EL
RIACHUELO
En un informe de una ONG se afirma que se siguen vertiendo nuevos
tóxicos al Riachuelo, los cuales no son controlados.
Por
Elena Luz González Bazán especial para Villa Crespo
Digital
9
de abril del 2012
La
ONG Greenpeace revela que en el Riachuelo se siguen vertiendo nuevos
tóxicos y que estos no son controlados.
Estos tóxicos no controlados, en nuestra legislación,
son rechazados por los países de la Unión Europea.
Es
histórico que las curtiembres utilicen arroyos y ríos
para los desechos de sus industrias. En Buenos Aires, ya antes de
ser Capital Federal, se utilizaron las tierras cercanas a los arroyos
abiertos, caso Maldonado, para instalar curtiembres, fábricas
de calzado y otras industrias.
Los bajos controles por parte del Estado en nuestro país,
hacen que las empresas no implementen los controles adecuados.
En
el informe se sostiene que: Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo)
fiscaliza a las empresas, muestrea efluentes y requiere procesos
de reconversión”, pero “hay sustancias tóxicas
que la normativa actual no contempla” y además “no
se limita la masa total de contaminantes que una empresa puede emitir”.
Además, Greenpeace requiere que “las grandes curtiembres
no se limiten a cumplir las normas vigentes: deben difundir públicamente
qué sustancias emiten y fijarse plazos para eliminar las
peligrosas”. En respuesta, el director ejecutivo de Acumar
admitió la necesidad de limitar la masa de efluentes para
cada empresa y afirmó que “ahora, cuando ya sabemos
quiénes contaminan y los hemos inspeccionado, hay que avanzar
en el control de sustancias que internacionalmente ya no se consideran
aceptables”.
En
dicho informe “Nuevas evidencias de contaminación de
curtiembres en la cuenca Matanza-Riachuelo”, de Greenpeace,
recuerda que las curtiembres fueron identificadas por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS),
en 2006, como responsables del 50 por ciento de la degradación
ambiental del Riachuelo, y señala que “el sector está
dominado por un grupo de grandes empresas, que concentran la mayor
parte de la producción y el 80 por ciento de las exportaciones.
El resto está constituido por múltiples curtiembres
medianas y chicas que proveen al mercado interno”.
Por
su lado, afirman que las grandes curtiembres “se adaptaron
a las exigencias de calidad de sus productos para competir en mercados
internacionales, pero no adoptaron estrategias eficaces para terminar
con el vertido de sustancias peligrosas” y que “aprovechan
la legislación local, más laxa que la vigente en muchos
países, para no implementar controles estrictos”. Entre
estas empresas menciona a Arlei, Sadesa, Fonseca, La Hispano Argentina,
Ángel Giordano, Urciuoli y Américo Gaita”.
La
ONG Greenpeace señala que “hasta fines de 2011, más
de 80 curtiembres –de un total superior a las 170– fueron
declaradas como agentes contaminantes por la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo
(Acumar). A partir de ello, están obligadas a implementar
planes de reconversión industrial”. Sin embargo, “la
normativa vigente sobre vertidos industriales no sólo permite
sustancias contaminantes por concentración de vertidos sino
que no contempla una gran variedad de sustancias tóxicas.
Este marco regulatorio débil, sumado a la falta de políticas
de gestión de sustancias peligrosas por las industrias, no
permitirá una verdadera recomposición ambiental de
la Cuenca”.
La
Coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace, Lorena
Pujó aseveró que: “si consideramos laxa la normativa
argentina es por dos motivos.
Primero, porque el control en los efluentes de las industrias se
limita a las sustancias tóxicas incluidas en la Resolución
1/2007 de Acumar. Esa norma fue un buen comienzo, pero otras legislaciones
se revisan y actualizan a medida que se investigan mejor las sustancias
a controlar. Así, la normativa brasileña incluye el
control del cloroformo, los dicloroetilenos y el tricloroetileno;
la chilena, el pentaclorofenol, el tolueno, el xileno y otras sustancias.
Una
segunda limitación de nuestra normativa es no tomar en cuenta
la ‘carga másica’: supongamos que se vierte ‘x’
cantidad de una sustancia por litro de efluentes, pero no se establece
cuál es la cantidad total máxima que cada empresa
en particular puede descargar en un año o en un mes”.
“Reconocemos
que, especialmente en el último año, hubo muchos avances
por parte de la Acumar –puntualizó la representante
de Greenpeace–. Antes ni siquiera se sabía cuántas
industrias había en la Cuenca. Ahora se está empadronando
a todas las empresas; Acumar las fiscaliza y muestrea los efluentes;
a aquellas donde detecta emisión de sustancias tóxicas
las declara agentes contaminantes y les ordena iniciar un proceso
de reconversión industrial. Sin embargo, mientras no se incorporen
otras sustancias tóxicas a la normativa y mientras no se
incluya la ‘carga másica’, no se va a recomponer
el Riachuelo.” Según el informe de la entidad ambientalista,
“nueve empresas, entre ellas dos curtiembres, que en noviembre
de 2011 fueron declaradas ‘reconvertidas’ por Acumar
de acuerdo con la normativa vigente, siguen vertiendo sustancias
tóxicas”. Por eso, Pujó sostiene que “aun
si se reconvirtieran todas las empresas de acuerdo con la normativa
actual de Acumar, el Riachuelo seguiría sin sanearse”.
Por
su lado, la ONG Greenpeace tomó muestras de efluentes de
algunas curtiembres y estas fueron enviadas al laboratorio central
de la entidad que está en Exeter, Gran Bretaña. Las
tomas se realizaron entre fines del 2010 y abril del 2011, sobre
las descargas de La Hispano, ubicada en el barrio porteño
de Mataderos: “Los análisis demuestran la presencia
de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas, como
ftalatos, reconocidos como ‘sustancia de muy alta preocupación’
por la regulación Reach (Registration, Evaluation and Authorization
of Chemicals), de la Unión Europea”.
Además,
Greenpeace sostiene que “La Hispano, como empresa líder
del sector exportador de las curtiembres, tiene una posición
clave para realizar cambios en su proceso productivo y eliminar
las sustancias peligrosas de sus vertidos”.
Otra serie de muestreos se efectuó, entre abril y mayo del
2011, sobre efluentes de curtiembres en el municipio de Lanús,
conocido históricamente como “la capital del cuero”
por la cantidad de estas industrias allí radicadas. Se eligieron
“cuatro curtiembres representativas: Américo Gaita,
Ángel Giordano, María Lettieri y La Teresa”,
ya declaradas como agentes contaminantes por Acumar. Los análisis
de Greenpeace “demuestran la presencia de un alto porcentaje
de compuestos orgánicos contaminantes”, entre ellos
“el nonilfenol, reconocido como contaminante prioritario en
sistemas hídricos desde hace más de una década
e incluido en la primera lista de químicos de la Convención
Ospar (Convenio para la Protección del Medio Marino del Atlántico
del Nordeste), para que cesen sus vertidos en 2020”. Ese plazo
“obedece a que es necesario trabajar con 10 a 15 de años
de anticipación para lograr un adecuado reemplazo de la sustancia
tóxica”, aclaró Pujó, y señaló
que “estas sustancias tampoco están incluidas entre
las mediciones de Acumar”.
En
el documento de Greenpeace se afirma que “las empresas no
deben limitarse a cumplir con la norma vigente: las grandes curtiembres
deben tomar la iniciativa de identificar y eliminar las sustancias
peligrosas. Es necesario que difundan públicamente qué
sustancias emplean e identifiquen las que debieran ser eliminadas”.
Consultada,
Lorena Pujó por un diario capitalino, sobre la actitud empresarial
y la falta de implementación de los controles por parte de
éstas, la ambientalista sostuvo que el año pasado
las empresas de calzado, prestigiosas zapaterías, afirmó
utilizan cuero de estas empresas y que fueron reclamadas por dichos
cueros contaminantes.
Por
otro lado, las empresas, tanto medianas como grandes tienen capacidad
para implementar procesos no contaminantes en su producción
de cueros.
También
afirmó que si en 20 o 25 años se hacen bien las cosas,
será posible un saneamiento del Riachuelo. ¨La condición
es establecer un compromiso de vertido cero, con metas intermedias
y plazos atendibles¨.
FUENTE:
Interconsejos comunales.
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