BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 625
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
28 de
septiembre del 2011
Del 15
de septiembre de 2011
Boletín
informativo Nº 625
Sumario:
1.
Amenazan a compañeros de CORREPI
En la madrugada del sábado 3 de septiembre, dos autos
aparecieron frente a la casa de Patricia Bolaño, compañera
de CORREPI, y balearon el frente de su vivienda en Grand Bourg, donde
vive con su madre, sus hermanos y sus tres hijitos, al grito de “dejate
de joder o te vamos a matar toda la familia"...
2. Federal, bonaerense o metropolitana: siempre el gatillo fácil
...La policía sí que sabe armar versiones “vendibles”
a tono con el marketing mediático por la seguridad y la mano
dura: el policía héroe, los hampones torpes, y un “final
feliz” para que los periodistas estrella de las cadenas de medios
puedan impunemente vociferar “que Dios me perdone, dos menos”...
3. "Seguridad": Dos versiones de una sola realidad
...La "seguridad” de los ricos, como venimos planteando
semana tras semana, es el gatillo fácil, la tortura y la violencia
constante para los pobres...
4. Contra la violencia del estado, organización y lucha del pueblo
... lo que no dijo, y oculta la jueza Carmen Argibay, es que
la "violencia" de la que ella habla, tiene un destinatario,
la clase trabajadora, y un ejecutor, el estado...
5. Caso Colman: condenado por asesino, absuelto por policía asesino
La sentencia dictada por el tribunal oral nº 3 de San
Isidro contra el policía Oscar Alberto Benítez, que fusiló
a Sonia Colman el 23 de diciembre de 2007 en pleno centro de Del Viso,
es una muestra clara de cómo funcionan los mecanismos institucionales
para defender la "legalidad" de su aparato represivo...
6. Represión en la cárcel de Coronda
Agradecemos esta nota a los compañeros de la CADH Rosario
(Comisión Antirrepresiva y por los DDHH)...
Amenazan
a compañeros de CORREPI
En la madrugada del sábado 3 de septiembre, dos autos aparecieron
frente a la casa de Patricia Bolaño, compañera de CORREPI,
y balearon el frente de su vivienda en Grand Bourg, donde vive con su
madre, sus hermanos y sus tres hijitos, al grito de “dejate de
joder o te vamos a matar toda la familia".
Luis Alberto
Bolaño, un joven discapacitado motriz de 27 que se ganaba la
vida vendiendo estampitas en la estación de tren, fue fusilado
en marzo de 2009 por Juan Pablo Rodríguez, un vigilador privado
de la agencia de seguridad Clave SRL, contratada por el municipio de
Malvinas Argentinas para custodiar un predio municipal.
Este ataque
es el de mayor gravedad en una espiral que viene aumentando desde hace
unos meses, con aprietes de todo tipo, como sacarle fotos a los hijos
de Patricia cuando juegan en la calle y seguimientos a varios miembros
de la familia, que desde el homicidio está comprometida en una
activa militancia antirrepresiva, organizada en CORREPI. Todos los hechos
fueron denunciados en las fiscalías de Malvinas Argentinas.
Los primeros
ataques coincidieron con el avance de la causa penal contra el vigilador
Rodríguez y recrudecieron con la fijación de fecha para
el juicio oral, que comenzará el martes 20 de septiembre a las
9:00, ante el tribunal oral nº 2 de San Martín. El vigilante
privado, aunque acusado por la fiscalía y la familia representada
por CORREPI por homicidio simple, está en libertad, pues el juez
de garantías considera que “no hay peligro de fuga ni de
que entorpezca el procedimiento”.
Lejos
de lograr su cometido, estas amenazas han sido una nueva motivación
para la familia Bolaño a seguir organizados, y a profundizar
la lucha por justicia para Luis, y una muestra de la entereza de nuestra
compañera, que, en pleno tiroteo, logró apuntar la patente
de uno de los autos, ya que el otro carecía de chapas.
El martes
próximo, en los tribunales de San Martín, estará
la familia Bolaño, junto a CORREPI, enfrentando una vez más
a la represión estatal y reclamando juicio y castigo al asesino
contratado por el intendente menemista/kirchnerista/duhaldista Jesús
Cariglino.
Federal,
bonaerense o metropolitana: siempre el gatillo fácil
En la madrugada del lunes 5 de septiembre, en la localidad bonaerense
de Avellaneda, el cabo 1º Sergio Bovadilla (34) de la comisaría
12ª de la PFA, mató a dos adolescentes de 16 y 17 años.
La crónica en los medios, siempre fiel a la versión policial,
habló de un intento de robo en la puerta de la casa del policía,
con el “condimento” de que los “sujetos armados”
amenazaron a la hija de 10 años del policía, que, así,
“debió defenderse”, originándose “un
feroz tiroteo”.
La policía
sí que sabe armar versiones “vendibles” a tono con
el marketing mediático por la seguridad y la mano dura: el policía
héroe, los hampones torpes, y un “final feliz” para
que los periodistas estrella de las cadenas de medios puedan impunemente
vociferar “que Dios me perdone, dos menos”. Sin embargo,
éste es un caso más de gatillo fácil, encubierto
como “muerte en tiroteo” o “confuso episodio”.
La experiencia
con los casos de gatillo fácil nos ha enseñado que no
hay “episodios confusos” sino versiones deliberadamente
confusas, y que una lectura comprometida de la realidad nos lleva a
buscar la verdad, no a “comprar” la mentira. Los chicos
muertos son Hugo Arce (17) y Carlos Dante (16), ambos de Isla Maciel.
Hugo Arce era jugador de fútbol en las divisiones inferiores
del Club San Telmo. Horas antes de su muerte, en la tarde del sábado
3, había vuelto a jugar un partido con la camiseta de su club
luego de una lesión que lo mantuvo fuera de la cancha durante
casi un año.
Desde
el Club San Telmo no creen la versión de la policía. Los
familiares y vecinos de los pibes, incluido el párroco de la
villa, menos aún. Ellos denuncian que los chicos habían
salido junto con otros dos adolescentes del barrio en un auto, cuando,
detrás del shopping de Avellaneda, se cruzaron con el policía
Bovadilla, quien, sin enfrentamiento alguno, tiró a matar. Primero
fusiló a Arce, y cuando los otros pibes fueron a socorrerlo,
hirió a Dante, quien murió camino al hospital. Con el
patrocinio de CORREPI, y el apoyo del barrio, ambas familias intentarán
demostrarlo en la causa penal.
Otro caso
de gatillo fácil encubierto bajo la versión de la “muerte
en tiroteo” sucedió el jueves 8 de septiembre al mediodía,
en el barrio porteño de Chacarita, cuando, de nuevo según
la fuente oficial, dos muchachos, con una pistola de juguete, intentaron
robar la mochila y la billetera a un efectivo de la policía metropolitana
que iba vestido de civil, y, de nuevo, “se tuvo que defender”...
con un tiro en la cabeza.
La familia
y vecinos de Bruno Germán Pappa (26), que vivía en Villa
Fraga, un asentamiento del barrio Chacarita ubicado a pocas cuadras
del lugar del hecho, afirman, en cambio, que el muchacho estaba reducido
en el piso cuando el policía lo ejecutó. Y para denunciarlo,
esa misma noche unos 50 vecinos se concentraron frente a la sede de
la metropolitana en la esquina de las calles Guzmán y Jorge Newbery,
donde quemaron gomas y apedrearon el edificio.
Finalmente,
y para completar la trilogía que muestra que no hay fisuras en
la política de control social de todas las policías, esta
semana conocimos la historia de Adrián Andrés Andrade,
un chico de 22 años que vivía con su hermano en Ezpeleta.
El 24 de agosto, sus padres, radicados en Neuquén, recibieron
la noticia de que un policía había matado a su hijo. Según
pudieron reconstruir una vez que viajaron a Buenos Aires, Adrián
recibió un disparo en plena espalda apenas a dos cuadras de su
casa, por parte de un policía de la zona a quien en reiteradas
oportunidades había denunciado ante las fiscalías de Quilmes
por los constantes aprietes ocasionados por su negativa a “trabajar”
para la brigada de la comisaría local. También con patrocinio
de CORREPI, intentarán demostrarlo ante la justicia bonaerense.
"Seguridad":
Dos versiones de una sola realidad
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, antes
de partir a Francia junto a la presidenta para recibir el premio de
la UNESCO llamado “Fomento de la Paz Félix Houphouët-Boigny”,
afirmó que en materia de derechos humanos en la Argentina “se
abrió un camino que no se cerrará jamás”.
También dijo que “estamos humanizando la seguridad”.
“La
seguridad” de los ricos, como venimos planteando semana tras semana,
es el gatillo fácil, la tortura y la violencia constante para
los pobres.
Bien lo
sabe Aníbal René Herrera, muchacho de la provincia de
Catamarca, que tras una discusión familiar fue despertado a los
golpes por la policía delante de sus hijos y llevado a la fuerza
a una sesión de torturas en la comisaría.
También
está bien al tanto Juan Vega, oriundo de la localidad de Huillapima,
en la misma provincia, que fue brutalmente golpeado por la policía
a la salida de un boliche al que él había llegado para
buscar a su primo. Juan fue golpeado en la patrulla y en la comisaría,
sin recibir acusación o “explicación” alguna.
Lo saben,
igualmente, el fotógrafo de El Ancasti, Enrique “Quito”
Contreras, y su colega de otro reconocido medio gráfico, que
esta semana se presentaron ante la justicia para efectuar una denuncia
por “apremios ilegales” contra los uniformados durante una
violenta represión en un partido de fútbol.
El fin
de semana pasado, se le recordó esta realidad también
a David López, de 17 años. En la celda de la comisaría
1ª de Cañada de Gómez (Santa Fe), lo golpearon, le
tiraron hielo y agua fría, y le golpearon la cabeza contra las
rejas. Finalmente, lo tiraron inconsciente en un baldío. Cuenta
su hermana que “hace tres o cuatro años, había unos
policías que le daban droga a mi hermano y a un grupo de amigos,
y los mandaba a robar", y agregó que “los mismos policías
les dan la droga y los mandan a robar cosas, y nadie puede salirse porque
el que quiere irse lo matan. [No hay mejor ejemplo que el de Luciano
Arruga]. Al final los pibes terminan quemados por la droga.”.
David se recuperó de la adicción impuesta. Cuando, con
su familia, quiso denunciar las torturas, argumentando que “contra
la policía no declara nadie” les negaron hacerla en su
pueblo, por lo cual se tuvieron que trasladar a Rosario.
A pesar
del engañoso discurso del oficialismo, en el que juegan sus roles
el aparato judicial y el ejecutivo, la policía sigue, sin perder
tiempo, con el disciplinamiento social a lo largo y ancho del país.
Esa es la “seguridad” de Cristina Fernández, que
defiende Estela Carlotto.
Contra
la violencia del estado, organización y lucha del pueblo
“En la medida en que toda la sociedad no se ponga de acuerdo para
parar la violencia, seguirá cobrándose víctimas
inocentes". “Es un problema de la sociedad, no de la Justicia
ni de las fuerzas de seguridad, ni de las prisiones, ni de los abogados,
sino de toda la sociedad”. “Ni los jueces, ni las leyes,
ni las prisiones pueden parar la violencia, quizás pueden parar
a algún violento o a algunos violentos, pero no la violencia”.
La jueza
de la Corte Suprema Carmen Argibay hizo estas declaraciones en el marco
del XVIII Encuentro Nacional de Mujeres Jueces de la Argentina que se
realizó en Catamarca capital, cuyo tema central fue “La
Trata de Personas y Esclavitud Sexual”.
Lo que
no dijo y oculta la magistrada, es que la “violencia” de
la que ella habla, tiene un destinatario, la clase trabajadora, y un
ejecutor, el estado, a través de sus fuerzas represivas.
En la semana siguiente a estas declaraciones, la realidad se encargó
de mostrarnos, de vuelta, que, cuando se trata de criminalidad, siempre,
tarde o temprano, salta el botón.
En La
Rioja, condenaron a un policía a dos años de prisión,
por estar involucrado en la trata de personas. El efectivo intentó
engañar a una joven para introducirla en una red de trata. Aunque
también fue inhabilitado por cuatro años para ejercer
cargos públicos, quedó en libertad condicional.
El lunes 5 de septiembre, el integrante de la marina, Julio Cesar Barrientos,
de 41 años, disparó a quemarropa desde su moto a un hombre
de apellido Soria, que se encontraba manejando su auto. Ocurrió
en la provincia de Catamarca, luego de que el ex militar fuese echado
por Soria de un prostíbulo en el que trabaja como personal
de seguridad. Barrientos se encuentra detenido y, además, está
siendo investigado por un robo de $700, que cometió luego de
atacar a la víctima. Gabriel Soria se encuentra internado
y en grave estado, ya que el proyectil se encuentra alojado en su cabeza,
poniendo en riesgo su vida.
Además
de cometer crímenes, la policía es la primera
en hacer oídos sordos y cerrar los ojos cuando la víctima
es parte del pueblo trabajador, como ocurrió en la localidad
de Ingeniero Juárez, Formosa, cuando en la noche del domingo
4 una niña Wichí fue violada por 7 hombres en un
predio frente a la comisaría de la ciudad. El hecho casi
no tuvo difusión, y solamente trascendió por un comunicado
emitido por la comunidad y reproducido por diversos medios alternativos.
Caso
Colman: Condenado por asesino, absuelto por policía asesino
La sentencia dictada por el tribunal oral nº 3 de San Isidro contra
el policía Oscar Alberto Benítez, que fusiló a
Sonia Colman el 27 de diciembre de 2007 en pleno centro de Del Viso,
es una muestra clara de cómo funcionan los mecanismos institucionales
para defender la “legalidad” de su aparato represivo, aún
si, para ello, deben abandonar por un rato, a su suerte, a uno de sus
integrantes, y contradecir sus propios argumentos.
Por unanimidad, los jueces condenaron a Benítez a 8 años
y medio de prisión por homicidio simple, y ordenaron su inmediata
detención, como habíamos exigido desde la querella, sin
perjuicio del previsible recurso de casación que interpondrá
su defensa. La pena, al borde del mínimo previsto para quien
mata a otro sin agravante alguna, muestra por sí misma el esfuerzo
hecho por los magistrados para recurrir al costo menor para su verdugo
de uniforme, en un caso que, por sus características, no admitía
ninguna otra hipótesis que la condena.
Tanto
el fiscal como el tribunal rechazaron la acusación que formulamos
en representación de la familia de Sonia, reclamando prisión
perpetua ya que se trató de un homicidio calificado por haber
sido cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad en el marco
de sus funciones operativas. Es evidente, juicio tras juicio, que este
delito, como el de torturas, o, más aún, el de aplicación
de tormento seguido de muerte, está en el código penal
exclusivamente para que los distintos funcionarios del gobierno puedan
exhibir su letra en bonitos discursos derecho humanistas en foros internacionales,
donde argumentan que el estado argentino castiga con dureza los crímenes
cometidos por su aparato represivo.
Así
como la tortura es una palabra prohibida para jueces y fiscales, que
no dudan en usar el mismo argumento al derecho o al revés para,
cuando no les queda más remedio que condenar, hacerlo por la
figuritas menores de “apremios ilegales” o “vejaciones”,
excarcelables y sin la connotación de crimen de estado, el delito
previsto en el artículo 80 inc. 9º del código penal
es esquivado sistemáticamente, porque implica reconocer que es
el aparato estatal el que ha asesinado.
En el
juicio contra el bonaerense del Grupo Halcón que fusiló
a Christopher Torres, la “vuelta” para descartar la prisión
perpetua y condenar sólo a 12 años de prisión por
homicidio simple, fue que el oficial Ayunta no estaba de servicio cuando
salió a buscar a dos pibes que habían robado un celular,
y, en el camino, se cruzó con Christopher y lo ejecutó.
Igual argumento fue usado con el también integrante del grupo
bonaerense de elite Ernesto Bencardino, que le puso un tiro en la nuca
a Camilo Pérez después de reducirlo y hacerlo tirar al
piso. El TOC 3 de La Matanza calificó como “homicidio simple
con abuso de arma” para poder condenar a sólo 10 años
y 8 meses de prisión, en lugar de perpetua, considerando que,
como Ayunta, no hubo “abuso o exceso en la función policial”,
ya que estaba de franco.
En el
caso de Benítez, que estaba de uniforme, en servicio y participando
de un operativo cerrojo a bordo de un patrullero, junto a una docena
más de policías, los jueces tuvieron que dar vuelta el
argumento, y, entonces, concluyeron que “no se advierte un abuso
ni aprovechamiento personal de la función policial”. Así,
con exactamente el verso opuesto al usado en los crímenes de
Camilo y Christopher, también optaron por el homicidio simple,
como si, en lugar de un policía asesino, se tratara del homicidio
que puede cometer cualquier civil, y que engrosa las estadísticas
que luego usan para denunciar la “inseguridad” que, claro,
requiere más policías como Ayunta, Bencardino y Benítez.
Pasó,
igualito, con Matías Tarditti, aquel federal que fusiló
por la espalda, en Palermo, a Lisandro Barrau, que no acató la
voz de alto cuando pasó con su moto. La condena a perpetua por
el homicidio calificado del TOC 28 fue revocada por la cámara
de casación, que salvó al policía con un “homicidio
culposo” y apenas 4 años de prisión en suspenso.
El escenario
se completa con las leyes, que impiden al particular damnificado discutir
en casación la calificación legal, con lo que ponen un
obstáculo difícil de salvar para recurrir semejante dislate.
Así, jueces, fiscales y legisladores muestran que no sólo
no es un policía, sino toda la institución. Es también
un mismo aparato, que usa todos sus recursos, incluyendo decir hoy una
cosa, y mañana la contraria, para poner a resguardo al conjunto
del estado, y garantizar la profundización de su tarea represiva,
revestida de su “legalidad”.
Represión
en la cárcel de Coronda
Agradecemos esta nota a los compañeros de la CADH Rosario (Comisión
Antirrepresiva y por los DDHH).
El lunes
29 de agosto, junto al militante y periodista Oscar Castelnovo, fuimos
a la Unidad Nº 1 de Coronda, increíblemente llamada la “Modelo”
para presentar el libro “Cárceles de Mala Muerte”,
un informe que denuncia claramente las atroces condiciones de detención
en que se encuentran los detenidos en las cárceles de nuestro
país. Este informe y los participantes de esta actividad fueron
los destinatarios del odio represivo del servicio penitenciario del
“socialista” Binner y sus secuaces.
Las violentas
requisas a cargo primero del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias),
una especie de robocops, asesinos y ladrones, y luego de la guardia
armada del servicio, se ensañaron con las escasas pertenencias
de los detenidos a los que obligaron a permanecer desnudos en los pasillos
mientras eran insultados, verdugueados y saqueados por los delincuentes
de uniforme.
Más
allá de los falsos argumentos para justificar estas acciones,
queda claro que el objetivo es disciplinar a la población carcelaria,
impidiendo su organización y cualquier contacto con los que luchamos
contra la represión del estado capitalista hacia los sectores
sojuzgados del pueblo, y, en especial, a los encerrados en sus cárceles
de mala muerte.
Desde
la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos, sostenemos
que es deber de toda organización popular denunciar y enfrentar
al aparato represivo del estado en cualquier lugar donde éste
se manifieste, sea en el accionar policial en las calles, en el gatillo
fácil, en las torturas y vejámenes en las comisarías
o en la condición infrahumana de los presos en los penales.
FUENTE: CORREPI
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