor del hecho a un individuo
que, a la postre, resultó que estaba muerto hacia un año.
En el
juicio que acaba de terminar, a la hora de los alegatos, momento en
que el fiscal, la defensa y el abogado de la víctima repasan
lo sucedido en el juicio y piden sentencia, el fiscal Jorge Michelini,
en lugar de pedir que lo condenaran, directamente pidió que la
absolución, con el argumento de que "el joven portaba un
arma y por eso fue legitima defensa". Así, simplificó
el trabajo del defensor del policía homicida, que, claro está,
pidió lo mismo. Por su lado, el abogado de la familia del pibe
asesinado pidió condena por homicidio simple a 12 años
de prisión.
Durante
el juicio, varios testigos sostuvieron la versión de la querella:
el chico y el policía se conocían de antes, siempre jugaban
juntos a las cartas en una sociedad de fomento por lo que la versión
de que el chico fuera armado y a cara descubierta a asaltar a un hombre
conocido, no resulta verosímil. El arma que le adjudican al muerto
no tenía sus huellas y no había sido disparada, entonces
¿donde está la legitima defensa?.
El fiscal
y el defensor basaron su alegato en un sólo testigo, dueño
de una metalúrgica, que dijo que un empleado de él había
llevado en un coche a dos chicos que buscaban a ese policía y
uno sería Enrique.
Una vez
más vemos como funciona la justicia para el pueblo: un homicida
que dispara tres veces sobre un joven es exculpado con meras especulaciones
por quien debe acusarlo pese a todas las pruebas que en su contra. Una
vez más un policía de gatillo fácil es justificado
por un fiscal que usa como herramienta las leyes que les brindan los
legisladores, todos ellos convenientemente encubiertos por las mentiras
que titulan los medios: otro “delincuente abatido”. Y en
esa justificación, poco importa si está probado que el
policía tiró a matar tres veces, que el arma atribuida
al pibe no tuviera sus huellas ni hubiera sido disparada, que la historia
del robo fuera ni que nadie lo viera. Igual que poco importó
al fiscal Michelini que Diego Gallardo muriera apaleado en la 3ª
de Avellaneda tras una sesión de tormentos que para él
no fue tortura sino apremios.
El martes
24 estará la sentencia. Sabemos cómo cuesta condenar a
un policía cuando el fiscal también acusa, siempre por
la figura menor que tenga a mano, como homicidio culposo o simple en
lugar de homicidio agravado; homicidio preterintencional en lugar de
torturas seguidas de muerte, o apremios en lugar de torturas, etc.).
Esta vez se confirmará la indignación, pero no sorprenderá
si lo absuelven.
AGENTE
ANTIDROGAS NARCOTRAFICANTE Y PENITENCIARIO LADRÓN
Un oficial
principal de apellido Varece, que prestaba servicios en el estratégico
Registro Único de Información de Narcotráfico,
dependiente de la Superintendencia de Drogas, fue detenido hae unos
días, tras un allanamiento ordenado por el juez federal Norberto
Oyarbide y realizado por personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
Los investigadores
llegaron a Varece tras cinco mese de escuchas telefónicas que
lo vincularon con una banda que compraba y vendía drogas a nivel
local. Tenían un departamento en la calle Corrientes donde hacían
“delivery" de cocaína. El efectivo fue detenido en
su propia oficina de Drogas Peligrosas.
Por otra
parte, un agente penitenciario bonaerense fue detenido cuando una comerciante
lo reconoció mientras caminaba por el centro de La Plata y lo
señaló como el autor de un robo en su local.
Efectivos
policiales aprehendieron al agente y entre sus ropas le hallaron un
celular que había sido robado días atrás a esa
mujer.
Durante
la investigación, averiguaron que estuvo presente en más
de diez asaltos a comercios de venta de calzado e indumentaria en la
ciudad de La Plata cometidos entre abril y lo que va de este mes.
Se trata
de un hombre de 39 años, quien trabajó como agente penitenciario
en el penal de Sierra Chica. Quedó acusado de haber cometido
11 asaltos a comercios de la ciudad.
Diríamos
que estos casos son “el colmo” si no no fuera porque, lamentablemente,
son simples muestras del normal funcionamiento de la institución
policial y de cada uno de sus integrantes. A esta altura no caben dudas:
el negocio del delito es organizado por el aparato represivo del estado.
DEMOCRACIA,
DICTADURA, LA TORTURA CONTINÚA
No solo
a la policía se le escaparon “un par” de golpes,
sino que a la justicia, se le escapó la subinspectora Natalia
Verón, prófuga por un año y detenida recién
el sábado pasado.
Claro
que no fueron solo “un par” los golpes que recibieron los
tres jóvenes que, en la madrugada del 20 de julio del año
pasado, fueron, además, humillados y picaneados en la Comisaría
23 de la Capital Federal. La prófuga y dos policías más
fueron procesados por tortura y detención ilegal; otros seis
policías por no evitar ni denunciar las torturas (ver Boletín
nº 569, Picanas en Palermo.
Algo parecido,
y no es casual, pasó también el año pasado, pero
en octubre y en La Plata. Héctor Alonso, que en ese momento tenía
17 años, fue sorprendido en las calles de su barrio, en Tolosa,
por agentes de la comisaría 6ª de La Plata.
Los policías
le pegaron, lo subieron a un patrullero y, entre amenazas de tiros de
gracia y empujones al Río de La Plata , lo llevaron a la dependencia,
donde alrededor de veinte oficiales se fueron turnando para aplicarle
técnicas de tortura, bien conocidas por la fuerza, tales como
el “submarino seco” y el “submarino húmedo”
sin dejar de golpearlo.
Héctor,
como los tres jóvenes de Capital, denunció haber sido
víctima de torturas, pero la impunidad no se vistió de
escape en La Plata , sino que la denuncia se convirtió en la
excusa para alargar los tormentos.
La atrocidad
no cesa de actualizarse. Hasta el día de hoy, Héctor no
sólo es perseguido y acosado por policías de civil (entre
los que pudo identificar a dos de sus torturadores) y autos sin identificación;
sino que en enero pasó veinte días detenido imputado por
un homicidio en grado de tentativa. El fiscal Cartasegna, frente a quien,
paradójicamente, realizó la denuncia de lo ocurrido en
octubre, fue quien ordenó allanamientos en su domicilio, y su
abogada afirma que, como ésa, le imputaron decenas de causas.
La gravedad
del caso hizo que la Organización Mundial Contra la Tortura le
solicitara al estado nacional, al gobierno provincial y al municipal
que tomaran medidas de protección y de reparación a la
víctima. Por parte del ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense
pasaron a disponibilidad a ocho policías de la dependencia, pero
la Comisión Provincial por la Memoria denunció que dos
de esos agentes retomaron su trabajo en la misma comisaría y
volvieron a acosar a Héctor, a quien nadie protege.
Esta Comisión,
como si fuese ajena al estado que la creó, pide a los órganos
judiciales, al estado provincial y subsidiariamente al nacional, responsable
del cumplimiento de los tratados internacionales, “que investiguen
las torturas y se brinde protección al joven, para garantizar
su vida y para que esta democracia no se cobre otra víctima de
la violencia policial”.
Nosotros,
desde CORREPI, haciendo memoria como acto político, repetimos
que no es un policía, que es toda la institución: la federal,
la de La Plata , la que se supone que se le escapa al estado que la
forma, la que impune sigue torturando, la que esta democracia parece
necesitar.
MORÓN:
LA UTN ENREJA, GENDARMERÍA AMENAZA, SABATELLA FILMA
Al lado
de la Universidad Tecnológica de Haedo, en el “progresista”
partido de Morón, desde hace más de 30 años existe
una canchita de barrio que es usada por los pibes y no tanto. La dirección
de la universidad, en homenaje a la seguridad de los que tienen, ha
decidido enrejarla para instalar allí un estacionamiento.
Para custodiar
y llevar adelante esta decisión, un par de gendarmes han sido
apostados allí provocando la bronca e indignación de la
vecindad que no encuentra razón de ser ni a las rejas ni a la
presencia milica.
Poco a
poco los vecinos van organizando la resistencia, y, poco a poco, también,
la respuesta de la fuerza represiva va creciendo al amparo de la impunidad
de que goza en el municipio sabatellista: en dos oportunidades, desde
dos autos identificados como Renault 19 gris, patente THF478 y Fiat
Uno blanco, patente AHE166, los vecinos fueron intimidados, en el primer
caso esgrimiendo armas reglamentarias.
Mientras
esto ocurre en una barriada emblemática del satelismo K, se anuncia
con toda la pompa que se sumarán 50 cámaras más
de vigilancia ciudadana, a las ya numerosas instaladas por todo el partido
de Morón.
Por las
sendas de las sociedades con privilegios de clase y de la mano del estado
que los garantiza, todos los caminos conducen a la represión,
aunque se tomen los atajos del progresismo.
LOS
PARAMILITARES DE ABU DHABI
Esta semana,
el New York Times sacó a relucir una nota donde se investiga
la situación paramilitar en Abu Dhabi (Emiratos Árabes
Unidos).
El jeque
Mohammad Bin Yazed firmó un contrato por 529 millones de dólares
con un hombre de experiencia en el rubro paramilitar, que supo participar
en Blackwater.
Tanto
Bien Yazed, la burguesía de los Emiratos Árabes Unidos
y el Departamento de Estado estadounidense están preocupados
sobremanera por evitar que la ola de reivindicaciones del pueblo árabe
(primavera árabe) afecte sus intereses, es decir, el petróleo
y el económico, ya que estos 800 mercenarios fueron destinados
a oleoductos y rascacielos.
Las fuerzas
paramilitares fueron reclutadas en Sudáfrica y Colombia, ya que
el perfil buscado es el de tropas que tengan experiencia en conflictos
paramilitares. No obstante, participan de la formación los grupos
especiales del Reino Unido, EEUU y Francia, dejándonos bien en
claro que a la hora de reprimir al pueblo unen sus fuerzas.
FUENTE:
CORREPI
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