BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 627
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
18 de
octubre del 2011
Del 26
de septiembre de 2011
Sumario:
1.
Triunfo contra la criminalización de la lucha.
El
19 de septiembre, el juez federal de Quilmes, tuvo que sobreseer a nueve
compañeros ferroviarios acusados de “atentado ferroviario”,
por reclamar sobre las vías de Avellaneda...
2.
La estrategia de reformar las medidas represivas continúa.
Dos
nuevos proyectos vienen a sumarse a los ya puestos en práctica
para continuar acentuando el carácter represivo, siempre bien
maquillado, de este gobierno...
3.
Atentado incendiario contra delegado de la línea 60.
El
lunes pasado, a la madrugada, el ataque fue contra el compañero
Néstor Marcolin, cuyo auto fue incendiado en la puerta de su
casa, frente a toda su familia...
4.
Más gatillo fácil.
Una
vez más, las noticias de la semana nos muestran que el gatillo
fácil es una realidad tan extendida como recurrente. En los últimos
días, cinco personas murieron bajo fuego estatal...
5.
La impune criminalidad policial.
Detrás
de cada crimen, hay al menos, un policía implicado. Tres ejemplos
más que nos demuestran que “inseguridad”, es la policía
en la calle...
25 de
noviembre, en Plaza de Mayo, PRESENTACIÓN del ARCHIVO DE CASOS
DE PERSONAS ASESINADAS POR EL APARATO REPRESIVO ESTATAL 2011.
Triunfo
contra la criminalización de la lucha
El 19
de septiembre, el juez federal de Quilmes, tuvo que sobreseer a nueve
compañeros ferroviarios acusados de “atentado ferroviario”,
por reclamar sobre las vías de Avellaneda, el 25 de enero de
este año, el demorado ingreso de los tercerizados a UGOFE. Desde
CORREPI, y junto con el Ceprodh, habíamos asumido las defensas
de los compañeros.
La denuncia
contra los trabajadores la hicieron la empresa UGOFE y el subsecretario
de Transporte, Antonio Luna. Una vez más, el frente único
de la burguesía, para perseguir a trabajadores, mostró
su aceitado funcionamiento.
Cabe recordar
que este frente, compuesto por la empresa, la burocracia sindical y
el estado, es el que organizó y ejecutó el asesinato de
Mariano Ferreyra. La burocracia reclutó a la patota, UGOFE licenció
a los 120 matones para que pudieran faltar a sus trabajos, y el estado,
a través de su policía, participó del plan criminal;
primero, permitiendo el ataque de la patota y, luego, cubriéndole
las espaldas para que pudieran fugarse.
También
es necesario saber que los policías que dirigieron aquel operativo
policial, destinado a asegurar la impunidad del asesinato de Mariano,
son “testigos” consuetudinarios en las causas que el gobierno
y UGOFE arman a los trabajadores que salen a la luchar. Así,
los comisarios Mansilla y Ferreyra, por ejemplo, son citados siempre
por la empresa como testigos.
Es lo
que ocurrió en esta causa, y lo que ocurre en las causas que,
por extorsión, se siguen en el mismo juzgado contra los compañeros
de Causa Ferroviaria por los hechos del 23 de diciembre de 2010 en Constitución,
y contra los vendedores ambulantes del Roca y dos militantes dela TPR,
por otro corte de vías a principios de marzo de 2011.
Paralelamente,
también fuimos notificados de la absolución del compañero
Juan Oribe, estudiante y militante del PTS, que debía ir a juicio
por un corte de calle, de mediados de 2010, en solidaridad con Kraft,
y que CORREPI defendía junto con el Ceprodh.
El 10
de agosto, él, y sus compañeros Jésica Calcagno
y Patricio del Corro, habían sido absueltos por la justicia contravencional
porteña, que había intentado condenarlos por haber participado,
en 2009, de varios cortes en apoyo a la lucha de los trabajadores de
Kraft-Terrabusi.
Los fiscales
Aníbal Brunet y Martín Lapadú habían pedido
40 días de arresto, presentando como pruebas videos y fotos obtenidas
por policías de civil, infiltrados en las manifestaciones, y
luego comparadas con imágenes bajadas de las páginas web
de las organizaciones. Así, de los miles de participantes en
15 movilizaciones, fueron seleccionados estos tres compañeros,
porque fueron los que pudieron identificar.
Quedaba
pendiente un solo hecho, por el que estaba acusado Juan Oribe únicamente.
El Fiscal tuvo que desistir de la acusación por falta de pruebas.
Esto demuestra, además, la falsedad de una causa que fue armada
para amedrentar a militantes, como todas las restantes causas que amenazan
a 6.000 luchadores del campo popular.
La única
forma de enfrentar esta política de criminalización de
la protesta es con más organización y más lucha.
Si nos tocan a un compañero, nos tocan a todos.
La
estrategia de reformar las medidas represivas continúa - RECOMENDADA
Dos nuevos
proyectos vienen a sumarse a los ya puestos en práctica para
continuar acentuando el carácter represivo, siempre bien maquillado,
de este gobierno.
Por una
parte, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, anunció la primera
Escuela de Policía descentralizada de la provincia, que comenzará
a funcionar en la ciudad de Mar del Plata partir de 2012. Allí,
más hombres y mujeres podrán formarse en materia represiva,
como todos los uniformados con traje y chapa que están al servicio
del estado, sólo que serán “locales” que viven
y conocen la zona en donde desempeñarán sus tareas, lo
que les permitirá un mayor control sobre los barrios.
Para fines
de 2012 saldrá la primera camada de egresados, que serán
unos 300 efectivos. Para ir entrando en calor, en los próximos
días estarán sumándose al patrullaje actual del
sur de la ciudad, a la altura del camino viejo que comunica a la ciudad
con Miramar, 30 vehículos listos para accionar cuando lo crean
necesario.
La Metropolitana
de la ciudad de Buenos Aires también sumó: lanzó
a la calle a 103 nuevos agentes, que se agregan a los 2.500 que ya están.
Por otro
lado, la Comisión por la Memoria, uno de esos organismos pensados
para mostrar la cara “buena” del estado represor, se acordó
que, desde hace décadas, está pendiente la creación
de la “policía judicial”, para asistir a los fiscales
en la investigación de las causas, dependiendo, como ellos, de
la Procuración de la Corte.
Dijo Garré
al respecto: “Es el desafío del estado nacional y de los
estados locales ir dando respuestas satisfactorias a través de
policías más profesionales, más transparentes,
con un control político realmente muy firme del manejo de la
policía”. Como si no tuvieran, todos los gobiernos, el
más firme manejo de su aparato represivo.
Se sigue
haciendo propaganda con la mentira. Los fiscales y los jueces de instrucción,
es decir, los que “investigan los delitos”, a pesar de las
reiteradas reformas anunciadas con bombos y platillos a cada rato para
“agilizar la instrucción”, se dedican a mandar, desde
sus despachos con aire acondicionado, causas e instrucciones a la policía,
que es quien, como toda la vida, construye los expedientes. Con la creación
de la “policía judicial” nada cambiará, salvo
el cartelito en la puerta de la dependencia policial, como cuando, en
1998, las “Unidades Regionales” pasaron a ser “DDI
(Dirección de Investigación)”, con el mismo argumento
de la “separación de la policía operativa de la
judicial”.
Dependan
del Ministerio Público Fiscal, o del Ministerio de Seguridad,
en la nación o en las provincias, los policías seguirán
siendo lo que son: el ejecutor de la política represiva estatal.
Atentado
incendiario contra delegado de la línea 60 - RECOMENDADA
El largo
conflicto que vienen protagonizando los trabajadores de la línea
60 por sus condiciones laborales, fue noticia en los medios esta semana,
pero no por lo prolongado y duro de la lucha, ni por los ataques que
todo el tiempo deben enfrentar del gobierno, de la patronal y de su
eterna aliada, la burocracia sindical, sino porque estuvieron de paro
cinco días, y, además de la huelga, hubo movilizaciones
y cortes de la Panamericana y del Puente Pueyrredón.
Las medidas
se decretaron como respuesta inmediata y efectiva de los compañeros
frente a un nuevo ataque por parte de la patota burocrática,
la misma que, tantas veces, emboscó y golpeó trabajadores.
El lunes pasado, a la madrugada, el ataque fue contra el compañero
Néstor Marcolin, cuyo auto fue incendiado en la puerta de su
casa, frente a toda su familia.
El atentado
se produjo, no por casualidad, horas antes de las asambleas que se iban
a hacer en las cabeceras, para avanzar en el plan de lucha en el marco
del conflicto laboral con la empresa. Así, poco después
de que el accionista principal de la empresa amenazara al cuerpo de
delegados, la patota sindical concretó el atentado contra uno
de los referentes de los trabajadores.
Más
temprano que tarde, todo reclamo, todo conflicto, cada lucha, choca
con la ineludible represión, respuesta inmediata que articulan,
de conjunto, los enemigos históricos de la clase obrera. Enfrentar
organizadamente la represión, venga del aparato represivo oficial,
con uniformes, o del oficioso, con las patotas de la burocracia sindical,
es una tarea imprescindible en el camino de la defensa de los intereses
de los trabajadores.
Más
gatillo fácil
Una vez
más, las noticias de la semana nos muestran que el gatillo fácil
es una realidad tan extendida como recurrente. En los últimos
días, cinco personas murieron bajo fuego estatal.
Daniel
Bazán, un colectivero de la línea 503, de Merlo, fue asesinado
por un ex suboficial del ejército, de 81 años de edad.
El ex militar, al presenciar el accidente de tránsito en el que
un colectivo atropellara a su esposa, extrajo un revólver Dobermann
calibre 32 que llevaba en la cintura, y le disparó al chofer
en el pecho sin mediar palabra, lo que provocó su muerte horas
después. Debido a su edad, el ex suboficial goza de una detención
domiciliaria.
Por otra
parte, en esta misma semana, tres jóvenes (un pibe de 17 años
en Liniers, otro de 20, Roberto Román Montoya, en La Matanza,
y otro más en Villa Tesei) murieron en hechos de represión
policial, presentados por los medios de comunicación como enfrentamientos
entre policías y ladrones.
Por último,
en la ciudad bonaerense de Navarro, el teniente primero Luis Oscar Alem
baleó a su ex mujer, mientras mantenían una discusión,
con el arma reglamentaria. Luego se suicidó de un disparo en
la cabeza.
A puro
gatillo fácil, el estado sigue asesinando.
La
impune criminalidad policial - RECOMENDADA
Detrás
de cada crimen, hay al menos, un policía implicado. Tres ejemplos
más que nos demuestran que “inseguridad”, es la policía
en la calle.
1) En
septiembre del año pasado, cinco delincuentes armados y encapuchados,
actuando como grupo comando, asaltó una sucursal del Banco Nación
en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Con un cilindro de metal
de unos 80 centímetros de largo y pintado de negro, muy similar
al “revientapuertas” que utiliza la policía en los
allanamientos, destrozaron el blindex de la entrada y accedieron al
salón principal del banco; extrajeron armas de fuego y amenazaron
a los empleados hasta que llegaron al tesoro, de donde se llevaron más
de dos millones de pesos en efectivo.
En la
fuga, los asaltantes se tirotearon con un agente de la Policía
de Tránsito que pasaba por el lugar, quien recibió un
balazo en una pierna.
El hecho
fue utilizado por los grandes medios para hablar de la “inseguridad”,
y exigir, como siempre, más presencia policial en las calles.
Pero a medida que avanzó la investigación, y como sucede
tarde o temprano ante cada hecho delictivo, terminó saltando
el botón.
A tal
punto, que la Cámara Federal acaba de confirmar el procesamiento
con prisión preventiva de dos federales, Javier Chejolán
y Adrián Romero, con antecedentes ambos en este tipo de delitos
pero que estaban en actividad, y un ex policía, Ángel
Martínez, que era el custodio de la sucursal del Banco, y pidió
que se investigue si hubo “connivencia de estamentos superiores
de la fuerza” dado que todas las pistas señalan ese camino…
2) El
20 de septiembre, la cámara criminal porteña confirmó
el procesamiento del policía federal Flavio Núñez,
por haberle cobrado diez mil pesos a un integrante de la barra brava
de Boca para no meterlo preso. En la misma causa están también
procesados el ex titular de la Comisaría 24, el ahora ex comisario
Eduardo Enrique Meta, y el inspector Esteban Alberto Pérez Méndez.
Todos
le pidieron una coima al barra brava de Boca Richard William Laluz Fernández,
alias "El Uruguayo Richard", para hacer la vista gorda y no
hacer efectivo un pedido de captura que pesaba sobre él desde
2006.
3) En
el caso de mayor repercusión mediática, el crimen sufrido
por la pequeña Candela Rodríguez, está también
por saltar el inevitable botón. Las sospechas sobre la connivencia
de policías con integrantes de la banda llevaron a la fiscalía
de Morón a requerirle a la Secretaría de Inteligencia
(ex SIDE) que intervenga cinco teléfonos cuyos titulares son
policías de la provincia de Buenos Aires. Concretamente, se sospecha
el aporte de logística para el crimen, y la destrucción
de evidencia importante.
Así
las cosas, mientras ellos delinquen, el gobierno no sólo los
protege, sino que, además, los premia. Basta observar en cuantos
millones de pesos aumentó el presupuesto policial desde la famosa
“ola de inseguridad”, que ellos mismos han provocado. Ellos
son la “inseguridad”, aunque, para ellos, seamos nosotros.
FUENTE:
CORREPI
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