Por
Elena Luz González Bazán especial para Villa Crespo
Digital
21
de octubre del 2011
La
empresa NOSTARCO que comercializa la marca de camperas LACAR quebró,
así lo determinó el 4 de octubre pasado, el juez en
lo Comercial, Federico Gerri. Ese día los trabajadores despedidos
se auto convocaron en la Alameda y conformaron la Cooperativa de
Trabajo LACAR, la cual se inscribió inmediatamente en el
INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social).
Por
la actitud del juez de no cumplir con la ley y subastar la fuente
de trabajo de 250 obreros, se decidió la recusación
del juez y la revocatoria de sus medidas; en tal sentido se decidió
una marcha al Juzgado Comercial Nº 17, ubicado en Marcelo T.
de Alvear 1840 en esta Ciudad de Buenos Aires, el pasado 11 de octubre
en horas de la mañana donde ocuparon las oficinas para presionar
al juez Federico Gerri. Tras la movilización de la infantería
y la promesa de ser recibidos por la Jueza María Lilia Gómez
Alonso de Pérez Cordero, aceptaron desalojar el edificio
y esperar en la vereda.
Además se supo que hay un pedido de destitución del
Juez que fue realizado ante el Consejo de la Magistratura y ¨reservándonos
el derecho de la apelación en subsidio ante todas las instancias
que sean necesarias para hacer valer el cumplimiento de la ley¨.
LEY
DE QUIEBRAS
En
la nueva Ley de Quiebras, afirman desde la Alameda, la cual fue
conquistada luego de una larga y dura lucha del Movimiento de Fábricas
Recuperadas, el juez debió dar prioridad a los trabajadores
para que adquieran la compañía en quiebra con sus
créditos laborales, los que serán calculados conforme
a la indemnización completa que se establece en la Ley de
Contrato de Trabajo.
En
tal sentido, el juez Gerri debió enviar a realizar una liquidación
de los créditos que tuvieren los empleados integrantes de
ella en contra de la fallida, con privilegio especial y general.
Lo que comenzó el pasado 19 de septiembre pasado con un vaciamiento
fraudulento que dejó a 250 trabajadores en la calle. Esta
situación llevó a los trabajadores a resistir la determinación
de los vaciamientos, sólo se trataba que el Juez y el Síndico
se a lo que dicta la ley, rematan los dirigentes de la Alameda.
Por
otro lado, y contrariamente a lo que establece la ley, el juez actuante
sorteó al martillero, le dio la espalda a los trabajadores
y ordenó la subasta de todos los bienes de la empresa sin
base. Por esta razón, esa maniobra favorece a los amigos
del dueño de la empresa José Tarica que con esta maniobra:
¨volverían a apropiarse de los bienes por chirolas, sacándose
a 250 trabajadores de encima¨, vuelven a afirmar los dirigentes
de la Alameda.
De
tal forma, los trabajadores de LACAR fueron testigos de las inútiles
audiencias en el Ministerio de Trabajo, donde la patronal no concurrió
y ¨la funcionaria del ministerio se negaba a inspeccionarla
e irlos a buscar; de cómo sus dirigentes sindicales en lugar
de defenderlos, les sugerían que fueran a implorarle a la
patronal que les pagaran al menos el 50 % de sus indemnizaciones;
de un síndico que se escondía y no quería recibirlos
y ahora de un Juez que no cumple la ley y quiere subastar todo por
dos pesos entre los amigos del patrón de LACAR¨.
FUENTES:
La Alameda, La Nación y fuentes propias.
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