BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 622
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
20
de septiembre del 2011
Del 24
de agosto de 2011
Sumario:
1.
OTRA VEZ, CRIMINALIZANLA LUCHA
“Será
reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años
el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias
que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir
las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro
de la asociación.”
2. DE GATILLO EN GATILLO
Nuevamente
vemos, en casos concretos, como el estado, por medio de sus fuerzas
de seguridad, busca que el pueblo aprenda quién manda.
3.
JUICIO AL ASESINO DE SONIA COLMAN
23 de
diciembre de 2007, mucho calor. Se acercan las fiestas y muchos tratan
de conseguir unos pesos que siempre faltan. La esquina de ruta 26 y
Valentín Gómez, en el populoso barrio de Del Viso, en
el Gran Buenos Aires, es un hormiguero de gente que va y viene.
4. DESALOJOS EN TODO EL PAÍS
El último
5 de agosto, unas 200 familias fueron desalojadas violentamente por
efectivos de la policía de Tucumán. Se encontraban ocupando
un predio en Villa 9 de julio, cercana a la capital provincial, desde
hacía un mes.
5. MILICO VIOLADOR, VIGILADRÓN Y COMIPIRATA DEL ASFALTO
En plena
época electoral, atravesada por la conflictividad social que
desatan la
pobreza, el desempleo y la inflación, la agenda de la campaña
política se centra
en lo que ellos llaman "seguridad".
6.
EN TODO EL MUNDO EL MISMO MÉTODO: REPRESION
En Honduras,
España, Inglaterra y la India, por distintos conflictos esta
semana se sucedieron hechos de represión al pueblo, como demostración
de que no importa el color político que tenga el gobierno
como circunstancial administrador del estado.
OTRA
VEZ, CRIMINALIZAN LA LUCHA
“Será
reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años
el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias
que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir
las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro
de la asociación.”
El artículo
213 bis fue introducido en el código penal por el “gran
demócrata” Arturo Illia (UCR) en 1964, y fue modificado
con un aumento de pena a cargo de Perón diez años después,
en el paquete de “leyes antisubversivas”.
Este mismo
artículo es el que se busca aplicar a Roberto Martino y
a otros 6 militantes que fueron detenidos el 17 de mayo de 2009, bajo
la acusación de prepotencia ideológica, por denunciar
al Estado sionista de Israel, en un acto organizado por el gobierno
de la ciudad.
Los militantes
habían sido sobreseídos, pero la DAIA lo apeló
el sobreseimiento y logró que se renovara la imputación
por esa figura.
Este hecho
se enmarca dentro de reiterados avances en la criminalización
de la lucha que viene llevando adelante el gobierno contra distintos
militantes del campo popular.
Es el
caso de Jésica Calcagno, Patricio del Corro y Juan Oribe, dirigentes
universitarios y militantes del PTS, quienes fueron juzgados por participar
de cortes de calle en apoyo a la lucha por la reincorporación
de 160 despedidos de los trabajadores de Kraft-Terrabusi y contra la
represión desatada contra ellos. Los tres fueron absueltos el
último 10 de agosto, porque el fiscal Brunnet no pudo sostener
la acusación.
Rubén
Saboulard (Asambleas del Pueblo) y Oscar Kuperman (CUBa-MTR), fueron
juzgados por cortes de calle en 2009. El fiscal López tuvo que
admitir que no eran suficientes las pruebas, y fueron absueltos el último
24 de mayo.
El 27
de junio, era el turno del juicio contra Oscar “Neno” Abella,
de la Agrupación Ferroviaria 4 de Octubre, acusado por UGOFE
por pintar “Pedraza asesino” en el hall de Constitución,
al día siguiente del asesinato de Mariano Ferreyra.
Uno de
los testigos en su contra era el comisario Jorge Ferreyra, quien era,
el 20 de octubre de 2010, jefe de la División Roca, dependencia
policial que realizó un importante aporte para que la patota
de la Unión Ferroviaria concretara el ataque en Barracas.
El 25
de junio, la empresa desistió de la denuncia, lo que fue acompañado
por el desistimiento por la fiscalía. El comisario “testigo”Ferreyra,
cumple su rol de señalar y criminalizar trabajadores constantemente,
como lo hizo contra los militantes de Causa Ferroviaria y del Partido
Obrero por la movilizacion del 23 de diciembre de 2010; contra los vendedores
ambulantes del Roca y los militantes de la TPR del 2 de marzo de este
año y contra nueve ferroviarios por el corte del 25 de enero
de 2011.
La absolución
de los compañeros Calcagno, del Corro, Oribe, Saboulard, Kuperman
y Abella son prueba de que, a fuerza de organización y lucha
independientes y sin ninguna confianza en esta justicia, se puede lograr
que un militante social sea arrancado de las garras represoras del estado
burgués que defiende los intereses de los capitalistas. Lo mismo
debemos hacer con los compañeros del FAR, por el camino de la
organización y la lucha.
DE
GATILLO EN GATILLO
Nuevamente
vemos, en casos concretos, como el estado, por medio de sus fuerzas
de seguridad, busca que el pueblo aprenda quién manda.
El primero
de los casos nos lleva a Córdoba, donde el policía Enrique
Bravo fusiló, en 2004, a Martín “Piru” Quintana,
que venía de trabajar y se había sentado en el jardín
de una casa a tomar algo.
La injusta
justicia sólo castigó con 3 años de prisión,
que nunca cumplirá, porque encima son en suspenso, al policía
que mató a un hombre desarmado que volvía de trabajar.
Eso sí, le prohibió, por 7 años, usar armas de
fuego, aunque seguirá teniendo su puesto (ahora en cuestiones
administrativas) en la policía de Córdoba.
En segundo
lugar, tenemos un caso que generó polémica. El agente
de la policía Metropolitana David Alejandro Barrios fue detenido
hace unos días, después de haber asesinado a Rodrigo Alfredo
Romero, de 16 años, y Jesuán Ariel Marchioni, de 23, dentro
de un colectivo de la línea 79 en Avellaneda.
Pese a
que el policía dice que estos dos muchachos, junto tres pibes
de entre 10 y 12 años, que escaparon, estaban robando a los pasajeros
en el colectivo, las únicas balas disparadas fueron las suyas.
Se encontraron dos armas más en el colectivo, de las cuales una
no tenía balas y la otra no funcionaba pues le faltaban piezas.
El relato
de un testigo cuenta cómo, después que los tres chicos
salieron corriendo asustados, y que los cuatro proyectiles disparados
por Barrios dieran en el cuerpo de los dos jóvenes, éste
remató a sangre fría a uno de ellos que estaba agonizando
en el suelo.
Al enterarse,
los funcionarios porteños naturalizaron y convalidaron la versión
del policía: “Se secuestraron armas dentro del colectivo
y está todo muy claro”, señaló el ministro
de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, mientras
que el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, elogió la “valentía
y profesionalismo para proteger la vida del conductor y los pasajeros
del transporte.”
Por tratarse
de un efectivo de la ciudad (igual que hicieron cuando en Liniers la
metropolitana desalojó a los puesteros, con la brutalidad de
la UCEP hacia la gente de la calle, o con los conflictos que le demandan
por límites jurisdiccionales al gobierno porteño) los
organismos K decidieron, esta vez sí, denunciar el gatillo fácil
y hablar de lo inadmisible del hecho.
Finalmente,
el asesino David Alejandro Barrios fue puesto en libertad, y será
seguramente felicitado por sus compañeros, verdugos de pobres.
Por último
tenemos el caso del policía federal Javier Villarreal, que, en
uno de esos “tiroteos” con disparos de un solo lado, y sin
un rasguño en el policía, mató a un joven, cuyos
aparentes 2cómplices”, como sucede en estos casos, desparecieron
sin que nadie –más que el policía- los viera.
Solo
tres casos más, que plasman la impunidad con que las distintas
policías desenvuelven su violencia hacia el pueblo, y son amparadas
por la justicia del sistema.
JUICIO AL ASESINO DE SONIA COLMAN
23 de
diciembre de 2007, mucho calor. Se acercan las fiestas y muchos tratan
de conseguir unos pesos que siempre faltan. La esquina de ruta 26 y
Valentín Gómez, en el populoso barrio de Del Viso, en
el Gran Buenos Aires, es un hormiguero de gente que va y viene.
Una mujer,
Sonia Colman, está tratando de vender utensilios para la parrilla,
para hacer el asado, entre los autos, a la gente que pasa. Un patrullero
frena de golpe, el oficial de la policía bonaerense Oscar Benítez
desciende y dispara su escopeta, según declara, contra un Fiat
en el que iban dos jóvenes. Uno de los perdigones del arma impacta
en el corazón de la vendedora ambulante y la mata en el acto.
Los dos
jóvenes, supuestos ladrones sobre los que disparaba el oficial,
estaban desarmados.
El próximo
martes 30 de agosto, a las 10:00, empieza el juicio contra el policía
Oscar Benítez, en el Tribunal Oral Criminal Nº 3 de San
Isidro. Son sus acusadores, y exigen perpetua, el viudo de Sonia, Antonio
Espasa y sus tres hijas, patrocinados por CORREPI.
El asesino,
pese a la claridad y simpleza del hecho, nunca estuvo preso. Los cuatro
fiscales que se sucedieron en la larga instrucción de la causa
demoraron todo lo posible su indagatoria, a la que sólo se llegó
a fuerza de presión con la lucha organizada. El actual fiscal,
que no se animó a acusar por homicidio calificado por la condición
de policía del criminal, sí tiene agallas, en cambio,
para proponer una “acusación alternativa”. Por homicidio
simple (8 a 25 años), pero “si V. E. le parece excesivo,
entonces acuso por homicidio culposo”, sin intención, con
una pena absurda, excarcelable.
CORREPI,
familiares y amigos de Sonia Colman nos movilizaremos ese día
y durante todo el juicio a los Tribunales de San Isidro, para exigir
justicia, y que Benitez no sea otro de los asesinos a sueldo del estado
que luego de matar quede libre. ¡Tiene que pudrirse en la cárcel!
¡Basta
de impunidad y Gatillo Fácil!
¡Justicia
para Sonia y para los más de 3.200 asesinados por las fuerzas
represivas del estado!
DESALOJOS
EN TODO EL PAÍS
El último
5 de agosto, unas 200 familias fueron desalojadas violentamente por
efectivos de la policía de Tucumán. Se encontraban ocupando
un predio en Villa 9 de julio, cercana a la capital provincial, desde
hacía un mes. Los policías ingresaron con caballos, y
reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos, dejando como
saldo varias personas heridas y detenidas.
Las familias,
con la apremiante necesidad de una vivienda digna, fueron desalojadas
mediante una orden judicial emitida por la subrogante de la Fiscalía
I, Nora Wrexler.
Por otra
parte, la policía federal mantiene sitiadas a decenas de familias
que se encuentran ocupando, desde el 17 de julio, un terreno lindero
a la estación de trenes Federico Lacroze, en el barrio de Chacarita.
La toma está motivada por la situación de emergencia habitacional
que padecen las 1.714 personas que viven en el “Playón
de Chacarita”.
Por orden
del juez Norberto Oyarbide, la policía produjo un cerco vallado
con el fin de impedir que se instalen baños químicos o
se ingrese comida a la toma (ni alimentos, ni agua, ni leche para los
chicos). Las fuerzas de seguridad no permiten entrar ni salir a nadie.
Mientras
tanto, los fiscales Luis Cevasco y Claudia Barcia insisten en acusar
por “usurpación” a los militantes sociales que se
pusieron al frente del reclamo de vivienda de las familias sin techo
por los hechos ocurridos durante la toma del Parque Indoamericano, en
2010.
En consecuencia,
se reabrirá la causa contra los referentes de las organizaciones
que participaron en la toma, mientras siguen impunes los crímenes
de Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri Álvarez,
asesinados durante la represión estatal en aquellas jornadas
de diciembre pasado.
Así
responden los gobiernos a las necesidades reales del pueblo. Los problemas
habitacionales continúan en ascenso. La represión y la
criminalización de la protesta, también.
MILICO
VIOLADOR, VIGILADRÓN Y COMIPIRATA DEL ASFALTO
En plena
época electoral, atravesada por la conflictividad social que
desatan la pobreza, el desempleo y la inflación, la agenda de
la campaña política se centra en lo que ellos llaman "seguridad".
"Es lo que la gente pide" dicen los candidatos y sus alcahuetes
de turno. Sin embargo, cuando pedimos salud, educación y vivienda,
la única respuesta que recibimos es un palazo en la cabeza, para
mantenernos a raya, para obligarnos a vivir conformes con sólo
migajas de las riquezas que generamos con nuestro trabajo.
Por eso,
semana tras semana, seguimos denunciando que el rol principal de las
fuerzas de "seguridad" es someternos, y no protegernos. Y
que, para el pueblo trabajador, inseguridad es más policía
en la calle. En este sentido, para que no dejemos que nos engañen,
continuamos denunciando que la criminalidad policial está a la
orden del día, con la connivencia del poder político.
El caso
más aberrante se dio en la localidad de Punta Alta, provincia
de Buenos Aires. Un ex militar, suboficial retirado de la Armada Argentina,
de 45 años y de quien no trascendieron más datos, violó
y embarazó a una nena de 11 años, hija de su pareja. Estuvo
prófugo durante algunos días, luego de que la mamá
de la nena hiciera la denuncia. “Apareció” en Bahía
Blanca y está detenido.
Por otra
parte, el 10 de agosto, el vigilador de la empresa de seguridad Securitas
S.A., Roberto Emilio Maciel (40), fue detenido luego de un allanamiento
en su domicilio. En su poder se encontraron relojes y joyas por un valor
aproximado de 900.000 pesos que había robado de dos casas del
country que “vigilaba” en la localidad bonaerense de General
Pacheco.
Por último,
el comisario Juan Constantino Vesiroglio, de la seccional 1ª de
La Plata, fue sorprendido el 12 de agosto junto con cuatro cómplices
en un galpón de esa ciudad, donde escondían el camión
que habían robado horas antes. La banda de piratas del asfalto
se había hecho de 26 mil kilos de pollo que, se especula, iban
a ser vendidos en supermercados del sur del Gran Buenos Aires.
EN
TODO EL MUNDO EL MISMO MÉTODO: REPRESION
En Honduras,
España, Inglaterra y la India, por distintos conflictos esta
semana se sucedieron hechos de represión al pueblo, como demostración
de que no importa el color político que tenga el gobierno
como circunstancial administrador del estado.
Como en
Jujuy y en Formosa, en Honduras se suceden los asesinatos a integrantes
de comunidades que reclaman tierras para poder vivir. Ya son 14 los
muertos a manos de guardias de seguridad privada, contratados por los
terratenientes dueños de las tierras ocupadas, en complicidad
con la policía y los militares que el dictador Porfirio
Lobo envió para “pacificar”.
En los
últimos meses, se calcula que 16 hondureños son asesinados
cada día por integrantes del grupo Cobra (brigada de elite
de la policía hondureña), el ejército y grupos
de choque paraestatales. Estos chacales tienen particular preferencia
por los jóvenes militantes, ya que, en su inmensa mayoría,
los muertos y desaparecidos tienen entre 14 y 25 años.
Esta semana,
los estudiantes hondureños se movilizaron en Tegucigalpa contra
la privatización de la educación. Como en Chile, la represión
no se hizo esperar. El saldo fue de dos estudiantes desaparecidos y
varias decenas de heridos y detenidos.
En España,
a la movilización contra los ajustes del gobierno de Zapatero,
se sumaron las protestas por la visita del Papa Benedicto XVI, sobre
todo debido al marco en el que se desarrolla, con una crisis económica
que golpea directamente a la clase trabajadora española, con
niveles de desempleo que, en cifras oficiales, llegan al 25 %.
Cien millones
de euros fue el costo que el pueblo trabajador de España tuvo
que pagar en seguridad, alojamiento y traslado de la comitiva y las
actividades de la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud). La manifestación
laica, que nucleaba jóvenes laicos, homosexuales, feministas
y a los Indignados, fue desalojada por la policía de la
Puerta del Sol, a la que habían podido acceder luego de
peleas con los fieles a Ratzinger. El resultado fue de 7 heridos y varios
detenidos.
En Londres
siguen los coletazos de la pueblada producida por el asesinato a manos
de la policía de Mark Duggan y la reiterada persecución
y discriminación que sufren los habitantes pobres de las barriadas
obreras, muchos de ellos inmigrantes. El primer ministro, David Cameron,
prometió implementar la política de “tolerancia
cero”. Para ello, solicitó el asesoramiento de William
Bratton, quien implementara la misma política en EEUU y la “exportó”
a Latinoamérica.
Ya se
otorgaron a los “bobbies” más facultades para reprimir,
con la amplaición de sus poderes para hacer detenciones arbitrarias.
Otras medidas son los recortes de ayuda económica a los padres
de los jóvenes “revoltosos” y el toque de queda.
El saldo
de la represión fue de 5 muertos y 1.600 detenidos, a los que
se les está juzgando sumariamente, con tribunales trabajando
en fines de semana. En este marco, rápidamente se condenó
a 4 años de prisión a dos jóvenes de 20 y 22 años
por incitar a realizar disturbios por Facebook.
Finalmente,,
en la India, hubo más de 1.000 detenidos en una protesta contra
la corrupción. Resulta que para iniciar una huelga de hambre
en señal de protesta, en la India hay que pedir autorización.
Si, de todos modos, uno no acata la negativa, va preso, como le ocurrió
al activista Anna Hazare, que fue detenido en presencia de 500 seguidores.
Como podemos
ver, no importa el color político que detente el gobierno que
administre el estado, ni tampoco son relevantes las diferencias culturales
que pueda haber de un pueblo a otro. La lógica que se impone
en todos casos es la misma: si hay protesta, si se quieren defender
las conquistas del pueblo arrancadas mediante la lucha, hay represión.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
17.737
