BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 631
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
8 de noviembre
del 2011
Del 27
de octubre de 2011
Sumario:
1.
Picana y tortura a la orden del día.
En Bahía Blanca, o en el Hospital Fiorito, …el aparato
represivo del estado actúa con su propia lógica, que es
la de defender los intereses de la clase dominante y sus verdugos…
2. Profundización del modelo represivo: militarización
de los barrios.
… La mayor parte de estos verdugos están destinados a los
barrios más pobres…
3. Una Papa caliente entre los chorros con gorra.
…A los delincuentes de uniforme les salió mal. Y para el
gobernador Daniel Scioli, que no puede hacerse el distraído cuando
los afectados por la criminalidad policial son poderosos empresarios,
el caso trajo cola…
4. Se defienden entre ellos, cuando no se ve.
…abogados del ministerio de Seguridad… seguirán defendiendo
a los fusiladores y torturadores, porque para eso están, y para
eso son parte del mismo ministerio, del mismo gobierno….
La FUERZA DE LA REPRESIÓN para PROFUNDIZAR EL MODELO DE EXPLOTACIÓN:
Viernes
25 de noviembre, acto en Plaza de Mayo para presentar el Archivo 2011
de personas asesinadas por el aparato represivo estatal.
Picana y tortura a la orden del día
El pasado
12 de octubre, alrededor de las 3 de la mañana, dos personas
asaltaron al playero de una estación de servicio en Bahía
Blanca. El hombre dijo que “uno alto y uno petiso” le robaron
la billetera, con unos $500. Con esa “descripción”,
los policías de la seccional primera salieron de cacería.
Enseguida, se cruzaron con Carlos I. José, un joven de 24 años
que padece deficiencia mental, que, al ver a los policías, se
asustó y trató de alejarse. Suficiente para que decidieran
que era “sospechoso”. Total, qué mejor que un muchacho
vulnerable y sin recursos para dar por terminada la búsqueda,
y volver a la comisaría con un trofeo de su “eficiencia
en la guerra contra el delito”.
Una vecina contó que inmediatamente lo tiraron al piso y le empezaron
a pegar. Cuando ella se acercó a increparlos, diciendo que conocía
a Carlos y era un buen pibe, un policía le advirtió: “Andate
adentro porque te llevamos a vos también”.
Ya en la comisaría, los policías extremaron sus esfuerzos
para “esclarecer” el robo:
“Me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza…
me golpeaban por todos lados. Patadas, trompadas y con un palo tipo
cachiporra. No podía respirar y del dolor me quería morir.
Me caía al piso y ellos me levantaban de la cabeza y de las orejas.
Me colocaban contra la pared y volvían a pegarme y me repetían
‘donde está el fierro’ y yo les decía que
no sabía de ningún fierro. Querían que firme que
yo había robado".
Denuncia
judicial mediante, los forenses constataron lesiones en el 70% del cuerpo
de Carlos. La billetera, por descontado, no fue encontrada en su poder.
Mientras el fiscal cavila sobre el asunto, el jefe de la distrital Bahía
Blanca, comisario Marcelo Bianchettin, sentó la posición
policial en el asunto: “Algunas veces pasa que los detenidos,
tienen muchas pruebas en su contra, y entonces recurren a este tipo
de denuncias”. Lo mismo que dicen los jueces cuando descartan
las denuncias de torturas con la frase clásica: “un vano
intento por mejorar su comprometida situación procesal”.
Ese mismo
día, Jonathan Damián Alí, de 19 años, era
trasladado desde San Pedro (lugar en el que viven él y toda su
familia) hacia el hospital Fiorito de Avellaneda, para que se le extraiga
una bala en la espalda, disparada, en un intento de robo, por el comisario
de Mercedes Jorge Espíndola.
La operación se realizo el viernes 14 de octubre, con resultados
exitosos, y Jonathan se recuperaba, esposado a la cama con la presencia
constante de dos, y por momentos tres, oficiales de la policía
bonaerense (uno de San Pedro y el resto de la jurisdicción del
hospital).
Su situación había mejorado tanto, que el hospital informó
a la familia que estaban por ordenar el traslado a San Pedro, por lo
que su madre regresó a San Pedro a esperar la ambulancia que
llevara a su hijo, ya fuera de peligro.
Pero, al día siguiente, un nuevo llamado los convocó urgentemente,
ya que Jonathan se encontraba en una situación crítica.
Al llegar al hospital, los padres de Jonathan, Liliana Medina y Oscar
Alí, encontraron a su hijo con una brutal herida en un ojo y
un abdomen agudo que requirió una operación de urgencia,
en la que se descubrió que tenía gravísimas lesiones
traumáticas, incluyendo el estallido del duodeno.
El hospital,
institucionalmente, nunca admitió que las heridas eran claramente
causadas por golpes propinados por los efectivos que cumplían
la custodia, aunque sí lo hicieron algunos de sus trabajadores,
médicos y no médicos. La dirección del hospital
se limitó a hacer unos "partes" a la comisaría,
que, desde luego, nunca llegaron a ninguna fiscalía.
Compañeros de CORREPI, al enterarse del hecho, acudieron al hospital
para hablar con la familia. Advirtieron que los oficiales de la 1ª
de Avellaneda, para defender a sus colegas de fuerza, habían
cajoneado los partes médicos que denunciaban las nuevas lesiones,
e inmediatamente acompañaron a la madre de Jonathan al Polo Judicial
de Avellaneda para hacer la denuncia por torturas.
Ahora
sí tramita la causa enla UFI n° 3, con intervención
del Juzgado de Garantías nº 9, y ya se secuestraron del
hospital los listados de guardias policiales y la historia clínica
del chico, y están empezando a recibirse declaraciones testimoniales.
Estos episodios, lejos de ser excepcionales, son sólo dos muestras
entre los muchos que cotidianamente desenmascaran el discurso oficial
de "los DDHH", y demuestran que la imposición de torturas
no fue una exclusividad de la dictadura, sino que es una práctica
constante y común.
La justicia no se mantiene al margen, y actúa de modo diferente
según el caso. En Tierra del Fuego, nueve policías fueron
detenidos por la aplicación de torturas, mediante una picana
eléctrica, a dos detenidos el 27 de marzo pasado. La firme decisión
se explica si sabemos que la víctima, Franco Torres, es el hijo
del comisario Alberto Torres, director de la Escuela Superior de Policía
de la provincia.
Frente
a “uno de ellos”, no se cajoneó la denuncia ni se
minimizó la acusación como invento del preso para defenderse.
Es que el aparato represivo del estado actúa con su propia lógica,
que es la de defender los intereses de la clase dominante y sus verdugos.
Profundización
del modelo represivo: militarización de los barrios
Con el
Operativo Cinturón Sur y el Centinela ya concretados, el gobierno
de Cristina Kirchner va por más. La semana pasada, al cierre
de la campaña electoral, anunció la creación de
una nueva Policí¬a Vecinal y el refuerzo de las comisarías
de la zona céntrica (ver Boletín Informativo nº 630).
Al mismo tiempo, en el NEA argentino se anunció la creación
de espacios de coordinación entre las distintas provincias para
unificar criterios y cooperar mutuamente entre las distintas fuerzas
para el tratamiento de “delitos complejos” como el narcotráfico
y la trata de personas. Y, a nivel nacional, la ministra Garré
está seleccionando policías para un nuevo cuerpo de elite,
compuesto por 60 hombres cuyos nombres serán reservados, como
los de los agentes de inteligencia, para integrar el nuevo Departamento
de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Su materia serán
los delitos relacionados con el narcotráfico, la trata de personas
y las bandas sofisticadas que se especializan en robar vehículos,
en especial autos de alta gama, centralizando y analizando información
de varias áreas, como la tributaria. O sea, una gran usina de
tareas de inteligencia sobre los delitos que los mismos policías,
prefectos y gendarmes gerencian y protagonizan.
Estas
medidas, que pretenden maquillar y hacer pasar como avances contra la
delincuencia y el delito, no son más que la profundización
del modelo represivo y el control social. El modelo kirchnerista, para
reprimir con el mayor consenso posible.
La militarización
de los barrios no es un invento propio. Es un modelo imitado de Brasil
y Colombia, donde la policí¬a tomó el lugar de los
narcotraficantes locales a los que antes les hací¬an la logí¬stica.
Lo que sí¬ es nuevo, es el dato significativo del grado de
vigilancia a la que está sometida la sociedad porteña:
en la ciudad de Buenos Aires, hay más policí¬as que
en Nueva York y en Londres. A partir de febrero seremos vigilados por
18.000 verdugos.
La mayor parte de estos verdugos están destinados a los barrios
más pobres: Barracas, Lugano, Soldati, Pompeya, La Boca y Parque
Patricios. Con los nuevos anuncios, se sumará Retiro. Es claro
que estas medidas apuntan a la vigilancia de los trabajadores, de los
pobres, para que no se organicen, para que vean saturada sus calles
de policí¬a. Con el tema instalado de la inseguridad, la
clase dominante se asegura de tener a la clase media de su lado y a
la clase trabajadora vigilada y amedrentada. Los “cursos de derechos
humanos” y los “planes de seguridad ciudadana” que
llaman al vecino a “involucrarse en la construcción de
la seguridad”, no son más que la legitimación de
esta militarización de la sociedad.
Una
Papa caliente entre los chorros con gorra
El 5 de agosto, el empresario Jorge Pereyra, dueño de la cadena
de bingos Grupo Midas, y de varios studs de caballos de carrera, regresaba
en auto a su lujosa casa, ubicada en una opulenta zona de la localidad
bonaerense de San Isidro. Los ladrones que lo esperaban, lo redujeron
y le sacaron un anillo y $6.000 en efectivo que llevaba encima. Se presume
que la finalidad era el secuestro, pero los delincuentes no contaban
con las dotes de pistolera de la mujer del empresario, que los echó
a los tiros con su Magnum 357.
En la huida, dos ladrones fueron capturados, luego de que el hijo del
empresario los chocara con su 4x4. En el auto robado en el que intentaron
escapar, se encontraron uniformes de la policía bonaerense, chalecos
antibala, handies y una baliza chichón.
A los
delincuentes de uniforme les salió mal. Y para el gobernador
Daniel Scioli, que no puede hacerse el distraído cuando los afectados
por la criminalidad policial son poderosos empresarios, el caso trajo
cola: tuvo que admitir que, en promedio, cada dos días tienen
que echar a tres policías de la bonaerense "porque han sido
partícipes de hechos delictivos". Esta vez, además,
están implicados nada menos que el jefe de la Distrital de San
Isidro, el comisario inspector Raúl Papa, y su secretario en
esa misma Distrital, el subcomisario Carlos Alberto Albornoz.
Claro
está que el acceso que tienen los ricos a la justicia burguesa,
es bien distinto al que tienen los pobres. Las investigaciones judiciales
por este hecho avanzan velozmente. ¿Cuántos pobres, víctimas
de la extorsión policial, la tortura y el gatillo fácil,
pueden decir lo mismo?
Uno de los primeros investigados por el secuestro frustrado era Eduardo
Vivas, un policía exonerado desde 2007, actualmente detenido.
Al intervenir su teléfono, los investigadores se toparon con
la voz de Papa, avisándole a Vivas todo lo que hacían
la DDI y la fiscalía en la investigación por el intento
de secuestro al empresario Pereyra, y le apuntaba a otros sospechosos
para entorpecer y desviar la investigación judicial.
Ahí
fue cuando cayó Papa, y, como no es un policía, sino toda
la institución, atrás de él, arriba de él
y debajo de él, hay muchos botones por saltar. El subordinado
de Papa, Carlos Alberto Albornoz, había sido protegido por la
institución policial y la justicia desde que, en 2009, cuando
era comisario de la comisaría 6ª de Vicente López,
Albornoz secuestró reiteradamente a trabajadores de una empresa
de Carapachay (partido de Vicente López), a quienes llevaba a
la comisaría y los "apretaba" (en connivencia con el
dueño de la empresa) para que renuncien a cambio de no armarles
una causa por robo y así ir presos.
Cuando
esto salió a la luz, Albornoz fue trasladado a la 5ª de
Vicente López. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Papa
lo tuvo que rescatar de otro "escándalo" (como le gusta
a los medio llamar eufemísticamente a la criminalidad policial)
y lo llevó como secretario a la Distrital de San Isidro. El "escándalo"
fue otra causa armada contra un joven que denunció a los policías
de Albornoz por robo. el chico, y su novia, pasaron un año presos
por una causa por drogas armada, hasta que al TOC N° 1 de San Isidro
se le antojó liberarlos.
En el
Boletín N° 630 comentábamos a declaración del
comisario general Salvador Baratta: "no podría haber crimen
organizado en la Provincia sin la protección del poder político
y de personal policial". Pues bien, Baratta designó,en 2009,
a Papa en la jefatura de la Distrital de San Isidro.
"Existe la firme sospecha de que lo ocurrido con el comisario Papa
no responde a un hecho aislado sino que hay una serie de casos que plantean
la posibilidad de que exista una organización delictiva con participación
policíaca en el norte del conurbano" dijo un funcionario
judicial a raíz del caso Pereyra. ¡Chocolate por la noticia!
decimos nosotros.
Se
defienden entre ellos, cuando no se ve
“Defensa propia”, tituló el diario Página/12
la nota en la que comentó, como hecho sorprendente, la reiterada
denuncia que, desde la querella que integramos junto a APEL en la causa
Mariano Ferreyra, hicimos por meses: que a los policías acusados,
los defendían los abogados de planta de la Dirección de
Asuntos Jurídicos – División de Asuntos Penales
del ministerio de Seguridad.
Aunque esa parte de la noticia no era muy novedosa, la segunda parte
sí fue primicia: al comenzar a trascender la información,
a partir de que lo argumentamos en una de las audiencias públicas
ante la Cámara Criminal, y algunos medios independientes lo reprodujeron,
el mismo ministerio que primero autorizó que sus funcionarios
tomaran esas defensas, inmediatamente tocó estratégicamente
a retirada. Así, todos los abogados del ministerio presentaron
sus renuncias, y fueron reemplazados por ilustres estudios privados,
en su mayoría dirigidos por ex jueces y otros ex funcionarios
judiciales.
El art.
733 y otros del decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965 para
el Personal de la PFA, establece que se puede brindar asistencia letrada
a policías en actividad o retirados cuando se trate de causas
exclusivamente iniciadas a consecuencia del ejercicio de la labor policial.
Es decir que, cuando un policía enfrenta una causa penal, debe
consultar si el caso es considerado “defendible” por sus
superiores del ministerio de seguridad, y, sólo si éstos
dictaminan que sí, se le otorga un abogado del plantel de la
Dirección para que lo defienda.
Queda
claro, así, que la participación de los comisarios Mansilla,
Ferreyra y Lompizano; del subcomisario Garay y de los oficiales Conti,
Echavarría y Villaba en el plan criminal contra los trabajadores
tercerizados y las organizaciones que los acompañaban el 20 de
octubre del año pasado, ameritaba, para el ministerio de Nilda
Garré, Cristina Camaño y Gustavo Palmieri darles sus abogados
de planta para defenderlos (gratis, además) institucionalmente.
Y también queda claro que no cambiaron de idea, sino que, ante
la inminencia de “mala prensa”, rápidamente reaccionaron
“a la kirchnerista”, y retiraron a los abogados del ministerio.
No hacen lo mismo, en cambio, cuando el delito por el que un policía
va a juicio es un fusilamiento de gatillo fácil o la aplicación
de tormentos. Una, y otra, y otra vez, a lo largo de más de 20
años, gobernara Menem, De la Rua, Duhalde o los Kirchner, nos
hemos cruzado con los abogados del cuerpo oficial de defensa de la federal,
tanto cuando se subordinaban al ministerio del Interior, al de Justicia
o, ahora, al de Seguridad. Y ahí no renuncian, porque, total,
no hay riesgo de “mala prensa” por defender al policía
que le metió un tiro en la nuca o torturó a un pibito
que bien pudo ser chorro.
Nombres de distinguidos abogados como Hermindo de María, Federico
Hierro, Julián Marcelo Orlando, Francisco Marcelo Orlando, Marcelo
Emilio Pecorelli, Marcelo Miño, Fabián Marcelo Oliden,
Raúl Alcalde y otros se han turnado para defender al comisario
Miguel Ángel Espósito (Walter Bulacio); a los “gatilleros”
Juan José Luquet (Marcelo Báez), Jorge Goyochea (Marcos
Viera), Luciano Cruz Gaete Ossandón (“Kunky" Méndez),
Alberto Segovia (Mauro Vega) o a torturadores como Carlos Fabián
Chávez y Víctor Pablo Barrionuevo. También defendieron
a los policías en la causa Cromagnon y a defienden la cúpula
federal de 2001 en la causa del 20 de diciembre.
En una de esas causas, la que tiene a cuatro oficiales federales a punto
de ir a juicio por el fusilamiento de Marcelo Maione Míguez (al
que le metieron ¡19! tiros), sucedió hace unas semanas
un episodio que explica bien el “alcance” de la defensa
institucional policial. Uno de los policías, Carlos Rincón,
que estaba en libertad por el homicidio, igual que sus camaradas de
causa, cayó preso en La Matanza, pero porque saltó que
fue el entregador en un robo a un banco. Su defensor, el Dr. Hierro,
presentó entonces un escrito en la causa del homicidio contando
este hecho, que termina diciendo: “Como es de público conocimiento,
la institución se encuentra inmersa en un profundo proceso de
transformación. Acorde a los nuevos lineamientos pautados por
el Ministerio de Seguridad, la situación procesal del Sr. Rincón
es incompatible con esta Defensa Institucional, por lo que renuncio
al cargo conferido”. Y sigue defendiendo a los otros tres policías
fusiladores.
Clarito. Lo “incompatible” con los nuevos lineamientos del
ministerio, es que un policía esté preso por ladrón
de bancos, porque eso –como que trascendiera lo de los policías
en la causa Ferreyra- da mala imagen. Pero siguen, y seguirán
defendiendo a los fusiladores y torturadores, porque para eso están,
y para eso son parte del mismo ministerio, del mismo gobierno.
FUENTE:
CORREPI
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