BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 637
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
11 de
febrero del 2012
Del 3
de diciembre del 2011
Sumario:
1.
2012: más conflicto social y más represión.
Ya
pasaron las elecciones, por lo que el gobierno ya no necesita de eufemismos...
2.
Hay para todos… represión a estatales en el Chaco y a docentes
en Capital.
Esta
semana se dieron dos hechos represivos de significativa importancia
por la envergadura de los conflictos que involucran a los trabajadores...
3.
El Banco Piano persigue a los sindicalistas antiburocráticos,
la policía reprime.
La
semana pasada fueron despedidos dos compañeros del Banco Piano...
4.
Para qué aumentar las penas, si reprimiendo se obtienen mejores
resultados.
La
ministra de Seguridad, mientras disertaba en la primera Jornada sobre
Seguridad Integral...
5.
Restructuración policial para reprimir mejor.
...
a las puertas de la reasunción de la gestión kirchnerista
en la nación y varias provincias, hubo varios anuncios de cambios
en la estructura policial...
6.
A Garrido lo mató la policía.
...la
movilización de familiares y vecinos y la lucha organizada del
Colectivo de Militantes de DDHH de El Bolsón lograron desbaratar
el intento de encubrimiento...
2012:
más conflicto social y más represión
Ya pasaron
las elecciones, por lo que el gobierno ya no necesita de eufemismos,
no necesita suavizar el discurso y puede anunciar más medidas
antipopulares como las que viene aplicando desde hace 8 años,
sin necesidad de disfraz y sin ponerse colorados.
Este es
el análisis que se desprende luego de la II reunión plenaria
del Consejo de Seguridad Interior (CSI), que se llevó a cabo
el pasado miércoles 23 de noviembre en la sede del ministerio
de Seguridad, a cargo de Nilda Garré.
En la
reunión del CSI se habló del aumento del conflicto social
que se vaticina para el próximo año. Es sabido que la
discusión de las paritarias no superará el 20% de aumento,
en un año en el que la quita de subsidios, el recorte al gasto
público y el enfriamiento de la economía que ya viene
pregonando Cristina Kirchner, sumado a los conflictos ya existentes
por tierra, vivienda, trabajo, salud y educación, van a recrudecer
los reclamos y hacer salir la gente a la calle.
Palabras
de preocupación se escuchaban entre los ministros provinciales,
que reclamaron “políticas claras” y respaldo de las
autoridades nacionales en caso que haya que reprimir tomas de tierras,
acampes y piquetes.
Piden
más respaldo del que ya tienen, tras el conflicto en Ledesma
(Jujuy), cuya represión dejó el saldo de cuatro muertos.
O el de la comunidad Qom en Formosa, que dejó dos, o el más
reciente en Santiago del Estero, con el asesinato de Cristian Ferreyra.
Más respaldo para la criminalización de la protesta, cuyo
saldo es de 6.000 procesados, 17 muertos y 5 presos por razones políticas
desde 2003. Respaldo para la más absoluta impunidad, garantizada
por el aparato judicial, al servicio de sus intereses.
De todos
modos, la ministra Garré les manifestó su apoyo, lanzando
un protocolo de acción en caso de “desbordes callejeros”,
medida para reprimir más efectivamente las tomas de tierras,
acampes y cortes de rutas. No se puede negar que la clase dominante
encontró en Garré uno de sus mejores cuadros para planificar
las formas en que el estado descarga la represión sobre el pueblo.
Ya ha implementado medidas como el Operativo Centinela, el Unidad Cinturón
Sur y el Escudo Norte, todos dirigidos al control social, llenando las
calles de verdugos.
Está
claro que esta reunión apuntó a consolidar alianzas y
marcar el rumbo en materia represiva para los próximos 4 años
de gestión kirchnerista.
Hablando
de alianzas y estrategias, paralelamente se viene desarrollando la interna
dentro de la CGT. Interna que está íntimamente ligada
a la discusión de las paritarias y al sistema de alianzas políticas
hacia adentro del kirchnerismo. El viernes 25, Cristina Kirchner tuvo
un claro gesto hacia Gerardo Martínez, denunciado por varias
organizaciones políticas y sindicales, entre ellas CORREPI, por
hacer inteligencia para el batallón 601 en la dictadura. Martínez,
líder de la UOCRA, es el hombre que suena fuerte para reemplazar
a Moyano en la dirección de la CGT. A cambio del blanqueamiento
de su prontuario, es el títere perfecto para torcer la discusión
salarial para el lado del gobierno y la UIA.
Es por
eso que el vicegobernador, Gabriel Mariotto, organizó un encuentro
en el predio que la UOCRA posee en Esteban Echeverría, al que
asistieron Hebe Pastor de Bonafini, jóvenes de La Campora y Aníbal
Fernández. Ahí se pudo ver a la otrora luchadora por los
DDHH compartiendo escenario con el responsable de la desaparición
de al menos 105 trabajadores de la construcción en la dictadura
y que actualmente se dedica, entre otras bellezas, a enviar patotas
para golpear docentes, como en el conflicto de Adosac en Santa Cruz
(ver Boletín 612), trabajadores de listas opositoras dentro del
gremio de la construcción, como las reiteradas palizas a los
obreros de Sitraic (ver boletines 595 y 633), así como todo conflicto
que moleste al gobierno y necesite de una fuerza de choque para silenciar
los reclamos.
Como podemos
ver, el próximo año se prevé un aumento considerable
de la conflictividad social y la represión no se hará
esperar. El gobierno ya está aceitando los mecanismos para aplicar
sobre los trabajadores las medidas represivas que les permita contrarrestar
la lucha. El protocolo de acción en caso de desbordes, enfocado
a la represión que desde CORREPI caracterizamos como selectiva
y el guiño a Gerardo Martínez, demuestra una vez más
que la política de DDHH es una fábula mezquina para obtener
consenso, así como también demuestra el carácter
represor y antiobrero de este gobierno.
Hay
para todos… represión a estatales en el Chaco y a docentes
en Capital
Esta semana
se dieron dos hechos represivos de significativa importancia por la
envergadura de los conflictos que involucran a los trabajadores del
estado en ciudad de Buenos Aires y en la provincia del Chaco.
Ambos
conflictos se relacionan con el avance de la precarización laboral,
afianzada en el sector privado, que en este caso se vuelca en la esfera
pública.
El jueves
30 de noviembre, los empleados estatales de la provincia del Chaco realizaron
un corte de calle, frente a la Casa de Gobierno, en reclamo de mejoras
salariales y de la derogación de un decreto que establece la
obligatoriedad de una carrera administrativa en el sector público.
El gobernador
kirchnerista, Jorge Capitanich, no tardó en enviar a la policía
para que libere el transito, que lo hizo a fuerza de gases y balas de
goma que hirieron a mujeres y niños inclusive. El resultado de
la represión fue de varios heridos y seis detenidos, entre ellos
José Niz, titular de UPCP, el mayor gremio de estatales de esa
provincia.
Al mismo
tiempo, en la ciudad de Buenos Aires, se desató la represión,
en este caso protagonizada por integrantes de la barrabrava de Boca
al servicio del macrismo, sobre los docentes que venían llevando
adelante la lucha contra la sanción de la ley que reduce a la
mitad las juntas de clasificación docente y establece la creación
del una comisión de control que responda al poder ejecutivo de
la ciudad, por ende al gobierno de turno.
En la
noche del 29, luego de reiterados paros, los docentes agremiados en
UTE y Ademys, acompañados de organizaciones políticas,
hicieron un acampe y vigilia en las inmediaciones de la legislatura
porteña. Alrededor de las 9 de la mañana, UTE se retiró
del acampe, al mismo tiempo que la policía liberó la zona.
Poco tiempo después llegaron cuatro micros con gente encapuchada
cantando consignas contra Macri que se infiltraron entre los manifestantes,
previo de robar banderas y estandartes de algunas organizaciones que
estaban en el lugar. Cuando lograron infiltrarse comenzaron a golpear
a los docentes y estudiantes para hacer un cordón que permitiera
el paso de los legisladores al recinto, pra que votaran la resistida
ley.
Durante
la tarde hubo una movilización en repudio de las agresiones hacia
los docentes y se continuó la vigilia en la puerta de la legislatura.
Cuando ya estaba finalizando el trámite legislativo y la sanción
de la ley era casi un hecho consumado, los manifestantes fueron finalmente
desalojados por el personal de seguridad de la legislatura y la policía
metropolitana.
Esto nos
muestra que no importa el color político del partido que gobierne.
Kirchnerismo y macrismo, a la hora de reprimir, son lo mismo. Pueden
hacer la parodia de pelearse para las cámaras, pero entre bastidores
se dan las manos porque saben que defienden los mismos intereses.
El
Banco Piano persigue a los sindicalistas antiburocráticos, la
policía reprime
La semana
pasada fueron despedidos dos compañeros del Banco Piano. Aníbal
Maidana, cajero de la sucursal San Martín, y Daniel Truccolo,
cajero de Ballester, fueron despedidos por su actividad sindical. Ambos
pertenecen a la agrupación “La Tecla”, opositora
a la burocracia de la Junta Interna y a la burocracia zanollista de
“La Bancaria”.
El jueves,
los compañeros despedidos, junto a otros bancarios, hicieron
un escrache en la casa Central del Banco Piano, para reclamar por la
reincorporación de los despedidos y el cese la persecución
sindical hacia los miembros de “La Tecla”. Cuando los compañeros
entraron a la sucursal con bombos, redoblantes y volantes, los policías
de la federal y la seguridad privada del banco agredieron con golpes
y empujones a los trabajadores y hasta intentaron agredir también
a un periodista del diario “El Sindical”.
Los compañeros,
ante esta persecución sindical, también iniciaron acciones
judiciales. En 15 días un juez tendrá que decidir si restituye
a los compañeros, mientras avanza el juicio, o si se pone del
lado de la patronal y avala la persecución de la patronal del
Banco.
La patronal
despide y persigue a los trabajadores antiburocráticos, la burocracia
sindical avala los despidos y la policía reprime cuando protestan.
La única manera de lograr que el juez restituya a los compañeros
despedidos a su lugar de trabajo, es con la solidaridad, la organización
y la lucha.
Para
qué aumentar las penas, si reprimiendo se obtienen mejores resultados
La ministra
de Seguridad, mientras disertaba en la primera Jornada sobre Seguridad
Integral organizada por el Observatorio de Seguridad Integral de la
Fundación Ángela María Aieta de Gullo efectuada
la semana pasada, aseguró que “la conflictividad, presente
en todas las sociedades, requiere conocer cómo gestionarla para
que tenga los menores grados de violencia posibles y que el derecho
a la seguridad de cada ciudadano esté garantizado”. Y rematando
agregó: “La mayoría de los casos pueden resolverse
de manera preventiva”, dejando al descubierto que no hace falta
aumentar las penas para reprimir el conflicto social, si existen métodos
más eficaces para resolverlo.
¿Cómo?
Con los métodos que viene aplicando e incrementando desde que
asumió su mandato. Sólo para mencionar algunos, la creación
del Plan Cinturón Sur militarizando los barrios del sur de la
ciudad de Buenos Aires, la creación de policía vecinal,
policía especial, es decir, más policía, gendarmería,
prefectura, todos invadiendo los barrios con la única finalidad
de controlar y reprimir la clase que ella anuncia como responsable del
delito. Lo dijo con toda transparencia: “La desigualdad no es
la única causa del delito pero sí de conflictividad, violencia
y situaciones que terminan en accionares delictivos”.
Mostrando
el respaldo de todo el estado nacional en esta política de represión
preventiva, añadió a sus palabras que: “cuando la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner creó el Ministerio
de Seguridad, dio una señal muy enfática al determinar
en la agenda pública una política de seguridad”.
El mensaje
de la ministra de seguridad es claro, “la inseguridad no se resuelve
con penas más duras”, sino con más represión…
Restructuración
policial para reprimir mejor
Esta semana,
a las puertas de la reasunción de la gestión kirchnerista
en la nación y varias provincias, hubo varios anuncios de cambios
en la estructura policial. Por el lado de la provincia de Buenos Aires,
el gobernador Scioli decidió pasar a retiro al jefe de la Bonaerense,
Juan Carlos Paggi, desgastado en los últimos años, después
de episodios que trascendieron y pusieron en evidencia la participación
criminal de la fuerza.
Junto
con la designación, en su reemplazo, del comisario Hugo Matzkin,
de inmejorable relación con el gobierno nacional a través
de León Arslanián, se reestructuró el organigrama
policial, designando a dos civiles en las subsecretarías de Política
Criminal y Operativa.
Paralelamente,
el gobernador anuncio la creación de la policía municipal,
que dependerá de los intendentes del conurbano, y de la policía
judicial. Ninguno de ambos anuncios es demasiado novedoso. Por el lado
municipal, hace años que diversos municipios, como Ezeiza, implementan
“planes piloto” de policía local, reclutando ex policías
de “impecables antecedentes”, como el “Mataguachos”
de Fiorito, Juan Antonio “El Oso” Peloso, reciclado en aquel
municipio cuando fusiló a Matías Barzola en 2003. Y pocas
medidas han sido “anunciadas” más veces que la policía
judicial, que nunca se terminó de implementar.
El triángulo
operativo conformado por el nuevo jefe y los civiles a cargo de las
secretarías, responde de manera directa a las prescripciones
acordadas con el ministerio de Seguridad nacional y promovido por el
CELS, Pérez Esquivel, la CTA y otras organizaciones en el llamado
“Acuerdo de Seguridad Democrática”, el decálogo
de “cómo reprimir y seguir pareciendo progresistas”.
Al mismo
tiempo, pero desde la nación, se anunció la creación
de una delegación para monitorear a las fuerzas de seguridad
en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, justamente las provincias
en las que, de manera recurrente, los conflictos por tierras y trabajo
son más agudos, y prometen crecer de cara a la miseria que avanza.
El comunicado
del ministerio de Seguridad de la nación es bien claro: “...la
nueva dependencia permitirá detectar problemáticas específicas
de seguridad en la región y, eventualmente, proponer cursos de
acción”. La resistencia, a pesar de la represión
y el asesinato, de la comunidad qom La Primavera, es buen ejemplo de
esas “problemáticas específicas” que requieren
“proponer cursos de acción” en los que la nación
coordine sus fuerzas federales con las policías provinciales
y municipales.
A
Garrido lo mató la policía
El 36%
por ciento de las muertes a manos del aparato represivo estatal ocurren
en comisarías o cárceles. Presentadas como suicidios,
descompensaciones o muertes súbitas, son la perfecta cobertura
para la muerte en la tortura o la lisa y llana ejecución. Aun
las atribuidas a peleas o riñas entre presos, suelen estar acompañadas
de la facilitación, cuando no la directa instigación de
los funcionarios, que usan sicarios igual que reclutan “buches”
en la calle.
El 1º
de diciembre, Alejandro Verardo Iraola, de 37 años, apareció
muerto a puntazos en su celda en el penal de San Felipe, en Mendoza.
Con él, ya ronda la decena la cantidad de nuevos casos que hemos
registrado después del cierre de datos para el acto en Plaza
de Mayo.
Al mismo
tiempo, pericias médicas confirmaron, en El Bolsón, que
a Guillermo “Coco” Garrido, encontrado ahorcado en la comisaría
12ª el 13 de enero de 2011, lo mató la policía, fraguando
luego su “ahorcamiento”, tal como lo denunciamos desde el
primer momento (ver Boletín nº 593, 31/01/11).
Gracias
a la movilización de familiares y vecinos y a la lucha organizada
del Colectivo de Militantes de DDHH de El Bolsón (integrantes
del Encuentro Nacional Antirrepresivo), se logró desbaratar el
intento de encubrimiento el que fueron parte el médico forense
que realizó la primera autopsia, que ocultó el golpe que
tenía Guillermo en su cabeza, y el juez Ricardo Calcagno, quien,
además de tratar de cerrar la causa, premió a los asesinos
permitiéndoles seguir trabajando.
Como en
El Bolsón, sólo la pelea antirrepresiva organizada permite
mostrar en un expediente judicial lo que tanto se esfuerzan en ocultar:
que cada preso que muere en una cárcel o comisaría, es
una víctima de la represión estatal.
FUENTE:
CORREPI
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