BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 623
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
28 de
septiembre del 2011
Del 31
de agosto de 2011
CORREPI
abraza y acompaña en el dolor a sus compañeros Angélica
y Omar Mansilla, padres de “Tato”, asesinado por la policía,
que esta semana perdieron a su segundo hijo en un fatal accidente.
1.
TORTURAS A LA ORDEN DEL DÍA: SAN JUAN Y ENTRE RÍOS
La represión
preventiva, ejercida por la policía sobre los pobres a los fines
del control social, implica amedrentamientos constantes, torturas, gatillo
fácil. Esta función, ejercida por la policía y
coordinada desde el estado para tener bien controladas a las masas pasibles
de organización, es claramente una política de estado.
2.
GATILLOS Y MEDIOS DE DESINFORMACIÓN RECOMENDAMOS
El 18
de agosto, en Lomas del Millón, un policía federal, de
30 años, atacó a tiros a cuatro hombres, argumentando
que quisieron entrar a robar a su casa. El saldo, un muerto, con dos
balazos.
3. SE
NECESITA CUSTODIA PARA TRAFICAR Y ROBAR.
La cantidad de casos delictivos en los que se encuentra involucrado
personal de las distintas fuerzas represivas, muestra efectivamente
que garantizar los negocios del narcotráfico, el robo, la trata
de personas, etc., es imposible sin la participación directa
de gendarmes, policías o prefectos.
4.
DEFENDERSE ES "INSTIGAR AL DELITO"
Ya es
bien sabido por todos que la supuesta justicia es en realidad la justicia
de los poderosos, y defiende sus intereses, hostigando al pueblo trabajador
y más aún a quienes se organizan para hacerle frente a
este sistema enormemente desigual.
5.
CHILE: EL FUTURO CON LOS CABROS, EL PODER CON LOS PACOS
Manuel
Gutiérrez, un cabro (pibe de los suburbios santiaguinos) fue
muerto por una bala que gatillaron los pacos (carabineros), pero el
crimen lo cometió el estado capitalista chileno.
6. JUJUY: A FUERZA DE MOVILIZACIÓN, DOS COMPAÑEROS
LIBERADOS RECOMENDAMOS
Agradecemos el aporte de esta nota a la agrupación Jóvenes
Kurmi – Jujuy.
Torturas
a la orden del día: San Juan y Entre Ríos
La represión preventiva, ejercida por la policía sobre
los pobres a los fines del control social, implica amedrentamientos
constantes, torturas, gatillo fácil. Esta función, ejercida
por la policía y coordinada desde el estado para tener bien controladas
a las masas pasibles de organización, es claramente una política
de estado.
En el
caso de las torturas en cárceles y comisarías, es ésta
una práctica constante que recae sobre los pobres, y que, las
menos de las veces, llega a hacerse eco en los medios, pero no por eso
deja de existir como una constante.
Esta semana,
un caso en San Juan ha salido en todos los diarios y noticieros, gracias
a la organización del pueblo, que logró hacer escuchar
su voz, reclamando y señalando directamente a los responsables,
aquellos que son los sicarios del estado, la policía. Miguel
Mateo Muñoz, albañil de 24 años, desapareció
en su pueblo, Jáchal, provincia de San Juan.
Diez días
llevaba desaparecido ya, y su familia apuntó a un policía
que en una ocasión lo había molido a golpes hasta dejarlo
sangrando, y que constantemente lo perseguía. El pueblo se organizó,
haciendo una marcha y yendo a la comisaría, donde expresaron
su bronca de clase por el constante sometimiento que ejerce la policía
sobre ellos, los pobres. Destruyeron la comisaría y parte de
la municipalidad y quemaron la camioneta de un policía porque,
dijeron, no hacían esto solo por Muñoz sino también
por otros chicos que son constantemente golpeados por la policía.
Casualmente,
el cuerpo sin vida de Muñoz fue encontrado al día siguiente,
molido a golpes en un canal.
En Entre
Ríos, Alexander Gaggión, de 23 años, se encuentra
internado en el hospital, con la cara completamente desfigurada y golpes
en todo el cuerpo, luego de haber sido detenido por la policía
y haber pasado la noche en la comisaría. La policía recién
avisó a la familia que el joven se encontraba internado al día
siguiente y, cuando el padre del chico quiso averiguar, lo pasearon
entre la comisaría 5ª y la 12ª, pasándose la
pelota entre ellos, y alegando impunemente el ridículo argumento
de que el chico “se autolesionó” en el calabozo,
para lograr ser liberado. Tan impunes son, que alegan que cuando lo
dejaron en el hospital tenía solamente un corte en el labio y
le sangraba la nariz, cuando, según se informó en los
medios, tiene cortes en la cara, golpes de puño y patadas en
la cabeza, rotura de dientes, hemorragia de nariz y oído y no
puede abrir uno de sus ojos.
La impunidad
de la policía en materia de torturas y muerte, está completamente
garantizada por el estado, mediante los jueces, que se encargan de que
estos sicarios que cumplen con sus funciones, nunca paguen el precio
de ser los asesinos a sueldo del estado. Y claro, sin ir más
lejos, aún aguardamos el juicio al comisario Miguel Ángel
Espósito por la detención ilegal de Walter Bulacio (no
por su muerte, porque de eso ya lo exculparon) ocurrida hace 20 años.
Pero no
nos engañamos. Sabemos que no se puede confiar en la justicia
de los ricos y poderosos, y que nuestra respuesta debe ser siempre la
organización y la lucha popular.
Gatillos y medios de desinformación
El 18 de agosto, en Lomas del Millón, un policía federal,
de 30 años, atacó a tiros a cuatro hombres, argumentando
que quisieron entrar a robar a su casa. El saldo, un muerto, con dos
balazos.
En Lanús,
el 22 del mismo mes, otro federal, que estaba de franco pero portando
su arma, mató de otros dos balazos a un joven de 21 años,
sosteniendo que iba a asaltar una panadería.
Dos días
después, el 24, policías de la comisaría 6ª
de Ezpeleta, persiguieron a los tiros a dos chicos que, según
los uniformados, "incurrieron en una actitud sospechosa".
Mataron a uno, vecino del lugar, de nombre Adrián. Investiga
el hecho la misma comisaría en la que trabajan los homicidas.
Indiscutible
ejecución el último caso, y típicos ejemplos, los
dos primeros, de la eterna racha de raros asaltos, donde el único
que dispara y mata es el policía, sin que a los medios les llame
la atención.
Pero no
nos engañamos. Sabemos que no se puede confiar en la justicia
de los ricos y poderosos, y que nuestra respuesta debe ser siempre la
organización y la lucha popular.
Se necesita
custodia para traficar y robar.
La cantidad de casos delictivos en los que se encuentra involucrado
personal de las distintas fuerzas represivas, muestra efectivamente
que garantizar los negocios del narcotráfico, el robo, la trata
de personas, etc., es imposible sin la participación directa
de gendarmes, policías o prefectos.
En la
provincia de Salta, un juez federal dictó una orden de captura
internacional para un narco- empresario uruguayo.
El mega
empresario se encuentra prófugo. Pero los que sí cayeron
fueron dos gendarmes, pertenecientes a la banda, quienes evidentemente
no habían arreglado con el control, trasladando en un vehículo
utilitario 966 kilos de cocaína.
En Jujuy,
detuvieron a un empresario dedicado al robo de automotores que operaba
en conjunto con un gendarme retirado; en Jujuy a otro gendarme y en
Corrientes a una policía, hermana de uno de los dos gendarmes
que trasladaba los 966 kilos de cocaína. Todos ellos pertenecían
a la banda del “uruguayo”.
Y la desprolijidad
delictual llega a tal punto que hasta los ricos y empresarios en sus
lujosos countries tienen que ingeniárselas para no ser traicionados
por sus mismos perros guardianes. Ahora contratan empresas de seguimiento
satelital para tener control en tiempo real de la acción y ubicación
del personal de seguridad… parece que poca confianza inspiran
incluso a sus mismos patrones.
Estas
son las fuerzas de “seguridad” con las que el gobierno custodia
de punta a punta el país, las mismas que ahora merodean por las
calles de la ciudad de Buenos Aires y que son parte de la campaña
electoral por “más seguridad”.
Son con
los que nos quieren hacer creer que estamos más seguros, que
nos están cuidando.
Pero no
caben dudas. Son los que garantizan los más sucios negocios,
contando con la máxima impunidad.
Defenderse
es "instigar al delito"
Ya es bien sabido por todos que la supuesta justicia es en realidad
la justicia de los poderosos, y defiende sus intereses, hostigando al
pueblo trabajador y más aún a quienes se organizan para
hacerle frente a este sistema enormemente desigual.
La semana
pasada, sin embargo, un hecho no dejó de indignarnos, Félix
Díaz, dirigente QOM, fue imputado por “instigación
al delito”.
Los compañero
Qom, luego de ser violentamente desalojados de sus tierras, desalojo
que le costó la vida a dos de ellos, y luego de cinco meses de
acampe sobre la 9 de Julio, (desalojado por La Cámpora), habían
sido imputados por el corte de ruta. Ahora, además, se acusa
a Félix Díaz de haber instigado un asesinato, en referencia
a Eber Falcón, policía muerto en los disturbios.
Nosotros
sabemos que es una clara persecución política, así
como una forma de meter miedo al resto de las comunidades y grupos que,
siguiendo el ejemplo de los hermanos Qom, deciden resistir a los desalojos.
Esta semana,
también fueron procesados ocho de los puesteros que habían
sido desalojados en Liniers en junio del año pasado.
La razón
que encontró la “justicia” fue la supuesta “agresión
y resistencia a la autoridad” por parte de los puesteros; recordemos
que ellos se había defendido de los ataques de la policía
Metropolitana. Pero de la violencia del estado no se habla, y los policías
que reprimieron a los trabajadores fueron sobreseídos, esto es,
sus causas fueron cerradas. Ingenuo sería esperar que se encarcelara
a los policías por hacer lo que están mandados a hacer,
defender los intereses de los poderosos a costa de la sangre del pueblo.
Chile:
el futuro con los cabros, el poder con los pacos
Manuel Gutiérrez, un cabro (pibe de los suburbios santiaguinos)
fue muerto por una bala que gatillaron los pacos (carabineros), pero
el crimen lo cometió el estado capitalista chileno.
El estado capitalista, más acá o más allá
de la cordillera andina, encuentra en el consenso su principal modo
de legitimación, y en la violencia su principal modo de imposición
política.
La particularidad chilena radica en el alto grado de disciplinamiento
social que impuso la dictadura pinochetista donde el uso de la violencia
estatal logró un consenso inusitado en gran parte de la población.
Pero -y aquí caen las pretendidas diferencias que algún
iluso pueda hallar en la democracia- también continuó
con la alternancia representativa, en la que la sonrisa del chacal Piñera
cobra una patética relevancia.
Con excepción
del combativo movimiento estudiantil, las expresiones de la resistencia
originaria y la acción directa de grupos libertarios, el estado
de movilización del pueblo chileno en general era bastante débil.
En la militarización de sus ciudades, como continuidad histórica
represiva de la dictadura, se halla una explicación.
Porque
el "país modelo", el del mercado y el crecimiento,
el del boom del consumo, la prolija representación política
y la gestión empresarial de la cosa pública, no puede
explicar, si no es con la saturación militar de sus calles, que
sobre 17 millones de habitantes, 4 millones sean pobres y más
de un millón indigentes.
En la
militarización de la sociedad chilena, en su marcial y regimentado
modo de acallar la protesta, se explica el por qué de la sorpresa
que algunos se llevaron frente al primer muerto de la protesta social.
No es
que no debía ocurrir el asesinato del pibe -piensan- es que no
debió ocurrir la protesta.
Porque
no ha de ponerse en tela de juicio el éxito del modelo, porque
no hay que permitir que estos cabros desnuden al capitalismo y adviertan
que sólo la alienación puede sostener los logros del "milagro
chileno".
Frente
a la protesta y a la incontenible marea popular que encabezaron los
estudiantes, la institucionalidad reaccionó del modo habitual:
matando.
Consenso
y violencia retroalimentan todas las políticas de estados cuyas
sociedades se hallan divididas en clase. No era Chile una excepción,
con los cabros mirando al futuro y los poderosos electrificando su parcela
de mierda y custodiados por los pacos.
Con la heroica y generalizada lucha estudiantil , la protesta es como
un rescoldo en la montaña de cenizas: soplando sin desfallecer,
sin bajar los brazos, por la educación ahora y mañana
por otra sociedad, es probable que más temprano que tarde vuelva
a arder el fuego de su mejor historia.
Jujuy: a fuerza de movilización, dos compañeros
liberados
(Agradecemos el aporte de esta nota a la agrupación Jóvenes
Kurmi - Jujuy)
El 11 de junio por la madrugada, Rodrigo Cajal (18) y Samuel Guzmán
(16) se conocieron en el calabozo de la Comisaría 33, luego de
ser detenidos en las cercanías de un boliche bailable cuando
regresaban a sus casas en la zona de Alto Comedero, en la capital de
Jujuy. Durante más de dos meses estuvieron presos porque, como
lo hemos denunciado en cada una de nuestras movilizaciones, la policía
los capturó y les inventó una causa.
En las indagaciones realizadas por el Juzgado de Menores, se demostró
la persecución de la policía, la Justicia y los sectores
vinculados al poder político de la provincia hacia los pibes
pobres de los barrios. Varios afirman que a Rodrigo le habrían
plantado pruebas para acusarlo de la agresión que sufrió
el hermano de una oficial, que participó de las detenciones hechas
esa noche, y que también es denunciante. El testigo tampoco reconoció
a Rodrigo y Samuel como agresores del hermano de la policía,
quien tiene como abogado querellante a Cristian Molina, procesado por
intento de homicidio y enriquecimiento ilícito en la defraudación
a los trabajadores del Tesorero de la Cooperativa del Salvador.
Por este medio, queremos agradecer a todas aquellas que de una y otra
manera se han solidarizado en la lucha por la liberación de nuestro
compañero Rodrigo y de Samuel, un joven que, sin conocerlo, hemos
defendido desde el primer momento, porque entendemos que, al igual que
muchos changos de nuestro país, son detenidos ilegalmente por
el solo hecho de ser joven, humilde y de un barrio pobre, características
que para la policía provincial son suficientes para detener,
golpear, perseguir y armar causas que prosperan en los Juzgados para
“criminalizar a la juventud”.
Sin dudas, lo que les ha tocado vivir durante estos dos meses a Rodrigo
y Samuel nos ha fortalecido. Los KURMI no podemos mirar para otro lado
cuando tocan a uno de los nuestros. Obligadamente tuvimos que salir
a reclamar contra estas injusticias que muestran cómo actúa
la policía y la justicia contra los pibes de los barrios humildes
de Jujuy y protegen a los “poderosos de papel”. Agrupación
Jóvenes Kurmi, Jujuy.
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CORREPI
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