BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 638
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
11 de
febrero del 2012
Del 11
de diciembre del 2011
Sumario:
1. Más muertos en cárceles y comisarías…
…desde
que presentamos el Archivo 2011, sólo tomando nota de lo que
se publicó en diarios, debimos registrar 12 casos nuevos de personas
asesinadas por el gatillo fácil, o en cárceles y comisarías…
2.
… Y más muertes por el gatillo fácil.
…Nos
esperan otros cuatro años de “profundización del
modelo”, que necesitará más represión para
que el pueblo trabajador agache el lomo y aguante…
3.
La “fiesta de la democracia”: a los DDHH rogando, y con
la patota dando.
…Y
se repitió, en estos días, en la línea 135 de colectivos
del Grupo DOTA…
4.
Reformas para someter mejor y más democráticamente.
…La
estrategia es, por supuesto, más fuerzas represivas sometiendo
en las calles…
5.
Los anuncios de Garré.
…Nilda
Garré, ratificada como ministra de Seguridad nacional, evidentemente
viene haciendo bien su trabajo…
Más muertos en cárceles y comisarías…
En las
dos semanas que transcurrieron desde que presentamos el Archivo 2011,
sólo tomando nota de lo que se publicó en diarios nacionales
y provinciales, debimos registrar 12 casos nuevos de personas asesinadas
por el gatillo fácil, o en cárceles y comisarías.
Doce personas
que elevan a 3.406 la cuenta de las muertes por el aparato represivo
estatal desde el 10 de diciembre de 1983; a 1.838 la cuenta kirchnerista,
desde el 25 de mayo de 2003, y a 880 la de la actual presidenta.
De esos
12 casos, uno ocurrió en 2010, otro a principios de 2011, uno
en agosto, tres en noviembre, y 6 en la primera semana de diciembre.
Empezando
por las comisarías, en la segunda quincena de noviembre, Daniel
Gustavo Romero (25) fue detenido por la policía en San Luis del
Palmar, Corrientes. Unas pocas horas después, apareció
ahorcado, con varios golpes en el cuerpo.
Lo mismo
pasó el 2 de diciembre con Maximiliano Acosta, de 18 años,
detenido por una contravención en la comisaría de Morteros,
provincia de Córdoba; el 3, en la de Pergamino, con Néstor
Barriz, de 72, y el 6, en San Isidro, con Adrián Ponce de León,
un hombre de 38 años con problemas neurológicos, que fue
detenido por hacer escándalo en la calle. Los tres (dos de ellos
detenidos por una contravención) aparecieron debidamente ahorcados.
En cuanto
a las cárceles, en los últimos días de noviembre,
Gastón Morales (25) apareció ahorcado en la cárcel
de Almafuerte, Mendoza. El 1º de diciembre, en otro penal mendocino,
el de San Felipe, hubo un motín en reclamo por las espantosas
condiciones en que viven los presos. Cuando el motín terminó,
se encontró el cadáver apuñalado de Alejandro Verardo
Iraola, de 37 años. También apuñalado, pero en
el penal de San Martín, provincia de Buenos Aires, murió
Luis Molina, de 24. Su familia denuncia que los penitenciarios lo encerraron
con otro interno, armado, que tenía orden de matarlo.
Hace casi
60 años, Rodolfo Walsh decía sobre estos recurrentes “suicidios”:
“Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las
altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes
débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas
y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella”.
(“La secta del gatillo, el enigma de La Matanza”).
…
Y más muertes por el gatillo fácil
Mientras
los vecinos y familiares de Maximiliano Acosta, el chico asesinado en
la comisaría de Morteros, Córdoba, se movilizan reclamando
justicia, apoyados por los compañeros de las Coordinadora Antirrepresiva
y por los DDHH de Córdoba, ya sumamos, también, nuevos
casos de fusilamientos por gatillo fácil al Archivo.
El 1º
de diciembre, en San Miguel, un policía fusiló a Miguel
Ángel Manzano, de 30 años, que escapaba desarmado después
de robar un poco de dinero en una estación de servicio. Y el
3, en el barrio Itatí de Rosario, un policía, desde su
auto, mató de un disparo en la nuca a Luis Darío Rodríguez,
de 26, que iba en moto con la novia y había frenado en la misma
barrera baja.
Hace 4
años, cuando Cristina Fernández reemplazó a su
marido en la presidencia, escribimos en el boletín de CORREPI:
“El que termina ha sido un gobierno explotador, represor, de derecha,
como lo será, aún más intensamente, el que viene”.
Hoy, que
ya dio inicio el segundo mandato de la presidenta, y el tercero consecutivo
del peronismo kirchnerista, podemos decir exactamente lo mismo sin temor
a equivocarnos.
Nos esperan
otros cuatro años de “profundización del modelo”,
que necesitará más represión para que el pueblo
trabajador agache el lomo y aguante la explotación, la inflación
y los tarifazos. Cuatro años más con la fuerza de la represión,
la fuerza de la policía, la gendarmería y la prefectura
en los barrios, cuatro años más con la fuerza de las patotas
de la burocracia sindical y de jueces y fiscales contra los trabajadores.
Frente
a ese panorama, debemos poner todo nuestro esfuerzo en la organización
y la lucha para defendernos.
La
“fiesta de la democracia”: a los DDHH rogando, y con la
patota dando
El sábado
pasado se llevó adelante la “fiesta de la democracia”,
y en su discurso inaugural, la presidenta reelecta se mostró
sin disimulos: pidió a los trabajadores que sean “agradecidos”
con el derecho a huelga, y los llamó a no “extorsionar”,
poniendo como ejemplos de acciones delictivas la lucha de los docentes
en Santa Cruz y de los ferroviarios.
Cristina
calló, desde luego, que los compañeros docentes tuvieron
que soportar meses en las rutas heladas, ante la negativa de la gobernación
a escucharlos; que tuvieron que enfrentar reiteradas veces el ataque
de las fuerzas de seguridad, que una y otra vez intentaron desarmar
la lucha, sacando delegados a la madrugada de sus casas o deteniendo
la caravana de apoyo desde Buenos Aires, sin olvidarnos de la represión
sufrida cuando acampaban frente al ministerio en capital federal.
Tampoco
mencionó que, cuando su gobierno prefiere no poner la cara y
pagar el costo político de reprimir abiertamente, mientras se
enmascara detrás de la bandera de los DDHH, en Santa Cruz, como
en todo el país, aparecen las patotas de la burocracia sindical
u otros grupos afines.
Donde
quedo más clara la utilización de esa “tercerización
de la represión” fue, precisamente, en lo que la presidenta
llamó “el conflicto con los ferroviarios”, cuando
la patota sindical comandada por Pedraza, delfín del gobierno,
quiso callar el reclamo de los trabajadores tercerizados a los tiros,
matando a Mariano Ferreyra.
Así
funciona el derecho a huelga kirchnerista. Sobre los trabajadores antiburocráticos
y combativos, que no se venden y que pelean por lo que les corresponde,
cae, una y otra vez, el palo del estado, blandido por sus fuerzas represivas
o por la represión tercerizada.
Lo vemos
todos los días, en la línea 60, que acaba de sufrir otro
ataque patoteril; con los QOM, con Cristian Ferreyra, en el Indoamericano
y en Jujuy, con la exigencia de vivienda digna; en los sindicatos, donde
empresas y gobierno delegan la represión a la burocracia.
Y se repitió,
en estos días, en la línea 135 de colectivos del Grupo
DOTA. El trabajador Germán Amor fue despedido, como respuesta
a su actividad gremial, lo que motivó la lucha por su reincorporación.
El compañero recibió amenazas telefónicas anunciando
que “si no se dejaba de joder iba a terminar en el Riachuelo”.
Luego, las amenazas fueron en persona, por parte del delegado sindical
de la empresa, Rodríguez Leovino, que le dijo que “no joda”
más con el juicio y que no ande más por la empresa. El
6 de diciembre, la escalada llego a la agresión física.
El mismo Rodríguez Leovino lo atacó a golpes y lo amenazó
con un arma de fuego, dentro de la empresa y con el silencio de la patronal.
Desde
CORREPI llamamos a luchar contra la represión, herramienta del
estado para oprimir a la clase trabajadora y el pueblo, en todas sus
formas.
Reformas
para someter mejor y más democráticamente
Es bien
sabido que toda crisis del capitalismo la paga el pueblo trabajador.
También que cada crisis da una oportunidad para el poder político
de someter más y más. En aras de mantener la “paz
social”, para que los ricos duerman tranquilos en sus countries,
nos exhortan a ceder derechos y conquistas ante los ajustes y la precarización,
ateniéndonos a la represión en caso de no aceptarlos.
Históricamente,
la provincia de Buenos Aires ha sido un foco de conflictividad social
pronunciado, debido a su concentración poblacional. Por eso,
la política represiva de los diversos gobiernos se enfocada constantemente
a esta provincia.
No obstante
haber infestado el conurbano bonaerense de fuerzas policiales y militares,
en un contexto de crisis económica, el gobierno se enfrenta al
desafío de mantener a raya el reclamo social sin asumir un costo
político tangible que ponga en tela de juicio su rol de “conciliador
de clases”.
La estrategia
es, por supuesto, más fuerzas represivas sometiendo en las calles.
Y la excusa es, otra vez, una reforma de la policía bonaerense,
basada en la creación de las policías de Prevención
Municipal y de la policía Judicial. Las fuerzas municipales estarán
bajo el mando directo de los caudillos bonaerenses, y su creación
está argumentada en un proceso de descentralización de
la Bonaerense, propuesto, a la vez, por sectores progresistas ligados
al estado (y que siempre tienen un espacio en los grandes medios de
comunicación) que han contribuido a la construcción de
la engañosa teoría de la "democratización
de la fuerza", formulando y reformulando propuestas y proyectos
de ley que tienden a disfrazar la función represiva de la policía,
y a negar la sistematicidad de la criminalidad policial en connivencia
con el poder político y judicial.
Estos
sectores sostienen que el modelo de control civil de la policía
rompería con la concentración del poder en la cúpula
y le daría a la fuerza transparencia y eficiencia en la lucha
contra el delito. También reciben con beneplácito la integración
de los miembros de la policía Comunitaria con la comunidad, ya
que los agentes de estas fuerzas serán habitantes de los municipios
y cumplirán permanentemente sus funciones en el territorio, articulándose
con sectores civiles y organismos estatales.
Lo que
no dicen, es que la implementación de este tipo de fuerzas "democráticas"
ya se ha cobrado víctimas. Tal es el caso de Rodolfo Emanuel
Zapata, asesinado en septiembre de 2010 por agentes de la Dirección
de Prevención Urbana de Zárate, que lo conocían
bien porque lo forzaban a robar para ellos y lo mataron cuando se negó,
y que fueron encubiertos por todo el poder político municipal
bajo el mando del intendente Osvaldo Cáffaro, responsable de
la fuerza.
La otra
pata de la mentira es la creación de la policía Judicial.
Ésta tendrá como función reemplazar a la policía
bonaerense en la investigación de delitos complejos. En una entrevista
al diario Página/12, la procuradora general de la Suprema Corte
bonaerense, María del Carmen Falbo, detalló que "los
policías judiciales serán científicos, que llevarán
a cabo las investigaciones bajo los órdenes de un fiscal y que
contarán con herramientas de alta tecnología para realizar
análisis que van desde la genética (estudios de ADN) y
las ciencias forenses, hasta las comunicaciones". Como si el origen
en los cuerpos profesionales y técnicos de la policía
federal hubiera hecho menos represor al comisario Rubén Santos,
co-responsable de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001, o
como si la gendarmería, que dispone hace años de esa tecnología
de punta, nunca hubiera reprimido trabajadores ni hubiera asesinado
a Aníbal Verón y otros compañeros.
La lectura
que hacemos desde CORREPI, contempla a todos los luchadores “identificados”
por la policía y la gendarmería en protestas, perseguidos
y encarcelados por fiscales y jueces que defienden los intereses de
las patronales. Sumado a los anuncios de la implementación del
sistema biométrico de identificación de personas, y el
avance de las leyes antiterroristas, la policía Judicial será
un aporte más al rol del poder judicial en la persecución
a los sectores movilizados ante la explotación, la exclusión
y el sometimiento.
Los
anuncios de Garré
Nilda
Garré, ratificada como ministra de Seguridad nacional, evidentemente
viene haciendo bien su trabajo. Militarizó los barrios porteños
y del conurbano con el Plan Cinturón Sur y el Plan Centinela
y utilizó sus fuerzas para reprimir innumerables luchas, como
la de los docentes de ADoSaC.
Horas
más tarde de que le pusieran de nuevo la estrellita en la frente,
informó que va a ampliar el Cinturón Sur a la zona de
Constitución, particularmente a la zona de la Plaza. Garré
quiso mostrar preocupación por el nivel de inseguridad de la
zona, gran centro de robos, prostitución, trata de personas y
narcotráfico, pero claro, sin mencionar que todos estos delitos
son patrimonio de la comisaría local. El real objetivo del plan
no es desarticular todo ese aparato, sino continuar con el plan de control
social que se viene desarrollando.
Por la
Plaza Constitución transitan diariamente más de un millón
de trabajadores. Un gran porcentaje trabaja en negro, o en condiciones
sumamente precarias. Trabajadores que se van a ver vigilados por policía
montada, infantería y cámaras de seguridad, 50 de las
cuales ya están instaladas. Es decir, el mismo trabajador que
siente día a día en carne propia las mayores injusticias,
va a encontrarse constantemente acosado, con miedo a levantar la cabeza
para reclamar lo que le corresponde. Constitución es, también,
habitual lugar de reunión de luchadores, como el caso de los
trabajadores tercerizados del Roca y los de la línea 60.
En el
mismo discurso, Garré manifestó su “buena relación”
con el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Situación
bien esperable, pues ambos tienen el mismo interés de represión
hacia el pueblo, así como vienen utilizado los mismos métodos.
FUENTE:
CORREPI
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