BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 639
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
11 de
febrero del 2012
Del 20
de diciembre del 2011
Sumario:
1.
Otra ley antiterrorrista.
...No
es difícil imaginar un fiscal o un juez que entienda que cortar
una calle "aterroriza"...
2.
La “interna” de Scioli y la policía.
...un
episodio que debe analizarse en el marco de la agitada interna del partido
de gobierno...
3.
De policía del terror de estado a consejero escolar.
...después
de las asunciones del 10 de diciembre, otra bota integra las filas de
la “política de los Derechos Humanos”...
4.
Sus propios justicieros.
...distintos
episodios de esta variante que ya Rodolfo Walsh caracterizaba como “intrafuerza”
o “intrafamiliar”...
5.
Tercerización de la represión estatal: Otro ataque a los
trabajadores de la línea 60.
...la
respuesta del estado, la patronal y la burocracia, a la organización
independiente...
1.
Otra ley antiterrorrista
El proceso
de formación de las leyes tiene sus vueltas, y más de
una vez sucede que, mientras un proyecto va de una cámara a otra,
sufre modificaciones, vuelve, es nuevamente retocado, etc., pueden pasar
meses por una coma.
Claro
que, cuando hay orden de votar, eso no pasa. Y menos cuando son leyes
para reprimir más y mejor al pueblo, como ocurrió en estos
días con el nuevo proyecto de ley antiterrorista, enviado en
octubre por el poder ejecutivo al congreso (ver Boletín nº
630).
“Cuando
alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido
con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal
se incrementará en el doble del mínimo y del máximo”,
dice el texto, que se suma a las leyes antiterroristas sancionadas en
2005, 2006, 2007 y 2009.
No es
difícil imaginar un fiscal o un juez que entienda que cortar
una calle "aterroriza". En todo el mundo, bajo la batuta del
Departamento de Estado yanqui, el GAFi y los organismos internacionales,
se aplican estas leyes a los luchadores populares. En nuestro país,
a los responsables de atentados terroristas como el de la AMIA se los
elige senadores. Menem, electo en la lista del FPV, impulsor durante
su presidencia de muchos proyectos antiterroristas, es uno de los que
apoya esta nueva avanzada represiva.
“Si
la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales
o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional
a realizar un acto o abstenerse de hacerlo", dice la nueva ley
para definir el acto terrorista. Todo reclamo exige, como cuando decimos
"Libertad a los presos políticos" o "Juicio y
castigo a los policías homicidas". Ni hablar de los reclamos
de los trabajadores sobre sus condiciones laborales, ya definidos como
“actos extorsivos” por la presidenta, y, ahora, directamente
terroristas.
Tan evidente
es la potencialidad represiva de la nueva ley, que la salieron a criticar
–sin que se le moviera un pelo a sus impulsores- desde parte del
propio gobierno, como el CELS, y, graciosamente, desde el establishment
económico, porque se le ocurrió a algún funcionario
usar como ejemplo de acto desestabilizador y terrorista la compra de
dólares durante una corrida bancaria.
Vemos
como los ricos estafan, matan y aterrorizan al pueblo con su policía
en las calles que tortura y reprime, pero eso es "constitucional"
y “en defensa de las instituciones”. En cambio, cuando un
pobre se quiere quitar el yugo y acusa a su opresor, es un delincuente
terrorista.
2.
La “interna” de Scioli y la policía
Esta semana
fue noticia la “rebelión policial” de la bonaerense,
después de que un grupo de oficiales fuera sancionado por el
gobernador Scioli, tras los incidentes de la infantería con un
grupo de militantes kirchneristas, embanderados en La Cámpora,
que intentaban acceder al acto de reasunción para manifestar
su apoyo al vice, Mariotto.
El encontronazo
sólo se diferenció de los cotidianos embates de la policía
contra manifestantes en que, esta vez, los reprimidos eran integrantes
del partido de gobierno. Y en que, a diferencia de lo que suele pasar
cuando cargan contra trabajadores antiburocráticos o partidos
de izquierda, no hubo muertos ni heridos de gravedad.
La cuestión
saltó a las tapas de los diarios, y alcanzó el carácter
de “gran escándalo”, con una trascendencia que nunca
tienen estos episodios cuando los atacados somos nosotros. Enseguida,
el gobierno de la provincia anunció sanciones para los policías
involucrados, mientras los uniformados respondían con un acuartelamiento.
Fue un
episodio que debe analizarse en el marco de la agitada interna del partido
de gobierno, como en cualquier fracción burguesa, pero con las
características propias del peronismo, que no es muy diferente
a la que hoy divide a los aliados de ayer en el ámbito de la
CGT.
Frente
al acuartelamiento, enseguida aparecieron los opinólogos y sabihondos
de siempre. “Hoy los golpes de estado los dan los policías,
no los militares”, advirtió, apocalíptico, el juez
de la corte Zaffaroni, y el kirchnerismo aprovechó para que Garré
le dijera a Scioli cómo manejar la policía.
Lo que
no trascendió tanto, es que la asonada del 12 de diciembre, con
acuartelamiento incluido, estaba convocada desde mucho antes, con posteos
en páginas como las de Seprin, Apropoba, Apropol o similares,
que llamaban a una jornada de reclamos para el día de la renovación
de credenciales del gobierno de Daniel Scioli. La consigna era ir a
las diversas dependencias policiales, pero negarse a salir a la calle,
para exigir lo que ellos llaman “mejores condiciones laborales”,
pero que no sólo son mejores sueldos. Porque los policías,
como fieles perros guardianes de los poderosos, cuando piden trabajar
en mejores condiciones, reclaman más y mejores pertrechos, es
decir, más presupuesto para reprimir.
Y, además,
exigen que los mandos políticos de la fuerza se hagan cargo de
su defensa cuando son “acusados por hechos de servicio”,
es decir, cuando los denunciamos porque fusilan, torturan o cometen
cualquier otro delito con el uniforme puesto.
Hemos
dicho muchas veces –pero nunca es suficiente- que no alcanza con
cobrar un sueldo a fin de mes para decir que alguien pertenece a la
clase trabajadora. El que defiende los intereses de los explotadores,
aunque venda su fuerza de trabajo y perciba un salario, no es un trabajador,
conceptualmente hablando. Los policías no pertenecen a la clase
trabajadora. Por el contrario, son sus enemigos eternos.
Y eso
se advierte cuando vemos lo que reclaman en los petitorios que presentan
en estas asonadas, que no son huelgas ni paros, porque esos son derechos
de los trabajadores. Reclaman que les den mejores y más poderosas
armas, piden que el gobierno los defienda cuando golpean, fusilan o
torturan. Exigen legislación más dura para reprimir mejor.
Entonces,
si por una parte la “rebelión policial” no es más
que una consecuencia, quizás indeseada, de la interna oficialista,
por la otra, es el viejo reclamo de que los mandos políticos
de turno se hagan cargo de lo que ordenan, en lugar de lavarse las manos
frente a los hechos que trascienden, como si los policías hubieran
estado custodiando la legislatura con orden de que nadie más
entrara sólo porque no tenían otra cosa que hacer.
Nunca
vimos, ni veremos, a la policía acuartelada porque no quiere
reprimir. Ni en La Plata, ni en ningún lado. Es su tarea, y la
cumplen con eficiencia, y no por decisión propia, sino porque
están bien subordinadas a sus mandos naturales. Aunque, a veces,
cuando pifian el viscachazo, esos mandos políticos intenten soltarles
la mano, y hacer como que ellos no ordenaron nada.
3.
De policía del terror de estado a consejero escolar
Ya lo
dijimos en el Boletín 615: “...más de uno, creyendo
que en la urna pone un voto, en realidad va a estar metiendo una bota”
mientras informábamos sobre los policandidatos que integraban
listas de los diferentes partidos, fracciones y listas, del kirchnerismo
como de la variada “oposición”.
Hoy, después
de las asunciones del 10 de diciembre, otra bota integra las filas de
la “política de los Derechos Humanos”.
Raúl
Magallanes, ex miembro de la policía bonaerense de Camps y Etchecolatz
durante la última dictadura militar, el que, cuando se desempeñó
como jefe de seguridad del Intendente Rossi en 2004, puso en funciones
como custodios del Palacio Municipal a por lo menos cuatro policías
retirados denunciados ante la ex Conadep como represores (Gerónimo
Balmaceda, Juan Rivadeneira, Jorge Alberto Verdún y Manuel Moreno);
el mismo que en el 2006, en palabras del hoy vicegobernador de la provincia
de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, fue acusado de ser “el López
Rega de Rossi”, este obscuro hombre fue uno de los candidatos
del Frente Para la Victoria y acaba de asumir como consejero escolar
de Lomas de Zamora.
Desde
CORREPI no nos sorprende el hecho de que los K, quienes impidieron que
Patti integrara el Congreso, incluyan en sus listas joyas de la represión
como Magallanes; no nos sorprende que para el CELS sea mucho más
fácil levantar la voz cuando se trata de denunciar la gobernación
de Bussi.
No es
para sorprenderse, tampoco, el hecho de que Magallanes, este candidato
del kirchnerismo, antes de que el kirchnerismo existiera, en 1997, fuera
acusado por enriquecimiento ilícito junto al Jefe de Seguridad
de la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Alberto Rodríguez,
entre otros; que haya sido investigado, junto a otros 32 comisarios
de la policía bonaerense, por delitos comunes relacionados con
una red de apoyo al ex comisario José Ribelli, acusado en el
atentado contra la AMIA; ni que haya formado parte de la “maldita
policía” de Duhalde.
Muchos
gremios vinculados a la educación, organizaciones sociales, sindicales,
partidos de izquierda y vecinos estuvieron realizando acciones para
impedir la asunción de este personaje nefasto, pidiendo además
el impedimento del ejercicio de cualquier cargo político y la
investigación de su actuación durante democracia. El personaje
nefasto asumió, otro más que mete la bota.
Parece
que otra vez vamos a ser nosotros, aquellos a los que las cosas no nos
parecen a veces bien y a veces mal, porque tenemos principios y convicciones,
quienes por medio de la organización y la lucha vamos a seguir
peleando. No es un policía, son todas las instituciones.
4.
Sus propios justicieros
Los “encargados
de preservar la seguridad” también usan, para resolver
sus asuntos personales, las mismas herramientas con que nos reprimen
a diario.
En los
días pasados, se dieron distintos episodios de esta variante
que ya Rodolfo Walsh caracterizaba como “intrafuerza” o
“intrafamiliar”, donde las armas del aparato represivo se
vuelven contra sus propios integrantes.
En San
Juan, dos hombres fueron detenidos, sospechados de haber participado
del crimen del policía Mario Vega, quien frecuentaba discotecas
gays de la ciudad. Entre los siete allanamientos en busca de pruebas,
está incluida la vivienda de otro policía.
La provincia
de Jujuy se conmocionó por el doble homicidio cometido por un
gendarme, que apuñaló a su mujer, Yudith Cari, de 27 años,
y a su hijo Tiago, de apenas dos años, asfixiado por sumersión
en el baño de la vivienda. Frente a terrible atrocidad generada
por quien es entrenado para matar, que aplicó sus habilidades
con sus seres más cercanos, el personal policial aún no
encuentra siquiera una pista de dónde podría encontrarse
el gendarme prófugo.
En Mendoza,
se produjo una discusión entre dos adolescentes. Inmediatamente
después, el padre de uno de ellos, policía, desenfundó
su arma y mató al padre del otro chico, e hirió a la madre.
El hecho,
para más claridad, ocurrió cuando ambas familias ya estaban
en la comisaría, donde se iba a realizar un chequeo médico
a los pibes que habían peleado.
Cuatro
ejemplos, en una semana, de la criminalidad policial, esta vez, entre
ellos mismos.
5.
Tercerización de la represión estatal: Otro ataque a los
trabajadores de la línea 60
El lunes
pasado, los choferes de la línea 60 pararon el servicio durante
tres horas en respuesta al ataque que sufrieron de parte de la patota
de la UTA y de la empresa. Se trató de una amenaza de muerte
a un trabajador, en la cabecera de Constitución, para que no
declare contra la empresa en una causa penal.
"A
la noche un trabajador del lavadero de Monsa fue amenazado con arma
de fuego. Es el tercer caso de amenaza en el lavadero, de amenazas por
parte de los nuevos empleados que contrata la empresa como parte de
su política. La empresa trajo nuevo personal para "minar"
la base. Parte de ese personal se encarga de hacer ese trabajo, es una
patota" dijo Néstor Marcolín, delegado de base.
Los trabajadores
de la línea 60 ya han realizado quince denuncias por amenazas
recibidas de parte de la empresa y la burocracia de la UTA, en contra
del cuerpo de delegados de base.
Los choferes
evaluaron en asambleas lo ocurrido y votaron volver a reunirse para
aprobar el estado de alerta y movilización, para luego impedir
el ingreso en el playón de Constitución de los empleados
que contrató la compañía para conformar la patota
que amedrentó a uno de sus compañeros.
Los trabajadores
de esta línea vienen protagonizando un largo conflicto, en defensa
de sus condiciones de trabajo, contra la triple alianza antiobrera del
Estado, la empresa y la burocracia. Hace tres meses, uno de sus delegados,
Néstor Marcolín, sufrió el ataque incendiario de
su auto, que estaba estacionado en la puerta de su casa (Boletín
nº 627).
Pocos
días después le tocó el turno al delegado Daniel
Farella. Cinco individuos armados irrumpieron en su casa a la madrugada,
suponiendo que lo encontrarían, pero él no estaba. Rompieron
todo, y agredieron a su nieta de 15 años, a la que ataron y golpearon,
mientras le mostraban la foto de la libreta de trabajo de su abuelo
y amenazaron con matarlo si continúan los reclamos laborales.
(Boletín nº 629).
Estos
ataques reiterados son la respuesta del estado, la patronal y la burocracia,
a la organización independiente que los trabajadores se dan para
defender sus intereses. Como decimos siempre, más temprano que
tarde, todo reclamo, todo conflicto, cada lucha, choca con la ineludible
represión.
Enfrentarla
organizadamente, venga del aparato represivo oficial, con uniformes,
o del oficioso, con las patotas de la burocracia sindical, es una tarea
imprescindible en el camino de la defensa de los intereses de los trabajadores.
FUENTE:
CORREPI
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