BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 634
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
11 de
febrero del 2012
Del 14
de noviembre del 2011
Sumario:
1.
Cárceles de esta semana, muertes y torturas de siempre.
Tolstoi
se preguntaba: “¿Qué es lo que le da derecho a un
hombre a sentirse con derecho a encarcelar a otro hombre?”.
2.
Sindicalistas de Perón y kirchneristas!
El
General los reconocía como imprescindibles a la hora de disciplinar
a los trabajadores para garantizar la conciliación de clases...
setenta años después, un gobierno autodenominado “de
los Derechos Humanos” reactualiza al general.
3.
“Venga tranquilo”, dijo el juez.
“Venga
sin miedo, venga tranquilo, que aunque lo declaremos culpable no vamos
a ordenar ninguna detención”, dijo el juez...
4.
Policías, la banda criminal más organizada.
Semana
tras semana, CORREPI muestra que la criminalidad policial no es el resultado
del accionar de algunos policías malos, sino que hace a la naturaleza
de la propia institución policial, y que inseguridad es la policía
en la calle. Como decía Rodolfo Walsh, hace más de 50
años, la secta del gatillo alegre es, también, la logia
de las manos en la lata.
5.
Más consenso para la represión.
Tres
medidas en apariencia progresistas, cuya verdadera finalidad es la de
aplicar el máximo de represión con el mayor consenso posible.
6.
La industria del control social.
En
el capitalismo, todo puede ser reducido a la categoría de mercancía.
Las modernas tecnologías de vigilancia, para el control social,
no son una excepción.
Cárceles
de esta semana, muertes y torturas de siempre
Tolstoi
se preguntaba: “¿Qué es lo que le da derecho a un
hombre a sentirse con derecho a encarcelar a otro hombre?”. Retórica
o no, lo cierto es que cuando en Holanda e Inglaterra, allá por
el siglo XVI, se abrieron las “casas especiales” con la
finalidad de adiestrar -según las necesidades de producción
de la burguesía- a las masas de vagabundos expulsados del campo,
estaban creando una indispensable institución capitalista: la
cárcel.
Basados
en el principio de retribución equivalente, la ecuación
tiempo y dinero comenzaba a corroer los destinos de la humanidad. Una
nueva forma del castigo como necesidad de disciplinamiento social nacía
en las entrañas del capitalismo. Al poco tiempo, el poder encontró
en la hipócrita formulación de la resocialización
y la reeducación su modo de legitimar la tortura, la degradación,
el exterminio de lo que marginaliza y produce la burguesía.
Nada nuevo
se dice al hablar de la composición casi exclusivamente pobre
de la población carcelaria, ni de la violencia que genera el
encierro, ni de las recurrentes conductas agresivas que el estado despliega
sobre la humanidad de los presos. Tal vez haya que remarcar siempre
que la naturaleza -también ampliamente mayoritaria- de los delitos
por los que se los encierra, tiene que ver con la afectación
del derecho de propiedad, ese eufemismo jurídico que garantiza
a pocos lo que se niega a muchos.
Esta semana,
registramos más casos que engrosan la creciente nómina
de víctimas en encierros:
Un muerto
en Mendoza, en el penal de Almafuerte, por una pelea de internos; por
iguales motivos, enla U48 de San Martín, Bs. As., un muchacho
de apellido Ramos quedó hemipléjico. Un preso en Catamarca
y otro en Coronda, con la modalidad reiterada, multiplicada y siempre
misteriosa del “suicidio”, completan el informe de aquello
que los pretendidos neutrales califican como "violencia penitenciaria"
y no como violencia estatal de responsabilidad indelegable. Porque es
el estado quien se hace cargo "para resocializar o reeducar",
aunque eso, a la larga, signifique devolverlo en una bolsa de plástico.
En la
misma semana, el policía imaginaria que había sido condenado
a tres años y medio de prisión por no haber evitado las
torturas sobre un detenido en la comisaría 5ª de Talar de
Pacheco en agosto de 2002, fue absuelto por el tribunal de Casación
Penal, dejando definitivamente en claro que la justicia lava siempre
la sangre que queda en las manos del Estado.
A la pregunta
del pensador y novelista ruso, le cabe una sola respuesta: "es
el sistema papá, es el sistema".
Sindicalistas
de Perón y kirchneristas!
El General
los reconocía como imprescindibles a la hora de disciplinar a
los trabajadores para garantizar la conciliación de clases.
Su rol
jamás será el de enfrentar a los empresarios, sino el
de asegurarles sus pretensiones. Delegados legitimadores en paritarias,
suelen negociar los techos salariales que previamente les bajaron las
patronales con acuerdo del estado.
Centran
toda su actividad sindical en una fraguada reivindicación salarial
y en el despliegue de una maquinaria asistencialista y clientelar, y,
ayudados por una reglamentación torcida y por las consecuencias
naturales de la alienación laboral multiplicada, se perpetúan
en las direcciones de sus gremios.
Por supuesto,
todo lo que huela a clasismo, independencia del estado y de los patrones,
será convenientemente perseguido, amenazado y exterminado por
las patotas que dirigen.
A cambio,
son prebendarios del poder y constituyen en su entorno una especie de
empresarios por inclusión, extraños señores gordos
oliendo a rosca, a negocio y a traición.
En el
escalafón de lo que se define como burócrata sindical,
Hugo Moyano, secretario general de los Camioneros, de la CGT y principal
ariete sindical de Néstor Kirchner, y Gerardo Martínez,
secretario general de la UOCRA, de relaciones exteriores de la CGT y
referente sindical de Cristina Fernández, disputan el primer
puesto, sobresaliendo entre otros tan repugnantes como ellos, porque
además tienen pedigree represivo.
Y estos
antecedentes han vuelto a relucir en estos días.
Moyano
debió haberse sentado en el banquillo de los acusados esta semana,
por sus vinculaciones con la marplatense CNU (Concentración Nacional
Universitaria o la Triple A de la Feliz). Una jugada de su abogado -el
ex juez Llermanos, el mismo que defiende a la patota camionera y a funcionarios
oficialistas- le permitió zafar del cara a cara con los trabajadores
y luchadores políticos y sociales que sufrieron su delación
en los años de plomo.
Es un
secreto a voces que detrás de la maniobra dilatoria estuvo la
mano del “gobierno de los DDHH”, preocupado por la exposición
de un aliado fundamental.
Gerardo
Martínez, tal como lo denunció CORREPI junto a otras organizaciones,
acaba de ser reconocido por el gobierno como agente de inteligencia
del Batallón 601 (servicio, buchón) según documento
firmado por Eduardo Luis Duhalde, secretario de DDHH de la Nación.
El oficio
salió para el juzgado donde se lo investiga, justo cuando el
entregador posaba jactante junto a la presidenta en la reunión
del G20 en Cannes.
El general
lo dijo en 1944, ante la Bolsa de Comercio: "No se asusten de mi
sindicalismo, nunca mejor que ahora estará seguro el capitalismo.
A nuestro amparo (el del Estado) se neutralizarán las corrientes
ideológicas y revolucionarias que pueden poner en peligro nuestra
sociedad capitalista".
Setenta
años después, un gobierno autodenominado “de los
Derechos Humanos” reactualiza al general.
“Venga
tranquilo”, dijo el juez
La semana
pasada se llevó a cabo el juicio al vigilador privado Juan Pablo
Rodríguez, de la empresa Clave S.R.L, que fusiló a Luis
Alberto Bolaño, un joven discapacitado de 27 años, que
se ganaba la vida vendiendo estampitas en la estación de tren.
El estado
argentino asesinó dos veces a Luis, quien tenía un retraso
madurativo y atrofia de una pierna y un brazo, con mano “en garra”,
como consecuencia de la desnutrición que había padecido
de niño, y antes, durante el embarazo de su madre. La tarea la
terminó de concretar este verdugo, quien le disparó cinco
veces con su pistola Taurus calibre 32.
Antes
del juicio, la familia de Luis, organizada en CORREPI, fue víctima
de continuos aprietes y amenazas por parte de los esbirros del intendente
menemista-kirchnerista–duhaldista Jesús Cariglino, que
había contratado a la empresa Clave para hacer tareas de custodia
en el Municipio de Malvinas Argentinas. Los aprietes incluyeron una
tremenda balacera sobre la humilde vivienda de la familia Bolaño
en Grand Bourg, el pasado 3 de septiembre.
Durante
el juicio, al que está de más aclarar que el asesino vino
libre, se comprobó que no hubo legítima defensa, que fue
lisa y llanamente un fusilamiento. El balazo mortal que recibió
Luis de arriba hacia abajo le atravesó el pulmón, el corazón
y la aorta. El vigilador disparó a matar, no había otras
armas ni vainas en el lugar, ni nada que indicara que el menor peligro
para el asesino.
No obstante
eso, la fiscalía pidió solo 8 años y medio de prisión,
aunque con detención inmediata, ya que si bien consideró
que fue un fusilamiento, tomó como atenuantes la falta de antecedentes
del imputado y que “pudo haber tenido miedo, por eso disparó”.
Como querellantes,
desde CORREPI sostenemos que si bien el asesino de Luis no es un policía,
recibió cursos de entrenamiento, con el permiso de portación
y su capacitación como vigilador homologados por el estado. Descartamos
todo atenuante frente a la muerte de un discapacitado físico
con la mentalidad de un niño de 5 años. Reclamamos que
se lo condene a 25 años de prisión e inhabilitación
para usar armas, por tratarse de un homicidio simple agravado por el
uso de arma de fuego.
El asesino,
desprovisto ahora de su arma, lloriqueó al escuchar los alegatos
acusatorios. El presidente del tribunal, tan comprensivo, le dijo después
de anunciar la fecha del anticipo de veredicto: “Venga sin miedo,
venga tranquilo, que aunque lo declaremos culpable no vamos a ordenar
ninguna detención todavía”.
Efectivamente,
en la audiencia siguiente, el tribunal anticipó su veredicto
unánime de culpabilidad, y el vigilador, aunque condenado, se
fue caminando a su casa, escoltado por la veintena de patovicas de su
agencia de seguridad que le vinieron a hacer el aguante, y a provocar
al grupo de militantes de CORREPI, mayoritariamente mujeres, entre las
que estaban la mamá y las hermanas de Luis.
El viernes
18, a las 9 de la mañana, estaremos nuevamente en los tribunales
de San Martín, para gritar que a Luis Bolaño lo asesinó
dos veces el estado argentino: primero, al limitar su vida por ser pobre
y pasar hambre; luego, de un tiro “tercerizado” por un vigilador
contratado por un municipio. Y que los verdugos, que nos matan un pibe
por día con el gatillo y las torturas, pueden seguir matando,
total siempre habrá un juez que les dirá “venga
tranquilo”, que les garantizará la impunidad, aunque los
condenen de palabra, para que sigan haciendo lo que la clase dominante
les paga por hacer. Si usted, estimado lector, siente indignación
por lo que le acabamos de contar, está invitado a acompañarnos.
Policías,
la banda criminal más organizada
En los
últimos días de octubre, el capitán Roberto Bouzada
y el subteniente Samuel Lanza, integrantes del Gabinete de Prevención
del Delito de la comisaría 4ª de Mar del Plata, fueron detenidos
por armar causas penales contra empresarios y comerciantes de la zona.
Los policías solicitaban allanamientos basándose en la
denuncia de testigos truchos. En los allanamientos nunca se encontraban
pruebas relacionadas a lo que el testigo había declarado, sino
que "servían como expediciones para encontrar algún
elemento que sirva de cargo para formular imputaciones penales y la
producción de estadística policial de presunta eficacia
en el control de la criminalidad" según palabras de un funcionario
judicial.
El armado
de causas es un recurso habitual para todas las comisarías del
país. Permite a la policía producir "resultados eficientes"
en las estadísticas que muestren su inexistente "eficacia
en el combate contra en delito". Esas estadísticas son usadas
por sus jefes, gobernadores y ministros de Seguridad, para hacer una
tendenciosa lectura que les permita presentar ante la sociedad una realidad
de "policías buenos contra pobres malos", en oposición
con una realidad tangible para el pueblo trabajador: la de delincuentes
de uniforme enriquecidos por su eficacia en la organización del
delito.
En la
Unidad N° 45 de Melchor Romero, La Plata, cuatro presos denunciaron
judicialmente lo que, de hecho, todos los jueces y fiscales ya saben:
que los hacen salir a robar. La denuncia relata que los agentes del
Servicio Penitenciario Bonaerense sacaban a los presos de su pabellón,
les entregaban uniformes policiales, autos particulares, y los mandaban
a robar a Capital Federal bajo amenaza de atacar a sus familiares. Así,
robaban casas de familia y autos de alta gama que después llevaban
a desarmaderos en el conurbano bonaerense para ser "cortados".
Luego de la denuncia, los presos fueron torturados y el testimonio fue
puesto en duda por la fiscal por supuestas contradicciones en ¡la
marca de los autos!.
Y, aunque
no se tienen mayores datos, se puede inferir que este mismo proceder
se dio en la ciudad santafesina de General Lagos, donde un grupo comando
atacó un camión de caudales el 4 de noviembre. Los custodios
respondieron a los tiros y mataron a uno de los asaltantes que vestía
uniforme policial.
Por otra
parte, un nuevo movimiento en la causa por el asesinato en octubre de
2007 de los tres policías bonaerenses en la planta transmisora
de La Plata, pone de nuevo a la criminalidad policial en los titulares
de los grandes medios de comunicación. Ya está preso un
ex compañero de los policías asesinados, quien confesó
que el golpe fue para robar uniformes, chalecos, armas y equipos de
comunicación para hacer secuestros. La línea investigativa
judicial apunta a que "si está involucrado un compañero
de las víctimas, puede haber otros involucrados". Por eso,
mandaron a extraer muestras de sangre a 17 policías para cotejar
el ADN con los rastros que encontraron en la escena del crimen.
Semana
tras semana, CORREPI muestra que la criminalidad policial no es el resultado
del accionar de algunos policías malos, sino que hace a la naturaleza
de la propia institución policial, y que inseguridad es la policía
en la calle. Como decía Rodolfo Walsh, hace más de 50
años, la secta del gatillo alegre es, también, la logia
de las manos en la lata.
Más
consenso para la represión
El 3 de
noviembre, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y su par de
Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal,
firmaron el acta de adhesión al “Protocolo de Actuación
para las Fuerzas de Seguridad en el Rescate de Víctimas de Trata
de Personas”.
Este protocolo
había sido impulsado por el ministerio de Seguridad de la Nación
en la última reunión del Consejo de Seguridad Interior,
organismo integrado por todos los ministros del país de los que
dependen las fuerzas de seguridad provinciales.
El acta
hace hincapié en la formación profesional de los policías
que habrán de intervenir en estos delitos. Junto con la intervención
policial, una serie de organismos ad-hoc intentarán tomar a las
víctimas desde el comienzo mismo de la investigación,
para intentar cooptarlas, como hacen actualmente con las víctimas
de gatillo fácil y torturas.
Pocos
días después, el 7 de noviembre, la ministra Garré
inauguró el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos
de la Seguridad (INEES). Según el ministerio, el instituto tendrá
por misión producir y difundir trabajos académicos que
apoyen la “política de seguridad democrática"
del gobierno, esa que desde 2003 ha asesinado a más de 1.700
personas con el gatillo y la tortura en comisarías y cárceles,
y a 16 personas en movilizaciones populares.
En esa
inauguración, se presentó el Cuaderno de Seguridad nº
14, la publicación del INEES. Sobre esta publicación disertaron
Zaffaroni, Kessler y Escudé. El primero llamó a “reforzar
las instituciones policiales para que trabajen en pos de una seguridad
democrática”.
Por otra
parte, esta semana Scioli acordó con el gobierno nacional mantener
a Casal en el ministerio de Justicia y Seguridad, y remover, una vez
más, a la cúpula de la bonaerense. El primer caído
fue el comisario general Mario Alberto Valente, quien estaba a cargo
de la Superintendencia de Seguridad Siniestral.
Medidas
gatopardistas que nada cambiarán el panorama de la seguridad
de los ricos y la inseguridad de los pobres. La trata de personas seguirá
existiendo como hasta ahora, porque es precisamente la fuerza policial
la que gerencia este delito, protegiendo prostíbulos y proxenetas,
cuando no interviniendo directamente en el secuestro de personas para
esos fines.
El anuncio
de la creación del INEES, cuya función, según el
decreto de 723/2011, es la utilización de la ciencia para perfeccionar
la herramienta represiva, es coherente con el origen de las ciencias
sociales burguesas (sociología, antropología, etnología,
criminología, etc), utilizadas para profundizar el control social,
comprendiendo mejor a quienes hay que oprimir. No está de más
recordar que muchos “cientistas sociales” fueron, además,
miembros de los servicios de las potencias colonialistas. La apelación
al academicismo no debe ocultarnos que, en los hechos, se trata de utilizar
la ciencia para perfeccionar la represión.
Por último,
el anuncio de cambios en la cúpula de la policía bonarense,
apunta a legitimar a esa fuerza, cambiando algo para que nada cambie.
Como reza la tradicional frase, no se trata más que dejar caer
al dictador para mantener la dictadura.
Tres medidas
en apariencia progresistas, cuya verdadera finalidad es la de aplicar
el máximo de represión con el mayor consenso posible.
La
industria del control social
En el
capitalismo, todo puede ser reducido a la categoría de mercancía.
Las modernas tecnologías de vigilancia, para el control social,
no son una excepción.
Junto
con el complejo militar industrial, la industria de la vigilancia debe
ser de las pocas que no está en crisis actualmente.
Entre
las novedades de la tecnovigilancia, se cuenta la noticia reciente de
que unos científicos de la Universidad de Carolina del Norte,
inventaron un programa capaz de espiar los mensajes de texto de celular
a medida que se escriben, y con un alcance de hasta 60 metros. El programa
logra recuperar el mensaje descifrando el movimiento de los dedos a
medida que se escribe. Además, es capaz de leer las contraseñas
que los usuarios introducen. Asimismo, el software es capaz de captar
las imágenes que se reflejan sobre un vidrio o las lentes de
un anteojo, por lo que no es necesario estar detrás de quien
está usando el celular. Este proyecto es financiado por la Fundación
Nacional de Ciencias de los EEUU, que es una de las agencias federales
para el desarrollo científico. Sabemos el uso que le darán
las fuerzas represivas de todo el mundo apenas perfeccionen este nuevo
sistema.
Pero no
sólo en EEUU utilizan nuevas tecnologías para el control
social. En Argentina, el “gobierno de los derechos humanos”
ha decidido implantar el Sistema Federal de Identificación Biométrica
para la Seguridad (SIBIOS), que servirá para identificar mejor
a las personas, mediante un software que procesa registros patronímicos
y biológicos, esto es huellas dactilares y fotografías.
El decreto
1766/2011 que establece el SIBIOS, entre sus considerandos, informa
que la policía federal “ha sido recientemente dotada de
un SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION DE HUELLAS DIGITALES (A.F.I.S.),
cuya base de datos cuenta con OCHO MILLONES (8.000.000) de registros
biométricos recolectados en tiempos en que esta Fuerza expedía
la extinta cédula de identidad y los pasaportes y que, en la
actualidad, se nutre constantemente con el aporte de los datos biométricos
suministrados por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS”.
La misma
norma nos dice que el SIBIOS, “cuya implementación se propicia
a través de esta medida, posee como finalidad principal instrumentar
un servicio informático para permitir la comprobación
idónea y oportuna de identificación de personas y rastros
para fines de seguridad pública y de investigación judicial,
contribuyendo al desarrollo de políticas eficientes de prevención
y conjuración de ilícitos en el ámbito de la seguridad
ciudadana y al mejoramiento de las diligencias investigativas requeridas
por autoridades judiciales.”
Teniendo
en cuenta esta nueva tecnología, y casos en los que el “gobierno
de los derechos humanos” utiliza fotos bajadas de Internet para
perseguir judicialmente a quienes salen a la calle a luchar, está
más que claro que nos quieren obligar a marchar con la cara tapada.
Las clases
dominantes siempre recurrieron a todos los avances tecnológicos
existentes en diferentes momentos históricos, para oprimir y
explotar mejor a las clases dominadas. Sin embargo, estas tecnologías
se han visto sobrepasadas e inutilizadas, en reiteradas oportunidades
a lo largo de la historia, ante la lucha organizada, independiente y
consecuente, de los oprimidos y explotados. Es por eso que, por más
que aparezcan nuevas tecnologías de control social, no cambia
la consigna histórica de CORREPI: contra la represión,
organización y lucha.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
21.306
