BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 635
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
11 de
febrero del 2012
Del 22
de noviembre del 2011
Sumario:
1.
Archivo 2011: La represión sigue siendo política de estado.
...Sobre
3.393 personas asesinadas desde diciembre de1983 a la fecha, 1.836 murieron
en los 8 años de gobierno kirchnerista, casi 200 en los últimos
12 meses. Más del 50 por ciento son pibes menores de 25 años...
2.
Mariano Ferreyra: de cómo la justicia cuida a los sicarios del
estado.
...Como
siempre, la justicia se encarga de cuidar a los sicarios del estado,
o de darles el menor castigo posible...
3.
Cristian Ferreyra: Otra víctima de un crimen “nacional
y popular”.
...el
estado habilita el crimen y lo delega, tercerizando su participación
y protagonismo...
4.
Corcovado y Luis Bolaño: la justicia en evidencia.
...
Así como la policía es el brazo represivo del estado,
el perro guardián de los poderosos, y su función es la
de reprimir al pueblo, el aparato judicial es el que se encarga de defenderlos...
5.
Detenciones arbitrarias: la gran herramienta de la represión
preventiva.
...
las detenciones arbitrarias son una herramienta de represión
preventiva imprescindible para garantizar las demandas de seguridad
de los explotadores...
6.
Otro burócrata de la UOCRA integrante del batallón 601.
...
En dictadura o en “democracia”, el objetivo es el mismo...
Archivo
2011: La represión sigue siendo política de estado
El 25
de noviembre, a las 18.30, CORREPI estará en Plaza de Mayo haciendo
su presentación anual del Archivo de casos de personas asesinadas
por las fuerzas represivas del estado.
Hace 15
años, el gobierno menemista, en la voz de Carlos Corach, intentaba
deslegitimar nuestra denuncia sobre su política represiva y nos
pedían “números, datos”.
Así
comenzó la tarea de sistematizar la información. Pero
como, para nosotros, nuestros pibes muertos no son ni “números”
ni “datos”, la información del archivo acompaña
nuestra tarea militante diaria de organización, de denuncia y
de lucha.
Hoy, después
de la reelección de un gobierno que se adjudica el rol de “defensor
de los DDHH”, nuestro archivo sigue evidenciando números
que contradicen de pies a cabeza ese discurso.
Sobre
3.393 personas asesinadas desde diciembre de 1983 a la fecha, 1.836
murieron en los 8 años de gobierno kirchnerista, casi 200 en
los últimos 12 meses. Más del 50 por ciento son pibes
menores de 25 años.
Además,
el Archivo muestra que la práctica del gatillo fácil,
la tortura y las detenciones arbitrarias son patrimonio de todas las
provincias, todos los gobiernos y todas las policías y fuerzas
del país. Desde las policías de los gobiernos “más
reaccionarios” como el de Macri, que con su metropolitana, en
lo que va del año, tiene 5 casos de gatillo en su haber, hasta
la policía del “socialista” Hermes Binner, la policía
santafesina, que vuelve a ocupar el primer lugar en cantidad de casos
en proporción a la cantidad de habitantes de su provincia.
A estos
datos, hay que agregar el recrudecimiento por parte del gobierno de
políticas de persecución hacia los sectores organizados.
La represión selectiva del kirchnerismo sigue manteniendo en
sus cárceles a tres presos por razones políticas y criminaliza
a quienes salen a luchar por salario, trabajo y mejores condiciones
de vida.
La utilización
de patotas sindicales y grupos de choque para dirimir conflictos gremiales
o medidas de lucha han sido moneda corriente en este último periodo,
como lo prueba el asesinato de Mariano Ferreyra.
Mientras
el gobierno intenta despegarse de su responsabilidad de la represión,
nosotros seguiremos denunciando y llamando a la organización
frente a la represión. Porque lejos de ser una práctica
del pasado, no sólo los números de nuestro archivo, sino
la realidad, nos muestra que la represión sigue siendo política
de estado, gobierne quien gobierne.
Mariano
Ferreyra: de cómo la justicia cuida a los sicarios del estado
Esta semana,
la Cámara en lo Criminal confirmó el procesamiento de
siete policías federales por su apoyo, el 20 de octubre de 2010,
a la patota de Pedraza que asesinó a Mariano Ferreyra.
Los policías
imputados son el ex titular de la Superintedencia Metropolitana de la
Policía Federal Hugo Lompizano, los comisarios Luis Echeverría,
Jorge Ferreyra y Luis Mansilla, el subcomisario Rolando Garay, el principal
Gastón Conti y el suboficial Villalba. Esta causa es un desprendimiento
de la causa inicial por el asesinato de Mariano. Es que la estrategia
de la justicia y del gobierno es disimular su responsabilidad sobre
lo ocurrido y, por supuesto, cuidar a sus sicarios. Por esto mismo es
que estos siete policías, cuatro de ellos oficiales jefes, fueron
procesados por “abandono de persona seguido de muerte”,
es decir, por no haber prestado auxilio a las víctimas después
del hecho, y no como partícipes del asesinato, cuando está
por demás probado que no actuaron por “omisión”
sino que fueron una pieza fundamental del plan criminal, custodiando
a la patota, abriéndole el paso para que actuara, permitiéndole
un escape seguro y, finalmente, destruyendo pruebas de su accionar.
Ya la
jueza Wilma López desoyó el planteo que hicimos los querellantes
en la causa para que se los impute como partícipes necesarios
en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados
en grado de tentativa, delito penado con prisión perpetua. Ahora
es la Cámara en lo Criminal quien confirma el procesamiento realizado
por la jueza, responsabilizándolos por un delito menor, que no
refleja su verdadera participación en el asesinato de Mariano.
Como siempre, la justicia se encarga de cuidar a los sicarios del estado,
o de darles el menor castigo posible, limpiando la responsabilidad que
tienen, tanto la policía como el gobierno, en el asesinato de
un luchador.
Cristian
Ferreyra: Otra víctima de un crimen “nacional y popular”
“Asesinado
por el agronegocio, Cristian vive, la lucha sigue”. Así
tituló el oficialista diario Página/12 en relación
al crimen de Cristian Ferreyra, el militante del Movimiento Campesino
de Santiago del Estero (MOCASE) asesinado en Copo, Monte Quemado, cuando
el 16 de noviembre, junto a otro campesino también herido, se
resistía al desalojo.
Rápidamente,
el periodista Darío Aranda (autor de la nota), salió a
denunciar al diario del gobierno, porque le censuraron la explicación
del crimen que realiza el Movimiento Nacional Campesino Indígena
(MNCI). Concretamente, Aranda dijo que le “podaron” el siguiente
párrafo: “El MNCI donde militaba Ferreyra enumeró
cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador
Zamora, el Poder Judicial de la provincia y el Gobierno Nacional. Desde
la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires, el vocero
del MNCI Adolfo Farías fue explícito: hacemos público
que vamos por el gobernador, es el responsable de las represiones”.
¿Qué
evidencia este pasaje censurado de la crónica periodística,
a manos de un medio oficialista?
¿Cómo
se compadece este silenciamiento de la víctima en un medio del
gobierno autodenominado de los derechos humanos?
Como en
el caso del otro Ferreyra, Mariano, estos crímenes se inscriben
en el método de la represión tercerizada para defender,
desde el estado, los intereses de los empresarios.
Que el
“modelo nacional y popular” se asienta en los pooles sojeros,
nadie puede negarlo: desde los Grobocopatel, Monsanto y compañía,
hasta empresarios locales al estilo del asesino Jorge Ciccioli, responsable
directo del crimen de Santiago del Estero).
Al amparo
de las direcciones estatales de tierras, las policías provinciales
y el propio poder judicial, las prebendas y privilegios que estos asesinos-socios
del gobierno ostentan, han servido para consolidar el negocio de la
sojización, con el que forma caja “el gobierno nacional
y popular”.
Es que
negocios son negocios, como lo explicara la propia presidenta, cuando,
tiempo atrás, recibió a Pueblos Originarios reacios a
su cooptación, aunque haya que decretar zonas liberadas, desalojos
compulsivos ilegales e ilegítimos, cajoneo de múltiples
denuncias e impunidad para el matonaje.
En esta
lógica se inscribe el disparo mortal sobre Cristian Ferreyra.
Como en el asesinato de Mariano, donde los intereses de los empresarios
ferroviarios se contraponen con el de los trabajdores tercerizados,
en el caso de Santiago del Estero, son los intereses de la burguesía
sojera contra los del campesinado.
Y en ambos,
el estado habilita el crimen y lo delega, tercerizando su participación
y protagonismo. Para eso, necesitan socios como empresarios asesinos,
gobernadores o burócratas sindicales afines, jueces, fiscales
y policías convenientemente adiestrados tanto para la comisión
como para la omisión, patotas prestas a actuar, y siempre, siempre,
un diario que tergiverse un crimen de la burguesía.
Corcovado
y Luis Bolaño: la justicia en evidencia
Esta semana
presenciamos dos fallos judiciales que muestran sin disimulo el rol
del aparato judicial como garante de la impunidad de los represores
de cada día. Dos casos en los que las pruebas demuestran una
cosa, y el fallo dice lo contrario.
En marzo
de 2009, Corcovado, Chubut fue sitiado por la búsqueda de un
prófugo. El GEOP (Grupo Especial de Operaciones de Policía),
junto con otras reparticiones de la policía provincial, invadió
el pueblo. Allanaron violentamente más de 20 viviendas, asesinaron
a Wilson Bustos, dejaron parapléjico a su hermano Marcos, y hasta
hoy sigue desaparecido el adolescente Luciano González. Hasta
tomaron la radio zonal para que no se difundiera lo que sucedía.
Luego
de la denuncia de las víctimas, la fiscalía amagó
con la calificación de tortura, y de delitos de lesa humanidad,
pero todo terminó con una tibia imputación por “excesos
y abusos”. Se decidió acusar solamente al comisario Miguel
Gómez, jefe del GEOP, y a ninguno de sus subordinados ni a los
otros sectores de la fuerza policial que intervinieron. Tras casi tres
años de espera, en estos días se conoció la sentencia,
que causó asombro e indignación en Corcovado: lo absolvieron.
Los jueces
decidieron, basándose en impresiones personales, y no en una
base probatoria concreta, que probablemente los recuerdos de los habitantes
de Corcovado “se vean mezclados por apreciaciones escuchadas,
por un ataque que sintieron como aditamento de desgracias como la muerte
de un integrante de la familia y otro gravemente herido”. Por
otro lado, sobre lo actuado por los subordinados del comisario Gómez,
concluyeron que “seguramente” no habrían sido decididos
por él, y resultaron “excesos del personal policial”.
Personal desconocido, por cierto, ya que no existe listado del personal
policial que participó del operativo durante esos días.
Es decir,
de la terrible semana que vivieron los habitantes de Corcovado no existe
ningún responsable, ni material, ni político.
El otro
fallo fue en el juicio por el asesinato de Luis Bolaño, en Grand
Bourg, Buenos Aires, el mismo mes de marzo de 2009, por el vigilador
privado Juan Pablo Rodríguez. Como hemos informado, Luis, un
chico discapacitado mental y motriz, volvía a su casa cuando
Rodríguez le disparó a matar. La historia del vigilador
es que Luis era un delincuente armado y violento. Las pruebas, por su
parte, muestran que Luis no hubiera podido siquiera sostener un arma,
ya que tenía la “mano en garra” y el brazo atrofiado,
aparte de que la supuesta arma nunca fue encontrada en la escena.
Esta semana,
el tribunal oral nº 2 de San Martín condenó al vigilador
de la empresa Clave seguridad SRL, contratada por la Municipalidad de
Malvinas Argentinas, a la pena de dos años y diez meses de prisión,
por supuesto que sin ir preso.
¿Por
qué? Porque, según los jueces, como Luis, desorientado,
caminó erráticamente para un lado y parta otro, en un
lugar donde eran frecuentes los robos a mano armada, el vigilador pudo
equivocarse, y creer que debía defenderse. Así, aplicaron
la tesis de un “error en el ejercicio de la legítima defensa”,
no sin aclarar que, después de todo, “…fue la propia
acción de Bolaño la principal provocadora del error”.
Así
como la policía es el brazo represivo del estado, el perro guardián
de los poderosos, y su función es la de reprimir al pueblo, el
aparato judicial es el que se encarga de defenderlos a ellos. La justicia
no está en los tribunales, se consigue con organización
y lucha.
Detenciones
arbitrarias: la gran herramienta de la represión preventiva
El diario
La Voz del Interior de la provincia de Córdoba, informó,
la semana pasada, que una mujer policía denunció que su
jefe, el comisario de una seccional de la ciudad, porque obligaba a
todos los policías a hacer detenciones sin motivo alguno para
elevar el número de las estadísticas de la comisaría.
El comisario
llevaba una planilla con los nombres de sus subordinados, y las cantidades
de detenciones realizadas. Y también colgaba un cuadrito con
las fotos de los verdugos más eficientes, al estilo del “empleado
del mes”.
Esta es
la política que CORREPI viene denunciando desde que existimos.
Las detenciones arbitrarias, en Córdoba, Buenos Aires, Salta
o Santa Cruz, son política de estado. Para garantizar la “seguridad”
de los ricos, los asesinos de uniforme detienen arbitrariamente a todo
pibe de barrio por pura pinta. Así lo vemos a diario en las calles
del país, cuando la policía pone contra la pared y cachea
a los pibes que andan vestidos con ropa deportiva y gorrita.
En el
año 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), en la sentencia del Caso Walter Bulacio, ordenó al estado
argentino derogar todas las normas y prácticas que habilitan
detenciones arbitrarias. Sin embargo, en Córdoba, como en todo
el país, siguen existiendo, al amparo legal de los Códigos
de Faltas o Contravenciones y las facultades para detener personas en
averiguación de antecedentes. Ni hablar de las prácticas
que ni siquiera están normadas, como las razzias y las requisas
que hace la gendarmería en los colectivos que entran y salen
de la ciudad de Buenos Aires.
El estado
argentino jamás va a cumplir con el dictamen de la Corte IDH
porque se quedaría sin una de sus armas más elementales
para controlar a los sectores más empobrecidos de la sociedad.
En un
escaparate de sinceridad, el diario cordobés publicó:
“El Gobierno argumenta que la detención no es una pena,
sólo una medida preventiva, y que no se podría responder
a las demandas de seguridad y a las denuncias de la sociedad…”.
Es verdad, las detenciones arbitrarias son una herramienta de represión
preventiva imprescindible para garantizar las demandas de seguridad
de los explotadores.
Otro
burócrata de la UOCRA integrante del batallón 601
RECOMENDADA
En el
Boletín Informativo Nº 616, de julio de este año,
denunciamos la participación durante la última dictadura
militar del secretario general de la UOCRA, como personal civil del
batallón 601, donde realizaba tareas de inteligencia.
A principios
de este mes, el SITRAIC (sindicato de trabajadores de la construcción
y afines) denunció otro nombre más. Séquito de
Gerardo Martínez por más de 20 años e integrante
de la Triple A, Raúl Alberto Leiva (DNI 12.622.342) aparece a
foja 46 y con número de orden 2474, en la nómina oficial
que el Ejército Argentino entregara en 2010 a la ministra Nilda
Garré.
En dictadura,
entregaron compañeros a las manos del ejército. En “democracia”,
son los mismos burócratas los que ejercen la repreisón.
Los que muelen a palos a los trabajadores que se organizan de manera
independiente, los que mandan a matar en las movilizaciones, como sucedió
con Mariano Ferreyra, los que amenazan, los que amedrentan. Los que
lavan la cara al gobierno, que terceriza la represión en estas
patotas sindicales para sostener su discurso de “defensa de los
DDHH”.
En dictadura
o en “democracia”, el objetivo es el mismo: mantener callados
a los que se organizan y quieren cambiar este orden nefasto de las cosas.
FUENTE:
CORREPI
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