BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 617
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Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
19
de julio del 2011
Del 19
de julio de 2011
Sumario:
1. La
federal mata, el gobierno nacional defiende y los jueces provinciales
absuelven
2. Narcopolicías
en la delegación de drogas ilícitas
3.
Violencia contra los pobres, de sur a norte -
Recomendada
4.
Represión contra trabajadores de Tartagal, Neuquén y Buenos
Aires - Recomendada
5.
En Jujuy también se persigue a los pobres que luchan -
Recomendada
6. Chile:
Continúa la lucha por la estatización de la educación
LA
FEDERAL MATA, EL GOBIERNO NACIONAL DEFIENDE Y LOS JUECES PROVINCIALES
ABSUELVEN
En silencio
absoluto, sin que saliera en la tele ni fuera tapa de los diarios, estas
últimas dos semanas el tribunal oral nº 1 de La Matanza
tuvo que juzgar a un policía federal que fusiló a un pibe
de 17 años. “Tuvo que juzgar” y no “juzgó”,
porque desde el principio, como no es ninguna novedad, todo el aparato
estatal se puso a disposición del cabo Luciano Cruz Gaete Ossandón,
de la división Apoyo Tecnológico de la policía
federal, para salvarse, y, en el camino, salvar al asesino confeso.
El 11
de febrero de 2010, en Rafael Castillo, a eso de las 7 de la mañana,
el policía salió de su casa hacia su segundo trabajo,
como custodio del banco HSBC de Flores. Aunque iba de civil, llevaba
su Bersa Thunder 9 mm reglamentaria en su funda, sobre el costado derecho
del cuerpo. A pocos metros de su casa, se cruzó con Kunky Méndez,
un pibito que, con su camiseta de la Selección y unas bermudas,
volvía a su casa después de festejar el cumpleaños
de 15 de una primita.
Kunky,
de apenas 1 metro 56 y unos 50 kilos de peso, pero morochito, y con
pinta inequívoca de barrio, era el prototipo del “caco”
que cualquier policía está entrenado para exterminar,
en nombre de la seguridad ciudadana. Así que bastó un
roce casual al pasar, una mirada, o incluso el clásico “Amigo...una
moneda...”, para que el federal hiciera, mecánicamente,
según explicó en el juicio, todo lo que le enseñaron
en la academia: “Le pegué un empujón, gané
distancia, desenfundé y efectué dos disparos en resguardo
de mi vida”, declaró el asesino.
Según
explicó en el juicio el Dr. Romero, jefe de la morgue judicial
de Lomas de Zamora, los dos disparos ingresaron al cuerpo de Kunky a
la altura de la clavícula izquierda, con una trayectoria de arriba
hacia abajo que sólo pudo ocurrir de dos maneras: O Kunky estaba
parado, y el policía trepado a un árbol, o el policía
estaba de pie sobre la vereda, y el pibe caído en el piso, agachado.
Y un detalle: una de las balas, antes de entrar al cuerpo, atravesó
la mano izquierda, de la palma al dorso. O sea que, además de
estar caído, Kunky tenía la mano extendida, cubriéndose
en un gesto típico de automática e inútil y defensa.
¿Habrá suplicado “no me mates”, también?
En el
juicio, su defensa trajo dos “testigos” nuevos, que dijeron
que, esa misma madrugada, vieron a dos pibes, uno vestido con la camiseta
de la Selección, con un arma en la mano. Eso alcanzó para
que los jueces, en la sentencia, dijeran: "de tales testimoniales,
(...) se desprende que se ha divisado al fallecido Méndez en
poder de un arma de puño y en compañía de otra
persona del mismo sexo, y permite afirmar que el occiso se encontraba
recorriendo la zona con intenciones de atentar o cometer ilícitos
contra la propiedad ajena, horas antes de los eventos aquí ventilados,
y que aquél se encontraba actuando con un cómplice y portando
el mismo adminículo, con el que amedrentó al imputado
aquella fatídica mañana, ocasión en la que se produjeran
sendos disparos". Y absolvieron al policía federal por legítima
defensa.
El fusilamiento
de Kunky Méndez no sólo fue considerado “acto de
servicio” por los jueces bonaerenses. Mostrando que no es un policía,
es toda la institución, y que el gatillo fácil, como herramienta
de la represión preventiva, es una política de estado,
el gobierno nacional, a través del ministerio de Seguridad, dispuso
que el cabo Gaete Ossandón fuera defendido por los abogados de
su Dirección de Asuntos Jurídicos, y que siete expertos
del gabinete pericial de la policía federal actuaran como sus
consultores técnicos. Así, el cabo fue defendido por funcionarios
del estado nacional, y absuelto por los del provincial. Eso es cooperación
interjurisdiccional efectiva...
NARCOPOLICÍAS
EN LA DELEGACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS
Una vez
más comprobamos que la policía está involucrada
en todos los negocios sucios. En Lobos, provincia de Buenos Aires, el
oficial principal Juan Rossi y el sargento Sandro Guzmán, de
la delegación de drogas ilícitas, lideraban una banda
de narcotraficantes que comercializaba drogas en los municipios de San
Miguel del Monte, Lobos y Ezeiza.
En la
casa donde los narcopolicías cocinaban la droga, había
cocaína, marihuana, una ametralladora, una carabina con mira
telescópica, autos importados y varias motos de alta cilindrada.
Asimismo, estos policías, que se “encargaban” de
desmantelar redes de narcotráfico, eran los que liberaban la
zona para el comercio de las drogas.
Además,
habría más policías involucrados en la organización
y las complicidades llegarían a lo más alto de la cúpula
bonaerense. En este sentido, la policía no está sola en
el negocio, que también involucra a políticos y empresarios
de la zona. Porque la policía está para cuidar a los poderosos
y someter y tener bien controlado al pueblo, es que tienen las garantías
que necesitan para enriquecerse con impunidad. Las garantías
se las dan jueces y políticos, tanto cuando lideran las redes
del narcotráfico como cuando nos matan pibes por el gatillo fácil
o las torturas.
Estos
son los verdaderos ladrones, los que siempre están involucrados
en los más grandes y miserables negocios que hay, con la connivencia
de la justicia y de los políticos de turno. Por esto es que su
seguridad nunca puede ser la nuestra.
La podredumbre
de estas institución se huele a lo largo y ancho del país,
porque no es un policía, es toda la institución.
VIOLENCIA
CONTRA LOS POBRES, DE SUR A NORTE
Comallo,
Río Negro, a 80 km. de Bariloche. Una comunidad mapuche que resiste,
como puede, la usurpación territorial que realiza un empresario
de apellido Chechile, socio de un camarista. Con la inestimable ayuda
del juez provincial Calcagno, la custodia y protección de la
policía provincial y los servicios de una patota armada, entraron
al Lonco mapuche y agredieron a la comunidad, poniendo en riesgo sus
vidas y humildes bienes. La razón, la propiedad de todas esas
tierras, con vistas a emprendimientos comerciales.
La Overa,
a 250 km. de la ciudad capital de Santiago del Estero. Veinte familias
campesinas organizadas en el MOCASE, fueron atacadas por el empresario
Suárez, a través de una patota que cuenta con la bendición
de la policía local y la protección del organismo estatal
INTA, que tiene al hermano del empresario agresor como alto directivo.
La razón, desalojar al campesinado para desmontar, alambrar y
cambiar la cultura agraria de la región.
Plaza Independencia, pleno centro de San Miguel de Tucumán. Con
la presidenta Cristina de Kirchner en el escenario, una patota de encapuchados
vinculados al gobernador K Alperovich, atacó las carpas de los
médicos autoconvocados que luchan por condiciones de trabajo
y vida dignos y que resistieron la pretensión oficialista de
"no afear" el acto de la independencia.
A lo largo
y ancho del país, los gobiernos argentinos actúas en defensa
de los intereses de la clase que representan. Cuando no lo hacen con
sus fuerzas regulares, lo hacen con sus fuerzas de choque, y, en todos
los casos, con la justicia y otros organismos responsables que legitiman
mirando para otro lado.
Represión
tercerizada, diseño represor para los tiempos que corren. De
la Patagonia al Norte, del mar a la cordillera, en el campo y la ciudad,
paisaje argentino en las rutas de la democracia burguesa.
REPRESIÓN
CONTRA TRABAJADORES DE TARTAGAL, NEUQUÉN Y BUENOS AIRES
Desde
el fin de la última dictadura militar, los distintos gobiernos
democráticos han continuado la represión sobre el pueblo.
Tanto de forma preventiva, con la tortura en cárceles y el gatillo
fácil en los barrios, como de manera selectiva, reprimiendo la
protesta y actualizando los métodos para profundizar la represión.
Una de
las banderas que levantó el gobierno kirchnerista es que “jamás
reprimió la protesta”. Sin embargo, desde 2003, desde Luis
Cuéllar hasta el Indoamericano, se han producido 12 asesinatos
en protestas, a manos de sus fuerzas represivas. Éste también
ha sido el gobierno que propuso y votó la actualización
de las leyes antiterroristas en 2005 y 2007.
En estos
últimos días, los hechos siguen desmintiendo el discurso
del gobierno y de sus aliados en los medios que dicen que “las
policías actúan sin control político”.
Organizaciones
de trabajadores y sindicalistas denunciaron que los procesamientos y
persecuciones que están sufriendo los trabajadores de la Zona
Norte de Bs. As. “son una práctica organizada por las empresas
y el aparato judicial”. Denuncian que, desde los juzgados, se
llama a los directivos de las empresas para que señalen a los
trabajadores, generalizándose la apertura de numerosos procesos
penales contra delegados y el desarrollo de tareas de inteligencia contra
los participantes de las protestas.
El jueves
14, en la ciudad de Tartagal, trabajadores de cooperativas intentaron
tomar el edificio de la municipalidad para que sus reclamos fueran escuchados.
La policía reprimió, y hubo unos cuantos heridos y detenidos.
Al día siguiente, mientras los trabajadores volvían a
marchar para exigir la libertad de los presos por luchar, la jueza que
interviene en la causa ordenó otras 20 detenciones de trabajadores
identificados por fotos y filmaciones.
En Neuquén,
se presentó el nuevo paquete de medidas y “grupos especiales”
para perseguir, criminalizar y judicializar la protesta. Es el “nuevo
protocolo de actuación en casos de usurpaciones y cortes de ruta”
que implementará la policía de Neuquén, siguiendo
las directivas del fiscal del Tribunal Superior de Justicia, según
el cual “se deberán tomar fotografías y filmaciones
de los manifestantes”. El artículo 73 de la Constitución
Provincial dice: “no podrán crearse organizaciones o secciones
policiales especiales de tipo represivo…”. Así se
demuestra que las leyes son un correlato de las necesidades de los poderosos
para mantener y defender sus intereses.
La excusa
para este nuevo paquete de normas represivas es la misma que usó
Filmus para justificar la represión a los docentes de Santa Cruz
en la capital porteña: “para garantizar los derechos de
los vecinos que se ven afectados de transitar".
Aunque
el discurso busque confundir, en democracia o en dictadura, con el palo
y con las leyes, la represión contra el trabajador organizado
continúa.
EN
JUJUY TAMBIÉN SE PERSIGUE A LOS POBRES QUE LUCHAN
Hace casi
un mes y medio que dos pibes jóvenes de un barrio de San Salvador
de Jujuy están arrestados en una “comisaría del
menor” por una causa armada por la policía. Las víctimas
se llaman Rodrigo Cajal (18) y Samuel Guzmán (16), el primero
activista y referente de “jóvenes Kurmi”, una organización
territorial.
El 11
de junio a la madrugada, Rodrigo y Samuel fueron detenidos. Rodrigo
salió a defender a un amigo frente a una patota que le quería
robar. Los chicos lograron defenderse pero cuando llegó la policía,
los arrestó a ellos y dejó ir a los agresores. Ya preso,
en la comisaría, conoció a Samuel.
Al parecer,
uno de los patoteros es hermano de una mujer policía que investiga
en la causa, y hay rumores en el barrio de vínculos con grupos
de choque oficialistas. Las irregularidades del arresto demuestran el
rol del poder judicial en el aparato represivo, con imputaciones que
fueron variando a medida que “acomodaban” las pruebas.
La agrupación
“Jóvenes Kurmi” y otras organizaciones sociales se
siguen movilizando para exigir la libertad Rodrigo y Samuel, y para
denunciar que el estado, a través de la policía y el poder
judicial, persigue a los pibes pobres de los barrios y a los que se
organizan para reclamar por sus derechos.
CHILE:
CONTINÚA LA LUCHA POR LA ESTATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Este jueves,
los estudiantes chilenos volvieron a movilizarse, por tercera vez en
este mes, en reclamo de un cambio sustancial de la educación
chilena. La manifestación fue convocada por la Confederación
de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores, en reclamo
al actual modelo chileno que permite que empresas privadas lucren con
la enseñanza escolar y universitaria. Docentes y alumnos reclaman
una educación gratuita y de calidad. Hoy en Chile, es paga, y
carísima. Un estudiante de medicina, por ejemplo, puede egresar
de la universidad puede egresar con una deuda de 50.000 dólares
o más.
El presidente
privatista Piñera, luego de los anteriores reclamos del estudiantado,
había diagramado un proyecto de ley que en nada modifica las
cuestiones fundamentales de la educación estatal chilena. Ha
prometido fondos para abaratar los costos de los créditos con
los que los alumnos pagan sus estudios superiores. Es por esto que la
comunidad educativa en conjunto sigue saliendo a las calles a reclamar
lo que es justo.
La masiva
movilización se dirigió por la avenida Alameda en dirección
al palacio presidencial en un ambiente festivo, y contó además
con la presencia de obreros, jubilados, ecologistas y otras agrupaciones
sociales, que se solidarizaron con el reclamo. Al pasar los manifestantes
por el palacio presidencial, Piñera desató a su policía
para que reprimiera la marcha, con el argumento de que “no había
sido autorizada”. La policía arremetió con hidrantes
y gases lacrimógenos. Hay 54 detenidos.
El mandatario,
mientras su policía apaleaba al pueblo trabajador, señaló
que "La calidad, el acceso y el financiamiento de la educación
está en el corazón de las prioridades de nuestro gobierno",
sin embargo, no deja de demostrarnos con sus actos que esto es mentira,
que no está en los planes de Piñera dejar de lucrar con
el negocio que es para él la educación del pueblo, así
como lo es para las empresas a las que él defiende.
Reivindicamos
la lucha chilena, único mecanismo efectivo del pueblo para arrancarle
victorias al gobierno.
FUENTE:
CORREPI
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