BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 614
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
8
de julio del 2011
Del 29
de junio de 2011
Sumario:
1.
La justicia no es ciega: otra de torturas impunes. (Recomendada)
2. Policía,
gendarmería y prefectura en la calle: ahora sí estamos
inseguros...
3. La
cotidiana represión del kirchnerismo.
4. Ferreyra,
asesinato y después
5. Dos
muertes más: Intrafuerza en prefectura y un federal no aguantó
ser cornudo.
6. Legisladora
Pro... trata.
Próximas
actividades: 4, 5 y 6 de julio, desde las 9:00, concentración
en Mendoza 2417 de San Justo,La Matanza , durante el juicio oral contra
el policía federal Luciano Gaete Ossandón, asesino que
fusiló a “Kunky” Méndez.
LA
JUSTICIA NO ES CIEGA: OTRA DE TORTURAS IMPUNES
Como sabemos,
la policía es sólo una de las herramientas que tiene el
estado para llevar adelante su plan sistemático de represión
a los pobres, es su brazo armado. Pero luego, existe el aparato judicial,
que es quien se encarga de que la “justicia” del estado
caiga con todo su peso sobre los que menos tienen y quien garantiza
la impunidad de la policía para torturar y matar, cumpliendo
así ambos su función de control social sobre el pueblo.
Un claro
ejemplo de a quién defienden los jueces y a quiénes condenan
lo tenemos en las noticias de esta semana. El tribunal oral n° 4
de San Martín llevará a juicio a cuatro jóvenes
que escaparon en 2005, del centro de rehabilitación “Volver
a empezar”, de Tortuguitas, luego de haber sido golpeados y torturados
por los celadores. Las torturas consistían en, por ejemplo, obligarlos
a meterse en un pozo que les hacían cavar, permanecer allí
por horas mientras les arrojaban agua podrida o hacer simulacros de
ahogamiento, entre otras cosas.
Un día,
los jóvenes lograron encerrar a tres celadores en un baño
para poder escapar. En su huída se llevaron ropa, un celular
y 70 pesos. Ahora son llevados a juicio, acusados de “robo agravado
por el empleo de arma”. En cambio, a los torturadores no se los
acusa de nada. Es más, los hechos ni siquiera se investigaron.
Así
es como actúan sistemáticamente los jueces, enjuiciando
y encarcelando a los pobres y avalando y garantizando las torturas y
la impunidad de los torturadores. Y en los casos en que se logra llevar
a los torturadores y asesinos de nuestros pibes a juicio, las torturas
se convierten en “apremios ilegales” o cosa parecida, escondiendo
que, en democracia, las torturas también existen y, como siempre,
las ejecuta el estado.
Nota:
El TOC 4 de San Martín es el mismo que, en 2001, se negó
a condenar por torturas al policía Juan Carlos Botrón,
quien, junto al prófugo Marcelo Palleroni, apaleó y aplicó
submarino seco a siete chicos un fin de semana de julio de 1999. “Una
sola aplicación de la “bolsita” no llega a ser tortura”,
dijeron los jueces, para justificar una pena excarcelable...
POLICÍA,
GENDARMERÍA Y PREFECTURA EN LA CALLE: AHORA SÍ ESTAMOS
INSEGUROS...
En menos
de una semana, tres noticias involucraron a la gendarmería con
el negocio del narcotráfico. El gobierno trató, como siempre,
de despegar a la fuerza enmarcando estos hechos en el funcionamiento
del "operativo transparencia".
Lo cierto
es que 966 kilos de clorhidrato de cocaína eran transportados
por dos gendarmes cerca de la localidad de Tartagal, recién contrabandeados
desde Bolivia.
Al mismo
tiempo, aparecieron 444 kilos que iban a transportar en un “narco
velero” por Puerto Madero.
Y 145
kilos de marihuana fueron incautados a dos suboficiales de la gendarmería
en Misiones.
A pesar
de lo escandaloso del asunto, la ministra Garré, justifica a
sus fuerzas de seguridad e intenta dar una respuesta ante la situación:
“son muy jóvenes, recientemente incorporados a la fuerza
y con muy poca experiencia”. “Uno supone que no eran estos
chicos quienes podrían estar en condiciones de financiar esto.
Seguramente, fueron contactados para transportar la droga. Atrás
de esto hay una organización de mucha envergadura”. Y hay
que reconocer que en esto Garré tiene razón, si cayeron
fue por inexperiencia… todavía no aprendieron cómo
se hace el negocio ni con quién hay que transar.
Pero la
ministra, no sólo se muestra “compresiva” con las
fuerzas, sino que anunció que serán el apoyo del gobierno
nacional para la disputa electoral en la Ciudad.
¿Cómo?
Les dará el control de las comisarías de la zona sur de
la Capital, con la oportunidad de que ahora gendarmes y prefectos compartan
los negocios de la droga, los robos y la prostitución en los
barrios más empobrecidos de la Ciudad de Buenos Aires: Prefectura
iría a las seccionales 24ª (La Boca), 32ª (Pompeya/Barracas/Parque
Patricios) y 34ª (Parque Chacabuco/Boedo), mientras que gendarmería
se ocuparía de la 26ª (Constitución/Barracas), la
28ª (Barracas/Parque Patricios), 36ª (Villa Soldati/ Bajo
Flores), 30ª (Barracas) y 52ª (Villa Lugano).
Y para
no quedarse afuera, Macri también mandará la metropolitana
a los barrios sureños a partir del 1º de julio.
Represión
y control social sigue siendo la respuesta del oficialismo y los partidos
de la oposición propatronal. Todos hablan de las mil y una forma
en que combatirán la inseguridad, metiéndonos cada vez
más policías de toda clase y color, gendarmes y prefectos
que se disputan a capa y espada los negocios de más repugnantes.
Por supuesto,
a ninguno de los candidatos, ni a sus partidos, les preocupa el problema
de la vivienda, del trabajo, de la pobreza, de la educación ni
de la salud del pueblo. Para cuando esos problemas estallan y el pueblo
se indigna por las condiciones a las que nos someten a vivir, están
los palos, los hidrantes, los perros, las balas, la cárcel.
LA
COTIDIANA REPRESIÓN DEL KIRCHNERISMO
El autodenominado
“Gobierno de los Derechos Humanos” es el mismo que mata
un pibe por día de gatillo fácil, el mismo que pretende
constantemente enriquecer su aparato represivo, el mismo que reprime
constantemente las luchas sociales y criminaliza la protesta.
Esta semana,
los compañeros docentes de Santa Cruz, agremiados en ADOSAC,
fueron víctimas de la represión policial. Los compañeros
llevan una lucha desde febrero en reclamo de mejoras salariales, algo
tan simple como que su sueldo alcance para cubrir la canasta básica
familiar. A lo largo del conflicto, fueron víctimas, en su provincia,
de distintos tipos de amedrentamientos (desde difamaciones hasta golpizas).
Con cuatro
meses en plan de lucha y 50 días de paro, los docentes decidieron
hacer un acampe frente al ministerio de Trabajo nacional. La respuesta
fue aún más violenta. La noche del jueves, la policía
desalojó a los trabajadores mediante carros hidrantes y bastonazos,
dejando varios heridos y llevándose a 4 compañeros detenidos.
El candidato
a jefe de gobierno de kirchnerismo, Daniel Filmus, quiso justificar
la brutal represión: “se trata de respetar todos los derechos”,
y agregó refiriéndose al Frente Para la Victoria “somos
bastante respetuosos a ultranza de los derechos de expresión
y manifestación de todos los sectores”, apoteótica
caradurez de un gobierno que acaba de apalear a trabajadores organizados
que reclaman un salario digno.
En solidaridad
con los compañeros docentes, el viernes se convocó a marchar
a Plaza de Mayo. Nuevamente hubo represión, esta vez a militantes
del Frente de Organizaciones Clasistas (FOC). 49 militantes fueron detenidos,
6 de ellos menores de edad.
Este no
fue el único conflicto de la semana. En Vicente López,
un grupo de vecinos organizados quiso expresar su rechazo hacia el Vial
Costero, autopista que quieren construir en la zona. La policía
de Scioli volvió a reprimir, así como se llevó
detenidos a seis de manifestantes (uno de ellos menor de edad) por “resistencia
a la autoridad”. Será que pretendían que los manifestantes
se quedaran quitecitos recibiendo balazos de goma.
El gobierno
kirchnerista ya no puede seguir ocultando su naturaleza represiva. La
violencia con que se muestran hacia quienes reclaman, con apaleamientos,
desalojos, detenciones, es prueba fehaciente de que este gobierno, lejos
de ser “respetuoso de los derechos de todos”, lejos de promover
“la vuelta a la militancia de los ´70”, es el gobierno
de la desarticulación de las luchas sociales, el que reprime
la protesta, el de mayor cantidad de presos políticos desde el
´83. No nos engañamos, sabemos que el kirchnerismo no tiene
nada de novedoso, que gobierne quien gobierne, estará siempre
respondiendo a intereses opuestos a los del pueblo trabajador.
FERREYRA,
ASESINATO Y DESPUÉS
Después
del asesinato de Mariano Ferreyra, el estado echó a andar su
maquinaria para ocultar el mecanismo que llevó a esa muerte,
entregando su engranaje más sucio, débil y reemplazable
(Pedraza y su patota, abandonado también por la CGT). De esta
forma, la jueza Wilma López lo encarceló, como organizador,
junto a Fernández, del homicidio calificado y las tentativas
de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.
Pero,
aunque lo quieran ocultar, no hace falta usar herramientas muy precisas
para saber que UGOFE, la gerenciadora del FFCC Roca, es quien licenció
a los miembros de la patota; que la secretaría de Transporte
y el ministerio de Trabajo no sólo sabían, sino que comparten
con Pedraza el negocio de las empresas tercerizadoras, disfrazadas de
cooperativas. Con las escuchas telefónicas, se confirmaron la
amistad y los negocios comunes de Pedraza con Tomada, hoy candidato
a vicejefe por la ciudad, etc.
En este
berenjenal de responsabilidades estatales disimuladas, la justicia también
trata de esconder bajo la alfombra la participación de la policía
federal el día del asesinato, abriendo una causa paralela
para distraernos.
Aunque
está recontra probado que no se trató de una simple “zona
liberada” por omisión, sino que la policía federal
hizo un aporte fundamental al plan criminal, custodiando a la patota,
abriéndole el paso para que actuara, y luego garantizando su
escape seguro y destruyendo pruebas de su accionar, los seis jefes policiales
involucrados fueron procesados sólo por abandono de persona agravado
por haber resultado la muerte, y graves daños en el cuerpo y
la salud de las víctimas, y por incumplimiento de sus deberes
como funcionarios públicos, delitos que, sumados, apenas si superan
los 15 años de prisión.
Así,
el fiscal y la jueza desoyeron el planteo que hicimos los querellantes,
reclamando que los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra, el subcomisario
Garay y los oficiales Echavarría y Conti, fueran procesados como
partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado
y homicidios calificados en grado de tentativa, delito penado con prisión
perpetua.
Esta policía
federal es la que el gobierno trata de cuidar, mientras reciben 15 denuncias
diarias por irregularidades de la fuerza; mientras releva policías
todos los días por sus negocios con la droga; mientras hay 90
oficiales federales investigados y 12 comisarías fueron
allanadas por protección de prostíbulos. Como necesidad
de clase, el gobierno ordena a su justicia castigarlos lo menos posible
por su participación en la muerte de Ferreyra.
Como dijimos
en una de las audiencias ante la cámara de apelaciones, “Son
todos los que están, pero no están todos los que son”.
Y el gobierno quiere que sean menos los juzgados y menos los castigados,
y que su gente quede lo más al margen posible. Por Mariano, por
todos los caídos para que este sistema siga funcionando,
no tenemos que dejarlos.
DOS
MUERTES MÁS: INTRAFUERZA EN PREFECTURA Y UN FEDERAL NO AGUANTÓ
SER CORNUDO
La semana
pasada, en nuestro boletín, escribíamos que un “policía
mató y descuartizó a su cuñado en lo que fue un
ajuste de cuentas por drogas” en la provincia de Santa Fe. Estos
últimos días nos enteramos de otros dos casos en los que
las fuerzas represivas resuelven sus asuntos personales con las armas,
la impunidad y la protección que les garantiza el estado por
ser los protectores de los intereses de los ricos.
El represor
de prefectura Octavio Romero desapareció la noche del sábado
11 de junio, cuando iba a un cumpleaños. Su cuerpo fue hallado
flotando en el río frente a la costa de Vicente López
el viernes 17. Sus compañeros lo hostigaban por ser gay. La autopsia
determinó que al menos dos personas debieron haber participado
en el crimen y que el prefecto no atinó a defenderse.
Brian
Ezequiel Ojeda, de 16 años, murió de un tiro, también
el viernes 17. Le disparó el cabo de la federal Pedro Mercado,
de 35 años. Los medios abordaron la noticia según la información
que dio la policía: “un enfrentamiento en ocasión
de robo en la localidad de Burzaco”. Luego de un par de días,
se supo la verdad: el policía no se aguantó ser cornudo
y, cuando encontró al adolescente con su mujer, lo mató
de un tiro. Pero esto no es todo: la adúltera estuvo en la escena
del robo que armó el policía, una mujer también
fue quien le avisó de la muerte a los padres del chico, en vez
de ser algún miembro de la fuerza, y el fiscal les dijo que “el
tiro lo tenía en el pecho” pero los empleados de la cochería
les contaron que “las heridas estaban en la espalda y en el cuello”.
El asesino a sueldo, como siempre, sigue libre.
Las fuerzas
resuelven con sangre todos sus conflictos personales; los jueces y fiscales
los protegen y los medios los legitiman hasta que no les queda más
remedio que publicar la verdad: que el estado sigue asesinando.
LEGISLADORA
PRO... TRATA
Un artículo
publicado esta semana por el periodista Lucas Schaerer María
muestra, de nuevo, la eterna vinculación entre los políticos
del sistema, la policía y los negocios del crimen. Esta vez,
la denuncia periodística hace referencia a la legisladora de
la ciudad de Buenos Aires María Eugenia Rodríguez Araya,
que está en pareja nada menos que con el ex comisario Jorge Cipolla,
echado de la federal por extorsionar dueños de prostíbulos
a los que les cobraba protección.
Como si
eso fuera poco, además, Cipolla, ex jefe de la División
Antisecuestros de la PFA, intervino en la investigación cuando
desapareció la joven Florencia Penacchi, y se sospecha de una
manipulación para embarrar la causa, incluyendo declaraciones
a los medios desautorizando la idea de un secuestro de redes de trata
de personas y opinando que “se habría ido con un novio”.
Igual que cuando desaparecieron a Jorge Julio López, y Aníbal
Fernández dijo “se habrá ido a lo de la tía”...
La legisladora
del PRO también tiene relaciones con personajes como el ex coronel
José Luis Bo, condenado por espiar jueces, organismos de derechos
humanos y partidos políticos en los ’90.
Todo salió
a la luz cuando, desde su banca en la legislatura de la ciudad, Rodríguez
Araya convocó a varias ONGs para trabajar un proyecto contra
la trata, y quedó en evidencia su involucramiento, marido mediante,
con lo más podrido de los proxenetas: los poliproxenetas. O,
en este caso, propoliproxenetas.
FUENTE:
CORREPI
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