BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 632
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Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
8 de noviembre
del 2011
Del 31
de octubre del 2011
Sumario:
1.
Compañero Antonio Bitto, ¡PRESENTE!
El domingo 30 de octubre murió el compañero Antonio Bitto,
referente del MTR 12de Abril y co-fundador del Bloque Piquetero Nacional.
Quedan sus más de cincuenta años de lucha consecuente
e infatigable. Quedan su compromiso de clase y su solidaridad revolucionaria
...
2. La sentencia ESMA, el pasado y el presente.
...el juicio dela ESMA duró 22 meses. En ese mismo tiempo, el
aparato represivo que dirige el gobierno, mató, con el gatillo
fácil y la tortura, por lo menos 550 jóvenes pobres...
3. "Gatillo fácil te gritan al pasar..."
La política de estado del gatillo fácil no se toma descanso,
ni elecciones, ni aunque cambien (o no) los gobiernos ...
4. Más trabajadores perseguidos por luchar.
...Decididamente, las empresas cuentan con una política clara
por parte del gobierno y su aparato judicial para intentar poner freno
a la lucha independiente de la burocracia sindical, y garantizar los
negocios empresarios ...
5. ¿ Al servicio de la comunidad?: poli-extorsionadores, poli-encubridores,
poli-golpeadores y poli-violadores.
...si pasamos revista a los boletines semanales de CORREPI, las notas
sobre este tema ya son un clásico...
6. Torturas en Berisso, en Chaco y en el Hospital Fiorito.
...Tortura. Aunque en democracia quieran usar eufemísticamente
el término “apremios”, es una política de
estado, igual que en la dictadura...
La FUERZA DE LA REPRESIÓN para PROFUNDIZAR EL MODELO DE EXPLOTACIÓN:
Viernes 25 de noviembre, acto en Plaza de Mayo para presentar el Archivo
2011 de personas asesinadas por el aparato represivo estatal.
Compañero
Antonio Bitto, ¡PRESENTE!
El domingo
30 de octubre murió el compañero Antonio Bitto, referente
del MTR 12de Abril y co-fundador del Bloque Piquetero Nacional. Quedan
sus más de cincuenta años de lucha consecuente e infatigable.
Quedan su compromiso de clase y su solidaridad revolucionaria.
Desde CORREPI, extrañaremos la incondicional predisposición
con que siempre aportó a la lucha antirrepresiva, una pelea que
siempre reconoció como central, y que lo contó presente,
invariablemente, en cada una de nuestras actividades.
Seguiremos juntos en cada movilización, en cada marcha, en cada
acción para denunciar al estado, estado mayor de la clase dominante,
a su represión y a todas sus formas de explotación.
Compañero Bitto, ¡PRESENTE! en la sociedad del futuro,
sin privilegios de clase y por los caminos del Hombre Nuevo, AHORA Y
SIEMPRE.
La
sentencia ESMA, el pasado y el presente
Una de las noticias importantes de esta semana fue la condena a 17 represores
de la ESMA en el primero de los juicios orales por ese centro clandestino
de detención. ¡Qué alegría fue escuchar que
se van a pudrir en la cárcel!
Mientras se leía la sentencia, a muchos nos habrá pasado
que nos pusimos a recordar tantas cosas...
Cuando el presidente del tribunal anunció la perpetua a Astiz,
imposible no recordar a ese mismo milico, feliz y despreocupado, paseando
al pie de la cordillera, el 1º de septiembre de 1995, cuando un
guardaparque lo reconoció, y le encajó una soberana piña...
CORREPI se sumó a la defensa del compañero Alfredo Chávez,
que fue a juicio por pegarle al Ángel Rubio, y estuvimos muchos
primeros de septiembre con él, en Bariloche, para recordar ese
día de bronca digna.
Cuando le llegó el turno al Tigre Acosta, cómo no acordarse
de esa noche de invierno, cuando volvíamos, por Callao, de una
marcha en Congreso por la libertad de los presos políticos de
La Tablada. Frente a un local de comidas rápidas, alguien gritó:
“¡Miren! ¡Es el Tigre Acosta, está ahí
adentro!” y en segundos se armó el escrache.
Pero cuando leyeron la condena al ex comisario Ernesto Frimón
Weber, muchos pensamos en el presente. En su hijo, el comisario de la
federal Ernesto Sergio Weber. A Weber padre, en la ESMA, le decían
220, o El Maestro, porque les enseñó a los marinos a usar
la picana “como se debe”. Su hijo, “policía
de la democracia”, era subcomisario en 2001, cuando comandó
el grupo de ataque de la federal que fusiló, en Av. de Mayo y
9 de Julio, a Diego Lamagna, a Gastón Riva y a nuestro compañero
Carlos Petete Almirón.
El subcomisario Weber se ganó el ascenso a comisario, firmado
por Néstor Kirchner y Aníbal Fernández, después
de mostrar su excelencia en el mando de tropa el 16 de julio de 2004,
cuando fue uno de los que dirigió la represión frente
a la legislatura de la ciudad, que nos costó 17 compañeros
presos por más de dos años.
Y ahí, dejamos de prestar atención a lo que el juez leía,
y pensamos cómo, de los dos Weber, uno le sirve al gobierno como
lastre que puede ser tirado por la borda, que puede ser entregado, juzgado
y condenado, mientras que el otro, tan represor como el padre, tuvo
toda la protección necesaria como oficial jefe de la policía
federal en ejercicio, y disfruta ahora, lo más tranquilo, de
su jugoso haber de retiro.
En el juicio oral de la ESMA, como en todos los juicios contra los represores
de la dictadura, el gobierno que acaba de revalidarse para su tercer
mandato fue querellante, es decir, ocupó el rol de acusador que
se reconoce a la víctima del delito. El mismo gobierno que nos
mata un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura,
el mismo gobierno que tiene presos políticos, y que, a lo largo
de su gestión, tuvo más de 100 compañeros en sus
calabozos. El mismo gobierno que condena como delincuentes a los trabajadores
que se movilizan para reclamar mejores condiciones de trabajo y a los
militantes que se organizan para luchar por una sociedad diferente.
El gobierno que obedece sin chistar al poder imperial, y paga compulsivamente
la deuda que no es nuestra; mantiene tropas aplastando al pueblo de
Haití y sanciona, una tras otra, leyes antiterroristas al gusto
del GAFI.
Hicimos un cálculo sencillito: el juicio de la ESMA duró
22 meses. En ese mismo tiempo, el aparato represivo que dirige el gobierno,
mató, con el gatillo fácil y la tortura, por lo menos
550 jóvenes pobres.
La condena de la ESMA, como las anteriores, como las que vendrán
si los tribunales se apuran un poco y no se siguen muriendo represores,
no se la debemos, ni un poquito así, a Néstor y Cristina
Kirchner, ni a nadie en este gobierno.
Fue con la lucha y la movilización de un pueblo que no transó
con el olvido y el perdón que se mantuvo vivo el reclamo de juicio
y castigo. El gobierno que asumió en 2003 andaba necesitado de
consenso, y sacó la cuenta: Ganaba todo si permitía la
reapertura de los juicios, y no perdía nada, porque su aparato
represivo no descansó nunca en Astiz, Acosta, Donda o Weber padre.
Los Kirchner y su tropa se montaron sobre el reclamo histórico,
sostenido por una lucha en la que ninguno de ellos participó
jamás, y lograron así cooptar a casi todo el movimiento
de derechos humanos, que los entronó como “el gobierno
de los DDHH”.
Repetimos: en el mismo tiempo que llevó juzgar a Astiz y compañía,
el gobierno de los DDHH nos mató medio millar de pibes. Sabremos
con exactitud cuántos el próximo 25 de noviembre, en Plaza
de Mayo, cuando presentemos la actualización 2011 del Archivo
de CORREPI.
No tiene derecho a alzarse con un mérito por el que no pelearon
cuando no les servía, ni a apropiarse de una lucha a la que fueron
ajenos, mientras, día a día, aplican TODA LA FUERZA DE
LA REPRESIÓN, PARA PROFUNDIZAR SU MODELO DE EXPLOTACIÓN.
“Gatillo fácil te gritan al pasar...”
La política
de estado del gatillo fácil no se toma descanso, ni elecciones,
ni aunque cambien (o no) los gobiernos.
El domingo 23 de octubre, en Formosa, la prefectura disparó a
quemarropa, siguiendo su “olfato”, contra una lancha en
la que viajaban dos jóvenes que trabajaban de “paseros”.
Uno de ellos, cayó herido al agua, donde murió ahogado
ante la mirada impávida de los prefectos, que sí se apuraron
para detener al otro chico, brutalmente golpeado a tal punto que ellos
mismos lo llevaron después al hospital.
En el resto del país se vive, todos los días, la escalada
represiva que aplica el estado para disciplinar y evitar que se organicen
las clases más explotadas del sistema, a través de la
represión preventiva con el gatillo fácil, la tortura
y la muerte en comisarías y cárceles.
En Laferrère, Pcia. de Buenos Aires, una oficial de la policía
metropolitana hizo uso de toda su preparación en materia de seguridad,
que no es otra que disparar contra cualquier pibe que parezca “sospechoso”.
Ante un intento de robo por parte de tres jóvenes, la oficial
sacó su arma reglamentaria y le disparó en el pecho a
uno de los chicos, quien murió en el momento.
Estos dos casos de gatillo fácil son sólo una muestra
de una situación que es cotidiana, por ser una política
de estado aplicada sistemáticamente, gobierne quien gobierne,
aunque el gobierno kirchnerista conserva y consolida su “primer
puesto” represivo, con más de 1.800 muertes por gatillo
fácil, tortura o muerte en cárceles y comisarías,
más de la mitad de las ocurridas desde 1983.
Mientras matan como siempre, pero cada día más, nos hablan
de “política de DDHH”; mientras militarizan el país
entero, nos hablan de “seguridad ciudadana”; mientras le
dan más equipamiento y presupuesto a las fuerzas represivas,
nos hablan de “progresismo”.
Por más purgas o nuevas fuerzas que inventen, los asesinatos
por gatillo fácil aumenta sin parar. Es que el actual gobierno
no hace otra cosa que defender los intereses de los ricos y poderosos,
y para eso tiene que reprimir, porque la seguridad de los ricos es la
represión de los pobres.
Más trabajadores perseguidos por luchar
El jueves
27 de octubre, los delegados Catalina Balaguer y Leonardo Norniella,
ambos de la comisión interna de Pepsico, fueron citados a declarar
por la justicia de San Martín, por haber participado en cortes
de la Panamericana en 2010 en reclamo de condiciones de trabajo y contra
la tercerización laboral y los despidos.
Gracias a esa medida de fuerza, por la que hoy estos compañeros
son procesados, los trabajadores de esta empresa lograron la efectivización
de 80 trabajadores que permanecían bajo la tercerización
de una agencia de trabajo.
Esta lucha, que muestra la solidaridad entre los trabajadores y la iniciativa
de defender condiciones dignas de trabajo, son convertidas por la empresa,
el aparato judicial y el gobierno, en delitos.
Así lo hicieron con los ferroviarios, luego de que la patota
de Pedraza asesinara a Mariano Ferreyra, donde los trabajadores, peleando
por sus condiciones de trabajo, fueron acusados del “delito”
de extorsión tras el corte de vías.
También lo hicieron con los trabajadores de Kraft, María
Teresa Rosario y Jorge Penayo y el dirigente del PO, Néstor Pitrola,
todos procesados por los cortes de la Panamericana en 2009, durante
la enorme lucha contra los despidos. El mismo juez federal de Tres de
Febrero, Mariano Larrea, es el que dictó el procesamiento a Carlos
Zerrizuela, delegado del Frigorífico Rioplatense, a Vilma Ripoll
del MST, a los compañeros de Kraft y Pepsico, y tiene, sólo
es su juzgado, una veintena de causas similares contra compañeros
luchadores.
Este mismo mes, fue ratificado el procesamiento de uno de los delegados
de la empresa Paty, Hugo Costilla por pelear por aumento de salario.
Decididamente, las empresas cuentan con una política clara por
parte del gobierno y su aparato judicial para intentar poner freno a
la lucha independiente de la burocracia sindical, y garantizar los negocios
empresarios.
La Cámara Federal de San Martín que confirmó, ya,
algunos de esos procesamientos, hace unos años, “curiosamente”,
sostenía que el entorpecimiento del tránsito, cuando el
objetivo de la medida no es el corte sino un reclamo por un derecho
no podía ser catalogado como delito. Pero claro, eso lo dijeron
Sus Señorías cuando los imputados eran los rubios vecinos
de Vicente López, encabezados por su intendente “Japonés”
García, que se oponían a la ampliación de la autopista
porque afearía sus lujosos barrios.
Otra cosa es cuando se trata del reclamo de miles de trabajadores, que
sufren las peores condiciones de trabajo, cobran salarios miserables
y son atemorizados con el despido en forma permanente. Esta justicia
no es para los trabajadores y el pueblo, sino que, como parte del aparato
estatal, cumple su rol, y, gobierne quien gobierne, defiende los intereses
de la clase dominante.
¿Al servicio de la comunidad?: poli-extorsionadores,
poli-encubridores, poli-golpeadores y poli-violadores
La criminalidad,
como siempre decimos, es una constante de la institución policial.
Es que la policía, lejos de estar “al servicio de la comunidad”,
es quien regentea todos los negocios sucios y “productivos”,
desde el narcotráfico, los grandes y pequeños robos, hasta
las redes de trata. Prueba de esto es que, si pasamos revista a los
boletines semanales de CORREPI, las notas sobre este tema ya son un
clásico.
Esta semana tenemos varios delitos policiales, de los pocos que salen
a la luz.
En el Bajo Flores, Víctor Michael Lázaro Castillo fue
detenido por un grupo de policías, de ocho comisarías
distintas, quienes lo secuestraron pidiendo un rescate de 20 mil pesos,
a cambio de no inventarle una causa por drogas. Le dijeron que sabían
que su mamá tenía un restorán en el Abasto y, como
cuenta Castillo, “me dijeron que si querían me liquidaban
de un tiro, me dejaban tirado y me ponían droga sin que nadie
se enterase”. El aterrado hombre juntó 10 mil pesos. Hoy
tres de esos policías, el subinspector de la Comisaría
23ª, Mariano Comello Potes, el agente de la 28ª, Gastón
Eduardo Aragón y el suboficial mayor de la 34ª, Juan Manuel
Ferragud Marcucci, van a ir a juicio. En el momento de las detenciones,
el ex cabo Carlos Daniel Maidana logró escapar y permanece prófugo.
Un sargento de la División Defraudaciones y Estafas, de quien
la justicia reserva su identidad, está procesado por falso testimonio
e incumplimiento de sus deberes, ya que se le había encomendado
la tarea de desgrabar escuchas telefónicas relacionadas a delitos
en el barrio de La Boca, y este sargento, en seis oportunidades, informó
que en las escuchas no había datos relevantes para la investigación.
Claro, era mentira. Seguramente una mentira muy bien paga.
En el barrio de San Nicolás, el canillita Hernán Hector
Cígola fue detenido por policías de la federal, quienes
le pidieron plata a cambio de no armarle una causa por “lesiones”.
El canillita pagó $1.100 para lograr su libertad. Los policías
implicados son el inspector Marcelo Roberto Tapia, el subinspector Fernando
Maximiliano Alfaro, el ayudante Saúl Ignacio Paz y el suboficial
César Alberto Rojas, ya procesados.
Un policía de Ensenada, que cumple funciones en un destacamento
de Gonnet, amenazó de muerte a su mujer y a sus hijos. En enero
de este año, golpeó al hijo de su pareja y luego amenazó
de muerte a su esposa, quien lo denunció, por lo que la causa
fue a juicio oral. La semana pasada, este policía amenazó
a su mujer con matarla, matar a sus hijos y luego suicidarse para evitar
ir a la cárcel, si perdía la custodia del hijo de ambos.
En cuanto a delitos sexuales, en Necochea, dos policías de la
bonaerense están acusados de abusar sexualmente de una nena de
12 años y en Rawson, un policía tiene dos denuncias de
abuso sexual contra dos niños. Este último caso se hizo
público ya que la gente, por temor a este poliviolador que anda
suelto, lo escrachó con carteles que dicen “policía
violador”.
No solo nos matan un pibe por día con el gatillo fácil
y las torturas y nos reprimen cuando nos organizamos para luchar por
mejores condiciones de vida, sino que, además, son los que se
encargan de enriquecerse con todo negocio sucio que ande por ahí.
Se cae de maduro que inseguridad, es la policía en la calle.
Torturas en Berisso, en Chaco y en el Hospital Fiorito
A Néstor
Ariel Cannizzo (33) lo golpearon hasta provocarle convulsiones, y luego
lo abandonaron a su muerte, en la comisaría 4ª de Berisso,
el 22 de octubre pasado. La familia y amigos movilizaron hasta la seccional
de Villa Argüello para escrachar y denunciar lo sucedido. La respuesta
fue la fuerte presencia de infantería y balazos de goma. La mujer
de Néstor, Susana Santana, contó que “lo devolvieron
con la cara destrozada por los golpes y con un brazo desacomodado. Así
fue como lo velamos”, y denunció que la autopsia no registra
los golpes. Damián, su hermano menor, dijo que vio cuando “la
policía estaba dentro de la casa, no tenía orden de allanamiento
y lo tenían contra el piso golpeándolo y pisándole
la cabeza”.
En Chaco, Sergio Valenzuela, fotógrafo del diario La Voz del
Chaco, fue atacado por efectivos del sistema 911 de la policía,
golpeado en la cabeza, torso, manos, piernas y boca, y detenido arbitrariamente,
en el barrio Provincias Unidas de Resistencia. El subsecretario de Seguridad
provincial, Javier Oteo, en un intento por mostrar una imagen “progre”,
aclaró (aunque hay aclaraciones que oscurecen) que, “en
caso de constatarse lo denunciado, sería más grave”,
porque, pocos días atrás, iniciaron “un curso de
derechos humanos destinado a los agentes del 911”.
Como ya relatamos en el Boletín nº 631, la tarde del 18
de octubre, Jonathan Damián Alí, de 19 años fue
brutalmente torturado por policías de la bonaerense, dentro del
Hospital Fiorito de Avellaneda, donde se encontraba internado.
Mientras la fiscalía respondió con medidas concretas,
como el secuestro de toda la documentación del hospital y una
docena de declaraciones testimoniales, a la movilización encarada
por la familia con el apoyo de CORREPI, que logró dar estado
público al hecho, las autoridades del Fiorito intentaron de forma
desfachatada, silenciarlo. En el momento del cierre de este Boletín,
supimos que, después de una semana y media de luchar con todas
sus fuerzas para sobrevivir, Jonathan murió.
Tortura. Aunque en democracia quieran usar eufemísticamente el
término “apremios”, es una política de estado,
igual que en la dictadura.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
18.000
