BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 618
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
11
de agosto del 2011
Del 25
de julio de 2011
Sumario:
1. El
gatillo de Garré.
2.
¿Seguridad para quién? Recomendado
3. Represión
selectiva en Tucumán y Rosario.
4. Otro
joven muerto en una cárcel.
5. “Yo
Sabía...” sigue recorriendo el país.
6.
Misiones: “servicio penitenciario infantil” Recomendado
EL
GATILLO DE GARRÉ
El 20
de julio, Ariel Domínguez, un joven de 22 años que salía
de la empresa donde trabajaba, recibió un disparo policial en
la cabeza que lo mató en el acto. La primera versión habló
de “delincuentes” perseguidos por la policía. Como
esa les falló, porque Ariel estaba esperando el colectivo con
sus compañeros, y el grupo de pibes resultó ser de estudiantes
festejando el día del amigo, recurrieron a otro clásico,
la excusa del “accidente”.
A partir
de entonces, los medios, que reproducen sin beneficio de inventario
la versión policial, afirmaron que el arma del policía
se cayó y “se disparó” solita, con tanta puntería
que el tiro fue a la cabeza. De nuevo, la tesis de las armas que disparan
sin que nadie las gatille, ocultando que una Bersa Thunder9 mm, aún
sin seguro y con bala en recámara, necesitan que un dedo apriete
la cola del disparador con una fuerza de 3 kilos y medio a cinco, y
que producir un disparo por un golpe, tienen que recibir un impacto
equivalente a la caída de un quinto piso.
Rápidamente,
la jueza resolvió que fue un homicidio culposo, es decir, no
intencional. Un accidente, y devolvió al policía Mendoza
a la calle. Y todos los medios, a partir de allí, empezaron a
hablar del pobre entrenamiento y de la falta de capacitación,
porque el federal tenía el arma sin seguros.
En el
juicio de Kunky Méndez, del que informamos en el pasado Boletín,
uno de los peritos policiales era el instructor de tiro que entrena
a la federal en el uso de armas. Y ese experto, dijo, bajo juramento
ante los jueces de La Matanza, que la orden que tienen los federales
es llevar su arma reglamentaria “en condición de disparo
inmediato”, es decir, con bala en recámara y sin seguros.
Y que la munición oficial que se provee a la federal son proyectiles
troncocónicos, los de punta chata, prohibidos por la ley de armas
excepto para caza mayor y tiro deportivo, y por la convención
de Ginebra hasta para el caso de guerra.
Como la
presencia de mucha gente en San Telmo impidió que armaran la
escena del enfrentamiento, jueces y periodistas recurrieron al plan
B, que parezca un accidente. Si lo de Ariel Domínguez hubiera
pasado en un barrio, en Castillo o Fiorito, hoy estarían hablando
del delincuente de frondoso prontuario abatido.
Pero con
lo que explicó el instructor de tiro de la policía federal,
queda claro para el que quiera ver que, aunque el arma estuviera en
la cintura del cabo Mendoza, la que la puso ahí, y le dijo cómo
usarla, fue la ministra Nilda Garré. La que dio la orden de que
su policía lleve el arma en condición de disparo inmediato.
No hace falta más para entender por qué un trabajador
de 22 años recibió un tiro policial en la cabeza, ni por
qué la jueza ya dejó en libertad a su asesino.
Al mismo
tiempo, con mucha menos visibilidad, porque pasó en Florencio
Varela, el sargento Isaías Cano, de la bonaerense, hijo del jefe
de la policía distrital de ese partido, mató de un tiro
en el estómago a Enrique Romero, de 30 años, e hirió
a otro muchacho, a la salida de un boliche. Por ahora, y seguramente
hasta que pase la tormenta, el asesino está preso.
Dos nuevos
fusilamientos que muestran que no es un policía, es toda la institución;
y que el gatillo fácil no es un error, un exceso o un accidente,
sino una política de estado, dirigida desde el gobierno, y ejecutada
por sus verdugos de uniforme.
¿SEGURIDAD PARA QUIÉN?
La Boca,
Barracas, Pompeya, Parque Patricios, Soldati y Lugano integran el conjunto
de barrios afectados por el "Plan Cinturón Sur", la
extensión del "Operativo Centinela" (que se encarga
de disciplinar, con sus habituales medidas represivas, al conurbano,
en apoyo de la bonaerense), que fuera lanzado por la ministra de Seguridad,
Nilda Garré, a fines del mes de junio. Pero, claro está,
nada es suficiente cuando se trata de reprimir al pueblo trabajador,
y, en este caso, la novedad (no tan novedosa), viene de la mano del
gobierno porteño, y, por ahora, le toca a Lugano.
El gobierno
de Macri quiere borrar del mapa a la Asociación Social y Deportiva
Malvinas Argentinas, del barrio Piedrabuena, para instalar en su espacio
la comisaría Comunal Nº8 de la policía Metropolitana.
Además de sus intimidantes camaritas (que ya son 1.000, y se
prevén unas 2.000, en total, para fines del 2011), sumamos a
los azules de la PFA, los beige de la Prefectura y los verdes de la
Gendarmería..., a sus colegas, los amarillos de la Metropolitana,
que ya están copando los barrios del sur de la ciudad.
La Asociación
recibe unos 160 chicos por día, que hacen distintas actividades
deportivas, sociales y artísticas. Sus representantes sostienen
que “realiza una importante función de contención
social para los niños y jóvenes del barrio, muchos de
ellos en situación de vulnerabilidad social”. Es posible
que Lugano no se salve, y que en este club barrial, donde se dictan
talleres de baby fútbol, patín artístico, danza
y hasta repostería desde 1981, entre muchos otros, ya no se vean
ni botines, ni patines, ni bizcochuelos horneándose para ser
compartidos por la barriada.
Una vez
más, queda demostrado que la represión es política
de estado. Lo mismo da si se trata del gobierno provincial, nacional
o municipal. ¿Por qué crearían una nueva comisaría
y pondrían al servicio de la seguridad más individuos
armados cuando ya hay 2.500 efectivos (entre Prefectura y Gendarmería),
con sus respectivas Unidades de Seguridad Pública "cubriendo"
la zona? Porque un pueblo organizado es un pueblo con convicción
y cuando el pueblo convencido está decidido, las fuerzas de seguridad
de los ricos ya tienen que estar prevenidas, articuladas y listas para
desplegar toda su impunidad sobre él.
Y, ahora,
más que nunca comprendamos que "pedir más seguridad"
es, realmente, pedir más seguridad para ellos: los empresarios
disfrazados de políticos, que dicen hacer todo lo posible por
una sociedad mejor y realmente hacen lo posible por una sociedad mejor
reprimida.
OTRO JOVEN MUERTO EN UNA CÁRCEL
Sucedió
alrededor de las 5 de la mañana, en el pabellón 9 de la
Alcaidía de Varones ubicada en el barrio San Antonio de Formosa.
El cuerpo
del joven de 20 años se hallaba colgado de su sábana.
Desde el servicio de emergencia, SIPEC, y desde el juzgado que entiende
en la causa, se dice que la causa de la muerte es el cuello roto producto
del ahorcamiento y aseguran que el cuerpo no muestra signos de violencia.
La mamá,
en cambio, denunció públicamente que, cuando concurrió
al hospital a buscar a su hijo, se encontró con un cuerpo sin
vida y en pésimas condiciones, golpeado y con los testículos
estallados.
Como tantas
veces, un “suicidio” inexplicable, de un pibe que recibía
visitas de su familia, que quería pelear su libertad, y cuya
causa de muerte, diga lo que diga la autopsia, fue estar preso.
Como sucede
por lo menos una vez al día en algún lugar del país,
nuevamente el estado mata y encubre a sus ejecutores, asegurando la
impunidad a todo agente encargado de mantener el orden actual de clase,
matando a los pobres.
REPRESIÓN SELECTIVA EN TUCUMÁN Y ROSARIO
El 9 de
julio, a la madrugada, una patota comandada por David Leiva, secretario
de Grandes Comunas del ministerio del Interior de la provincia de Tucumán,
atacó a los trabajadores autoconvocados de la salud que estaban
acampando en la plaza Independencia. El ataque buscaba terminar con
un acampe que ya tenía un mes de presencia en el lugar y se realizó
luego de que la policía provincial liberara la zona. Los trabajadores
se encontraban en la plaza en reclamo de una serie de reivindicaciones
incumplidas por el gobierno radical-kirchnerista de Alperovich.
El 14
de julio, los autoconvocados se movilizaron en repudio a la represión
de la patota. No habiendo bastado con esa represión, el gobernador
respondió ordenando que la policía antimotines ocupara
el Centro de Salud. En palabras del ministro de Salud, Pablo Yedlin,
fue para "asegurar la tranquilidad y la seguridad de los directivos,
los administrativos y los médicos que están trabajando".
Alperovich,
como un camaleón, ha sido radical, amigo del represor Bussi (éste
lo llamaba cariñosamente “Pepe”) y, en la actualidad,
ferviente kirchnerista. Y siempre responde a la lucha del pueblo apelando
a todas las formas de represión.
Mientras
tanto, en Rosario, la policía santafesina, bajo las órdenes
del gobernador “socialista” Hermes Binner y el intendente
rosarino Miguel Lifschitz, reprimieron un acampe y movilización
de trabajadores desocupados de la Corriente Clasista Combativa (CCC)
que buscaba ingresar a la delegación del ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
El reclamo
se había originado porque la presidenta Cristina Kirchner viene
negando el plan Argentina Trabaja en Rosario. Ante la movilización,
la policía tiró con balas de goma y provocó con
tiros de 9 mm al aire.
Estos
dos hechos, ocurridos en dos provincias con gobiernos de distinta filiación,
nos muestran que ninguna diferencia de fondo los separa. Ante los reclamos
populares, responden de la misma manera: con represión. En el
último caso, no ya para defender los intereses de la camarilla
gobernante de Santa Fe, sino para proteger los intereses del partido
de gobierno nacional, aparentemente opositor.
“YO SABÍA...” SIGUE RECORRIENDO EL PAÍS
El video
“Yo Sabía...”, realizado por CORREPI y TVPTS en el
20º aniversario de la detención y muerte de Walter Bulacio,
sigue recorriendo el país. Después de la exitosa presentación,
hace poco más de un mes, en Rosario, el jueves pasado fue el
turno de Rafaela, en la misma provincia de Santa Fe.
La convocatoria
fue en el centro cultural y social “Estación Esperanza”,
organizada por los compañeros, que integran el Espacio Verdad
y Justicia por Silvia Suppo con la presencia de militantes de CORREPI
y de la CADH (Comisión Antirrepresiva y por los DDHH) de Rosario.
Participaron
variadas organizaciones sociales de la ciudad, como La Casona de los
Pibes, el Grupo de mujeres y feministas Enredadera, y Marina y Andrés
Destefani, hijos de Silvia Suppo, todos ellos integrantes del espacio
que no olvida y exige desde hace ya 4 años justicia por la compañera,
testigo en un juicio contra la dictadura, asesinada días antes
de su declaración en Rafaela, en un hecho que la “justicia
democrática” disfraza de “hecho de inseguridad”,
cuando claramente fue un crimen político.
La militancia
y la inserción barrial de los compañeros, demostró
ser notablemente rica ante la asistencia de un centenar de personas,
en su mayoría jóvenes, que querían, no sólo
ver el video, sino fundamentalmente a participar de una actividad antirrepresiva.
Frecuentemente
vemos cómo la bandera de Walter la levantan los pibes del rock,
quienes siguen coreando aun 20 años después de su muerte
su nombre en los recitales. Sin embargo, en esta oportunidad, esos jóvenes
se agruparon, preocupados por la escalada represiva que se incrementó
en su provincia, y, en particular, por la invisibilidad de la represión
en toda la ciudad, demostrando que las detenciones arbitrarias, como
aquella que sufrió Walter, son la moneda corriente.
En Rafaela,
probablemente la ciudad más rica de la provincia, centro de la
cuenca lechera y sojera, paulatinamente ha aumentando la brecha entre
ricos y pobres, lo que se ve claramente al entrar a la ciudad por la
ruta 34, con un barrio privado que es la envidia de Belgrano R y San
Isidro, que esconde, más atrás, un asentamiento que tiene
un solo ingreso y una sola salida, con guardia policial permanente para
tener controlados a los pobres.
Entre
las experiencias compartidas, los presentes denunciaban que, cada vez
que falta algo en el ostentoso barrio privado, por mínimo que
sea, la policía automáticamente hace una razzia en la
villa lindante, destruyendo todo lo que encuentran a su paso, y se llevan
algún pobre preso. Dentro de este marco, nos contaron de chicos
que se tuvieron que ir porque la propia policía le “aconsejó”
mudarse, porque su cara era “muy de chorro” y lo iban a
seguir levantando siempre. O que, cuando Binner se presentó para
un acto político, la policía comunal detuvo a los que
“afeaban” el lugar y los soltó recién terminado
el acto.
Así
las cosas, luego de la reproducción del video, quedó claro
que, si bien el video era la excusa para la actividad, el objetivo es
empezar a organizarse para dar respuesta a la represión estatal.
Desde acá y con toda la fuerza les haremos el aguante, orgullosos
por su invitación y emocionados por el buen trabajo que están
llevando adelante los compañeros.
MISIONES: SERVICIO PENITENCIARIO INFANTIL
En varias
oportunidades, a través de este boletín, CORREPI denunció
el funcionamiento de cuerpos infantiles de policías, bomberos
y gendarmería que existen en más d ela mitad de las provincias
argentinas.
En marzo
pasado, tras la Reunión del Consejo de Seguridad Interior del
28 de ese mes, Nilda Garré firmó, junto a funcionarios
nacionales y provinciales, el Acta de Compromiso por la Erradicación
de las Policías y Gendarmerías Infantiles. Supuestamente,
después de esa reunión, se disolvieron todas las escuelas
militares para niños. Sin embargo, la decisión fue sólo
para la foto. Sin el peso político recayendo en el ejecutivo
nacional, estos cuerpos militares continúan funcionando, ya sin
el amparo de las leyes, pero con el aval de quienes las dictan.
Según
informó esta semana el diario kirchnerista Tiempo Argentino,
el escuadrón infantil del Servicio Penitenciario de Misiones
funciona hoy con más de 100 niños de entre 5 y 14 años
de edad. En las fotos se observa a los chicos con trajes y gorras azules,
con insignias del SPP, en formaciones, desfilando.
Se juntan
cada sábado en el predio del Círculo de Suboficiales,
donde reciben instrucción militar. Eso sí, desde que se
firmó el desmantelamiento de este tipo de fuerzas, los niños
dejaron de llamarse “Servicio Penitenciario Infantil” para
ser “Grupo Ecológico Infantil”. Es decir, aplican
la misma lógica que utilizan cuando llaman “Cascos Azules”
a los milicos para que no parezcan tan asesinos.
Esto cuerpos
son una herramienta más de adoctrinamiento social, destinada
a inculcar el acatamiento reverencial ante la autoridad oficial. Por
eso el estado sigue sosteniendo este tipo de prácticas. Por eso,
también, debemos seguir denunciándolos.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
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