BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 620
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
30
de agosto del 2011
Del 9
de agosto de 2011
Sumario:
1. Balas
para todos.
2. Gatillo
fácil en Villa Luro.
3. “Siempre
se es culpable hasta que se demuestre lo contrario”.
4. Represión
en Padua.
5. Represión
a los estudiantes chilenos.
6. Juicio
a los estudiantes solidarios con los trabajadores de Kraft.
BALAS PARA TODOS
La represión
como política de estado, sistémica, indelegable o tercerizada,
¿es una novedad o una constante que se ha naturalizado?
¿Es
casual que se haya desplegado en tiempos de bonanza empresarial? Interrogantes
que se recrean ante las cuatro muertes del operativo estatal y empresarial
de Jujuy y la represión desatada en el desalojo del predio tucumano.
Ya es
público que Ledesma S.A. ha sido premiada por el gobierno nacional
con el subsidio de la producción azucarera, el papel y la fijación
monopólica de sus precios. A cambio, los Blaquier, dueños
del ingenio, le dieron al gobierno kirchnerista el apoyo imprescindible
en la interna de la UIA.
Más
conocido es que la sumisión de los políticos jujeños
(del palo oficial u opositor, lo mismo da) es también una cuestión
atávica. A cambio, esos mismos "representantes" reciben
suculentas sumas que en parte se vuelcan en las campañas que
alimentan el circo electoral.
Por ley
del capitalismo, Ledesma S.A. explota y contamina cada vez más
superficie jujeña, usando menos mano de obra y dejando a la intemperie
a numerosas familias del lugar. A cambio, se le adjudica a sus responsables
un sitio en la comitiva presidencial a Brasil como empresa ejemplo del
modelo que pivotea el kirchnerismo.
En este
contexto, como maquillaje, salta por el aire el jefe de la policía;
el ministro del Interior Randazzo discursea un repudio mentiroso y la
inefable operadora kirchnerista Milagro Sala es convocada para convertir
la indignación en miserable clientelismo.
A cambio,
se mantiene al juez que ordenó el desalojo investigando si fueron
balas policiales - o tercerizadas en los custodios de la propia empresa-
las que se cargaron a los cuatro jujeños, mientras ordena, otra
vez , el desalojo compulsivo de las tierras tomadas en respuesta a la
falta de vivienda y a la violencia estatal y empresarial desatada.
Muy cerca
de allí, en Tucumán, el aparato punteril compuesto entre
los alineados en el hiperkirchnerista gobernador Alaperovich y la oposición,
suele dirimir sus negocios electorales con el manoseo y el aprovechamiento
clientelar de la pobreza. Prometen tierras, que después se desalojan
violentamente por la policía, como en Jujuy, aunque, por ahora,
sin muertos.
Ambos
sucesos son emblemáticos: sirven para mostrar claramente cómo
funciona el estado allí dónde la pobreza se manifiesta
a rancho descubierto. Para mostrar también a quiénes sirve
y cómo les sirve. Y, finalmente, para poner en evidencia su lógica:
si el privilegio se ve amenazado (sea el patrimonio ya consolidado o
la disminución de la tasa de ganancia) la respuesta es clara:
balas para todos.
Los interrogantes
entonces hallan respuesta unívoca: la represión es una
constante estructural del sistema, para defender las ganancias de las
empresas o para acrecentarlas. La represión es la inversión
más importante que hace el estado y que cierra contablemente
en los libros de sus reales dueños. Nosotros, ponemos los muertos.
Para que
esto cambie, insistimos con multiplicar la organización y la
lucha.
GATILLO FÁCIL EN VILLA LURO
Un nuevo
caso de gatillo fácil ocurrió esta semana en el barrio
porteño de Villa Luro, que se suma a los más de 3.200
casos de los que tenemos conocimiento desde 1983 hasta hoy. Una mujer
policía, de civil, comenzó a disparar sobre tres personas
que quisieron robarle el auto, matando de un disparo en la cabeza a
uno de ellos. Este es uno más de los casos en que los medios
de comunicación quieren esconder el asesinato y a la vez justificarlo,
contando la versión de una heroica policía que resiste
un robo, como si el hecho de estar robando justificara el fusilamiento.
Siempre fieles a la versión policial de los hechos, primero afirman
que todo se dio en un tiroteo, para luego revelar detalles como que
la mujer policía, cuando le dijeron que se baje del auto, lo
primero que hizo fue meterle un tiro en la cabeza a uno de ellos.
Esto es
gatillo fácil. Esta es una de las herramientas represivas del
estado que se cobra la vida de un pibe por día. La policía,
encargada de esta tarea, tiene la impunidad asegurada tanto por la complicidad
de los mismos policías, que se encargan de armar escenas de enfrentamiento,
plantar armas y todo tipo de artimañas para esconder los asesinatos,
como de parte de los jueces que, en caso de no poder disfrazar los fusilamientos,
se encargan de absolverlos o darles la condena más leve posible.
Así es como el estado garantiza su gobernabilidad, haciendo uso
de todas sus herramientas represivas para tener bien controlados a los
pobres. El gatillo fácil no es un “exceso” policial,
es una política de estado.
“SIEMPRE
SE ES CULPABLE HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO”
Sobre
todo, si el sospechoso es pobre, y, mucho más, si la comisaría
cercana necesita hacer números para recaudar. Ante la duda, "marche
preso" o gatillan por lo espalda, total ¿quién dudaría
que un "morocho" caminando por una vereda de un barrio "no
estaría en actitud sospechosa y a punto de cometer un delito"?.
A pesar
de que los allanamientos y armados de causas son moneda corriente de
parte de la policía, y, además, es de público conocimiento,
ante denuncias concretas y situaciones demasiado evidentes, que los
diarios siguen titulando “denuncias a policías por supuesto
armado de causas”.
Recientemente,
en la provincia de Salta, ha habido denuncias concretas de que policías
del Gabinete de Prevención del Delito y de la Brigada de Investigaciones,
arman causas para justificar allanamientos y aumentar la estadística
de “prevención del delito” o, incluso, detienen y
torturan a personas obligándolas a declararse culpables de algún
hecho.
De esto
último es ejemplo el caso del crimen de las dos turistas francesas
asesinadas en Salta. Por este asesinato se acusa y está detenido
Daniel Octavio Vilte, quien denuncia que tanto, él como su hermano,
fueron llevados y golpeados en el monte por agentes de la Brigada para
que se declararan culpables del hecho.
Por otra
parte, un capitán y un subteniente del Gabinete de prevención
del Delito de la comisaría 4ª, fueron denunciados por un
juez por el armado de causas que les permitía justificar allanamientos.
De esta forma, por un lado desvalijaban con orden judicial las casas
de los "sospechosos" y por el otro lado mantenían un
buen número en las estadísticas de acción de la
comisaría con lo cual aumentan la recaudación.
Claro
que estos procedimientos no son patrimonio de la policía salteña
ni la forma de operar de un “sector corrupto de la policía
u otra fuerza”. Estos procedimientos son los que garantizan la
recaudación y la impunidad necesarias para que las “fuerzas
de seguridad” garanticen el orden social.
La posibilidad
de detener arbitrariamente a las personas es una de las herramientas
fundamentales que sostienen esta acción. Y esta facultad es otorgada
por el estado a la policía, a pesar incluso de haber sido condenado
por esto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Bulacio.
Nada demuestra
mejor que, lejos de tratarse de “irregularidades o anomalías”,
las detenciones arbitrarias, el armado de causas y las torturas son
parte del procedimiento para el control social, ejecutado por la policía
y demás fuerzas y dirigido por el estado.
REPRESIÓN EN PADUA
El sábado
30 de julio, a la madrugada, en Padua, Nancy Marottoli (20 años)
estaba con un amigo en su moto cuando fue asesinada. Según los
vecinos, se escucharon entre cuatro y seis disparos, de los cuales uno
le pegó a Nancy en el tórax.
Al llegar
al lugar, la policía ni siquiera pidió a una ambulancia,
mientras limpiaban rápidamente todas las pruebas del lugar.
Por el
homicidio hay un detenido que sería un militar retirado (el cual
comenta por el barrio como torturaba gente en los ’70) o su hijo.
La información sobre este punto es confusa, ya que la policía
mantiene un fuerte hermetismo y da distintas versiones sobre lo ocurrido.
Ante esta
situación, la familia y el barrio, reclamando justicia y repudiando
el mal accionar de la policía, realizó el miércoles
siguiente una marcha hasta la casa del asesino. Cuando llegaron, se
encontraron con que la casa estaba totalmente protegida por la infantería
y la policía, quienes no dudaron en reprimir la manifestación
con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes hacia los manifestantes,
lastimando a muchos de ellos.
Pero la
represión estatal no inmovilizó a Padua, todo lo contrario,
al otro día volvieron a marchar por Nancy y contra la policía.
En esta
marcha se encontraron con otra vez con la infantería y con policía,
no solo de Merlo, sino también de Ituzaingó, Glew, Morón
y La Matanza, refuerzos para reprimir que pidió el intendente
kirchnerista Raúl Othacehe, quien en ambas marchas impidió
que los medios de comunicación ingresaran a Padua.
La policía
cercó a la manifestación y, por segunda vez en menos de
48 horas, las fuerzas del estado descargaron sobre el barrio que se
manifestaba gases lacrimógenos y golpes, sumando esta vez balas
de plomo. Hubo heridos nuevamente y hay una mujer internada.
En la
marcha del jueves, la policía detuvo alrededor de 20 personas,
de las cuales cinco siguen detenidas e incomunicadas, además
de haber sido fuertemente golpeadas en la comisaría. Cinco jóvenes
entre los que se encuentran los hermanos de Nancy, acusados por una
variedad de delitos que han impedido, hasta hoy, su excarcelación.
Una nueva
muestra de que cualquier forma organizativa que se dé el pueblo
trabajador, encuentra como respuesta inmediata la represión estatal.
REPRESIÓN A LOS ESTUDIANTES CHILENOS
Nuevamente,
el estudiantado chileno salió a las calles por la estatización
de la educación. La semana pasada, convocaron a una masiva marcha,
que agrupó a más de 100.000 personas, en reclamo de un
cambio sustancial de la educación, mientras el presidente Piñeyra
ofrece reformas parciales y a largo plazo, ya que para él es
sólo un negocio más y no está dispuesto a perderlo.
Cabe mencionar
que la educación chilena, heredada de la dictadura militar de
Pinochet, no sólo es privada. Está entre las más
caras del mundo, y es la más cara de toda América Latina.
Las cuotas mensuales son desconcertantes y los estudiantes llegan a
tener deudas millonarias al finalizar la carrera.
Por esta
razón, estudiantes y docentes chilenos llevan ya varios meses
de reclamos, los últimos dos con cese total de actividad de varias
instituciones. Por esta razón había sido convocada la
marcha de la semana pasada, marcha que Piñeyra no había
autorizado y que, como de costumbre, volvió a reprimir violentamente,
largando a las calles de Chile más de 1.000 policías,
que arremetieron con gases lacrimógenos y carros hidrantes. Fueron
detenidos 527 manifestantes.
El ministro
Chadwick defendió la apaleada contra estudiantes, docentes y
trabajadores y remarcó que la policía “estaba cumpliendo
su responsabilidad y contaba con total respaldo del Estado”, como
queriendo terminar de despejar cualquier duda sobre la responsabilidad
que el gobierno había tenido esa tarde.
Esa misma
noche, el pueblo chileno volvió a solidarizarse con el estudiantado,
con “cacerolazos” en las principales ciudades del país.
Chile
es hoy ejemplo de lucha para toda Latinoamérica; el pueblo, a
sabiendas de la represión que puede sufrir, continúa movilizándose
en reclamo de una educación gratuita y de calidad.
JUICIO A LOS ESTUDIANTES SOLIDARIOS CON LOS TRABAJADORES DE
KRAFT
El conflicto
de los trabajadores de Kraft (ex Terrabusi) tomó visibilidad,
en septiembre de 2009, a partir de la repercusión que lograron
los sostenidos cortes de la Panamericana. Paralelamente, no fue menor
el impacto de la serie de medidas de apoyo que se realizaron desde otros
sectores solidarios, como el movimiento estudiantil, con cortes céntricos
a primera hora de la mañana, por ejemplo.
Más
de un año y medio después, tres estudiantes de la FUBA,
Jésica Calcagno, ex presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias
Sociales, Patricio del Corro, ex Secretario General de ese Centro y
Juan Oribe, Secretario General del Centro de Estudiantes de Filosofía
y Letras, deberán enfrentar un juicio oral y público,
acusados por haber estado presentes en varios cortes en Callao y Corrientes,
y tres movilizaciones acompañando a los trabajadores de la alimentación
frente a la Secretaría de trabajo de la Nación.
El fiscal,
que no dudó en usar material obtenido con “tareas de inteligencia”
policiales, pretende condenar a los compañeros a penas de arresto.
El primer juzgado que intervino, también intentó incrementar
el voltaje represivo calificando los hechos como delito federal, lo
que fue rechazado por la Corte Suprema.
La audiencia
comenzará a las 10:30 del miércoles 10, en Tacuarí
138. CORREPI, que junto al CEPRODH ejerce la defensa técnica,
convoca a movilizarnos durante el juicio, para aportar el imprescindible
el apoyo y la solidaridad activa en la calle, reclamando la absolución
de los estudiantes represaliados.
FUENTE:
CORREPI
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