BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 636
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
11 de
febrero del 2012
Del 29
de noviembre del 2011
Sumario:
1.
La fuerza de la represión: presentamos el Archivo 2011. ... del
total de 3.397 muertes, el 55%, es decir, 1.839 casos, ocurrieron durante
este “gobierno de los DDHH”, desde el 25 de mayo de 2003....
2.
Represión a los trabajadores en Zona Norte. ...las patronales,
en triangulación con la burocracia sindical y el poder judicial,
utilizan todos los recursos y chicanas posibles para disciplinar al
conjunto de los trabajadores...
3.
Hebe Pastor de Bonafini defiende al imperialismo yanqui. ...Las fuerzas
armadas no defienden los intereses del pueblo. Defienden los intereses
de la burguesía autóctona y los que el imperialismo norteamericano
tiene en Latinoamérica...
4.
No aceptemos lo habitual como natural... ¡No a la gendarmería
en la calle! ...La gendarmería que se infiltra en marchas y asambleas
(...) es la misma que, en este momento, por orden de la jueza federal
de San Isidro Sandra Arroyo, está rodeando a más de 100
familias que ocupan un terreno ferroviario...
5.
Guillermo Salas, el empleado del mes
La
fuerza de la represión: presentamos el Archivo 2011.
El viernes
25 de noviembre, por la tarde, los militantes de CORREPI estuvimos en
Plaza de Mayo. Fuimos, como cada año desde 1996, para denunciar
el alcance y la extensión de la represión estatal. Para
mostrar que la represión, adopte la forma que adopte, es siempre
de clase, y tiene la finalidad de garantizar y profundizar la explotación.
Cientos
de compañeros respondieron a la convocatoria que tiene por objeto
mostrar, con los números en la mano, el alcance del embate represivo
en Argentina, mientras en Rosario, Córdoba, Rafaela, Mar del
Plata, Mendoza, El Bolsón, Comodoro Rivadavia y otros lugares
del país, los compañeros organizados en el Encuentro Nacional
Antirrepresivo (ENA) hacían actos similares.
En una
plaza iluminada con las banderas de las organizaciones, y frente a todos
esos compañeros que vinieron a expresar su adhesión, tratamos
de recorrer, desde el escenario, las distintas facetas que asumen, en
su ejecución cotidiana, las políticas represivas estatales.
Hablamos
de la represión que, en defensa de los intereses de los empresarios
y patrones, el gobierno descarga sobre los trabajadores, explotados,
golpeados, encarcelados y asesinados a lo largo y ancho de nuestro país.
Su eslogan de campaña es que son el gobierno de la fuerza, para
profundizar el modelo. Y en algo tienen razón: ellos tienen la
fuerza, la fuerza de la represión, y la usan para profundizar
el modelo de explotación.
Este es
el gobierno que, junto a las empresas y la burocracia sindical, forma
la triple alianza que condena, encarcela y asesina trabajadores organizados.
Este es el gobierno que, durante sus dos mandatos, asesinó 17
compañeros que salieron a pelear por vivienda digna, por educación,
por salud, por trabajo, por salario e incluso en contra de la represión,
como Luis Cuellar, Carlos Fuentealba, Juan Carlos Erazo, Facundo Vargas,
Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas, Mariano Ferreyra, Roberto
López, Mario López, Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura
Puña, Emilio Canaviri Álvarez, Félix Reyes Perez,
Ariel Farfán, Esteban Méndez, Juan José Velazquez
y Cristian Ferreira.
Este gobierno
es el que, escondido tras el discurso de que “no reprime la protesta
social” mantiene a más de 5 mil compañeros procesados
por salir a pelear por mejores condiciones de vida y tiene presos políticos,
como Olivera, Oñate, Tapia, Claros y Germano. Con la fuerza,
sus fuerzas, las fuerzas de la represión, van sumiendo al pueblo
en la miseria y convirtiendo a todo el que se organice y luche en un
criminal, delincuente o terrorista.
Hablamos
también de la represión que se descarga sobre los sectores
no organizados de la clase trabajadora. Mostramos los números
que prueban que sigue el avance sistemático del gatillo fácil,
de las torturas dentro de las cárceles, comisarías e institutos
de menores, de las detenciones arbitrarias.
Golpear
a la clase trabajadora antes de que tome la forma organizativa necesaria
es un objetivo permanente de los gobiernos. Reprimiendo a los más
jóvenes y los más pobres, de manera silenciosa, pero constante
y creciente, buscan imponer el terror, para apagar el fuego de la resistencia
y la lucha antes que se encienda. Esta represión preventiva,
que busca el control social, hoy es una prioridad política del
sistema. Por eso nos está matando, ahora mismo, un pibe pobre
por día.
Más
de 20 fusilados, asesinados en lugares de detención y comisarías
por mes en todo el país. El Archivo de CORREPI registra hoy los
nombres y las historias de 3.397 personas, asesinadas por la policía,
los gendarmes, los prefectos, los guardiacárceles y los vigiladores
privados desde diciembre de 1983. La pertenencia de las víctimas
a la clase trabajadora es la regla casi absoluta. Y la edad prueba que
el blanco favorito de la represión preventiva son los jóvenes,
porque son potencialmente rebeldes, y por eso los gobiernos necesitan
disciplinarlos primero y más profundamente. El 53% eran pibes
de menos de 25 años de edad.
Más
de la mitad fueron fusilados por el gatillo fácil. Tiros en la
nuca o la espalda, que después los medios publican como “peligroso
hampón abatido en enfrentamiento”. Ejecutados por la policía
federal y las policías provinciales, ese ejército de ocupación
en los barrios. Pero, cada vez más, aparecen los gendarmes y
prefectos, sumados al patrullaje urbano y el control territorial. Y
este año, hizo su debut la metropolitana, con 5 fusilamientos.
También
aumentaron las muertes en cárceles, comisarías e institutos
de menores, muchas por la tortura. Acá los asesinos son los servicios
penitenciarios, federal o provinciales, los celadores de los institutos
y, de nuevo, la policía.
De ese
total de 3.397 muertes, el 55%, es decir, 1.839 casos, ocurrieron durante
este “gobierno de los DDHH”, desde el 25 de mayo de 2003.
Otra conclusión
interesante que permite sacar el Archivo es que poco importa quién
gobierna, si lo que defiende son los intereses de los poderosos. No
es un dato menor que Santa Fe, la provincia del “socialista”
Binner, Tierra del Fuego, con el gobierno “progre” del ARI,
o el municipio de Morón, el del gran progresista Sabatella, registren
promedios de muertes por el gatillo fácil incluso superiores
a los de la provincia o la ciudad de Buenos Aires.
Pero no
sólo hubo datos y números ayer en la Plaza. Los principales
protagonistas fueron los pibes fusilados, torturados, desaparecidos
y asesinados, a través de sus madres, sus padres, sus hermanos
y sus amigos, organizados en CORREPI, que terminaron su intervención
al grito de “...la sangre de nuestros hijos no se vende…
¡SOMOS LOS FAMILIARES QUE ELEGIMOS ORGANIZARNOS Y LUCHAR!".
A todos
los que estuvieron, a los que entienden la importancia de la lucha antirrepresiva
y hacen posible que nuestro humilde aporte trascienda, muchas gracias,
compañeros. Y nos vemos en la lucha.
Represión
a los trabajadores en Zona Norte
La persecución
a los delegados de base ha tomado una dinámica de abierto hostigamiento
en el que las patronales, en triangulación con la burocracia
sindical y el poder judicial, utilizan todos los recursos y chicanas
posibles para disciplinar al conjunto de los trabajadores y sacarse
de encima a los representantes de base que luchan por condiciones dignas
de trabajo ante el avance de la tercerización, la precarización
y los despidos.
En el
Frigorífico Rioplatense, en la localidad bonaerense de Pacheco,
la comisión interna cuenta con seis delegados investigados en
dos causas, una ordinaria y otra federal, y uno de ellos procesado en
la segunda. Las "pruebas", como en todos los casos, son informes
de la policía, la gendarmería y la patronal. En las movilizaciones,
los uniformados "marcan" a los delegados, y luego los patrones
del frigorífico aportan los datos personales de cada uno. La
burocracia sindical también cumple con su parte: el 17 de noviembre,
improvisaron una asamblea con un sector del frigorífico interesado
en echar a la comisión interna. Sin siquiera dejar intervenir
en la discusión a los delegados, impusieron un plebiscito a realizarse
al día siguiente, en el que se decidiría la permanencia
o expulsión de la comisión interna.
La solidaridad
de los trabajadores dio vuelta la apuesta de los burócratas.
Durante el plebiscito, mientras delegados de base de la zona norte y
distintas organizaciones políticas hacíamos una vigilia
en la puerta de la fábrica, 40 compañeros dentro del frigorífico
custodiaban el normal desarrollo de la votación, ante la presencia
amenazante de la patota del sindicato de la carne dirigida por el burócrata
Segundo Miguel Molina. Finalmente, la comisión interna ganó
el plebiscito con el 60% de los votos.
Al mismo
tiempo que esto sucedía, en Paty (otra fábrica de la zona
norte que cuenta con un delegado procesado, Hugo Costilla), la policía
se llevaba a un trabajador detenido, acusado de robar cajas de hamburguesas.
La respuesta inmediata de sus compañeros fue el paro total de
la planta que duró dos días hasta que lograron que la
empresa despidiera al jefe de seguridad que acusó al compañero
y quien se sospecha de ser un policía retirado por sus aceitadas
relaciones con la comisaría de la zona.
La persecución
que están enfrentando los delegados en todo el país, ha
logrado una respuesta activa en el seno de las fábricas y en
las organizaciones populares. Así lo mostró la movilización
del 23 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos
del país como Rosario, Tucumán, Córdoba y Neuquén.
Bajo las consignas de libertad a los presos por luchar, el cierre de
las causas y el cese de la persecución y del accionar de las
patotas sindicales, las organizaciones de base han logrado nuclearse
para enfrentar la profundización del modelo de explotación
kirchnerista y la avanzada represiva contra la clase trabajadora.
Hebe
Pastor de Bonafini defiende al imperialismo yanqui
Hace unos
diez días, la titular de la Fundación “Sueños
Compartidos”, Hebe Pastor de Bonafini, fue entrevistada por Alejandro
Dolina. Reivindicó la “política de derechos humanos”
del gobierno kirchnerista y repitió, más o menos, lo mismo
que suele decir Cristina Fernández de Kirchner, como que se puede
protestar sin el riesgo de ir preso. Evidentemente, no conoce a Oñate,
a Olivera, Tapia, Claros o Germano, todos presos políticos del
kirchnerismo, y se ha olvidado de los casi 6.000 procesados por luchar.
Mucho menos está enterada de los 16 muertos en la protesta desde
2003 hasta la fecha.
Lo novedoso
es que sostuvo que ella creía mucho en que la clase militar estaba
renovada, que la relación con el ejército ya no tenía
que ser la misma que la de años atrás, razón por
la cual afirmó que “Hay otra clase militar con la que debemos
empezar a conversar. Creo mucho en eso”. Se entiende si recordamos
cómo la protegió la policía federal cuando los
trabajadores de la Fundación fueron a reclamarle a Plaza de Mayo,
por los salarios impagos y por los puestos de trabajo.
Sostuvo
que Nilda Garré, hoy al frente del ministerio de Seguridad, desde
donde militarizó los barrios pobres con gendarmería y
la prefectura (operativos Centinela y Cinturón Sur), hizo un
"trabajo brillante" en el ministerio de Defensa. Le habrá
parecido brillante, entonces, la participación de nuestras fuerzas
armadas en ejercicios conjuntos con todas las fuerzas latinoamericanas,
bajo la égida del imperialismo yanqui, como el Tradewinds, realizado
en 2008, en la República Dominicana, donde estuvieron junto con
otros 15 países; o los UNITAS Atlantic y Pacific; o el Panamax,
de protección del interés geoestratégico yanqui
sobre el canal de Panamá; o el ejercicio Peacekeeping (PKO),
de “operaciones para el mantenimiento de la paz”, en Nicaragua
en 2008, junto a otros 23 ejércitos del continente; o la participación
del ejército en Fuerzas Comando, ejercicio de contraterrorismo,
que fuera realizado en 2008 en Texas, EEUU, en la que Argentina mandó
a 300 militares, funcionarios judiciales, miembros de las fuerzas de
seguridad y civiles. Habrá estado de acuerdo, además,
con que durante 2007 Argentina haya mandado a 931 miembros de las fuerzas
militares y de seguridad a entrenarse a los EEUU (México, en
plena guerra contra las drogas, envió ese mismo año a
627). En suma, le parece brillante que, en los hechos, la gestión
de Nilda Garré haya mantenido el Plan Cóndor vigente.
La posición
de la otrora luchadora por los derechos humanos insta al pueblo argentino
a desarmarse política, e ideológicamente, ante las fuerzas
que históricamente lo han reprimido. Es el tradicional engaño
al que recurre el reformismo para desarmar a los pueblos. Así
se siembra el terreno de futuras derrotas populares.
Las fuerzas
armadas no defienden los intereses del pueblo. Defienden los intereses
de la burguesía autóctona y los que el imperialismo norteamericano
tiene en Latinoamérica. Son, por tanto, un ejército de
ocupación, hostil al campo popular.
Esta declaración
de Hebe Pastor de Bonafini también nos muestra el derrotero de
quien, habiendo sido una luchadora popular, perdió la independencia
política, se integró al partido de gobierno y terminó
defendiendo los intereses del imperialismo norteamericano.
No
aceptemos lo habitual como natural... ¡No a la gendarmería
en la calle!
Diciembre
de 2001 nos dejó, además de varios muertos, a la Plaza
de Mayo dividida en dos por esas vallas que nos recuerdan el miedo que
les da cuando el pueblo se enoja. Así como se ha ido naturalizando
el vallado en el escenario de expresión de tantas luchas obreras,
pretenden que naturalicemos que los gendarmes caminen por las calles
de nuestros barrios.
Cuando
Menem creó la Secretaría de Seguridad y unificó
el mando sobre las fuerzas federales, sacó los gendarmes a la
calle, on la excusa de "proteger posibles objetivos terroristas".
A las 23:00 del 21 de diciembre de 2001, la gendarmería comenzó
a patrullar las calles por orden de la jueza María Servini de
Cubría. Tmabién desde mediados de los '90, los gendarmes
fueron los elegidos para la represión a cortes de rutas, puentes
y todo tipo de manifestación social. En 2004, dependiendo todavía
del ministerio del Interior, amplió su participación directa
en la seguridad interior con la creación del área metropolitana.
En la
actualidad, ahora reportando al ministerio de Seguridad, la gendarmería
pasó de tener 15.000 hombres a tener 30.000. En enero de este
año, 6.000 de esos efectivos se designaron para llevar a cabo
el “Operativo Centinela", ampliando el margen de acción
de la fuerza en 26 municipios del conurbano bonaerense (sumados a los
que ya patrullaban rutas, autopistas y "zonas peligrosas").
Hace sólo
unos días, la ministra de Seguridad, anunció que otros
700 gendarmes se sumarán al control de los accesos entre la provincia
de Buenos Aires y ciudad de Buenos Airesl y que estos controles serán
“estrictos, intensos y permanentes”.
En su
"carrera contra el delito" la ministra manda a los verdes
efectivos a parar, de madrugada, a los colectivos. Los gendarmes hacen
bajar a los pasajeros, los revisan, les piden documentos a todos, a
los hombres, o sólo a los que tienen portación de cara,
según el humor de los que lleven a cabo la requisa. Es la misma
fuerza que, la semana pasada, junto al CeProDH y otras organizaciones,
denunciamos que es la encargada de realizar trabajos de inteligencia
en marchas y cortes pra, después, criminalizar trabajadores,
delegados y militantes.
La gendarmería
que se infiltra en marchas y asambleas, de civil y sacando fotos con
celulares; la que se preocupa por el "encuadre político"
de los manifestantes; es la misma que, en este momento, por orden de
la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo, está rodeando a
más de 100 familias que, reclamando haber quedado afuera de un
plan de viviendas prometido por la intendencia de San Isidro, ocupan
un terreno ferroviario cercano a la estación Bulogne Sur Mer.
Es lógico
que, desde el poder, estas relaciones se omitan. Es lógico que,
para que naturalicemos estás prácticas de dominación
y control social, la fuerza se meta de a poco y con argumentos mentirosos.
Somos nosotros los que debemos entender que, para profundizar el modelo
de explotación, se precisa la fuerza de la represión.
Y que para enfrentarlo, no nos queda otro camino que organizarnos.
Guillermo
Salas, el empleado del mes
En el
centro de la ciudad de La Plata, en la comisaría 1ª, de
calle 53 entre 9 y 10, presta sus servicios el capitán Guillermo
Salas, jefe de calle de dicha comisaria, con más de 25 años
en la bonaerense. Para conocerlo un poco mejor, usted puede acercarse
a los chicos que trabajan en la calle o viven en ella, que son los que
lo padecen a diario.
Salas
se desempeña en ese cargo desde 2004. Ese mismo año, fue
denunciado por manosear y golpear a una mujer a la que detuvo, causa
que fue intruida por la policía, por decisión del fiscal
Leandro Heredia, el mismo que instruye personalmente, y con enorme dedicación,
cuanta causa encuentre o invente contra militantes, y el mismo que ordenó
a la policía fotografiar manifestantes en las marchas, para "identificar
revoltosos". Aunque se comprobó que la mujer fue detenida
y se acreditaron lesiones en brazos, cara interna de los muslos y piernas,
Heredia pidió el archivo de las actuaciones, y el juez César
Ricardo Melazo, solícito, lo complació.
En los
años siguientes, han sido varias las denuncias en contra del
capitán Salas y sus subordinados, por distintos delitos como
extorsiones, amenazas, persecución y golpes a peligrosos estudiantes
"rateados" y, desde luego, reclutamiento forzado de pibes
para robar. Se puede decir que Salas es un buen empleado, y que él
y su equipo realizan bien su labor represiva, acompañados por
jueces y fiscales que avalan su dedicación a la "lucha contra
el crimen"...
FUENTE:
CORREPI
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