Producción de Villa Crespo Digital
27
de septiembre del 2011
Desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina
queremos aprovechar este 23 de septiembre para ratificar nuestro
compromiso en la lucha contra la trata de personas, la explotación
sexual infantil de niños y niñas, así como
cualquier forma de esclavitud.
Repudiamos
la situación en que se encuentran miles de personas esclavizadas
en este país y estamos seriamente comprometidas en la lucha
contra estos flagelos. Por ello también sabemos que la ignorancia
y el prejuicio sobre nuestra actividad a veces lleva a confusiones
lamentables, como relacionar directamente el trabajo sexual con
la trata de personas o creer que quien lo ejerce lo hace necesariamente
contra su voluntad o bajo esclavitud: las 4000 mujeres que integramos
AMMAR-CTA, no somos tratadas, ni obligadas, ni secuestradas y no
nos sentimos más ni menos víctimas que cualquier otro
trabajador o trabajadora de la clase obrera a quienes no se les
respetan ni garantizan sus derechos laborales.
Casi
100 años después de la sanción en Argentina
de la llamada "Ley Palacios" en 1913- la primera en América
en la protección de las víctimas de la explotación
sexual- estamos debatiendo la reforma de la Ley 26.364 sancionada
en 2008. Es un momento importante en nuestro país y debemos
ser concientes. Acabar con estos flagelos es una obligación
del Estado argentino, pero no debemos ser ingenuas/os; toda esta
red delictiva no podría existir sin complicidad de la policía,
el poder judicial y el poder político. Los mismos que nos
reprimen a nosotras, las mujeres trabajadoras sexuales, en vez de
garantizar nuestros derechos.
Aun
cuando sabemos mucho sobre el tema de la trata, somos las voces
menos oídas en los debates, que últimamente -y no
de manera inocente- tienden a centrarse en temas como la criminalización
del cliente, que equivaldría a criminalizar al Trabajo Sexual.
Esta medida sólo volvería más onerosa la actividad,
y por ende favorecería a los grandes proxenetas. La persecución
del cliente, es solo una medida destinada a eliminar el trabajo
sexual, y sobran las pruebas de que esto no sólo no ocurre
(ni a ocurrido en ningún país dónde se ha aplicado
este tipo de medidas) sino que sólo lleva a marginalizar
a las trabajadoras, obligando a recurrir a redes mafiosas de "protección"
y dificultándose cada vez más el acceso a los sistemas
de asistencia, promoción y prevención en materia de
salud, ante el miedo de la estigmatización.
Mediante
el reconocimiento y debida regulación del trabajo sexual,
se podrá iniciar una lucha conjunta que permita dar batalla
a las grandes mafias instaladas en nuestro país. Es necesario
que se endurezcan las penas previstas para la trata de personas,
tomándose como agravante el ser funcionario público,
que se implemente un servicio de asistencia que no obligue a la
denuncia a la víctima y cuente con presupuesto suficiente
para una real reinserción social y laboral de los rescatados.
FUENTE: AMMAR . NACIONAL
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