BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 616
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
19
de julio del 2011
Del 13
de julio de 2011
Sumario:
1.
Gerardo Martínez botón: Otro ladrillo para el paredón
- Recomendada
2. Gran
Hermano en la ciudad
3. La
rutina de la tortura
4. Proyecto
Sur y la Metropolitana
5. El
hábito de la mentira
6.
Más muertes en cárceles - Recomendada
GERARDO
MARTÍNEZ BOTÓN: OTRO LADRILLO PARA EL PAREDÓN
El secretario
general del gremio de la UOCRA, el ultra kirchnerista Gerardo Alberto
Martínez, cuyas patotas apalean petroleros y docentes en Santa
Cruz, pobres en el Indoamericano, y obreros y activistas en todo el
país; el mismo que fue encubridor del negreador Schoklender,
trabajó durante toda la dictadura para el Batallón 601
del Ejército como personal civil de inteligencia. Al mismo tiempo,
ya revistaba en la UOCRA. Según el listado de la Conadep, hay
por lo menos 105 trabajadores de la construcción desaparecidos
en el mismo lapso en que este burócrata cumplía su doble
tarea.
Hoy, a
tres meses de la tremenda golpiza que la patota de la UOCRA propinó
a docentes y estatales santacruceños, hecho por el que no hay
un solo detenido -mientras sí siguen encausados los cuatro docentes
detenidos en la represión posterior en la ciudad de Buenos Aires-
un conjunto de organizaciones, encabezadas por el SITRAIC (Sindicato
de Trabajadores de la Industria de la Construcción) y patrocinadas
por CORREPI, junto al CeProDH y Cadep, denunciaron ante la justicia
federal que quien hoy revista como secretario general del poderoso gremio
de la UOCRA, es presidente de su Fundación y secretario de Relaciones
Internacionales de la CGT, trabajó, desde 1976, y, por lo menos,
hasta 1983, en el temible Batallón 601 de Inteligencia, centro
operativo del terrorismo de estado durante la dictadura. De él
dependían varios Centros Clandestinos de Detención en
todo el país, el principal Campo de Mayo, donde desaparecieron
más de 3.000 personas, y se planificaban y realizaban tareas
inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas “subversivas”,
utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros,
torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos
y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos.
En una
palabra, el burócrata sindical al que la presidenta Cristina
Fernández promueve como recambio de Hugo Moyano al frente de
la CGT, fue compañero de trabajo de personajes célebres
como Leandro Sánchez Reisse y Raúl Guglielminetti, alias
mayor Guastavino, y, con ellos, co-responsable de miles de secuestros,
torturas y desapariciones.
La presentación
se basa en un documento oficial. En el sitio web del Archivo Nacional
de la Memoria, dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación,
figura el listado del personal civil de inteligencia del Batallón
601 de Inteligencia enviado el 5 de febrero de 2010, por el general
Milani, Director General de Inteligencia, a la entonces ministra de
Defensa Nilda Garré. En la foja 52, con número de orden
2.798 (la lista contiene más de 4.300 nombres, y hay otra con
900) figura Gerardo Alberto Martínez, DNI 11.934.882. Los firmantes
del escrito verificaron en bases de datos oficiales, como el Anses,
que se trata de la misma persona, que ya en 1977 era afiliado de la
UOCRA y que, en 1985, accedería a la secretaría de organización,
y en 1990 a la secretaría general.
Claro
que Gerardo Martínez no es el único de su clase que, siendo
servicio de la dictadura, se infiltró en un sindicato. Horacio
Barcos, burócrata santafesino de su mismo gremio, fue designado
en 1996 interventor de la Seccional Tres Arroyos de la UOCRA. Fue reconocido
por la esposa de José Tur, dirigente de CTERA desaparecido, como
quien los secuestró, torturó y asesinó a su esposo
durante la dictadura, hecho por el que fue condenado a 15 años
de prisión. Este amigo de Martínez trabajó en el
Batallón de Inteligencia Militar 122 (versión santafesina
del 601) desde enero de 1976 hasta mayo de 1997. Del mismo modo, Eduardo
Daffunchio, abogado de la UOCRA Santa Fe, revistó en el mismo
Batallón 122, hasta 2009 (figura en la foja 24, nº de orden
1.271 de la Nómina del Personal Civil del Batallón de
Inteligencia 122).
La utilización
de grupos de choque o patotas por parte del estado y las patronales,
es tradición vieja, desde los cajetillas que usaban a fines del
siglo XIX para asolar los barrios pobres y a los trabajadores, pasando
por la Liga Patriótica Argentina durante la Semana Trágica,
la Legión Cívica trás el golpe del general Uriburu
en 1930, hasta, más cerca en el tiempo, la Triple A. Bajo el
gobierno kirchnerista, lo novedoso es que ya no actúan como meros
complementos del aparato represivo oficial, sino que, en muchas oportunidades,
directamente lo reemplazan, como lo vimos el 20 de octubre de 2010 con
el asesinato de Mariano Ferreyra, y, en el caso concreto de la UOCRA,
en tantísimos ataques de su patota contra los trabajadores del
SITRAIC, los vecinos de la Asamblea de Esquel No a la Mina, los trabajadores
del sindicato de Comercio de Santa Cruz, contra el delegado de Dezacor
en Atucha, Zárate, etc.
Los denunciantes
reclamaron a la justicia federal que se investigue hasta cuándo
trabajó Martínez para Inteligencia del Ejército;
cuál fue su participación en la desaparición de
105 trabajadores de la construcción hasta 1983, y en los hechos
represivos posteriores, y que se determine quiénes facilitaron
su encubrimiento hasta el presente.
Gerardo
Martínez es un botón de muestra de las diferentes formas
en que el estado capitalista intenta disciplinar a los trabajadores:
con el terrorismo de estado, cuando lo necesita, o, en períodos
"democráticos", tercerizando la represión con
patotas paraestatales.
Agente
de inteligencia del estado y burócrata sindical, Martínez
siempre tuvo doble trabajo. Será un ladrillo más del paredón
que merece.
GRAN
HERMANO EN LA CIUDAD
Como decíamos
en el Boletín nº 613, comentando la instalación por
parte del gobierno de Scioli de cámaras en los barrios más
humildes, y el intento de Macri de entregar las filmaciones de la ciudad
a los medios de comunicación, cuando se trata de controlar al
pueblo, a pesar de los pleitos entre ellos, están todos del mismo
lado.
Nacional,
provincial o municipal, todos los gobiernos se suman a este boom de
control que llena semana a semana los diarios de novedades, generando
polémicas en cuanto a si se viola la intimidad, pero sin cuestionar
el uso que se dan a las cámaras en el disciplinamiento de la
protesta y como elemento para criminalizar luchadores.
Esta última
semana, fue Macri el que, mediante un gasto de medio millón de
dólares, ganó la atención de la prensa estrenando
330 cámaras.
Entre
estos 330 “objetivos” hay 32 hospitales, 24 centros de salud,
90 edificios escolares (incluidos 17 jardines y escuelas secundarias),
el Teatro Colón, los cementerios de Chacarita y Recoleta, el
Parque Indoamericano y tres ex centros clandestinos de detención
que hoy funcionan como “espacios para la memoria”.
Las cámaras
en las escuelas generaron particular polémica, dado que, claramente,
no fueron pedidas por docentes y estudiantes, los cuales se asombraron
y preocuparon cuando vieron que estaban siendo instaladas. Fácil
es imaginar quién pidió su instalación, teniendo
en cuenta el odio que generó al ministro de educación
Esteban Bullrich la toma de varias escuelas las semanas previas a las
elecciones. Este odio también se manifestó en el pedido
hacia los directivos de los establecimientos de que denuncien, en las
distintas comisarías, a los que participaban de la medida, tarea
que se facilitará, ahora, con las filmaciones de las asambleas,
por ejemplo.
Además
de las cámaras, se designará personal de seguridad privada
que prestará servicios en los objetivos asignados “durante
las 24 horas, todos los días, incluyendo sábados, domingos
y feriados”, sumándose a la saturación de efectivos
en las calles que, en barrios como Parque Patricios o Bajo Flores, cuentan
ya con presencia de gendarmería, prefectura, federal, metropolitana
y el servicio logístico de las FFAA.
Las cámaras
de seguridad tuvieron un comienzo tibio en 2005, cuando el entonces
jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, instaló 73.
En seis años, no sólo se multiplicaron catorce veces las
cámaras en la ciudad, sino que fueron incorporadas definitivamente
al paisaje urbano de todo el país.
En el
país hay unos 9 mil instaladores. El año pasado, la facturación
alcanzó los 276 millones de dólares –según
estadísticas oficiales- y representó un 33,5% más
respecto al año anterior. Ciudades como Rosario y Mendoza y localidades
más pequeñas como Lobos o Campana también cuentan
con esta persecución. En Tigre, por ejemplo, las grabaciones
se guardan durante 30 días y es la propia intendencia la que
decide difundirlas en los medios. Llevan hasta ahora unas 120 filmaciones
en el aire.
Sobre
el punto, simplifica el diario Clarín: “Las videocámaras
no reconocen ideologías. Sus defensores van desde el intendente
K de San Martín, Ricardo Ivoskus hasta Mauricio Macri”.
Esas videocámaras sí responden a una ideología,
la misma a la que responden desde el partido socialista en Santa Fe
o el ARI en Tierra del Fuego, hasta el kirchnerismo, el macrismo y el
diario Clarín mismo. A la ideología de los que más
tienen, que hacen todo lo que pueden para mantener bien controlado al
pueblo.
LA RUTINA DE LA TORTURA
Esta semana,
tres casos que tuvieron algo de difusión nos muestran que la
tortura es cuestión de rutina para la policía y que la
justicia recorre siempre el mismo camino para garantizar la impunidad
de los torturadores.
Una Denuncia:
En la madrugada del 25 de junio pasado, en La Plata, Felipe Ayala Gamboa
se retiraba de una fiesta junto a un amigo. Iban en busca de sus bicicletas,
atadas en la esquina, cuando se les acercó un patrullero. Bajaron
dos oficiales al grito de "arriba las manos". Los jóvenes
entregaron sus DNI, pero uno de los policías puso de espaldas
a Felipe para palparlo. Felipe se resistió, pues ya le había
mostrado los documentos. El policía comenzó a pegarle
patadas vociferando "no digas nada más porque te mato".
En su desesperación, Felipe gritó que era hermano de Sandra
Ayala Gamboa (joven violada y asesinada que se convirtió en un
símbolo de lucha contra el femicidio, y un caso más en
el que la policía entorpeció la investigación).
Lejos de detenerse, lo golpeó aún más fuerte. Subieron
raudos al móvil policial y se fueron. Tras la golpiza, y luego
de ser atendido en el hospital, Felipe hizo la denuncia en la UFI N°
1.
Un
Juicio: El 20 de julio de 2010, un cabo de la comisaría
23ª del barrio porteño de Palermo detuvo a tres menores
de 16 y 17 años porque se le antojó que habían
roto el vidrio de una camioneta estacionada. Y ese vidrio valió
más que la integridad y la dignidad de los chicos. El policía
de la Federal pidió refuerzos por radio y llegaron otro policía
que estaba cerca, tres patrulleros, con la subinspectora jefa de servicio
externo, Natalia Verón (33) (quien estuvo prófuga por
este caso, ver Boletín N° 609 Democracia, dictadura, la tortura
continúa) el sargento Sergio Coronel (37), el sargento primero
Juan Villegas (45), el agente Ricardo Coria (33), el cabo Mariano Cerrillo
(31) y el agente Guillermo Villán (27) ¡ocho policías
y tres móviles para tres pibes!
Los chicos
fueron golpeados en la cara y el estómago para que confesaran
quién había roto el vidrio. Los subieron a cada uno a
un patrullero y ahí empezaron a picanearlos. Una vez en la seccional
23ª, siguieron golpeándolos en boca y estómago y
aplicándoles picana hasta que los chicos se desvanecieron. Los
tres jóvenes reconocieron también al sargento primero
Juan Morales (50) quien vio todo y no hizo nada por detener las torturas.
La fiscal
Estela Andrade pidió someter a juicio oral a Verón, Cerrillo
y Villegas por "torturas reiteradas"; a Coria, Coronel y Villán
por "apremios ilegales agravados"; a Morales, al jefe de servicio
a cargo de la seccional, Cristian Bejarano (33), y al guardia que lo
secundaba, Leandro Bruschi (23), por "omisión de denunciar
la comisión de torturas"
Una Absolución:
El 12 de julio de 2005, el subinspector Diego Alfredo Fernández,
y dos sargentos, Víctor Huanca y Claudio Mingorance, llegaron
al departamento de Mauricio N. Godoy con una orden de allanamiento dispuesta
en una causa en su contra por amenazas. Mauricio se negó a abrir
la puerta, por lo tanto, los policías la forzaron. Luego, se
abalanzaron sobre él, aún teniendo a una niña en
brazos, y comenzaron a golpearlo hasta reducirlo y esposarlo en presencia
de su familia. Mauricio sufrió hematomas en ambos ojos, antebrazos,
rodillas y tobillos, escoriaciones y golpes en la cabeza.
Los policías
fueron sometidos a juicio y condenados a un año de prisión
en suspenso por "vejámenes" y "lesiones",
pero la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal,
a cargo de Gustavo Mitchell, Liliana Catucci y Ángela Lesdesma,
revocó el fallo y absolvió a los policías por dos
votos (los de Mitchell y Catucci) contra uno.
La policía
cuenta con las herramientas, el poder y la impunidad que les da el estado.
Herramientas para torturarnos y matarnos; poder para someternos; e impunidad
para que descarguen todo su desprecio por nuestra vida.
PROYECTO
SUR Y LA METROPOLITANA
Si faltaba
algo para que Proyecto Sur (y todos los que le sirven de furgón
de cola) terminaran de mostrar la hilacha de lo que realmente son, un
frente electoral representante de los intereses de la clase dominante,
es la promesa de campaña que hizo su candidato a vicejefe de
gobierno, Jorge Selser, cuando manifestó en un programa del canal
Metro que, de ganar las elecciones, crearían la Central de Inteligencia
de la Policía Metropolitana.
"Nosotros
vamos a crear la Central de Inteligencia porque en seguridad hay que
tener política", dijo el candidato.
En pleno
debate por la campaña electoral, todos salieron a opinar sobre
el manejo de la metropolitana y sus funciones. Gabriela Cerruti, que
encabezaba la lista de Nuevo Encuentro, el partido de Sabbatella, hoy
dentro del kirchnerismo, bramaba horrorizada que “La metropolitana
fue creada en la consultora de Fino Palacios”. Hoy su espacio
político no duda en defender a la otrora cuestionada fuerza que
debutara con el escándalo de las escuchas de Ciro James.
No cuestionan
la existencia de la metropolitana, que ya es un hecho consumado. Ahora
el debate gira en torno de cómo utilizar, cada uno a su conveniencia,
tamaña herramienta represiva más efectivamente, siempre
buscando el mayor consenso posible a través del discurso. Proyecto
sur, queriendo cooptar el voto de quienes, acosados por el manejo de
la información en los medios se en “en riesgo”, propone
crear un aparato de inteligencia, que no sería otra cosa que
una nueva herramienta para perseguir al pueblo cuando se organiza y
busca luchar contra este sistema que oprime a las mayorías.
Como podemos
ver, se pelean entre ellos y nos quieren engañar, tratando de
mostrarnos una realidad que ellos construyen a imagen y semejanza de
sus intereses, pero en lo concreto, cuando se trata de lo que atañe
a la verdadera naturaleza de las cosas y del sistema, en el fondo son
realmente lo mismo. Proyecto Sur no es una excepción, y no porque
no sepan cuál es la verdadera función de la policía,
esa función de disciplinamiento y control social que garantiza
mediante la represión la continuidad de este sistema de explotación.
Lo saben, justamente porque saben que la policía defiende los
intereses de la burguesía… o sea, sus intereses.
EL
HÁBITO DE LA MENTIRA
Ya sabemos
que, en campaña, o para defender una gestión de gobierno,
todo vale. Pero a veces, el tenor de las mentiras que se dicen indigna
un poco más. Hace unos días, en Mar del Plata, se hizo
un acto con la excusa formal de conmemorar la Noche de la Corbatas,
el célebre episodio represivo, durante la dictadura, en que fueron
desaparecidos siete abogados y las esposas de dos de ellos. Lo que se
suponía un homenaje, fue en realidad un acto de campaña
del kirchnerismo, y, además, mintiendo.
Hernán
Ordiales, representante del PEN en el Consejo de la Magistratura, y
evidente sostenedor del gobierno nacional, aprovechó la ocasión
para repiquetear con la autodenominada “política de DDHH”
del kirchnerismo. Y dijo: “el gobierno nacional dio protección
y plena vigencia a los derechos humanos, en causas de lesa humanidad,
y ha colaborado con los juzgados”. Y usó, como ejemplo
de esto último, ni más ni menos que el caso Bulacio.
Todos
los gobiernos que se han sucedido en los 20 años transcurridos
desde que Walter Bulacio fuera detenido ilegalmente, torturado y muerto
por la federal, han contribuido, cada uno a su manera, a la impunidad,
necesaria no sólo para salvar al comisario Espósito y
el resto de los responsables, sino, fundamentalmente, para preservar
una de las más efectivas armas estatales para el control social:
las facultades policiales para realizar detenciones arbitrarias.
En el
caso de las dos gestiones peronistas de los Kirchner, les tocó
en su agenda ser los encargados de incumplir la sentencia de la Corte
Interamericana de DDHH, que desde el 18 de septiembre de 2003 ordena
al estado argentino eliminar esas facultades policiales, terminando
con la averiguación de antecedentes, los códigos contravencionales,
las razzias y todo el sistema de normas y prácticas que nos hacen
vivir en “libertad vigilada” si no somos lindos, ricos y
rubios.
Como sus
antecesores Menem, De la Rúa y Duhalde, los Kirchner pusieron
todo el aparato estatal al servicio de la defensa de sus facultades
represivas. Lo vemos hoy, cuando nuevamente se ha suspendido el trámite
en la causa interna, y ya no tendremos juicio oral en la causa Bulacio
en agosto. Así que, Dr. Ordiales, para hacer campaña para
sus candidatos, trate de encontrar otro ejemplo en el que se note menos
la mentira.
MÁS
MUERTES EN CÁRCELES
El 28
de junio, algunos diarios informaron, en apenas unas breves líneas,
que dos presos murieron en el penal de Florencio Varela. Con la habitual
escasez de datos, sólo mencionan que Oscar Jiménez Barreiro,
de 28 años, y Víctor Hugo Andrade, de 25, “murieron
durante una pelea”.
En 1992,
cuando Fito Ríos, preso en la cárcel de Caseros, fue torturado
hasta morir, apaleado a garrotazo limpio por el cuerpo de requisa, que
lo golpeó con tal fiereza que los azulejos verdosos quedaron
salpicados con partes de su materia cerebral, también los diarios
informaron “murió un preso en una pelea”. Y fueron
necesarios diez años de pelea de su madre, nuestra compañera
Delia Garcilazo, para que los jueces, tardíamente y cuando ya
no se podía castigar a nadie, reconocieran que no fue una pelea
entre presos, sino un asesinato cometido por los de uniforme.
La cantidad
real de muertes intramuros es uno de los datos que más cuesta
desentrañar, cuando intentamos contabilizar los casos que incluimos
en el Archivo de Casos que publicamos cada fin de año. Así
como el fusilamiento en un barrio de un pibe pobre por un policía
es siempre “un acto de servicio”, como dijeron los defensores
del policía federal Luciano Cruz (policías ellos también,
de la Dirección de Asuntos Judiciales de la PFA – Ministerio
de Seguridad de la Nación) en sus alegatos, la muerte de un preso
apenas si cuenta como uno menos en el recuento diario de la población
penitenciaria.
FUENTE:
CORREPI
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