BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 610
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
16
de junio del 2011
Del 31
de mayo de 2011
1. A los
tiros, 8 años de gobierno de los Kirchner.
2. Gatillo
fácil en Paraná y Llavallol.
3. Milicos
y punteros se matan entre ellos.
4. Más
muertos en cárceles.
5. Continúa
la persecución para la familia de Diego Bonefoi.
6. Polivioladores,
acá y en el mundo.
A
LOS TIROS, 8 AÑOS DE GOBIERNO DE LOS KIRCHNER
Hace unos
días, en La Plata, dos familias estaban cenando tranquilas, cuando
se escucharon gritos, sirenas y golpes. El dueño de casa corrió
a ver qué pasaba, y cuando se acercó a la puerta de entrada,
sonó un escopetazo. Las postas de plomo, que atravesaron la madera,
le pasaron a centímetros de la cara. Mientras los adultos intentaban
poner a resguardo a los pibes, una cantidad infernal de policías
irrumpió en la casa a disparo limpio.
Resultó
que, gateando, uno de los chicos, de un año y medio, activó
por accidente un “botón antipánico”. La empresa
avisó a la policía, y la policía invadió
la casa a los tiros.
Como siempre,
apenas trascendió el hecho, escuchamos las excusas habituales.
La cúpula de la bonaerense salió a despegarse, diciendo
que las escopetas no pueden estar cargadas con postas de plomo, salvo
que la superioridad lo autorice. O sea, la culpa no es de ellos, ni
de sus jefes del poder ejecutivo, sino del “tarado” que
cargó plomo en lugar de goma… ¿Y Sonia Colman, asesinada
el 23 de diciembre de 2007 por un disparo de escopeta con cartuchos
con postas de plomo? ¿Y los muertos del 20 de diciembre de 2001
a puro escopetazo, como Gastón Riva y nuestro Petete Almirón?
¿Y Mauro Rotella, el pibe de Baradero? ¿Y el Pata Díaz,
asesinado el año pasado en la cocina de su casa, en Moreno?
En los
8 años que acaba de cumplir el gobierno peronista de los Kirchner,
mientras se reprime cada vez más, selectivamente, a las organizaciones
y sus militantes, y se intensifica, preventivamente, el control social
con el gatillo fácil y la tortura, episodios como el de La Plata
muestran, con total claridad, cuál es la policía que necesitan,
y cuánto vale la vida de cualquiera de nosotros, cuando lo que
está en juego es conservar el manejo del aparato del estado para
garantizar la defensa de los intereses de los poderosos.
3.183
muertos por el gatillo fácil o la tortura (casi cien asesinados
desde que publicamos el último Archivo de CORREPI); más
de 6.000 compañeros sometidos a proceso por defender los intereses
de los trabajadores; leyes antiterroristas; barrios saturados de policías
y gendarmes; detenciones arbitrarias a granel; patotas de la burocracia
sindical que funcionan como fuerza de choque del gobierno.... y sigue
la lista. Ése es el saldo, 8 años después, en materia
de libertades, del gobierno que aspira a replicarse hasta 2015, y es,
también, el plan de los “opositores” que le disputan
la torta, siempre en contra de los trabajadores y el pueblo.
GATILLO
FÁCIL EN PARANÁ Y LLAVALLOL
El caso
de la familia tiroteada en La Plata es un ejemplo elocuente del accionar
policial: tiran a matar, por las dudas y caiga quien caiga. Después
es la prensa la que se encarga de justificarlos. Las noticias policiales
(o "de seguridad" en algunos medios) son, en la mayor parte
de los casos, la versión policial de los hechos, tendientes a
encubrir los casos de gatillo fácil como muertes en confusos
episodios o en supuestos enfrentamientos.
La familia
platense tuvo la fortuna de no correr con la suerte de Roxana Leguizamón,
una joven mamá de 19 años, embarazada de 7 meses, que
hoy lamenta la muerte de su bebé por ese accionar rutinario de
la policía. Roxana vive en el barrio Gaucho Rivero, al sudoeste
de Paraná. El domingo 22 de mayo, recibió un disparo en
su vientre al quedar atrapada en un tiroteo entre integrantes de una
banda, que habían sido denunciados por protagonizar un enfrentamiento
en el barrio, y los policías que los estaban buscando. El bebé
murió luego de nacer prematuramente por cesárea a causa
de las heridas en la mano y la pierna que le provocó la bala,
además de haber sufrido alteraciones en el sistema nervioso y
hemorragias.
Otra muerte,
se dio el martes 24 en Llavallol cuando Antonio Catarino, un custodio
privado de un camión de gaseosas, empezó a los tiros contra
dos supuestos motochorros, matando de un certero balazo en la cabeza
a uno de ellos. El custodio quedó en libertad después
de declarar en la comisaría cuarta de Lomas de Zamora.
MILICOS
Y PUNTEROS SE MATAN ENTRE ELLOS
Ya sabemos
que los ricos, los que nos gobiernan y sus cipayos represores piensan,
planean y ejecutan la represión contra los pobres y contra los
que se organizan para mantener las riquezas que cosechan a costa de
los trabajadores. Pero también, muchas veces, esa violencia organizada
la utilizan para dirimir sus negocios y cuotas de poder. Y también
en el entrenamiento para reprimir se pueden hasta matar entre asesinos.
Esto es
lo que se demostró con las noticias de estos últimos días
que llegaron desde el interior del país. En el regimiento de
Infantería de Montaña 26 de Junín de los Andes,
Neuquén, un milico fue muerto por otro de un balazo en la cabeza.
Las autoridades del Regimiento dicen que fue un accidente, así
como tantas otras veces que aparecen canas, gendarmes y militares muertos,
que, luego, nos enteramos que se mejicaneaban vueltos del narcotráfico
y el robo. Más allá de lo que quieran esconder, se matan
entre milicos.
El otro
caso que salió a la luz no tiene que ver con sus fuerzas represivas
tradicionales sino con la burocracia sindical y los punteros políticos;
la fuerza de choque parapolicial; la tercerización de la represión.
El hecho ocurrió en Posadas, Misiones. El 25 de mayo pasado,
un concejal aliado del intendente Franco invitaba a tomar chocolate
a unos niños de un barrio de la ciudad, cuando llegó al
lugar un grupo de tres hombres que insultó y amenazó al
político. Otro tipo salió en su defensa y uno de los matones
lo apuñaló en el pecho y lo mató.
El finado
era José Alberto Rodríguez Dos Santos, un empleado municipal
de la sección Servicios Públicos y puntero del intendente
Orlando Franco. El asesino se llama Luis Oscar Payal, otro puntero y
uno de los cabecillas de la misma facción burocrática
de empleados estatales. Ya había sido detenido con armas blancas
y drogas en su poder. Los punteros políticos también se
matan entre ellos.
No importa
si son militares, gendarmes, penitenciarios, bonaerenses, federales
o provinciales. Tampoco si son burócratas sindicales o punteros
políticos. Desde que asumen su rol de vigilante y fuerza de choque
de los poderosos, tienen la necesidad de usar la violencia y muchas
veces dentro de sus mismas filas.
MÁS
MUERTOS EN CÁRCELES
El 18
de mayo murió otro preso en el complejo penitenciario bonaerense
de San Martín, donde funcionan las Unidades 46, 47 y 48. Esta
vez se trata de Ramón Quintero, un recluso de la Unidad 46, que
resultó herido en una pelea en su pabellón. La muerte
de Quintero se pudo haber evitado, de no ser por el abandono y la precariedad
en la que viven los presos. Los primeros auxilios que debería
haber recibido en el penal no se le dieron por una sencilla razón:
en todo el complejo, que aloja a 1.500 personas, no había desde
hacía días un especialista en sanidad; desde hace más
de un mes no se reciben ninguna clase de medicamentos y no hay una sola
ambulancia para las emergencias.
Quintero
fue trasladado al hospital donde murió, en un Renault 12 modelo
‘85 en condiciones precarias de uso y mantenimiento, obviamente
carente de las más elementales condiciones sanitarias.
En otro
lugar, desde la Unidad 1 de Coronda, Santa Fe, la organización
carcelaria Trascendiendo los Muros denunció la muerte de Lucas
González, detenido en esa unidad. Fue encontrado agonizando en
su celda, tras lo cual, los compañeros del pabellón donde
estaba alojado Lucas, fueron encerrados durante más de 48 horas
en sus respectivas celdas, sin agua, luz ni comida, como una forma de
continuar con las torturas físicas y psicológicas a que
los somete el Servicio Penitenciario.
CONTINÚA
LA PERSECUCIÓN PARA LA FAMILIA DE DIEGO BONEFOI
Fue hace
ya casi un año que el policía de Bariloche Sergio Colombil
fusiló a quemarropa a Diego Bonefoi, de 15 años, por que
le resultó “sospechoso”. Este hecho, acompañado
por el constante hostigamiento hacia los pobres de Bariloche, que son
continuamente violentados por la policía, desencadenó
en un levantamiento popular. La bronca de la gente pobre se hizo sentir,
como también así la represión de una ciudad hiper
turística que no tolera alborotos. La violencia del grupo anti-motines
BORA se transformó en decenas de heridos y dos muertos más:
Nicolás Carrasco, de 16, y Sergio Cárdenas, de 29.
Al poco
tiempo, estando todavía muy latente el tema, el hermano de Diego,
Fabio Bonefoi, de 18 años, fue a un hotel, acompañado
de un amigo, a buscar trabajo. Al presentarse, lo hicieron esperar y
llamaron a la policía. Los efectivos lo detuvieron, lo golpearon
duramente y le practicaron un simulacro de ahorcamiento al tiempo que
le advertían que no ande por el centro de la ciudad.
Unos meses
más tarde, en noviembre, el padre de Diego, Sandro Bonefoi, fue
apresado y acusado de agredir a una mujer de un policía que estaba
destruyendo material de difusión por el caso de Diego y en contra
del gatillo fácil.
Por último,
la madre de Diego denunció que, hace dos sábados, varios
policías balearon el frente de su casa al grito de “ahora
vayan a llorar a Dieguito, chorros” mientras ella y sus hijos
dormían. El hecho se produjo un día después de
que la fiscalía y la querella pidieran que el cabo Colombil fuera
condenado a prisión perpetua por ejecutar a la víctima.
En los
barrios de Bariloche en que mataron a Diego y a los otros dos muchachos
que repudiaban la violencia policial hay 10.739 familias -un total de
41.450 personas- sin vivienda propia y la desocupación llega
a un 25 %. El contraste con la forma de vida que se da en la ciudad
(grandes hoteles, turismo internacional, chocolates y esquí)
genera esta enorme violencia que necesita el estado para mantener un
pueblo en la más profunda miseria mientras ahí nomás
se ostentan las máximas comodidades.
Dentro
de esa necesidad imperiosa de represión se da el permanente hostigamiento
a la familia de Diego, que, cada vez que levanta la voz, mancha el prestigio
de esa ciudad tan exclusiva.
POLIVIOLADORES,
ACÁ Y EN EL MUNDO
En Corrientes,
un sargento de la policía fue detenido por violar a la hija de
su novia cuando tenía entre 9 y 12 años de edad. El uniformado
se ofrecía para cuidarla cuando su madre salía a trabajar,
y, aprovechando su condición policial, la amenazaba con matar
a la mamá si ella lo denunciaba.
Durante
ese tiempo, la nena se escapó varias veces de la casa y hasta
intentó suicidarse, pero el temor infundido por el policía
no le permitió contar lo que sufría hasta ahora, tres
años después de que su madre se separó del violador,
en que pudo decírselo a su psicóloga. El animal fue detenido,
al menos por ahora.
En Tijuana,
México, una chica fue detenida por la policía el 15 de
abril, acusada de tenencia de drogas. Los policías la llevaron
a una sala para “interrogarla”, y allí, mientras
uno de ellos filmaba, le dijeron que la dejarían en libertad
si les daba un poco de “espectáculo”.
La hicieron
subir a una mesa ratona, pusieron música, y empezaron a exigirle
que bailara y se desnudara. Aterrada, la chica obedeció. En las
imágenes que circularon por Internet se ve con claridad cómo
unos 15 policías se turnan para manosearla. La difusión
del video forzó al alcalde a suspender a los implicados, aunque
nadie ha ido preso.
Y, de
nuevo en Argentina y en Corrientes, un policía bonaerense retirado,
de 60 años, fue arrestado por abusar de dos nenas y un nene,
a los que obligó a entrar a su casa a punta de pistola (9mm,
reglamentaria) y filmó con su teléfono celular mientras
los obligaba a practicar sexo oral.
Acá
y en el mundo, el protagonismo policial en delitos sexuales, aprovechando
de su condición de funcionario armado para amedrentar, muestra
cómo emplean, para sus fines privados, lo que les enseñan
a hacer para ejercer el control social.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
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