BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 611
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
18
de junio del 2011
Del 6
de junio de 2011
1. Como
pueden... jueces y fiscales defienden a la policía.
2. Narcopenitenciarios
y polinarcos.
3. Trata
de personas y amenazas: un servicio de la federal.
4. En
el Borda nos dan la razón.
5. Desalojos
en el Bajo Flores y en Mendoza.
6. Continúa
la persecución a los que luchan entre Chávez y Colombia
.
COMO
PUEDEN... JUECES Y FISCALES DEFIENDEN A LA POLICÍA
Hace ya
casi un año que Sandro Colombil, policía de Bariloche,
asesinó de un tiro en la cabeza a Diego Bonefoi que tan sólo
tenía 15 años y vivía en un barrio humilde de esa
ciudad.
La lucha
en repudio a este caso típico de gatillo fácil se cobró
la vida de dos jóvenes más, Nicolás Carrasco y
Sergio Cárdenas, a manos de la represión policial.
Aún
así, la lucha de los familiares y amigos continuó y la
respuesta de la “justicia” fue una condena de 20 años
de prisión para el asesino.
Conseguir
la condena del asesino de Diego no deja de ser el fruto de la lucha,
eso es un hecho que hay que señalar.
Pero Colombil
fue condenado por un “homicidio simple”, un delito que podría
haber cometido cualquiera, y no por “homicidio calificado”
por su condición de policía, lo que es una clara intención
de querer desvincular la responsabilidad de la fuerza policial que comete
estos asesinatos día por medio, cumpliendo con la función
que el estado asigna a esta institución, la del control social
sobre los pobres.
Haber
admitido la responsabilidad mayor sobre el asesinato por ser Colombil
un miembro de la fuerza obligaba a condenarlo a perpetua, cuestión
que los jueces intentan evitar en todos los juicios de gatillo, cada
vez que pueden.
Muy por
el contrario, cuando el asesinado es un policía, el responsable
siempre es condenado a perpetua por el agravante de que la “víctima”
es un policía.
Ambas
figuras fueron incorporadas como ley en 2004, con “el paquete
de leyes Blumberg”. La primera se evita y la segunda se aplica
rigurosamente.
Esto pone
a las claras, de que más allá de la legislación
y los fallos, jueces y fiscales protegen de la mejor forma posible a
los policías y la institución, pues ellos son los garantes
de la aplicación del control social como política de estado.
NARCOPENITENCIARIOS
Y POLINARCOS
Hace unos
días, se descubrieron más de dos toneladas de marihuana
(2.370 kilos) en el interior de un camión del servicio penitenciario.
Detuvieron a los dos choferes, de bajo rango, que de inmediato llamaron
a su superior. Porque, como dijo uno de los investigadores judiciales:
“Si creemos que dos choferes pueden moverse en un camión
oficial con dos toneladas de marihuana sin ningún tipo de protección.
Volvimos a creer en los reyes magos”.
Está
probado que el camión en cuestión realizó por lo
menos seis viajes transportando grandes cantidades de drogas desde Misiones
a Buenos Aires.
La misma
semana, en Salta, unos policías que estaban haciendo control
vial vieron llegar dos autos. Mientras el primero se detuvo y ostensiblemente
sus ocupantes intentaron distraer a los policías, el otro auto
giró en redondo y fugó del lugar. Pero tuvo un inconveniente
mecánico y los policías, alertados por la maniobra, lo
alcanzaron. La sorpresa (para ellos) fue que el conductor y dueño
del auto era el comisario Carlos Gallardo, jefe de Inteligencia Criminal
de Tartagal, que intentó descartar 50 kilos de cocaína
que llevaba en dos mochilas. Los cómplices del primer auto aprovecharon
a escapar mientras arrestaban a Gallardo.
Como decimos
siempre, y se empeñan en demostrar a diario, no hace falta ser
muy vivo para darse cuenta quién dirige y protagoniza el crimen
organizado del narcotráfico en Argentina.
TRATA
DE PERSONAS Y AMENAZAS: UN SERVICIO DE LA FEDERAL
También
es bien sabido la policía no sólo cumple a la perfección
su función de garante de la seguridad de los ricos atacando a
los pobres, sino que, además, se encuentra vinculada a negociados
perversos como por ejemplo la trata de personas para la explotación
sexual. En estos meses ha salido a la luz una red de trata que funciona
en el barrio de Once, a raíz de intentos de secuestros que han
sufrido mujeres del barrio y estudiantes de Psicología y del
IUNA que cursan por la zona.
Gracias
a la organización de los estudiantes y de la gente del barrio,
que realizaron marchas y escraches a la comisaría, esto ha llegado
a los medios. Los intentos de secuestro se han dado por la noche y también
durante la tarde, a plena luz del día, mostrando una verdadera
impunidad en la forma de moverse, que deja a las claras que la complicidad
policial está garantizada, como siempre.
Hace unos
meses nomás, en marzo, la ministra de Seguridad Nilda Garré
anunciaba con bombos y platillos las purgas policiales debidas a, entre
otras cosas, las vinculaciones de decenas de comisarías con las
redes de trata. Esto no es una novedad, las redes de trata funcionan
gracias a que la institución policial y jueces y funcionarios
las garantizan, lucrando con la libre explotación de mujeres
y niños.
En este
caso, la comisaría involucrada es la 8ª. Los vecinos y estudiantes
organizados a raíz de estos hechos han realizado escraches en
dicha comisaría denunciando la complicidad policial, ya que,
bien entienden que la solución a este problema no es más
presencia policial en las calles, como nos quieren hacer creer los medios
y el gobierno con el famoso discurso de la “inseguridad”,
sino que, para nosotros, inseguridad es la policía en la calle.
Y por
si faltaban pruebas de la vinculación policial, una de las estudiantes
que está activamente denunciando estos hechos ha recibido amenazas
telefónicas en su casa, en un intento de amedrentarla, otra de
las metodologías más usadas por la policía para
intentar hacernos callar y garantizar su impunidad.
La solución
a este problema no va a venir de la institución policial, quien
está claramente involucrada en este negociado; ni tampoco lo
solucionan las lavadas de cara de la policía que pretenden Garré
y compañía con sus purgas; acá y siempre el camino
es la organización y la lucha popular
EN
EL BORDA NOS DAN LA RAZÓN
La semana
pasada, dos presos murieron en un incendio en la Unidad Penitenciaria
20 que funciona anexa al Hospital Borda de Barracas y otro resultó
herido. La causa judicial está dando vueltas por tribunales,
ya que ninguno de los dos juzgados de turno (el que correspondía
a la comisaría de la zona, y el que estaba de guardia con el
servicio penitenciario) se quiere hacer cargo de investigar el hecho.
Y se lavan las manos, total los muertos son dos presos y encima loquitos.
Por supuesto,
el gobierno nacional y el de la ciudad compitieron para echarse la culpa
unos a otros, ya que el hospital es municipal, pero la Unidad 20 depende
del servicio penitenciario federal. En definitiva, ambos mataron.
Y nos
matan, desde el estado, una persona por día. La mitad, son los
pibes pobres fusilados en las calles y los barrios. Casi la otra mitad,
son muertos en lugares de detención (comisarías,
institutos de menores, y cárceles). Después del gatillo
fácil, estar preso es la principal causa de muerte a manos del
estado. Sólo en la cárcel de Coronda, por ejemplo, murieron
114 presos de forma violenta en los últimos 10 años.
Esas muertes,
son presentadas como inverosímiles suicidios o incendios donde
los candados se ponen una vez que el fuego estalló, como en Magdalena;
o son ejecuciones hechas por "soldados", los presos reclutados
por el servicio, que salen a robar para ellos, que manejan el negocio
de la droga, y que matan también cuando se les ordena, para que
esas muertes figuren en las estadísticas como “peleas
entre presos”.
Los asesinatos
en las cárceles son una tuerca más del engranaje represivo
estatal. No es posible imaginar un sistema carcelario diferente dentro
del orden burgués, ni pueden hacer diferencia real un par de
propuestas reformistas “humanitarias”, como intentan lograr,
y a veces consiguen, de muy buena fe, los compañeros que se dedican
al trabajo asistencial en las cárceles.
No hay
solución alguna al "problema carcelario" en este marco,
como no lo hay para el gatillo fácil, las torturas, la persecución
política y el resto de los problemas de la clase trabajadora.
Mientras vivamos en una sociedad de opresores y oprimidos, pensar en
“reformas democráticas” es estéril.
En el
Borda murieron dos presos en un incendio cuyas causas dormirán
el sueño de los injustos en algún juzgado, mientras el
gobierno jamás será declarado culpable. En el Borda hay
"locos" en manos de Macri y "locos y presos" en
manos del SPF de Cristina Fernández, que sufren las condiciones
de encierro y mueren. En el Borda hay abandono y negocios del estado.
En el Borda, nos dan la razón.
NOTA RELACIONADA:
HOSPITAL
BORDA: MUERTOS
EN UN INCENDIO Y PEDIDO DE SOLIDARIDAD
DESALOJOS
EN EL BAJO FLORES Y EN MENDOZA
La semana
pasada, fuimos testigos de dos violentos desalojos en Bajo Flores, realizados
por la policía metropolitana con apoyo de la federal y gendarmería.
El primero
sucedió en un complejo habitacional ubicado entre las calles
Lafuente, Castañares y Portela, que estaba ocupado desde hacía
tres meses. Se trata de unidades habitacionales que estaban destinadas,
según informó la ministra Vidal, a habitantes de asentamientos
levantados a orillas del Riachuelo. La orden fue dada por juez federal
Luis Armella de Quilmes e intervinieron las tres fuerzas.
El segundo
fue en las veredas de Riestra y Portela, asentamiento conocido como
de “ La Veredita ”,a una cuadra del complejo habitacional,
donde vivían desde fines del año pasado más de
200 personas. El operativo incluyó el uso de una camión
de Defensa Civil junto con dos topadoras.
Este sistema
genera desigualdad, pobreza y hacinamiento, que se suman a la enorme
crisis habitacional que padecemos. A quienes no tienen otra alternativa
que vivir en la calle, a los más pobres y damnificados, se los
castiga mediante desalojos y represión. Vemos, además,
cómo, más allá de la supuesta rivalidad entre la
metropolitana y la federal, las dos actúan en conjunto, también
con gendarmería y los “civiles” de Defensa Civil,
con los mismos mecanismos a la hora de reprimirnos.
También
esta semana le tocó a Mendoza, con un desalojo en Jocolí,
cerca del límite con San Juan. La empresa multinacional española
Argenceres S.A., conocida en Mendoza por la precarización hacia
sus trabajadores, barrió con todo lo que se encontraba a su paso
con el fin de expandir su territorio, incluyendo el campo de una familia,
el que destruyó con topadoras y cargadoras y luego avanzó
con alambrado.
El empresario,
Antonio José Marchal “quiere desarrollar allí el
emprendimiento olivícola más grande del mundo”,
dijo, y para ello se está apropiando de campos y por sobre todo
de vertientes y acuíferos.
Cuando
la familia desalojada fue a hacer la denuncia, desde la comisaría
no aceptaron tomársela, por lo que comenzaron un reclamo instalando
una carpa en el lugar con el apoyo de diversas organizaciones. A partir
del reclamo, la fiscal mendocina María Luisa Canata ha dado la
orden de que los campesinos salgan del lugar o los imputará por
usurpación y daño.
Queda
en completa evidencia cómo el gobierno se pone del lado de las
empresas, permitiendo su hostigamiento hacia el pueblo, así como
criminalizando la protesta, denunciando y amenazando a quienes reclaman
lo que es justo.
CONTINÚA
LA PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN ENTRE CHÁVEZ Y COLOMBIA
El último
jueves, el presidente Hugo Chávez afirmó que su gobierno
“no permitirá la presencia en el país de ningún
cuerpo armado… Detuvimos al rebelde cumpliendo con nuestra obligación,
y seguiremos haciéndolo". Lo dijo después que sus
fuerzas represivas capturasen a un alto miembro de las FARC. Se trata,
esta vez, de Guillermo Torres Cueter, alias "Julián Conrado''.
“Venezuela
realizó la detención del rebelde cumpliendo con nuestra
obligación y seguiremos haciéndolo y estoy seguro que
del lado de allá también'', dijo el presidente militar.
Con esta frase da cuenta de que la represión no es una cuestión
de buenas voluntades sino de una necesidad que tienen los ricos, más
allá de las banderas, para perseguir a los que se organizan y
luchan.
El director
de la policía nacional de Colombia informó que pagará
una recompensa a un buchón que aportó datos claves para
la captura de Torres Cueter, que será deportado en días
próximos. A fines de abril, Joaquín Pérez Becerra,
periodista y editor de la Agencia Anncol , que difunde información
de las FARC, fue también apresado y entregado por el gobierno
chavista.
El gobierno
de Hugo Chávez ya entregó a una decena de luchadores a
Colombia. La persecución a los que luchan es política
de estado y la colaboración de los distintos gobiernos burgueses
para esa política demuestra que la única salida es la
organización y la lucha fraterna.
FUENTE:
CORREPI
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