BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 633
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
11 de
febrero del 2012
Del 8
de noviembre del 2011
Sumario:
Boletín
informativo nº 633 - 8 de noviembre de 2011
1.
Perdón… Nos equivocamos de dirección.
…la
policía de San Fernando estaba cumpliendo con una orden de allanamiento
y se equivocaron de domicilio...
2.
Represión a trabajadores. Causa Ferreyra.
…una
patota dela UOCRA atacó a varios trabajadores del SITRAIC…
3.
Robo al country.
…esta
semana les contamos el caso de vigiladores, en este caso privados, del
Country y Club de Campo Mayling…
4.
Gatillo fácil en barrios y estadios. “Suicidios”
en cárceles.
…con
casos como éstos, no hacemos más que mostrar que la brutalidad
policial no se debe a una particularidad geográfica, es constitutiva
del aparato represivo estatal.
5.
Las luchas “que generan malhumor” y el gobierno “que
no reprime”.
…¿de
qué gobierno que no reprime nos habla la presidenta?...
6.
NOTICIA... ¿NOTICIA?
…La
noticia para CORREPI es otra….
Perdón…
Nos equivocamos de dirección
El jueves
3 de noviembre, al mediodía, agentes de la policía bonaerense
ingresaron en la sede de una ONG del partido de San Fernando. Llegaron
con carros de asalto, destrozaron con las culatas de sus armas y los
borceguíes todo lo que encontraron a su paso y atacaron brutalmente,
fracturándole un brazo, a la hija de la titular de la asociación.
Resulta
que la policía de San Fernando estaba cumpliendo con una orden
de allanamiento y se equivocaron de domicilio. Pidieron disculpas a
los damnificados, pero este hecho muestra cómo se maneja cotidianamente
la policía cuando realiza un allanamiento. En esta ocasión
salió a la luz porque entraron a las patadas en una ONG por error,
pero nunca se muestra como trata la policía a la gente cuando
allanan un domicilio o hacen una razzia.
Este método
no es novedad, es lo habitual, la policía lo sabe, la justicia
lo sabe y los funcionarios de todos los gobiernos lo saben. Y lo saben
porque es la orden, no un hecho aislado, la policía a los barrios
no entra pidiendo permiso, entra a los garrotazos o a los tiros, para
que la gente sepa quién manda, forma parte de lo que desde CORREPI
caracterizamos como represión preventiva, para meter miedo y
lograr que el pueblo no se organice.
Represión
a trabajadores. Causa Ferreyra
El 1º
de noviembre, una patota de la UOCRA atacó a varios trabajadores
del SITRAIC que realizaban un piquete en un obrador, denunciando que
todos los trabajadores estaban en negro. José Luis Guerra, una
de las víctimas del ataque, fue apuñalado por los matones
de Martínez. Al mando de éstos últimos estaba Cardozo,
máximo dirigente de la UOCRA Lomas de Zamora, quien increpó
a los trabajadores, amenazándolos con matarlos a todos, por denunciar
a Gerardo Martínez. El SITRAIC, junto con la CORREPI, y otras
organizaciones, denunciamos a Martínez por su participación
en el Batallón de Inteligencia nº 601 durante la dictadura.
El 3 de
noviembre, hubo una audiencia en la causa donde se investiga la responsabilidad
de los policías en el asesinato de Mariano Ferreyra. Había
sido convocada para resolver una chicana planteada por el abogado del
comisario Lompizano, que buscaba que la causa tramite en los juzgados
de la Ciudad de Buenos Aires. CORREPI, junto con APEL, lleva adelante
las querellas de varias de las víctimas del ataque del 20 de
octubre de 2010, en las que acusamos a los policías como partícipes
necesarios en el homicidio calificado, lo que tiene una pena de perpetua.
Sin mucha
sorpresa, nos enteramos que, como consecuencia de nuestras denuncias,
los abogados del ministerio de Seguridad habían tenido que renunciar
a defender a varios de los policías implicados. Como no podía
ser de otra manera, fueron reemplazados por abogados poderosos estudios,
y altos honorarios. Si bien la resolución de la chicana fue postergada
para los próximos días, quedó claro que la finalidad
buscada por la defensa es, en primer lugar, evitar que recaiga una condena
a prisión perpetua y, en segundo lugar, dilatar lo más
que se pueda el juicio oral.
Por otro
lado, este 4 de noviembre por la madrugada, los trabajadores ferroviarios
del Belgrano Norte fueron brutalmente reprimidos por la policía
federal, mientras realizaban una medida de fuerza votada en asamblea,
consistente en un corte de vías. Los trabajadores reclaman el
pago de tickets adeudados y mal liquidados desde 2009. La orden de desalojo
fue dada por el juez federal Bergesio y fue cumplida a rajatabla por
el comisario a cargo del operativo. A los golpes con bastones, las balas
de goma y los gases lacrimógenos, se sumó la persecución
por las vías y zonas aledañas, con carros hidrantes y
numerosos patrulleros. El resultado de este hecho represivo fueron varios
trabajadores heridos, afecciones respiratorias producidas por los gases,
y tres trabajadores detenidos.
Ese mismo
día, los trabajadores docentes de la Ciudad de Buenos Aires,
fueron reprimidos por la seguridad de la legislatura porteña,
que les impidió presenciar una sesión de comisiones, donde
se iba a discutir la reforma del estatuto docente impulsada por el gobierno
de la ciudad. Esa reforma es repudiada por todos los docentes. Sin embargo,
a diferencia de situaciones, donde para debatir sobre el aborto, los
legisladores permiten opinar a los más reaccionarios, o durante
el conflicto con el campo, donde pudieron participar todas las patronales
agrarias, en este caso, no se permite ingresar a los interesados directos,
los trabajadores. Esto, por su parte, nos debe llevar a la reflexión
sobre el engaño que suponen categorías como la de “ciudadano”.
Está claro que no es lo mismo el “ciudadano” del
Opus Dei, o de la Sociedad Rural, que el “ciudadano” trabajador
que da clases en las escuelas públicas.
Robo
al country
Como nunca
falta en nuestros boletines, esta semana les contamos el caso de vigiladores,
en este caso privados, del Country y Club de Campo Mayling, un barrio
privado de Pilar, que robaron bienes que se suponía debían
proteger. Fueron varios vecinos los que los denunciaron, "los vimos
varias veces mirando por las ventanas de las casas" contaron los
testigos, que, por temor a represalias, mantienen su anonimato. Entraban
a las casas que sabían estaban sin gente y se llevaban televisiones,
dvds, computadoras, etc.
Luego
de que se le diera intervención a la comisaría 5ª
de Pilar de la zona, uno de los compañeros de la empresa de seguridad
RGA y Asociados, contó que lo querían involucrar en los
próximos robos que tenían planeados. Lo extraño
es que recién después de que detuvieran a sus camaradas
habló, ¿Cuál seria la historia si no los hubiesen
agarrado?
Mucho
podemos acotar a este tipo de hechos, pero la extensión de la
nota no nos lo permite. Nadie puede dejar de ver la ironía de
que haya personas con mucha plata que pretenden armar barrios VIP para
evitar tener que "sufrir presencias indeseables que ensucien sus
veredas" y sus propios custodios sean quienes los roban.
Gatillo
fácil en barrios y estadios. “Suicidios” en cárceles
El 30
de octubre, la policía rosarina asesinó a un hombre de
35 años luego de una supuesta persecución. Minutos más
tarde, mientras los peritos tomaban rastros en el lugar y levantaban
el cadáver, los familiares y vecinos del “sospechoso”
apedrearon a un suboficial que resultó herido. El asesinato se
produjo en el barrio Empalme Graneros, típico barrio obrero,
metalúrgico, que tradicionalmente ha sufrido las inundaciones
por los desbordes del arroyo Ludueña. Como siempre, los medios
hicieron referencia a que las fuentes (es decir, la policía que
lo asesinó, y que es quien informa a la prensa) decían
que el muerto era un delincuente que se había tiroteado desde
el lugar de acompañante de una motocicleta.
No faltaron
los “perros” (armas plantadas) en la escena del crimen.
Sólo así se puede entender la justa reacción popular
ante hechos como el relatado. Por ese asesinato, y por la cotidiana
prepotencia de la célebre policía brava santafesina.
En San
Rafael, la policía mendocina reprimió salvajemente la
desconcentración del clásico entre Huracán de San
Rafael y Sportivo Pedal Club. El saldo, un herido de gravedad y 26 detenidos.
La víctima herida, Hugo David Ramírez, recibió
dos balazos de goma en la clavícula izquierda, a tan corta distancia,
que le perforaron uno de sus pulmones, y tuvieron que suturarle una
vena y una arteria. Según los médicos, "Le va a quedar
un drenaje pleural para expulsar la poca sangre que le quedó
en el tórax".
En Añatuya,
Santiago del Estero, un preso que estaba detenido por una pelea familiar
en la que había golpeado a su mujer y a su suegra, “tomó
la trágica decisión de suicidarse”, cortándose
las venas (o el cuello, dependiendo de “las fuentes”), a
las pocas horas de haber sido llevado a la Alcaidía de la Unidad
Regional III. Como no podía ser de otra manera, los guardiacárceles
llegaron a auxiliarlo cuando ya no había nada que hacer para
salvarlo, muriendo al llegar al hospital.
Como todas
las semanas, con casos como éstos, no hacemos más que
mostrar que la brutalidad policial no se debe a una particularidad geográfica,
es constitutiva del aparato represivo estatal.
Las
luchas “que generan malhumor” y el gobierno “que no
reprime”.
Hace un
par de días, la presidenta de la Nación aprovechó
un acto oficial para fustigar públicamente a un ex aliado. Fue
durante un acto en el que se promocionó la compra de equipamiento
para el hospital Churruca, el de la policía. Compraron un tomógrafo
y un resonador magnético, y un nuevo sistema de seguridad, con
cámaras de vigilancia y un centro de monitoreo.
El enojo
de la presidenta obedecía a que la Unión de Trabajadores
Rurales (UATRE), que dirige el Momo Venegas, había cortado la
autopista Ricchieri. En consecuencia, aprovechó las cámaras
dispuestas para la video conferencia con el Churruca para pasarle la
factura a su correligionario, que hoy sigue alineado con Duhalde, y,
por lo tanto, está enfrentado al kirchnerismo.
La presidenta
aprovechó para tirarle algunas flores, seguramente bien merecidas,
como decirle “mamarracho” y acusarlo de que, apenas llegó
la gendarmería, enrollaron las pancartas, y se fueron, en auto,
a comer a una parrilla, seguramente no del tipo de bolichones donde
nos reponemos nosotros después de una movilización.
Pero lo
que es interesante para reflexionar son las otras cosas que dijo Cristina,
en consonancia con la agenda represiva que viene marcando su gobierno,
cosas mucho más dirigidas a los trabajadores organizados, y las
organizaciones que apoyan sus reclamos, que a burócratas como
Venegas, empresarios ellos mismos.
Dijo Cristina
Fernández: “Esta clase de movilizaciones pretende desgastar
políticamente al Gobierno porque la gente se malhumora”,
como si la gente anduviera con un humor de maravillas, porque todo anda
fenómeno, sin inflación, sin crisis de vivienda, con hospitales
de lujo totalmente gratuitos y unas escuelas públicas impecables...
Entonces,
para que la gente no “se malhumore”, propuso que “los
que quieran protestar lo hagan en la vereda, o en una plaza” porque,
dijo, “es un crimen obligar al desplazamiento de un centenar de
gendarmes afectados a tareas específicas en el Cinturón
Sur o en el Conurbano bonaerense para desalojar un corte”... claro,
porque los necesita para que patrullen los barrios, metan gatillo y
picana en las comisarías, cosa de aplicar bien a fondo el control
social que dificulta la toma de conciencia y la organización.
Después,
dijo que, cuando se corta una ruta, los trabajadores pretenden aprovecharse
de un gobierno "que ha hecho política de la no represión
de la protesta social..."
Lo grave
no es que ella mienta, no creemos que nadie espere que diga la verdad,
sino que haya algún desprevenido que caiga en la trampa de buena
fe...
¿El
gobierno que hizo una política de no reprimir la protesta?
Nada más
claro que los números para salir de dudas. Desde que fue asesinado
Víctor Choque, en 1995, en la represión a una movilización
después del cierre de la fábrica Continental en Ushuaia,
64 compañeros cayeron bajo balas policiales, de la gendarmería
o de las patotas paraoficiales en la represión a la protesta.
Y de esos 64, ¡16! Los mató el gobierno de la que dice
que ella y su marido no reprimieron...
Luis Cuéllar
en Jujuy en 2003, Carlos Fuentealba en Nuequén en 2007 y Juan
Carlos Erazo en Mendoza en 2008.
En 2010,
fueron nueve: Facundo Vargas en enero, en una movilización contra
el gatillo fácil en Pacheco; Nicolás Carrasco y Sergio
Cárdenas en igual circunstancia, pero en junio, en Bariloche;
en la Ciudad de Buenos Aires, en octubre, Mariano Ferreyra, militante
del PO asesinado cuando acompañaba una medida de fuerza de los
trabajadores ferroviarios tercerizados; los tres muertos del Parque
Indoamericano, y, finalmente, los dos integrantes del pueblo Qom, en
Formosa.
Y en 2011,
los 4 muertos en Libertador Gral. San Martín, en la represión
a la toma de tierras del ingenio Ledesma.
Entonces,
¿de qué gobierno que no reprime nos habla la presidenta?
¿Del de los 16 muertos en la represión a la protesta?
¿Del que mata un pibe por día con el gatillo fácil
y la tortura? ¿Del que desaloja a los tiros y gases? ¿Del
que militariza los barrios? ¿O del que tiene miles de procesados
por luchar?
Por eso
CORREPI lleva la cuenta, de los asesinados por el gatillo fácil
y la tortura, y también de los caídos por luchar, en marchas
y movilizaciones, para exponer la verdadera extensión y profundidad
de la política represiva del estado.
NOTICIA...
¿NOTICIA?
Sin
hecho atípico, sin lo nuevo, no hay noticia.
Para un
desprevenido, la noticia es que van a investigar la compra de las pistolas
Bersa Thunder 9.19 mm, reglamentarias de la Policía Federal que
reemplazaron a las Browning 9mm.
Y que
la investigación tiene como disparador el asesinato de Ariel
Domínguez el pasado 20 de Julio en San Telmo a manos del policía
federal Mendoza cuando se sumó a una persecución y en
la corrida -según declaró- se le cayó el arma,
golpeó contra el piso, se disparó y mató al muchacho
que esperba el colectivo de regreso a su casa.
El cabo
Mendoza ha sido procesado por homicidio culposo (o sea, un “accidente”
con pena de hasta 5 años de prisión) y no por homicidio
agravado por "abuso funcional policial" (perpetua).
La noticia
es demostrar que, en un presunto acto de corrupción, se compraron
armas en mal estado o no se proveyeron las cartucheras adecuadas, por
lo que el arma suele caerse y dispararse en la corrida de quien la porta,
con lo que se extiende, convenientemente, la persecución penal
a los responsables de esas compras.
Ahora bien, en casos como el de la referencia -que se reproducen invariablemente
y nuestro Archivo registra por centenares- esgrimen siempre la misma
excusa: "involuntariamente se dispara el arma reglamentaria por
el efecto de un golpe provocando la muerte de...".
El arma
reglamentaria, en todos esos casos, era de otra partida y otra marca
(Browning).
En todos
los casos (con Browning o con Bersa Thunder), para que el arma se dispare
es necesario que sus dos seguros estén desactivados.
Los propios
instructores de tiro de la misma policía federal reconocen -desde
tiempos compartidos entre una y otra marca- "que recomiendan a
sus agentes iniciar la persecución con el arma lista para disparar"
(del testimonio de un perito de la defensa del asesino del Kunky Mendez).
En todos
los casos, sin excepción, las causas terminaron con el policía
impune o con una pena insignificante.
La
noticia para CORREPI es otra.
La noticia
es que quieren ocultar una política sistémica de estado
consistente en el disciplinamiento social en su modalidad de represión
preventiva, tras la pantalla de la corrupción.
De ese
modo, se licua la responsabilidad institucional, el hecho es el producto
de un mix entre la fatalidad y un mal funcionario y los casos podrán
repetirse utilizando siempre una generosa excusa absolutoria.
La noticia,
es que no hay novedad.
FUENTE:
CORREPI
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