BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 613
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
8
de julio del 2011
Del 20
de junio de 2011
Sumario:
1. Poliasesino
y poliviolador de la semana.
2. Vigilar
y reprimir.
3. Un
ejemplo de lucha.
4. Represión
para disciplinar, cooptación para silenciar.
5. Represión
en Colombia y Venezuela.
6.
Martín Basualdo y Héctor Gómez, desaparecidos,
17 años después.
Recomendada
POLIASESINO Y POLIVIOLADOR DELA SEMANA
No es
lo mismo un asesino que un policía asesino; no es lo mismo un
violador que un policía violador. Como siempre, los perros guardianes
de los poderosos creyeron que sus chapas les iban a dar la impunidad
que ven cotidianamente cuando se trata de sus asuntos con el resto de
la sociedad.
Leonel
Hernán Ledesma, un militar de 25 años, fue condenado a
30 por diversos hechos de violación ocurridos entre 2008 y 2009.
Tenía un sistema para secuestrar a las víctimas: las hacía
subir engañadas a su auto, las amenazaba con el arma, las violaba
y les robaba. Generalmente aprovechaba alguna situación de emergencia
de las víctimas, como una de ellas, que estaba siendo golpeada
por su novio cuando él llegó a “rescatarla”.
Condena
llamativa, cuando en la mayoría de las condenas por asesinatos
de gatillo fácil, las condenas, cuando las hay, no suelen superar
los 10 años. Sin descuidar que se les debe justicia a las víctimas,
esto nos habla de que a los jueces les parece más grave una violación
que un asesinato. ¿Será el sector de la sociedad del que
provienen las víctimas lo que marca la diferencia?
En otro
hecho, esta semana, en Santa Fe, encontraron los restos de un macabro
asesinato a manos de un policía cuyos datos fueron debidamente
preservados en los medios. Este policía mató y descuartizó
a su cuñado en lo que fue un ajuste de cuentas o un asunto por
drogas. Lo que no sabemos es que tiempo le darán de prisión
si lo condenan.
Lo que
sí sabemos es que, cuando esto ocurre, cuando condenan por un
tiempo largo a un desclasado, es porque el crimen que cometió
no puede ser ignorado y es lo que se dice: una bomba. En estos casos,
para la clase dominante es mejor conservar el sistema y quemar el fusible,
total mientras el resto de la policía cumpla su verdadera función
de control social y represión, que cada tanto den algún
“castigo ejemplificador” no es problema.
Vigilar
y reprimir
A pesar
de escuchar constantes pleitos entre las diferentes fracciones de la
clase dominante, cuando se trata de controlar al pueblo para poder seguir
sometiéndolo, todos hacen su aporte.
Durante
esta última semana, el ministro de Justicia y Seguridad porteño,
Guillermo Montenegro, acordó entregar a los canales de televisión
las imágenes en vivo captadas por las 1.023 videocámaras
instaladas en los diversos barrios porteños en busca del control
social y con el pretexto de la tan mentada “inseguridad”.
Esta medida
(que junto a tantas nos acerca cada vez más a la realidad que
plantearan Aldous Huxley en “Un Mundo Feliz” o George Orwell
en “1984”) significa un tremendo aporte, en cuanto a material,
al trabajo llevado a cabo por los medios en busca de instalar el miedo
colectivo destruyendo la confianza del prójimo, y por lo tanto,
la solidaridad dentro del pueblo, además de mostrar como acertado
e indispensable el aumento de presupuesto para represión, la
saturación de efectivos en la calle y la instalación de
estas mismas cámaras.
Por otro
lado, Daniel Scioli anunció que el gobierno bonaerense instalará
más de 200 cámaras de seguridad en 32 asentamientos urbanos
del Gran Buenos Aires.
La vigilancia
monitoreada comenzará en la primera semana de julio y serán
seleccionadas las villas que –de acuerdo con los relevamientos
estadísticos - estén más comprometidas con los
índices delictivos.
Entre
las prioridades figuran las villas Carlos Gardel (Morón), Fuerte
Apache (Tres de Febrero), La Rana (San Martín) y Pepsi (Florencio
Varela)
Lejos
de buscar soluciones a los problemas de pobreza, desocupación
y viviendas, el gobierno profundiza el control sobre los que menos tienen.
Seguramente
la policía, con esta medida, haga mejor su trabajo. Con las cámaras
en los barrios de emergencia, ahora sí va a poder garantizar
tener el monopolio de la venta de droga y la organización total
de los grupos delictivos.
UN
EJEMPLO DE LUCHA
Como contábamos
en el Boletín nº 612, el 10 de junio, integrantes de agrupaciones
peronistas y del Frente para la Victoria tomaron la sede provincial
de ADOSAC, el sindicato docente de Santa Cruz, y mantuvieron de rehenes
a varias personas. Ese mismo día, partió desde Buenos
Aires una caravana solidaria en apoyo a la lucha que vienen llevando
a cabo los docentes de Santa Cruz.
El domingo,
cuando el micro llegó a dicha provincia (luego de haber soportados
varios retenes policiales durante el viaje) fue detenido por la gendarmería
con la excusa de que los choferes no habían descansado lo suficiente.
Pero la solidaridad pudo más, los militantes de ADOSAC que ya
se encontraban en el límite provincial hicieron correr la noticia
y pusieron sus coches a disposición para transportar a todos
los militantes.
El día
sábado 11, se realizó en Andalgalá la Caminata
por la Vida contra la minería contaminante. Los manifestantes
exigen el fin de los proyectos de las mineras Alumbrera y Agua Rica.
Mientras
de desarrollaba la movilización, cuando la columna pasaba frente
a las oficinas de la empresa canadiense Agua Rica, 30 empleados de la
minera, con camperas con el logo de la empresa, arremetieron contra
la columna de mil personas, provocando y agrediendo verbal y físicamente.
Este episodio
se dio en el marco de la represión continua que vienen sufriendo
los vecinos de Andalgalá que resisten el avance de la empresa.
Cuando
la lucha se desarrolla de forma independiente y combativa, la única
respuesta que el estado da es la represión, ya sea poniendo sus
perros guardianes al frente, o tercerizando la mano de obra represiva
a través de las patotas.
La respuesta,
tanto por parte de los docentes de Santa Cruz como de los vecinos de
Andalgalá, son un ejemplo a seguir. Su única respuesta
fue y debe ser la organización, la solidaridad de clase y la
lucha.
REPRESIÓN
PARA DISCIPLINAR, COOPTACIÓN PARA SILENCIAR
Hace unos
días, Ricardo Dilan, un joven de la etnia wichi, de 28 años,
fue detenido por la policía chaqueña por una contravención,
y llevado a la comisaría. Horas después, según
la versión oficial, se deprimió tan profundamente que
confeccionó una cuerda con tela del colchón, y se suicidó.
A mil
kilómetros de la selva chaqueña, en el barrio Trujuy de
San Miguel, el domingo 12 de junio por la noche, otro muchacho, Elio
Redioniggi, fue detenido por averiguación de antecedentes. Lo
trasladaron a la comisaría 1ª de San Miguel, donde fue víctima
del mismo virus suicidófilo, según explicaron los policías
a su familia.
Dos jóvenes
pobres y morochos, ninguno acusado de cometer un delito, víctimas
favoritas del inmenso arsenal de facultades para detener personas arbitrariamente.
Una vez más, el sistema de detenciones policiales arbitrarias
prueba que es, sistemáticamente, la puerta de entrada, no sólo
a la comisaría, sino a la tortura y la muerte. Como Walter Bulacio,
como Sergio Durán, como millares de otros, codo a codo con los
fusilados por el gatillo fácil.
Una vez
más, también vemos cómo, tras la represión
que busca disciplinar por el miedo, viene la cooptación, a través
de funcionarios destacados para mostrar el lado “bueno”
del mismo estado que mata, o, mejor aún, a través de sus
facciones políticas colaterales disfrazadas de “militantes
sociales”.
En el
Chaco, ante el reclamo de la comunidad wichi, fue el fiscal especial
de Derechos Humanos, Daniel Turraca, el que rápidamente convocó
a los referentes del pueblo originario y les juró “investigar
el caso”. En San Miguel, la tarea quedó a cargo del oficialista
Movimiento Evita, que, con duros términos, salió a denunciar
el asesinato de Elio. En plena campaña electoral, aprovecharon
para hablar de las “bandas armadas y descontroladas de la policía
bonaerense”, como si fueran marcianos, y no la obediente tropa
del gobernador peronista, miembro del mismo partido que dirige el gobierno
nacional, cuyo “proyecto nacional y popular” comparte el
Movimiento Evita.
Así,
ocultan que el gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias
forman parte de una misma política de estado, que, junto a la
represión selectiva, aplican tanto el gobierno nacional como
los provinciales, porque todos la necesitan para defender los intereses
en cuyo nombre gobiernan.
REPRESIÓN
EN COLOMBIA Y VENEZUELA
El terrorismo
de estado en Colombia, que tiene más de 7.500 presos políticos,
volvió a ser noticia esta semana. El 2 de mayo, más de
300 prisioneros detenidos en una prisión conocida como La Tramacúa
se declararon en desobediencia civil en contra de las constantes violaciones
a sus derechos. Protestaban tanto contra las torturas a las que son
sometidos como a las condiciones de hacinamiento en que son obligados
a vivir.
El 11
de junio, el Grupo de Reacción Inmediata (GR) ingresó
en las torres 1, 2, 3, 4, y 5, donde muchos detenidos protestaban subidos
y amarrados a las estructuras del penal, y procedieron a soltar y bajar
a los 132 prisioneros que estaban en esas condiciones. Durante algunos
días se desconoció el estado de varios detenidos. A partir
del operativo, las denuncias por torturas a quienes protestaban se multiplicaron.
Se calcula que hubo más de 30 presos heridos en la brutal acción
represiva. Presentaron asfixias, laceraciones, lesiones de gravedad,
todo como consecuencia de haber sido golpeados con almohadas rellenas
con piedras, cortados con objetos metálicos, arrojados desde
las estructuras o de haberse abusado del uso de gases lacrimógenos.
La Tramacúa
es una verdadera Abu Ghraib en territorio colombiano. Forma la primera
parte en la serie de represión diseñada por los Estados
Unidos para el sistema penitenciario colombiano en el marco del Plan
Colombia. Fue planificada y supervisada por la Oficina de Prisiones
de ese país, que proporcionó al menos U$ 4,5 millones
para su desarrollo. Se concentra a los presos políticos colombianos
junto con paramilitares que poseen toda clase de privilegios y forman
un servicio penitenciario paralelo.
Los presos
carecen de agua, sólo pueden acceder a un chorrito durante diez
minutos por día, son sometidos a torturas físicas y psicológicas,
se les niega tratamiento médico y se los mantiene en un ambiente
degradado, al extremo que se ha llegado a encontrar excrementos en la
comida que consumen.
El hecho
de que los presos políticos colombianos sean destinados a prisiones
como La Tramacúa evidencia aún más el tipo de política
que lleva adelante el gobierno de Chávez que, desde 2009, ha
entregado a unos 25 luchadores para que mueran en las mazmorras del
régimen fascista de Colombia. Todo ello amparado en la razón
de estado. En su momento Chávez se llegó a referir a las
FARC-EP y al ELN como fuerzas beligerantes. Luego, conociendo la trágica
experiencia de la Unión Patriótica, exigió el desarme
a estas organizaciones. Ahora las califica de terroristas. En la lucha
contra el terrorismo ha justificado las últimas entregas de Joaquín
Pérez Becerra y de Julián Conrado.
Es que
el régimen venezolano presenta las mismas características
que el resto de los países latinoamericanos en cuanto a la política
represiva contra el pueblo. Recordemos por ejemplo los hechos de sicariato
contra activistas sindicales.
Recientemente,
la policía venezolana de Chacao fue filmada golpeando brutalmente
a un grupo de detenidos. Esa acción fue justificada por la defensora
del pueblo, Gabriela Ramírez, como parte de una “cultura
instalada” en dicha policía municipal. Agregó que
no era lo mismo una policía dirigida por la derecha fascista
que “una policía a cargo de personas identificadas con
el proyecto humanista consagrado con la Constitución Bolivariana”.
La defensora
venezolana recurrió a un símil de la teoría duhaldista
de los “bolsones de autoritarismo heredados de la dictadura”
condimentada por una buena dosis de progresismo al sostener que todo
es un problema de educación. Lamentablemente para quienes creen
en este tipo de propuestas, poco tiempo después de ese hecho,
se conoció la muerte de tres personas que se encontraban detenidas
en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas (CICPC), una policía que se encuentra
bajo la responsabilidad del Gobierno Bolivariano. Seguramente tendrán
preparada la teoría de la relativa autonomía de la burocracia
policial para justificar este hecho.
El aparato
represivo estatal cumple la misma función en todos los países
donde impera una sociedad dividida en clases. Mientras en Venezuela
no sean revolucionadas esas relaciones sociales de clase será
lógico ver esta cooperación entre los gobiernos colombiano
y venezolano así como el accionar policial que relatábamos
más arriba.
MARTÍN
BASUALDO Y HÉCTOR GÓMEZ, DESAPARECIDOS, 17 AÑOS
DESPUÉS
Hace 17
años, a plena luz del día, en Paraná, Martín
Basualdo acompañó a su amigo Héctor Gómez
a buscar leche en polvo para su bebé. Nunca más se supo
de ellos. Sólo algunos testimonios dispersos y asustados permitieron
reconstruir que fueron subidos a un patrullero.
En aquellos
años de fascinación con la democracia, hablar de nuevos
desparecidos era, para muchos, poco menos que una herejía. A
pesar de que ya había desaparecidos en Mendoza, en La Plata,
y, desde 1994, en Paraná.
Los compañeros
de la Revista El Colectivo, de Paraná, recordaron esta semana
el aniversario, y escribieron: “Las crónicas de los diarios
afirmaban que ya había amanecido, que la noche negra había
pasado. Los gobernantes, los jueces, la policía no podían
haber sido. Los gobernantes eran democráticos, los jueces probos
e imparciales, la policía estaba al servicio de la comunidad.
Sin embargo dos pibes se esfumaban, y el pasado que, según decían
había pasado, se hallaba doblando la esquina”.
Más
de 100 personas, en su mayoría jóvenes, desaparecieron
a manos de la policía en los pasados 25 años. Desde Miguel
Bru a Luciano Arruga, desde el mendocino Guardatti a Jorge Julio López,
desde Andrés Núñez a Iván Torres, desde
Martín y Héctor al cordobesito Flores, de sólo
5 años.
En este
nuevo aniversario, CORREPI saluda y abraza a los familiares de Martín
y Héctor, compañeros que nunca bajaron los brazos, y siguen
luchando.
FUENTE:
CORREPI
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