Producción
Periodística de Villa Crespo Digital
24
de noviembre del 2011
Este
23 de noviembre se conmemoró por primera vez el Día
Mundial Contra la Impunidad, coordinado por un grupo de instituciones
que defienden la libertad de prensa y de expresión en todo
el planeta. La fecha se instauró en recordación de
la masacre de Maguindanao de 2009, una localidad de Filipinas, donde
un grupo de forajidos acribilló a tiros y machetazos a 21
periodistas y una treintena de personas que protestaban por irregularidades
en un proceso electoral.
En
América Latina tenemos nuestras propias masacres. Este año,
han sido asesinados 22 periodistas. La violencia se extiende a la
misma velocidad que se expande el narcotráfico por la región
y los gobiernos no aciertan.
Hasta
hace poco, la violencia estaba focalizada en la frontera entre México
y Estados Unidos. Pero este año a los cinco reporteros asesinados
en México, se sumaron cinco casos en Honduras, cinco en Brasil,
tres en Perú y otros cuatro en Colombia, Guatemala, El Salvador
y República Dominicana.
Como
en el resto del mundo, donde cayeron más de 500 comunicadores
en el último lustro, son muy pocos los homicidios que se
resuelven. El crimen del periodista colombiano Orlando Sierra, ocurrido
en 2002, es revelador. Nueve personas, entre testigos, policías
y fiscales, fueron asesinados por el solo hecho de meter sus narices
en el caso. Sucedió lo mismo con el periodista mexicano José
Rodríguez Carreón, muerto en 2008. Unos cinco investigadores
fueron exterminados y varios fiscales renunciaron o fueron trasladados
luego de recibir amenazas.
Casi
todas las disciplinas dedicadas al servicio público están
diezmadas, así sean transportistas públicos como en
El Salvador y Guatemala, policías y jueces en México,
o abogados en Honduras, donde ya mataron a 73 este año. En
un foro sobre seguridad celebrado entre la UNESCO y Naciones Unidas
en septiembre pasado, varias organizaciones, entre ellas la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), despotricaron por la inacción
de los gobiernos para administrar justicia y pidieron a las autoridades
más acción, que se declame menos y que se haga más.
México pareciera haber recogido el guante. Esta semana, después
de que la SIP lo viniera solicitando desde 1997, la Cámara
de Diputados aprobó una reforma constitucional, accediendo
a que los delitos contra la libertad de expresión sean considerados
delitos del orden federal.
La
Corte Suprema de Justicia de Perú adoptó una medida
similar hace dos años. En Colombia, el Congreso reformó
el Código Penal agravando las penas para ese tipo de delitos
y extendió el plazo de prescripción de 20 a 30 años.
Pero
estas medidas no parece que podrán detener los altos índices
de impunidad.
Si
las nuevas reformas promovidas por organismos políticos no
funcionan o son insuficientes, este podría ser el momento
adecuado para que las entidades de ayuda financiera internacional,
como el Banco Mundial, condicionen la asistencia económica,
hasta que los países beneficiarios demuestren estándares
judiciales razonables y resultados concretos para reducir la impunidad.
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