BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 615
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
19
de julio del 2011
Del 6
de julio de 2011
Sumario:
*
Represión en Las Heras - Recomendada
*
Tres casos de gatillo fácil, tres crímenes de estado
- Recomendada
* Policandidatos.
* Esta
vez, narcopenitenciarios.
* La ministra
de la hipocresía.
* El estado
ecuatoriano entrega guerrilleros al estado terrorista de Colombia.
REPRESIÓN
EN LAS HERAS
Como en
2006, cuando el gobierno nacional, para quebrar la lucha de los petroleros,
ordenó la toma de Las Heras con gendarmería, y las fuerzas
federales, dirigidas por la jueza igualmente federal Ruata de Leone
invadieron la ciudad santacruceña rompiendo puertas, encapuchados,
torturando y deteniendo mayores y menores, amparados en el silencio
de su entonces socio privilegiado Clarín, el domingo 3 de julio,
nuevamente el kirchnerismo mostró su palma derecha extendida
mandando a la justicia y a los gendarmes contra los trabajadores.
En la
combativa Santa Cruz, donde los docentes recientemente votaron levantar
su durísima lucha de casi dos meses tras haber sido apaleados
por las patota de la UOCRA en la provincia y por la policía en
Buenos Aires, los trabajadores petroleros tenían tomada la planta
Las Heras 3, como un capítulo más de una lucha muy extensa.
Tras negociaciones con la patronal, el Ministerio de Trabajo y el sindicato
intervenido, decidieron levantar la toma en la madrugada del domingo,
tras la firma de un acta, avalada también por los intendentes
de Pico Truncado y de Las Heras. Allí se establecía la
reincorporación de los trabajadores despedidos, el pago de salarios
adeudados y el compromiso de no represaliar delegados y trabajadores.
Casi de
inmediato, el gobierno desconoció el acta firmada, diciendo que
era un simple petitorio, y nuevamente militarizó Las Heras con
gendarmes y policías de la montada, llegados en al menos cuatro
micros de la empresa Etap desde Río Gallegos y otras localidades
del interior.
Bajo órdenes
del juez de instrucción Eduardo Quelin, los uniformados realizaron
allanamientos en los domicilios de delegados y trabajadores, rompiendo
todo a su paso, y detuvieron al delegado José Acosta. Hay órdenes
de captura para otros delegados, como Víctor Oñate, gremialista
de Oleasur, y Franco Herrera, delegado de la Obra Social de los petroleros.
Paralelamente, más de 30 docentes recibieron citaciones judiciales.
Claudio
Vidal, delegado de la empresa Quintana, declaró: “El gobierno
y la Federación nos traicionaron, porque en el acta que firmamos
ayer estaba explicito que no habrían persecuciones, pero desde
esta mañana están persiguiendo a los compañeros,
esto es una caza de brujas”. En Las Heras, trabajadores, estudiantes
y desocupados están realizando acciones autoconvocándose
para rechazar y enfrentar las detenciones y los allanamientos.
Peralta,
gobernador y amigo de los Kirchner, con la misma mano con la que firma
los cheques de las ganancias inmundas de las multinacionales petroleras
ordena detener y apalear trabajadores. En sintonía con él,
y dirigiendo la orquesta represiva, el gobierno nacional responde a
las protestas obreras y populares engordando el listado de los más
de 4.000 compañeros procesados por luchar y mandando o bien patotas
paraestatales, como la que asesinó a Mariano Ferreyra o la que
reprimió a los docentes de Santa Cruz, o militarizando nuestras
ciudades y barrios, como en Las Heras, o sumando a la policía
a los gendarmes y prefectos, como en Buenos Aires y el gran Buenos Aires.
No va
a ser denunciándolos solamente que lo evitaremos, necesitamos
organizarnos para enfrentarlos en las calles, barrios y en nuestros
trabajos.
¡Fuera
la policía y la gendarmería de Las Heras y de nuestros
barrios!
¡Basta
de allanamientos y detenciones. Libertad a Acosta y a todos los presos
políticos!
TRES
CASOS DE GATILLO FÁCIL, TRES CRÍMENES DE ESTADO
Federico
Taja, un pibe de 17 años, fue asesinado en Balcarce por Waldemar
Chazarreta, un oficial de la policía bonaerense. El viernes 23
de junio, el policía le disparó un balazo durante un procedimiento
antidrogas. El chico, que estaba desarmado, y no tenía antecedentes
penales, era adicto a consumir estupefacientes y fue perseguido por
un grupo de efectivos policiales. Taja, que estaba en su auto, fue alcanzado
por un proyectil en la axila izquierda, que ingresó a través
de la ventanilla trasera izquierda.
Tan grosero
fue el hecho, que el fiscal Rodolfo Moure, de la Unidad Fiscal Descentralizada
de Balcarce, debió ordenar su detención, al tiempo que
la Auditoría de Asuntos Internos del ministerio de Justicia y
Seguridad de la provincia de Buenos Aires se vio forzada a iniciar una
investigación sobre todos los policías que participaron
del procedimiento.
Muy cerca,
en Mar del Plata, Gonzalo Orellano, de 20 años, fue muerto por
una bala policial. Ocurrió el miércoles 29, cuando luego
de una persecución, el joven bajó del auto que conducía
y, sin mediar palabra, ni representar una amenaza ni para el policía
ni para terceros, recibió un disparo policial que ingresó
por el intercostal izquierdo, cuando se estaba dando vuelta hacia el
uniformado.
Como suele
suceder, tras la inicial detención bien publicitada para mostrar
que “hacen algo”, ni bien fue indagado por homicidio, el
oficial recuperó la libertad.
Finalmente,
otro pibe de 17 años fue asesinado, el jueves 1 de julio, en
San Francisco Solano (Quilmes) por Carola González, de la policía
Buenos Aires 2. La excusa policial fue la de siempre: dicen que tres
“menores” le quisieron robar el automóvil, y que
“en el marco de un bestial tiroteo” el pibe resultó
muerto. Sin embargo, el brutal tiroteo no dejó ni un solo rasguño
en el auto de la funcionaria, ni en ningún otro lado, excepto
en el estómago del pibe, alcanzado por una bala de la 9mm reglamentaria.
Semana
tras semana aparecen y abundan los ejemplos. Más y más
pibes pobres mueren a manos de la policía. Estos son sólo
los tres últimos casos de la larga lista que, gobierno tras gobierno,
no cesa de aumentar.
POLICANDIDATOS
La campaña
electoral muestran, como si fuera una novedad, a unos cuantos policías
que se candidatean en todo tipo de partidos. Por ejemplo, el ex jefe
del grupo Halcón Daniel Abaca, es candidato a concejal en La
Plata en una lista que apoya la reelección de Cristina Kirchner.
Abaca, premiado por Ruckauf cuando era gobernador, francotirador avezado
y ex negociador del grupo Halcón, explicó hace poco, en
un reportaje al Diario Hoy de La Plata, el rol de los medios en la represión:
“La prensa juega un rol trascendental, si Crónica TV pone
una placa roja y dice que el captor tiene 16 años y hay cien
policías rodeando la zona, la gente se pone del lado del delincuente,
pero si en esa placa se afirma que el sujeto tiene antecedentes penales,
que mató y violó, la opinión pública se
inclina por la Policía.”.
Otro policandidato,
es el comisario general Salvador Baratta, candidato a concejal por una
fracción del peronismo disidente en Lanús que enfrenta
al intendente kirchnerista, Darío Díaz Pérez. Baratta,
superintendente de Coordinación Operativa hasta febrero, era
subcomisario de la 4ª de Lanús en 2002, y participó
de la represión en Puente Pueyrredón. Estuvo mucho tiempo
al frente del gran negocio que significan los adicionales en estadios
de fútbol. En 2006 dirigió la represión y posterior
cacería desatada en el marco del escrache al ex policía
bonaerense en tiempos de Camps, González Conti, en La Plata ,
con decenas de heridos. Más tarde, en la zona norte, estuvo a
cargo de Narcotráfico, donde desempeñó el muy político
cargo de coordinar entre distintas fuerzas. En 2007 mandó desalojar
los terrenos ocupados por familias sin techo en el barrio Altos de San
Lorenzo, y fue quien dirigió a los policías que reprimieron
a los trabajadores de la planta textil Mafissa. En 2009 dirigió
la represión contra los trabajadores de Kraft-Terrabusi, y en
diciembre de ese año también fue Baratta el que salió
a “explicar” el incendio de la comisaría de Lomas
del Mirador, donde murieron quemados y asfixiados Jorge Luis Moya, de
26 años; Pablo Sebastián Frías, de 20; Fernando
Butaro, de 22, y David Moreyra, de 17.
El tercero
es el comisario general Guillermo Britos, superintendente de Seguridad
Norte, que se postula como diputado en la provincia, en segundo lugar,
en la boleta de Francisco de Narváez, Alfonsín y González
Fraga. Britos dirigió el fiasco del operativo de búsqueda
de la familia Pomar-Viagran. Como jefe de distrital de Mar del Plata,
Britos ordenó a la policía detener la marcha de cualquier
colectivo, taxi o remise en que viajara una “persona sospechosa
que amerite ser identificada”.
El cuarto,
candidato a intendente de Mar del Plata por la Coalición Cívica,
es el comisario inspector Gustavo Salvá. En 2007, dirigió
la represión contra los trabajadores pesqueros en huelga. En
2008 la emprendió contra los trabajadores del supermercado híperexplotador
Toledo, y, en abril de 2009, fue el turno de las familias de Barrio
Pueyrredón de esa ciudad, que habían tomado las casas
del Plan Dignidad, abandonadas sin terminar por la empresa constructora.
La represión, con efectivos de infantería y caballería,
terminó con 24 detenidos –entre ellos, el compañero
Juan Pablo Gelemur, abogado del Frente Antirrepresivo-, numerosos heridos
por balas de goma y palazos y las 54 familias nuevamente en la calle.
Como si
hubiera poco para descreer de todos los que nos prometen el oro y el
moro porque hay elecciones, sean radicales, peronistas de uno u otro
pelo, o “progresistas”, en todos los casos, más de
uno, creyendo que en la urna pone un voto, en realidad va a estar metiendo
una bota.
ESTA
VEZ, NARCOPENITENCIARIOS
El 25
de mayo, en la ruta nacional 12, cerca de la localidad de Puerto Rico,
Misiones, un camión del servicio penitenciario fue detenido por
gendarmería. Descubrieron 2.300 kilos de marihuana escondidos
en los muebles que se transportaban. Los miembros del SPF dijeron que
se trataba de una mudanza para un superior ¿Se imaginan la cantidad
de muebles necesaria para esconder más de dos toneladas de droga?
Como un
informante de gendarmería les había pasado el dato del
cargamento, no fue muy difícil para los gendarmes interceptarlo.
Recién en estos días, un juez federal de Misiones pidió
la detención del jefe que había autorizado el traslado
de los “muebles”, Armando Vallejos. En la investigación
están involucrados otros 17 miembros de la fuerza.
Siempre
que se habla de narcotráfico, salta el botón. Es imposible
que entre droga a un país si de una u otra manera no esta involucrada
las distintas fuerzas represivas del estado, sea por acción u
omisión. Las formas en las que este tipo de mega cargamentos
son descubiertos es variada. En este caso, seguramente será una
“interna”, por un informante al que habrán dejado
afuera del negocio o tendrá otro negocio en competencia. Otras
veces es un “descuidado” o no avisado, como con las valijas
de Antonini, revisadas por una mujer policía que revisó
lo que no tenía que revisar, o algún problema imprevisto
de los que mueven el cargamento, como el accidente de la Fiorino con
160 kg de droga que volcó en Salta hace unos años, un
avión que entra en emergencia y debe aterrizar, etc.
Hasta
los propios periodistas, que tanto esconden cuando un policía
mata o tortura, debieron, frente a este último hecho, recordar
antecedentes del SPF. Un diario importante hizo memoria: “En julio
de 2008, un cabo de la Policía Federal fue asesinado en un asalto
mientras estaba en la puerta del restaurante Dolli, en Tagle y Figueroa
Alcorta, y la investigación a cargo del juez de instrucción
Alberto Baños puso al descubierto una organización criminal
comandada por oficiales del Servicio Penitenciario Federal. Estos falsificaban
órdenes de traslado de detenidos y los ayudaban a robar. La pesquisa
judicial también puso en evidencia la existencia de un desarmadero
de automóviles dentro de la cárcel de Caseros.”
LA
MINISTRA DE LA HIPOCRESÍA
La hipocresía es una cualidad del ordenamiento legal burgués
a la que continuamente recurren quienes lo invocan para justificar la
sofisticación del despliegue represivo estatal que administran.
La Ministra Garré, es la confirmación de esta regla.
En el marco del operativo CINTURON DEL SUR por el que la zona más
pobre de la ciudad de Buenos Aires (barriadas de La Boca, Barracas,
Parque Patricios, Pompeya, Bajo Flores, Soldati y Lugano) se verá
militarizada con la presencia de 2500 gendarmes y prefectos completando
el accionar represivo de la Policía Federal, la Ministra de Seguridad
anunció que las FUERZAS ARMADAS colaborarán con este despliegue
represivo prestando instalaciones y equipamiento técnico...
Convenientemente uniformada de custodia de la legalidad democrática,
la ministra pretendió encubrir su concreto aporte a la militarización
de la zona sur ciudadana con una ingeniosa maniobra dialéctica:
"...hay comentaristas trasnochados que proponen comprometer a las
Fuerzas Armadas en asuntos de Seguridad Interior", dijo sin ruborizarse,
siendo ella quien anuncia precisamente, lo que descalifica en el discurso.
Y para que no queden dudas de su malabarismo verbal, intentó
diferenciar a los militares"formados para repeler la agresión
entre estados", de los policías "que previenen violación
de normas y como último recurso utilizan gradual y mínimamente
la violencia en la convivencia social".
3200 casos de gatillo fácil denunciados, desnudan la hipocresía
del discurso ministerial.
La ministra - que en la era K manejó ambas áreas, confirmando
que en materia represiva tampoco existen las casualidades- en otra muestra
de hipocresía coquetamente administrada,se escudó en el
texto de la ley 24059, que desde hace casi 20 años y con sus
modificaciones, fue admitida por todos los sectores políticos
como la barrera que impide recurrir a las Fuerzas Armadas en materia
de Seguridad Interior. Hipocresía , porque en verdad esa ley
jamás descartó la hipótesis de conflicto interior
para que las Fuerzas Armadas intervengan, revelando lo peligroso que
significa confiar en el discurso y en la legalidad impuesta gobierne
quien gobierne.
La ley habla de dos situaciones autorizadas: desastre u operaciones
de seguridad interior, en la segunda variante se inscribe el Operativo
Cinturón del Sur. Y aunque en este Operativo se disfrace de simple
colaboración, la actividad de las Fuerzas Armadas en materia
de seguridad interior contará con la venia oficial en otra prueba
de fariseismo.
La militarización de la sociedad es un camino que la burguesía
se ha trazado, la naturalización de este objetivo lo va consiguiendo
paulatinamente. Poco importa el sesgo político de quien coyunturalmente
le adminstra sus intereses, la hipocresía del ordenamiento legal
es su prueba más rotunda: una ley gestada en tiempos de Menem
sirve para justificar el discurso del "progresismo K". La
misma hipocresía reveladora de una constante: cuando hablan de
seguridad ellos hablan de represión, no hay diferencias, suman...
y cuando ellos suman en materia de represión, corre riesgo la
seguridad del Pueblo.
EL
ESTADO ECUATORIANO ENTREGA GUERRILLEROS AL ESTADO TERRORISTA DE COLOMBIA
El lunes
27 de junio, en el sur de la ciudad de Quito, fueron detenidos dos integrantes
del Frente 48 de las FARC-EP, Fabio Rodríguez Artunduaga y Yanenci
Hoyos Alarcón, quienes se encontraban en esa ciudad bajo tratamiento
médico.
El operativo
se desarrolló en un centro comercial y presentó un despliegue
gigantesco de fuerzas policiales que contaron con información
de inteligencia del ejército colombiano para lograr la captura.
Para Fabio Rodríguez Artunduaga, recién el 25 de junio
las autoridades judiciales de Colombia habían emitido orden de
captura por rebelión.
En poco
más de 24 horas, el estado ecuatoriano resolvió la entrega
de los integrantes de las FARC-EP. Se arguyó el formalismo de
que los detenidos carecían de documentos y que habían
ingresado ilegalmente a Ecuador, omitiendo que quienes son perseguidos
por un estado terrorista no pueden cruzar "legalmente" las
fronteras ni llevar los documentos que los identifiquen. Paralelamente,
se omitió el otro “formalismo” de respetar los tratados
de asilo político suscriptos por ese estado.
Este operativo,
y la entrega de los guerrilleros, muestran una vez más la estrecha
colaboración de los estados “progresistas” de Sudamérica
con el estado fascista de Colombia. La actitud del gobierno de Correa,
similar a la del bolivariano Chávez, constituye la mejor prueba
contra la demagogia populista y la supuesta neutralidad frente al conflicto
colombiano. Ambos gobiernos entregan luchadores al terrorismo de estado.
El estado
ecuatoriano juega además un papel fundamental en el Plan Colombia,
que es el de contener a las fuerzas insurgentes colombianas, desplegando
para ello una enorme fuerza militar de frontera, de aproximadamente
15.000 soldados, profundizando la colaboración militar con el
ejército colombiano, y recibiendo entrenamiento de contrainsurgencia
de parte de las fuerzas israelíes, francesas, españolas
y chilenas.
La persecución
a los que luchan es política de estado y, la colaboración
entre los distintos estados burgueses, demuestra que, para perseguir
y reprimir, no conocen de fronteras geográficas ni ideológicas.
Revela además que el Plan Cóndor sigue vigente.
En consecuencia,
para los explotados y oprimidos la única salida es la organización
independiente y la lucha fraterna con contenido internacionalista.
FUENTE:
CORREPI
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