AMÉRICA LATINA - MEDIOS DE COMUNICACIÓN - PERIODISTAS ASESINADOS
 
 

 

DÍA MUNDIAL CONTRA LA IMPUNIDAD

Producción Haydeé Dessal especial para Villa Crespo Digital

24 de noviembre del 2011

Este 23 de noviembre se conmemoró por primera vez el Día Mundial Contra la Impunidad, coordinado por un grupo de instituciones que defienden la libertad de prensa y de expresión en todo el planeta. La fecha se instauró en recordación de la masacre de Maguindanao de 2009, una localidad de Filipinas, donde un grupo de forajidos acribilló a tiros y machetazos a 21 periodistas y una treintena de personas que protestaban por irregularidades en un proceso electoral.

En América Latina tenemos nuestras propias masacres. Este año, han sido asesinados 22 periodistas. La violencia se extiende a la misma velocidad que se expande el narcotráfico por la región y los gobiernos no aciertan.

Hasta hace poco, la violencia estaba focalizada en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero este año a los cinco reporteros asesinados en México, se sumaron cinco casos en Honduras, cinco en Brasil, tres en Perú y otros cuatro en Colombia, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.

Como en el resto del mundo, donde cayeron más de 500 comunicadores en el último lustro, son muy pocos los homicidios que se resuelven. El crimen del periodista colombiano Orlando Sierra, ocurrido en 2002, es revelador. Nueve personas, entre testigos, policías y fiscales, fueron asesinados por el solo hecho de meter sus narices en el caso. Sucedió lo mismo con el periodista mexicano José Rodríguez Carreón, muerto en 2008. Unos cinco investigadores fueron exterminados y varios fiscales renunciaron o fueron trasladados luego de recibir amenazas.

Casi todas las disciplinas dedicadas al servicio público están diezmadas, así sean transportistas públicos como en El Salvador y Guatemala, policías y jueces en México, o abogados en Honduras, donde ya mataron a 73 este año. En un foro sobre seguridad celebrado entre la UNESCO y Naciones Unidas en septiembre pasado, varias organizaciones, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), despotricaron por la inacción de los gobiernos para administrar justicia y pidieron a las autoridades más acción, que se declame menos y que se haga más. México pareciera haber recogido el guante. Esta semana, después de que la SIP lo viniera solicitando desde 1997, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional, accediendo a que los delitos contra la libertad de expresión sean considerados delitos del orden federal.

La Corte Suprema de Justicia de Perú adoptó una medida similar hace dos años. En Colombia, el Congreso reformó el Código Penal agravando las penas para ese tipo de delitos y extendió el plazo de prescripción de 20 a 30 años.

Pero estas medidas no parece que podrán detener los altos índices de impunidad.

Si las nuevas reformas promovidas por organismos políticos no funcionan o son insuficientes, este podría ser el momento adecuado para que las entidades de ayuda financiera internacional, como el Banco Mundial, condicionen la asistencia económica, hasta que los países beneficiarios demuestren estándares judiciales razonables y resultados concretos para reducir la impunidad.

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26 Noviembre, 2018 22:38

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