BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 628
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
18 de
octubre del 2011
Del 4
de octubre del 2011
Sumario:
1.
Gobernador electo "modelo". RECOMENDADA
El
prontuario del gobernador electo de Río Negro y los aplausos
que cosechó su triunfo muestran la naturaleza del kirchnerismo...
2.
Represión en las cárceles, la calle y las casas.
Muertes
en cárceles, detenciones arbitrarias y torturas, tres ejemplos
de la represión cotidiana...
3.
Los indígenas luchan por sus derechos, Evo los reprime.
Represión,
heridos y un chico muerto para defender el “progreso” ...
4.
Caso Candela: Saltó el botón, y es un viejo conocido.
La
conexión policial del crimen de la nena ya tiene nombre: El “Orejón”
Brítez ...
5.
Inseguridad es la policía en la calle.
Todos
estos casos siguen reafirmando lo que nunca vamos a cansarnos de decir,
la policía esta presente en la mayoría de los hechos de
criminalidad ...
6.
Estudiantes filmados, espiados y perseguidos.
Nota
enviada por los compañeros del Colectivo de Militantes de El
Bolsón. RECOMENDADA
25 de
noviembre, en Plaza de Mayo, PRESENTACIÓN del ARCHIVO DE CASOS
DE PERSONAS ASESINADAS POR EL APARATO REPRESIVO ESTATAL 2011.
Modelo de gobernador electo - RECOMENDADA
El triunfo
del candidato peronista Carlos Soria en las elecciones de Río
Negro fue festejado por el gobierno y el conjunto del kirchnerismo con
bombos y platillos, y aplaudido como un nuevo anticipo de lo que vendrá.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lo calificó
de "histórico". Esos y otros halagos oficiales al candidato,
sumados a su historia política y personal, dan una buena muestra
del verdadero carácter del partido de gobierno.
Carlos
Soria, hoy gobernador electo de Río Negro, fue uno de los hombres
de mayor confianza de José Luis Manzano, de Menem y de Duhalde.
En 1994, cuando el criminal de guerra nazi Erich Priebke, responsable
de más de 300 asesinatos en las Fosas Ardeatinas durante la segunda
guerra mundial, fue descubierto en Bariloche, Soria defendió
a su compañero de almuerzos, y logró que, en mayo de ese
año, Menem dijera: “por opiniones que recibo pareciera
que Erich Priebke es una buena persona”.
Unos años
después, cuando Videla fue detenido por el robo de bebés,
puso en duda públicamente que existiera un plan de apropiación
de los hijos de desaparecidos durante la dictadura.
En 1999,
fue el autor de un paquete de leyes que profundizaban la dureza del
sistema penal, aumentando penas para los delitos que les adjudican a
los pobres y dificultando las excarcelaciones.
Poco después,
fue designado ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos
Aires. Lo primero que hizo fue hacer público su apoyo a los Sin
Gorra, los policías bonaerenses echados en las grandes purgas
después del asesinato de José Luis Cabezas. “Me
pregunto si esos efectivos tenían de verdad malos antecedentes,
porque me juego la cabeza que los verdaderos delincuentes quedaron adentro
de la policía y que echamos a los que ponen el pecho diariamente”,
dijo a los medios a poco de asumir. En la lista de exonerados, por ejemplo,
aparecían –tardíamente, por supuesto- los torturadores
y asesinos de Miguel Bru, de Sergio Durán y de Andrés
Núñez...
En 2002,
cuando Eduardo Duhalde asumió la presidencia, eligió a
Soria para dirigirla SIDE. Como Secretario de Inteligencia, fue, junto
a Juan José Álvarez y Alfredo Atanasof, el gestor de la
operación represiva del 26 de junio de 2002 en Avellaneda. Desde
mucho antes de la anunciada movilización, de la que participarían
todas las agrupaciones de trabajadores desocupados, cortando simultáneamente
todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires, preparó informes
de inteligencia basados en el espionaje de las organizaciones, que permitieran
al gobierno justificar la represión.
En sus
informes, hablaba de la existencia de una “nueva amenaza subversiva”
que debía ser “neutralizada” y denunciaba vínculos
entre las FARC y los movimientos piqueteros.
En el
juicio por la masacre del Puente Pueyrredón, donde sólo
declaró como testigo debido a la decisión política
de limitar la causa a los policías, lo dijo con todas las letras:
“Yo analizaba junto a los ministros la situación y siempre
surgían los mismos temas: cacerolazos, caos, cortes de ruta,
escraches. Este era un caso testigo porque por primera vez todas las
organizaciones sociales se ponían de acuerdo. No lo podíamos
permitir. La democracia funciona con orden”.
Y no sólo
no lo permitieron, y asesinaron a Maximiliano Kosteki y Darío
Santillán. Enseguida, con los informes de la SIDE dirigida por
Soria, el ministro de justicia, Vanossi, denunció ante la justicia
federal a todos los referentes piqueteros, acusándolos de urdir
un complot para derrocar el gobierno. Las “pruebas” eran
la desgrabación de los discursos y conclusiones de la Segunda
Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, y una hoja
del cuaderno con apuntes sobre el Hombre Nuevo que nuestro compañero
Carlos Petete Almirón tenía en la mochila cuando lo asesinó
la policía en 9 de Julio y Avenida de Mayo el 20 de diciembre
de 2001.
Más
recientemente, en marzo de este año, CORREPI se hizo eco de la
denuncia del Foro por la Vivienda de Cipoletti, cuyos integrantes sufrieron
aprietes de todo tipo por patotas y policías al servicio del
intendente Alberto Weretelnikc, hoy vicegobernador elegido junto a Soria.
Ese es,
entonces, el “histórico triunfo” del que habla Aníbal
Fernández. El triunfo de otro representativo ejemplar del partido
de gobierno, el mismo gobierno que, desde el viernes, ha sumado otros
5 presos políticos en sus calabozos, mostrando que sigue siendo,
más allá de su discurso, lo que fue siempre: un gobierno
represor, y de derecha.
Represión
en las cárceles, la calle y las casas
EN PRISION…
La Procuración
Penitenciaria Nacional (PPN) denunció en su informe anual ante
la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo que detectó
91 muertes en prisión entre enero de 2009 y el primer trimestre
de 2011, dando cuenta de un significativo aumento del 40% en los casos
de torturas y malos tratos en la cárceles federales.
En cuanto
a las circunstancias de esas muertes violentas, el informe detalla ahorcamientos,
muertes como consecuencia de incendios, caídas de altura, por
heridas cortantes, y muerte producto de una meningitis, cuya infección
es consecuencia de la fractura de los huesos por encima de los ojos,
producida por una golpiza recibida al interior del Complejo Penitenciario
Federal I de Ezeiza.
EN LA
CALLE…
Tres policías
de la comisaría de Río Mayo, Chubut, son investigados
por el ministerio Público Fiscal de Sarmiento en un caso de privación
ilegítima de la libertad de un joven de 17 años, quien
además fue torturado.
En un
boliche, el pibe discutió con la novia, que no tuvo mejor idea
que denunciarlo en la comisaría. Minutos más tarde, tres
policías lo detuvieron en la calle. En la comisaría lo
golpearon, para luego trasladarlo, a bordo del patrullero, hasta una
zona descampada en inmediaciones del aeródromo de Río
Mayo, donde le quitaron las medias y las zapatillas, le apuntaron con
un arma de fuego y lo obligaron a que corriera en la oscuridad.
Y EN CASA…
En el
Boletín Informativo 522, relatábamos lo que ocurrió
el 8 de marzo, en Corcovado, Pcia. de Chubut, cuando, buscando a un
prófugo, más de cien hombres del Grupo Especial de Operaciones
Policiales (GEOP) invadieron el pueblo de Corcovado, a 100 Km. de Esquel,
provincia de Chubut, y, tras casi 11 días de militarización
y estado de sitio, el saldo fue de un muerto, varios heridos graves,
un desparecido (Luciano González) y dos decenas de allanamientos
violentos y torturas.
Esos hechos,
para jueces y fiscales, se resumen en “abuso de autoridad”
y “vejaciones agravadas cometidas mediante violencia física
y amenazas”, delitos por los que, el próximo 17 de octubre,
comenzará a ser juzgado solamente el comisario Miguel Ramón
Gómez.
Aquel
mes de marzo, una comisión del GEOP, integrada por ocho policías
bajo las órdenes del comisario Gómez, ingresó violentamente
a distintas casas, buscando a Cristian Bustos, prófugo por homicidio.
En el operativo, su hermano Wilson Ruperto Bustos (19) fue fusilado,
y torturaron al de 16 años, Marcos Abraham Bustos, hasta dejarlo
parapléjico luego de pegarle un tiro en el pecho. Al tercero,
Daniel Ernesto Bustos (22), le dispararon en la pierna cuando se encontraba
arrodillado y con las manos en alto.
En la
ampliación del operativo fueron invadidas otras casa, y golpeadas
y torturados otros vecinos, como un hombre atacado a culatazos y patadas
en el cuello y espalda, mientras apuntaban a su hijita de 5 años
a la cabeza, después de arrastrarla del pelo para que viera lo
que hacían a su padre.
En el
juicio que está por comenzar, sólo se analizará
si hubo “se le fue la mano un poco” al comisario, en relación
a sólo unos pocos casos por los que el fiscal pidió la
elevación a juicio. No vaya a ser que pongan en cuestión
su derecho a reprimirnos.
Los
indígenas luchan por sus derechos, Evo los reprime
Hace más
de 40 días, indígenas habitantes del Parque Nacional Isiboro
– Sécure (Tipnis) iniciaron una multitudinaria marcha hacia
La Paz, exigiendo que se detengan las obras de construcción de
la carretera financiada por el gobierno de Brasil, que uniría
los departamentos de Beni y Cochabamba. El reclamo indígena pone
al descubierto la verdadera cara del gobierno de Evo Morales, quien
valora, al mejor estilo neoliberal, el progreso económico de
unos pocos contra el mantenimiento y preservación de una enorme
reserva natural.
La primera
medida de Evo Morales fue enviar un mediador, David Choquehuanca, para
dialogar con los indígenas, quienes lo obligaron a marchar con
ellos durante tres horas. Como esta medida no funcionó, recurrió
a la vieja fórmula que tiene la clase dominante para hacer entrar
en razón a cualquiera que proteste: la represión.
El domingo
25, con la excusa de “cuidar” a los cocaleros leales a Evo,
la policía desplegó un operativo en Yucumo para dispersar
a los manifestantes que incluyó gases lacrimógenos y balas
de goma. Buena forma de cuidar, el resultado de la represión
fue de decenas de desaparecidos, alrededor de 50 heridos y un niño
indígena muerto. Inclusive la represión se descargó
sobre los médicos y enfermeras de las ambulancias que quisieron
socorrerlos.
La reacción
popular no se hizo esperar, durante toda la semana hubo marchas en las
principales ciudades del país. En Santa Cruz, más de 20
personas iniciaron una huelga de hambre; en Trinidad se realizó
un paro cívico con bloqueo de calles y avenidas; en Sucre, Potosí,
La Paz y Oruro se suceden las marchas de repudio al accionar del gobierno
y en apoyo a los indígenas de la Amazonia.
Lo que
tampoco se hizo esperar fue el intento, por parte de los funcionarios,
de despegar a Evo Morales de la represión. Intento fallido, ya
que el mismo ministro de gobierno, Sacha Llorenti, antes de presentar
su renuncia, justificó la represión. La siguiente en presentar
la renuncia fue la ministra de defensa, Cecilia Chacón, quien
confirmó públicamente que la orden vino de Evo Morales.
Lógicamente no faltaron las patéticas declaraciones de
Evo Morales, asegurando que la marcha de los indígenas respondía
a un plan comandado por la embajada de EEUU para desestabilizar su gobierno,
recurriendo a la conocida fórmula de cualquier gobierno populista
para justificar lo injustificable.
Como podemos
ver, en todas partes, gobierne quien gobierne, todos recurren a la represión.
El pueblo boliviano depositó sus esperanzas en Evo Morales debido
a su origen aymara, pero para él pesa más su posicionamiento
de clase y no duda en mandar a sus perros guardianes a reprimir a quienes
lo consideraron su hermano.
Caso
Candela: saltó el botón, y es un viejo conocido
Cuanto
más se avanza en la investigación por el asesinato de
Candela Rodríguez, más luz se hace sobre el entramado
mafioso que maneja la policía. El caso marca a las claras las
relaciones estrechas entre peligrosos delincuentes profesionales (piratas
del asfalto, narcotraficantes, tratantes de blancas, etc.) y las redes
delictivas manejadas por la policía, delincuentes de uniforme.
El último
detenido en la causa es un informante de la policía bonaerense.
Héctor "el Topo" Moreira, fue señalado por el
papá de Candela (preso por piratería del asfalto) como
un posible sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato, enmarcándolo
en el ajuste de cuentas. Pero lo que resulta más sospechoso es
la forma en que detuvieron al "Topo". Los policías
lo fueron a buscar "como amigos", para que los ayudara con
un allanamiento. El “Topo" Moreira colaboraba frecuentemente
con los policías; fue una pieza clave en allanamientos contra
narcotraficantes y participó activamente en la investigación
policial por el secuestro y muerte de Candela. De tanto "trabajar"
con ellos, subió sin sospechar al patrullero.
Cuando
llegaron a la comisaría de Villa Tesei (partido de Hurlingam)
le informaron que se quedaba, pero ya no como amigo, sino como detenido.
Acá empezó a saltar el botón.
El "Topo"
tiene aceitados vínculos con policías de San Martín,
Hurlingam y la DDI de La Matanza, y era el informante preferido y brazo
ejecutor de Claudio "el Orejón" Brítez en algunos
de sus "negocios". Claudio Brítez es un policía,
fundador de una banda parapolicial mafiosa conocida como "Los Magníficos",
que funciona desde hace 12 años en San Martín y que es
muy conocida por jueces, fiscales, abogados y vecinos de la zona. Aunque
todo el mundo conoce sus vinculaciones con el narcotráfico, casualmente
nunca se le pudo probar nada.
No obstante,
fue pasado a disponibilidad en 2009 porque, siendo subcomisario en Matheu,
Escobar, no pudo explicar qué hacía en San Martín
tiroteándose con hombres del narcotraficante Gerardo Goncebat,
señalado como el heredero de "Mameluco" Villalba (ocasión
en que "bajó" a dos hombres de Goncebat) y competidor
de su otro hermano, Daniel “Cartucho” Brítez (ver
Boletín nº 522).
Una vez
que sacaron a Goncebat del medio, el narcotráfico en San Martín
pasó a manos de Carlos "El Negro" Gómez, un
capo narco de la Villa 9 de Julio, que siguió siendo el socio
de Daniel Brítez.
Ahora
parece que la investigación del caso Candela seguirá esta
línea. Mientras tanto ¿qué van a hacer con los
"perejiles" que están presos? A saber: un carpintero,
una depiladora, un verdulero, un fletero, un albañil, entre otros.
Esta semana, Alberto Espíndola, el albañil, denunció
ante el fiscal que los policías lo torturaron por 10 horas con
golpes y el "submarino seco" para que imputara con su testimonio
a otros tres hombres. Anteriormente, se había dado a conocer
a los medios que el verdulero Fabián Gómez, había
presentado en marzo un hábeas corpus luego de que agentes de
la DDI de Morón le exigieron dinero a cambio de no armarle una
causa judicial; y que desde abril, cuatro policías de esa misma
departamental están detenidos por extorsión y por sus
conexiones con piratas del asfalto, narcotraficantes y desarmaderos.
La DDI
de Morón es una de las brigadas de la Policía Bonaerense
que participó de la investigación del crimen de Candela.
El caso Candela es muy sensible a la maquinaria mafiosa de la policía.
A más de un mes de la aparición de la nena muerta, los
policías tuvieron suficiente tiempo para entorpecer la investigación
judicial y para reordenar sus vínculos y lealtades. Ellos tienen
que proteger sus negocios, y sabe muy bien como hacerlo.
Inseguridad
es la policía en la calle
Hasta
julio de este año, Juan Manuel “El Chueco” Rossi
era el agente, modelo, serio y trabajador, el más destacado de
la Subdelegación de Drogas Ilícitas La Plata con sede
en Lobos. Hasta que se descubrió que era quien protegía
y proveía de cocaína a los narcos que comercializaban
estupefacientes en las mismas zonas que él debía custodiar.
En el
momento de su detención se encontraron dentro de su coche, algunas
bochas de cocaína y una balanza de precisión. Rossi vendía
drogas con el teléfono celular que le había entregado
el ministerio para investigar policías.
La investigación,
que comenzó en 2009, se encontraba frenada hasta principios de
este año, cuando el detective (también policía)
apodado “El Gnomo” comenzó a seguir a los sospechosos.
Luego de pocos meses, pidió la intervención del teléfono
celular de Juan Carlos “Roly” Coronel, un conocido vendedor
de drogas de la zona y descubrió que dentro de los contactos
de “El Roly” había policías, que protegían
a los narcos y habían montado cocinas de cocaína para
comenzar a proveer a los vendedores.
El miércoles
21/9 fueron detenidos Luis Oscar Warinet y Jorge Guillermo Viciconti,
comisario y jefe de calle de la comisaría de San Miguel del Monte.
Los policías
recibían la droga de manos de El Chueco Rossi y luego se la entregaban
a dos dealers de la zona, a los que protegían y cobraban por
el comercio de cocaína, También armaban causas a personas
con antecedentes penales, obligándolas a vender la cocaína
que ellos mismo proveían.
El 28
de septiembre, Javier Lucero, empleado de seguridad de la Cámara
de Diputados de la Nación , fue detenido en el barrio porteño
de Belgrano, cuando se trasladaba en una camioneta con 3,600 kilos de
cocaína.
Dos días
después, ocho agentes del Comando Radioeléctrico de Rosario
fueron capturados y son los principales sospechosos de asaltar un supermercado.
El robo se realizó en el marco de un supuesto operativo sin orden
de allanamiento.
En esa
misma ciudad, una mujer denunció que el subjefe de la comisaría
20ª la manoseó, cuando la hizo pasar a su despacho para
tomarle una denuncia.
Todos
estos casos siguen reafirmando lo que nunca vamos a cansarnos de decir,
la policía esta presente en la mayoría de los hechos de
criminalidad, desde los grandes atracos y redes de narcotráfico,
hasta los robos menores, ya sea liberando zonas, o participando activamente
de la organización de estos crímenes, al fin de cuentas,
siempre salta el botón.
Estudiantes
espiados, filmados y perseguidos - RECOMENDADA
Agradecemos
el envío de esta nota a los compañeros del Colectivo de
Militantes por los DDHH de El Bolsón.
El pasado
miércoles 7 y jueves 8 de septiembre, los estudiantes de las
escuelas secundarias de la Comarca Andina, nucleados en la Federación
de Estudiantes Secundarios (F.E.S.), organizaron una marcha y sentada
frente al edificio de Delegación Regional de Educación
de Río Negro solicitando mejoras edilicias en los colegios secundarios,
un reclamo que se viene realizando desde hace veinte años en
la localidad de El Bolsón.
Parece
que la cercanía con las elecciones puso nervioso a más
de un candidato, como es el caso de César Barbeito, quien se
desempeñara como ministro de educación de la provincia
durante el gobierno de Saiz.
Como es
costumbre, las fuerzas represivas no perdieron la oportunidad para intimidar
a los jóvenes integrantes de la F.E.S., y durante estas actividades
fueron filmados, primero por un empleado de educación, Horacio
Muñoz y luego, durante la sentada por el Sargento Primero Julio
Gatica y el Cabo Morales, de la policía de Río Negro.
Como es
costumbre también, ante el reclamo de las directoras del CEM
30 y 48 por la filmación a menores de edad, el único referente
local de la justicia penal, el fiscal Francisco Arrien le esquivó
al bulto, considerando que mejor que denunciar, era que las directoras
fueran a “charlar con el comisario Carlos Cabrera”, jefe
policial máximo en la localidad.
La respuesta,
como es lógico por parte del archiconocido en la localidad comisario
Carlos Cabrera, por su efectiva gestión para reprimir, fue una
nota hacia las directoras que no tiene nada que envidiarle al general
Camps.
En ella
deja entrever su animosidad hacia “…militantes de partidos
de izquierda y del Partido Justicialista…” que participaran,
según su letra, de las manifestaciones. Además cuestiona
a las directoras, diciendo que si no saben por qué los filmaron
es porque no estuvieron presentes (algo así como “si les
pasó algo es porque usted no los cuidó…”);
que no le pidieron permiso para manifestarse; que en la marcha había
adultos, y no sólo jóvenes... Estos son algunos, por no
abundar en detalles, de los desatinos con que responde el comisario.
Gracias
a las movilizaciones y el alerta permanente en que se encuentran padres,
docentes y estudiantes, la justicia dio lugar a un recurso de amparo
presentado por el padre de uno de los chicos menores. A pesar de esto,
el jueves 29 un joven integrante de la F.E.S. fue demorado durante veinte
minutos en la comisaría por dibujar dos arbolitos con acrílico
en una de las paredes de cemento del mástil de la Plaza Pagano.
Cuando otros jóvenes se acercaron a la comisaría, los
requisaron y les pidieron documentos.
A pesar
de las intimidaciones, los jóvenes continúan movilizándose
y organizándose, porque es la única forma de hacer frente
a la red de impunidad que involucra a funcionarios políticos,
policías y poder judicial. Colectivo de Militantes por los DDHH
de El Bolsón.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
20.912
