BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 630
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
8 de noviembre
del 2011
Del 17
de octubre del 2011
Juicio
al gatillo fácil:
¡Condena
al vigilador privado que asesinó a Luis Bolaño!
El 14
de marzo de 2009, a la madrugada, Luis Alberto Bolaño, un joven
discapacitado motriz y con retraso madurativo de 27 años fue
fusilado por Juan Pablo Rodríguez, vigilador de la empresa Clave
SRL, contratada por el municipio de Malvinas Argentinas, y su intendente
mafioso Jesús Cariglino. El 20 de septiembre vamos a juicio,
mientras su familia, organizada en CORREPI, viene sufriendo aprietes
y amenazas, al punto de que les balearon la casa al grito de “dejate
de joder o te vamos a matar a toda la familia”. Mientras tanto,
el asesino de Luis llega al juicio en libertad.
Sumario:
1.
La represión continúa siendo política de estado
Se cumplen
ya 5 años de la desaparición de Julio López, uno
del más de medio centenar de desaparecidos en democracia, y el
caso que más trascendió, junto al de Luciano Arruga, de
desaparecidos en la gestión kirchnerista. Casos que, gracias
a la movilización popular, señalaron al gobierno como
responsable por su desaparición y la impunidad que continúa...
2.
Otra sentencia de la Corte IDH para que el estado argentino incumpla
... en
una sociedad dividida en clases sociales, no existe nada que sea para
“todos y todas” y la justicia es uno de los ejemplos más
claros, como una herramienta más de la clase dominante para defender
sus intereses...
3.
Estudiantes reprimidos por luchar fueron sobreseídos
En octubre
del año pasado, unos 300 alumnos de la facultad de Sociales de
la UBA se movilizaron al ministerio de Educación y lo tomaron
para exigir la mudanza de la facultad al edificio de Constitución...
11 estudiantes fueron detenidos...
4.
Catamarca: Cuatro adolescentes asesinados en una comisaría
...Los
pibes, de 16 y 17 años, estaban presos en la Alcaidía
de Menores. Franco Sosa, Nelson Molas, Nelson Fernández y Franco
Nieva se sumaron a la lista que crece, y no deja de crecer, al ritmo
de un pibe por día, asesinado por el gatillo fácil, o,
como ellos, en una cárcel, comisaría o instituto de menores...
5.
Represor de ayer, vigilador de hoy
...Una
nueva muestra de que la letra de las leyes que, por ejemplo, prohíben
formalmente la actividad en agencias de seguridad privada a quienes
cuentan con antecedentes represivos, está allí sólo
para adornar y facilitar el discurso oficial, sin ninguna aplicación
real, salvo cuando salta el botón y hay que aparentar que se
hace algo...
6.
No hay fronteras para la represión estatal
En todas
partes, los gobiernos capitalistas recurren a la represión porque
es la única manera que tienen de acallar la protesta social y,
como siempre, las fuerzas represivas del estado torturan y matan al
pueblo, porque esa es su función y no otra. Así es como
ejercen los gobiernos el control social.
La
represión continúa siendo política de estado
Se cumplen
ya 5 años de la desaparición de Julio López, uno
del más de medio centenar de desaparecidos en democracia, y el
caso que más trascendió, junto al de Luciano Arruga, de
desaparecidos en la gestión kirchnerista. Casos que, gracias
a la movilización popular, señalaron al gobierno como
responsable por su desaparición y la impunidad que continúa.
Poco falta
para que termine el año 2011. En los meses que llevamos transitados,
se sumaron a nuestro archivo de personas asesinadas por el estado, con
el gatillo fácil y la tortura en cárceles, comisarías
e institutos de menores, más de 200 víctimas.
Este ha
sido un año de una fuerte persecución a los militantes
sindicales y políticos, quienes afrontan causas penales por pelear
por trabajo y una vida digna, además de las detenciones y la
represión directa a movilizaciones o acciones de lucha, desalojos
en rutas y tomas de tierra, como ocurrió con los docentes en
Santa Cruz, la comunidad Qom en Formosa, las familias en las tierras
de Ledesma en Jujuy. Si hacemos memoria, aparecen el casino, Kraft,
el Hospital Francés, los ferroviarios, etc.
Dieciséis
asesinados en la protesta social desde 2003, son los muertos que desmienten,
en la realidad, a 8 años de gestión, los dichos de Néstor
Kirchner allá en sus primeros años de gobierno, cuando
dijo “no vamos a reprimir con la policía del gatillo fácil”.
No sólo siguieron reprimiendo con la policía del gatillo
fácil, sino que sumaron al conjunto de las fuerzas de seguridad
y a las patotas sindicales, encargadas de efectuar el “trabajo
sucio” y desdibujar la responsabilidad política del gobierno
ante hechos como el asesinato de Mariano Ferreyra.
En este
marco, el gobierno sigue autoproclamándose como el defensor de
los DDHH y se florea dando premios y desfilando junto a personalidades
que en algún momento fueron bandera en esta lucha. Claramente,
ya no lo son hoy.
Todos
los años, en noviembre, CORREPI hace este balance públicamente,
en el que sólo tiene como conclusión que éste es
un gobierno más que, como buen defensor de los intereses de empresarios
y ricos, necesita reprimir al pueblo para disciplinarlo.
Este año,
no será distinto. Allí volveremos a denunciar que este
gobierno reprime todo lo necesario con el mayor consenso posible. Y
allí, como siempre, estarán junto a nosotros quienes a
diario sufren esta represión decididos a seguir peleando.
Otra
sentencia de la Corte IDH para que el estado argentino incumpla
Avanza
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la
denuncia contra el estado argentino por la violación de los derechos
de libertad y del niño a raíz del caso de seis chicos
condenados a prisión perpetua, todos ellos detenidos desde los
16 y 17 años. El estado no sólo los juzgó y condenó
siendo niños, sino que también es responsable de la muerte
de Ricardo Videla, quien, cumpliendo dicha condena, apareció
muerto en su celda en un supuesto suicidio, típica excusa utilizada
por las fuerzas represivas del estado para no decir que las muertes
en cárceles son producto de las sistemáticas torturas,
maltratos y golpizas que reciben quienes se encuentran en prisión.
Si el
gobierno argentino no cumple sus recomendaciones, la CIDH podría
demandar ante la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH), buscando
una condena. El estado argentino no es principiante en lo que refiere
a condenas por parte de la Corte IDH.
En 1997,
en el marco del proceso judicial por el asesinato de Walter Bulacio
a manos del aparato represivo estatal, CORREPI presentó ante
la CIDH una denuncia contra el estado argentino por la violación
de los derechos de Walter a la vida, a la integridad física y
a la libertad, y al derecho de su familia a un recurso judicial sencillo
y rápido. En 2003, la Corte IDH, además de declarar que
el crimen policial es un crimen de estado, condenó al estado
argentino como responsable del asesinato de Walter y le ordenó
derogar todo mecanismo legislativo y policial que facilite las detenciones
arbitrarias, es decir, el sistema contravencional y la averiguación
de antecedentes.
La condena
de la Corte IDH jamás fue cumplida, porque, de ser así,
el estado se quedaría sin una de sus principales herramientas
represivas utilizada a diario en los barrios para el disciplinamiento
de los hijos de la clase trabajadora, que, por pertenecer a la clase
explotada, se enfrentan a diario con las detenciones arbitrarias y las
torturas en comisarías.
Es que
en una sociedad dividida en clases sociales, no existe nada que sea
para “todos y todas” y la justicia es uno de los ejemplos
más claros, como una herramienta más de la clase dominante
para defender sus intereses. Todos los días vemos cómo
los policías que matan a los pibes en los barrios son absueltos
o, como mucho, reciben condenas irrisorias, pero, cuando se trata de
disciplinar a la clase trabajadora y al pueblo, aplican sin dudar las
penas máximas, dejando expuesto que detrás de todo el
discurso de constitucionalidad y derechos universales están los
intereses de los poderosos, ricos y empresarios que no cambian a través
de los distintos gobiernos. Cambian los gobiernos, pero la represión
es la misma.
Estudiantes
reprimidos por luchar fueron sobreseídos
En octubre
del año pasado, unos 300 alumnos de la facultad de Sociales de
la UBA se movilizaron al ministerio de Educación y lo tomaron
para exigir la mudanza de la facultad al edificio de Constitución,
promesa que llevaba más de 14 años cajoneada por distintos
gobiernos.
La policía
federal reprimió la protesta con palos y gases y detuvo a 11
estudiantes que fueron chupados al voleo, arrastrados a los patrulleros
y llevados a la comisaría 17ª. Para el ministerio de Educación,
hubo “usurpación, daños, hurto, robo y privación
ilegítima de la libertad”. Para el juez federal Julián
Ercolini, hubo “violación de domicilio, lesiones, daño
calificado, y atentado y resistencia a la autoridad”. Un combo
de delitos que abarcan penas de hasta 6 años de prisión.
Todo esto por reclamar estudiar en condiciones dignas.
Acompañando
la movilización, organización y lucha de los estudiantes,
CORREPI asumió el compromiso de defender a 5 de los 11 criminalizados
por luchar. Esta semana, todos fueron sobreseídos. Queda claro
que frente a cualquier medida de lucha, la respuesta de cualquier gobierno
será la represión.
Y que,
frente a esta represión, la única respuesta es la organización
y la lucha.
Catamarca:
Cuatro adolescentes asesinados en una comisaría
Esta semana,
los diarios cubrieron generosamente el discurso de la presidenta Cristina
Fernández en la Unesco. Mientras agradecía el premio otorgado
a Estela Barnes de Carlotto como lo que fue, un premio a su propio gobierno,
la presidenta se llenó la boca, como siempre, con los DDHH. "Kirchner
fue decisivo en la lucha contra la impunidad", dijo emocionada.
Al mismo
tiempo, apenas si algún diario, en algún lugar remoto
de las últimas páginas, consignaba que, de nuevo, cuatro
pibes murieron asfixiados y quemados en una comisaría.
Esta vez,
fue en Catamarca. Los pibes, de 16 y 17 años, estaban presos
en la Alcaidía de Menores. Franco Sosa, Nelson Molas, Nelson
Fernández y Franco Nieva se sumaron a la lista que crece, y no
deja de crecer, al ritmo de un pibe por día, asesinado por el
gatillo fácil, o, como ellos, en una cárcel, comisaría
o instituto de menores.
Así
como todos los fusilamientos de gatillo fácil se presentan en
público más o menos con la misma historia, el falso enfrentamiento,
o, cuando no hay tiempo de plantar el perro, con el cuento de las armas
que se disparan solas, las muertes en comisaría también
tienen su versión oficial.
Si el
preso aparece ahorcado, fue un suicidio. Si lo torturaron y “se
les fue la mano”, es una “súbita descompensación”.
Y si fue un incendio, nos dicen que “pese al denodado esfuerzo
del personal preventor, que de inmediato prestó auxilio procurando
extinguir las llamas, se constató el deceso del interno XX...”.
Claro,
después resulta, como en la cárcel de Magdalena, que los
penitenciarios cerraron las rejas después de iniciado el fuego,
y reprimieron a balazos de goma a los presos del pabellón vecino,
que a patada limpia lograron abrir un boquete en la pared, y salvaron
a los pocos que alcanzaron a salir por ahí.
En Catamarca,
Julio Molas, el padre de Nelson, uno de los pibes muertos, denunció
que otro chico le contó que un policía le mostró
un encendedor a uno de los muchachos y le dijo “si sos macho,
prendé fuego”. Le tiró el encendedor y les cerró
la puerta de la celda con candado.
Los incendios
en cárceles y comisarías nunca ocurren porque sí,
o porque cae un rayo. Siempre son consecuencia de una protesta. Quemar
colchones es uno de los modos desesperados de obtener atención
y expresar reclamos para el encerrado en una celda, como la huelga de
hambre, los cortes en los brazos o los párpados y labios cosidos.
Como el
13 de enero de 2006, en la comisaría 7ª de Corrientes, donde
había 7 pibes presos, todos por averiguación de antecedentes
o contravenciones. La mujer de uno de ellos estaba internada, a punto
de dar a luz su primer bebé. El muchacho, agotado de suplicar
que le permitieran estar junto a su compañera, se tragó
una bombilla, en un último intento por llegar al hospital. Como
castigo por su insistencia, lo dejaron ahí, tirado, boqueando,
entre los gritos de auxilio de sus compañeros, que decidieron
prender fuego para que les abrieran la celda y lo atendieran. Cuatro
murieron, todos de 17 años.
En Orán,
Salta, el año 2009 empezó con tres adolescentes muertos
en un incendio en la comisaría, la misma donde, el 25 de octubre
de 2006, habían sido cuatro los pibes, dos de 17, uno de 16 y
uno de 15, que murieron carbonizados.
Casi todos
los muertos en comisarías son detenidos de forma arbitraria por
averiguación de antecedentes, como los cinco pibes del incendio
en la comisaría de Lomas del Mirador en diciembre de 2009, o
por contravenciones, como Rosa Yamila Gauna, de 15 años, que
el 11 de enero de 2007 fue detenida por ruidos molestos en Misiones,
y murió unos días después, con el 90% del cuerpo
quemado, quizás para ocultar que había sido violada por
los policías.
No es
la “gomaespuma” la que mata, ni son suicidios de loquitos
presos. Estas recurrentes muertes, siempre de pibes jóvenes,
siempre sin responsables, son el resultado de una política de
estado que encierra al pobre, porque necesita disciplinarlo con palos,
balas, llamas o monóxido de carbono.
Represor
de ayer, vigilador de hoy
Un ex
suboficial de la Fuerza Aérea, Manuel Ángel Cambeiro,
dio una “entrevista exclusiva” a un canal de TV de Ushuaia,
dando su testimonio sobre su tarea en Córdoba durante la última
dictadura militar.
El ex
suboficial, que estaba trabajando de vigilador en una agencia de seguridad
privada, de espaldas y caracterizado para no ser reconocido, relató
con precisión las ejecuciones de los detenidos-desaparecidos
y la apropiación de recién nacidos en un centro clandestino
de detención donde él, entonces suboficial de 20 años,
cumplía funciones de guardia.
La trascendencia
que tuvo la emisión del programa hizo que la fiscalía
federal de Ushuaia resolviera librar oficios a la Conadep, entre otros,
para verificar la versión, aunque, por el momento, Cambeiro no
fue detenido.
Como sucede
a diario con policías torturadores y asesinos, no fueron los
organismos de control de las agencias de vigilancia privadas, a cargo
de los ministerios de seguridad nacional o provinciales, según
el caso, los que detectaron al ex represor trabajando como actual represor,
sólo que en el ámbito privado.
Una nueva
muestra de que la letra de las leyes que, por ejemplo, prohíben
formalmente la actividad en agencias de seguridad privada a quienes
cuentan con antecedentes represivos, está allí sólo
para adornar y facilitar el discurso oficial, sin ninguna aplicación
real, salvo cuando salta el botón y hay que aparentar que se
hace algo.
No hay fronteras para la represión estatal
En Honduras,
el aparato represivo estatal lleva asesinados 16 periodistas desde febrero
de 2010, que se suman a los más de 200 opositores asesinados
con la acción o la complicidad de la policía. El 2 de
septiembre, el subdirector de la Policía Nacional, Santos Simeón
Flores, informó que, entre 1999 y este año, hubo 5.270
denuncias contra efectivos de la fuerza por actos ilícitos. El
director nacional de Investigación Criminal, Marco Tulio Palma,
declaró que en lo que va de 2011, ya hubo 4.412 muertes. Los
especialistas hondureños en seguridad vaticinan que este año
podría terminar con una tasa de 86 homicidios sobre 100 mil habitantes,
una cantidad superior a la de México, país donde la lucha
del ejército en las calles contra el narcotráfico elevó
los índices de asesinatos hasta las nubes.
En tanto,
en Colombia, según la Coalición contra la Tortura, entre
julio de 2001 y junio de 2009 fueron torturadas al menos 1.834 personas,
de las cuales fueron asesinadas 1.148; sobrevivieron 422 y 264 fueron
torturadas psicológicamente. En los 107 casos en que se pudo
establecer el autor de un crimen de violencia sexual, se encontró
que los agentes del estado son responsables del 98,14% de estos. Por
perpetración directa de militares, policías u otros agentes,
el 66,36%, y por complicidad de estos con paramilitares, el 31,78%.
El informe
señala que, en 2009, fueron desplazadas más de 280.000
personas en Colombia, las cuales pasaron a engrosar la suma de más
de cinco millones de desplazados ya existentes.
Por su
parte, en el continente europeo, luego de las noticias de la feroz represión
en España e Inglaterra, ahora le tocó el turno a Italia.
A raíz de un plan de ajuste que quiere imponer el parlamento
italiano, el pueblo salió a protestar y la policía con
el equipo antimotines salió a reprimir, por orden del gobierno.
En todas
partes, los gobiernos capitalistas recurren a la represión porque
es la única manera que tienen de acallar la protesta social y,
como siempre, las fuerzas represivas del estado torturan y matan al
pueblo, porque esa es su función y no otra. Así es como
ejercen los gobiernos el control social.
La represión
capitalista no tiene bandera ni patria.
FUENTE:
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