BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 619
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
11
de agosto del 2011
Del 3
de agosto de 2011
Sumario:
1. Jujuy:
La masacre de El Triángulo.
2. Rodrigo
Corzo: Si no hay justicia, hay escrache.
3. Más
policía en la calle.
4. Trabajadores
de Ex Zanón procesados.
5. Trabajadores
petroleros presos en Santa Cruz.
6. Piñera
y el "diálogo".
JUJUY:LA
MASACRE DE EL TRIÁNGULO Recomendada
Si, como
decimos siempre, todos los gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial,
representan y defienden los intereses de la burguesía, la provincia
de Jujuy y en particular Libertador General San Martín, fue esta
semana escenario de una de sus mayores expresiones.
La empresa
Ledesma S. A., de la familia Blaquier, principal terrateniente de la
región, es propietaria de más de 150.000 hectáreas.
Se calcula que con sólo 40 de esas hectáreas alcanzaría
para resolver el problema acuciante de falta de viviendas en la zona.
En tales circunstancias, y frente a la ausencia de toda respuesta del
gobierno provincial y el gobierno nacional para solucionar un problemas
básico y generalizado de los habitantes de Libertador General
San Martín, con más de cinco años de reclamos para
que la azucarera entregue apenas un mínimo porcentaje de su latifundio
para construir casas, unas 700 familias ocuparon 15 hectáreas
para vivir.
Desde
la ocupación, apoyada por la Corriente Clasista y Combativa,
fueron víctimas de amenazas represivas por parte de la empresa
Ledesma y del gobierno, que fueron profundizándose hasta que,
el jueves 28 de julio, alrededor de las seis de la mañana, la
amenaza se hizo efectiva de la peor manera. La policía provincial,
actuando bajo órdenes de la del gobierno, representado en la
ocasión por un juez que intervino por pedido expreso de la empresa,
reprimió a sangre y fuego.
Las precarias
carpas fueron incendiadas; más de 60 personas fueron heridas
con proyectiles de armas de fuego; los gases causaron la intoxicación
de centenares, entre ellos varios bebés en estado grave, y, finalmente,
fusilaron a tres ocupantes, Ariel Farfan (17), Félix Reyes Pérez
(21) y Víctor Heredia (37). Con la muerte de Juan Sosa Velázquez,
quien había ingresado al hospital en estado grave, con un disparo
en la cabeza, sumaron cuatro las personas asesinadas, a los que se suma
un policía, probablemente víctima de “fuego amigo”.
Sin embargo,
en sintonía con el vigor con que los pobladores resistieron el
ataque, y se defendieron con lo poco a su alcance, mostrando que sólo
la organización y la lucha dan salida a los problemas del pueblo
trabajador, apenas pudieron, las familias recuperaron el terreno, recibiendo
el apoyo de muchas más, por lo que hoy el predio está
habitado por más de mil familias dispuestas a defender sus derechos
a un techo.
Mientras
tanto, vimos y escuchamos en los medios las excusas y argumentaciones
oficiales de siempre. El intendente Ale le echó la culpa al juez,
por haber ordenado el desalojo 24 horas antes de cerrar su juzgado por
la feria de invierno, y dijo que intervino personal de seguridad de
la empresa. La empresa se lavó las manos y cargó contra
la policía. El gobernador kirchnerista Barrionuevo puso los ojos
en blanco y dijo algo como “qué barbaridad...”, y
su jefe y antecesor, hoy presidente de la cámara de diputados,
Eduardo Fellner, la gran espada kirchnerista del norte, trató
de despegar de toda responsabilidad al gobierno, diciendo que los compañeros
se mataron entre ellos...
Fellner,
recordemos, fue el que abrió el marcador de muertos por el kirchnerismo
en la represión a la protesta, con el fusilamiento policial del
joven Luis Cuéllar el 10 de octubre de 2003, cuando miles de
manifestantes protestaban frente a la comisaría de Libertador
Gral. San Martín por la muerte en la tortura, el 4 de octubre,
de otro joven, Cristian Ibáñez.
Con los
compañeros asesinados en Libertador, suman 64 los asesinados
en la protesta desde 1995, de los cuales 16 fueron autoría del
gobierno peronista de los Kirchner. Así, los Kirchner, primeros
lejos en materia de muertes por represión preventiva (más
de 1.700 asesinados por el gatillo fácil o la tortura), alcanzan
un cómodo segundo lugar en el podio de represión selectiva
a la protesta, superando largamente a Menem (5 muertos) y Duhalde (2
muertos), apenas detrás del récord ostentado por el gobierno
radical-frepasista de Fernando De la Rua, con 41 muertos (dos en el
Puente de Corrientes y 39 sólo entre el 19 y 20 de diciembre
de 2001).
RODRIGO CORZO: SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE
El 23
de julio se cumplió otro aniversario de la muerte de Rodrigo
Corzo, asesinado por el oficial bonaerense Cristian Alfredo Solana.
Hace ocho
años, Rodrigo se dirigía a la casa de su novia, en el
auto de su padre. El oficial Cristian Alfredo Solana lo persiguió,
y le disparó dos tiros, uno de los cuales atravesó el
baúl e ingresó en su espalda, provocándole la muerte
en segundos.
Después
de cuatro años, Solana fue condenado a 16 de prisión,
pero la condena “excesiva” fue disminuida a 10 años
y 8 meses por el tribunal de casación, permitiendo su libertad
condicional justo a tiempo para pasar las navidades de 2009 en familia.
En la actualidad, y a punto de quedar completamente libre por el vencimiento
de la pena, el policía vive agazapado en un barrio tranquilo
de Luján, donde goza de total impunidad.
Pero si
hay no ha justicia, hay escrache popular. La familia de Rodrigo, organizada
en CORREPI, propuso hacerle un escrache al policía asesino, en
conmemoración a los ocho años de la muerte de su ser querido,
y para que todos los vecinos sepan que están conviviendo con
un asesino impune.
La actividad
se llevó a cabo el sábado 23 de julio. Una nutrida columna
de militantes antirrepresivos, familiares y amigos de Rodrigo, marchamos,
en Luján, hasta la casa del asesino, al grito de “¡alerta
los vecinos, al lado de su casa vive un milico asesino!” y entregando
volantes con la historia de Rodrigo.
Al llegar
a la casa del ex policía asesino, quien, por supuesto, ni se
animó a asomar la cabeza por la ventana, volvimos a denunciarlo
públicamente. La familia de Rodrigo, junto con otros familiares
de casos de gatillo fácil en CORREPI, descargaron su bronca y
su dolor ante otro perro guardián del estado, homicida impune
que no deja de ser igual a todo el resto de los policías que
nos matan un pibe por día.
Además,
dejamos muy en claro que, a ocho años, no nos olvidamos de Rodrigo
Corzo, ni de cómo el delincuente uniformado, Cristian Alfredo
Solana, lo asesino a sangre fría.
MÁS POLICÍA EN LA CALLE
La ministra
de seguridad, Nilda Garré, dispuso la centralización de
la autorización de las custodias, bajo la órbita de su
ministerio, hoy co-dirigido con el CELS, a partir del nombramiento de
Gustavo Palmieri, entre otros. La medida, que abarca a la Policía
Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, busca acrecentar la presencia de efectivos
en las calles.
Esta nueva
resolución, dictada el 26 de julio, se suma al continuo incremento
de la presencia de efectivos de las distintas fuerzas de seguridad en
las calles y barrios. A principios de año, el gobierno desplegó
más de 5.000 gendarmes con la creación del Operativo Centinela
en el conurbano. En marzo, duplicó la cantidad de efectivos de
la federal en las calles porteñas, y, a principios de julio,
sumó 2.500 gendarmes y prefectos en los barrios porteños
de La Boca, Barracas, Parque Patricios, Pompeya, Soldati y Lugano, con
el operativo Cinturón Sur.
Mes a
mes, se vislumbra cuál fue el objetivo cuando se creó
el “nuevo” ministerio de Seguridad: acrecentar la presencia
policial, con la excusa de “la seguridad”, para garantizar
el control social y reprimir a la clase trabajadora.
TRABAJADORES DE EX ZANÓN PROCESADOS
En la
provincia de Neuquén, los trabajadores de la Cooperativa Ceramista
Fasinpat (ex Zanón) están movilizados: el fiscal Ignacio
Di Maggio pidió la elevación a juicio oral de la causa
contra cinco de sus compañeros.
Alejandro
López y Raúl Godoy (dirigentes del Sindicato Ceramista
y recientemente electos diputados), Miguel Rodríguez (presidente
de la Cooperativa Fasinpat), José Luis Ullana y Hugo Méndez,
están procesados por un corte en la Ruta 7 que realizaron en
junio de 2010, para reclamar que se cumpla la ley que hace efectiva
la expropiación de la fábrica a favor de la Cooperativa,
sancionada por la legislatura neuquina en 2009. Lejos de resolver el
reclamo de los trabajadores, el estado los persigue y fustiga por cuanto
flanco burocrático o judicial sea
posible.
Los trabajadores
acusaron al fiscal Di Maggio de basar la causa en testimonios de policías,
que fueron quienes aportaron los nombres de los imputados; tal como
en las causas contra Neno Abella, Oscar Kuperman y Rubén Saboulard
(ver Boletín 612 "A juicio por pintar, pero otro día,
(y un caramelo)"), entre otros. También denuncian que es
el mismo fiscal que no avanza en investigar las violaciones a los derechos
humanos que cometen a diario la policía y demás fuerzas
represivas en la provincia.
Por otro
lado, Raúl Godoy, uno de los procesados, afirmó que "la
causa forma parte de una política de criminalización de
la protesta social, bajo la cual hay, sólo en Neuquén,
más de 500 procesados por luchar, y a nivel nacional el número
supera los 4.000". Sin importar las diferencias partidarias y/o
electorales, la política antiobrera es un factor común
entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional.
A pesar
del amedrentamiento judicial, los trabajadores continúan la lucha.
A partir de esta semana, endurecerán las medidas de protesta
con el fin de evitar que la expropiación se siga dilatando, lo
que llevaría a la caducidad del trámite y cierre de la
fábrica de la que dependen 450 familias.
Andrés
Blanco, secretario adjunto del Sindicato Ceramista, dijo "la situación
se agrava día a día. En estas últimas semanas estamos
viendo cómo en otras experiencias de empresas gestionadas por
los trabajadores se están cayendo las expropiaciones por el paso
del tiempo y la falta de avances en los trámites", y denunció
que "la misma jueza que tiene nuestra causa, ya dictó el
remate de un frigorífico que, al igual que nosotros, tenía
una ley de expropiación anterior”.
TRABAJADORES
PETROLEROS PRESOS EN SANTA CRUZ
Mientras
se profundiza en la provincia de Santa Cruz el conflicto de los trabajadores
petroleros, explotados por las empresas y el gobierno, que logran enormes
ganancias con la actividad, ya son dos los nuevos presos en las cárceles
del gobernador Peralta.
Víctor
Oñate y José Acosta, delegados petroleros, fueron detenidos
el 4 y 5 de julio, después que el juez de Instrucción
de Las Heras, Eduardo Quelín, ordenara su captura, acusándolos
por los delitos de “coacción agravada con amenazas calificadas
reiteradas en varias oportunidades, en concurso real con el delito de
entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre”.
Los hechos
por los que se criminaliza a Oñate y Acosta, dos nuevos presos
políticos del kirchnerismo, ocurrieron después de las
protestas de más de mil trabajadores en la planta Las Heras 3.
Tras el levantamiento de las medidas, y pese al compromiso arrancado
a YPF de no instar la persecución de los trabajadores, el gobierno
desató una caza de brujas en toda la ciudad, con más de
400 efectivos de gendarmería, infantería y policía,
que ocuparon La Heras, allanaron casas de compañeros y militarizaron,
nuevamente, toda la ciudad, como en 2006.
Otra vez,
como en todo el país, vemos al gobierno y las empresas, por mano
de su aparato de uniforme, sus jueces y fiscales, persiguiendo, criminalizando
y encarcelando luchadores.
PIÑERA Y EL "DIÁLOGO"
En las
últimas semanas, el gobierno chileno de Sebastián Piñera
llamó al diálogo con los estudiantes y docentes que, acompañados
de trabajadores, organizaciones sociales y políticas, vienen
llevando a cabo reiteradas protestas en Santiago y varias ciudades del
país.
Como les
contábamos en el boletín 617, la última manifestación
fue brutalmente reprimida por la policía. En este caso, el gobierno
de Piñera no se conformó con la represión clásica,
en las calles, sino que avanzó un paso más.
El jueves
21, luego de la masiva movilización de estudiantes en solidaridad
con la comunidad de Dichato, seriamente damnificada por el terremoto
del 2010, que reclama ante la nula reconstrucción de su pueblo,
el cuerpo especial de Carabineros ingresó en el barrio universitario
de Concepción y detuvo a seis personas, entre ellas el presidente
del FEC (Federación de Estudiantes de Concepción), Recaredo
Gálvez.
Recaredo
fue golpeado y llevado inconsciente hacia el móvil policial para
seguir siendo salvajemente torturado en el calabozo de El Manzano, donde
lo mantuvieron incomunicado.
Mientras
lo estaban torturando se realizó el montaje y se le inició
una causa judicial, acusado de lanzar una bomba molotov.
Ya vemos
cual es el diálogo que propone Piñera, que tiene como
único interés garantizar el lucro de la educación
privada a sus socios. El único “diálogo” es
represión en las calles, criminalización y tortura a los
militantes que se organizan, en este caso, los estudiantes.
Nada se
puede esperar, de norte a sur; de este a oeste, gobierne quien gobierne
siempre la misma represión.
FUENTE:
CORREPI
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