BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 641
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
11 de
febrero del 2012
Del 7
de enero del 2012
Sumario:
1.
Sobre el asesinato de tres militantes del Frente Popular Darío
Santillán.
...en
los barrios más populosos y pobres, de los que abundan en Rosario,
son frecuentes este tipo de ejecuciones, luego presentadas como “ajustes”
entre bandas...
2.
Verano a todo control social.
...en
sintonía con la lógica represiva que vienen implementando
el gobierno kirchnerista y sus aliados...
3.
Gatillo fácil a diario.
El
número de jóvenes asesinados por el aparato represivo
del estado sigue creciendo, a medida que se profundiza "el modelo"....
4.
Viejas recetas de ajuste y represión en la renovación
del mandato kirchnerista.
...comienzan
a sentirse las consecuencias de las medidas que tienden a garantizar
las ganancias de los empresarios y reforzar el disciplinamiento social...
5.
José Pedraza y su teoría de la “confabulación”.
...la
única confabulación fue la de los aliados históricos
en contra del pueblo trabajador.
6.
Duhalde agradecido.
...el
ex presidente aprovechó el aniversario para agradecer a todos
los dirigentes políticos y empresarios que “lo ayudaron
a pacificar el país y mantener el sistema democrático”...
Sobre
el asesinato de tres militantes del Frente Popular Darío Santillán
En la
noche del año nuevo, tres militantes del FPDS, Jonathan Brasante,
Claudio Suárez y Adrián Leonel Rodríguez, de 17,
19 y 21 años, fueron acribillados, en el Barrio Moreno de Rosario,
por sicarios vinculados a barras bravas de fútbol y al narcotráfico.
No es difícil advertir la mano de la policía santafesina
detrás de estos asesinatos.
Como es
común en estos casos, los medios de desinformación masiva,
levantando la fuente policial, hablaron de “ajuste de cuentas”
entre delincuentes, de enfrentamiento y de víctimas con antecedentes
penales. En los barrios más populosos y pobres, de los que abundan
en Rosario, son frecuentes este tipo de ejecuciones, luego presentadas
como “ajustes” entre bandas.
Es innegable
la vinculación de las barras bravas con la policía, que
gerencia el delito en los barrios, y con los políticos y burócratas
sindicales, que los utilizan como fuerza de choque.
En el
Barrio Moreno tiene jurisdicción la Comisaría 15ª
de Rosario, conocida porque en sus celdas, en 1996, los presos Acosta,
Ramírez, Olivera, Comesaña y Bocutti murieron quemados
y, porque Claudio Ramón “Caiola” Moreira, fue fusilado
por un policía de esa dependencia mientras estaba tendido en
el suelo.
Todo indica
que los ejecutores son sicarios enviados por Sergio "Quemado"
Rodríguez, traficante de cocaína desde hace 30 años,
en el barrio La Tablada, en connivencia con la policía, que quiso
vengar un ataque sufrido por su hijo Maximiliano a manos de otros barras
bravas. Uno de los asesinos, que se encuentra prófugo, Ariel
Sebastián "Teletubi" Acosta, estuvo involucrado hace
años en el ataque contra un micro de Newell's, donde murió
Walter Cáceres, de 14 años, ataque que pudo realizarse
gracias a las armas que proveyó un suboficial y, que fue organizado
por el secretario de un comisario. Al otro prófugo, Damián
"Damiancito" Martínez, le encontraron un chaleco antibalas
en el allanamiento de su domicilio.
Es tan
evidente la complicidad policial con las barras bravas, que el mismo
gobernador “socialista”, Antonio Bonfatti, lo reconoció
al declarar que “hay relaciones en las que es parte la policía,
abogados penalistas, barras de fútbol y el narcotráfico”.
Olvidó mencionar que los políticos y los burócratas
sindicales utilizan a estos mercenarios como fuerza de choque.
Sin embargo,
pese a este reconocimiento, su ministro de Seguridad, Leandro Corti,
anunció mayor presencia de la policía en los barrios pobres,
designados eufemísticamente como “zonas con altos índices
de delitos”.
Para perseguir
el castigo a todos los culpables de esta masacre, la única forma
es la lucha independiente y organizada, la misma a la que recurrimos
para enfrentar a la represión, en todas las formas que ésta
se manifiesta.
Verano
a todo control social
En estos
últimos días, el gobierno nacional comunicó, a
través de Nilda Garré, las medidas que están siendo
implementadas para que los que viajan a centros turísticos del
país de vacaciones no escapen al control y vigilancia acostumbrados.
Una de estas medidas es el Operativo Vigía, que abarca tres ejes:
Retiro, el NOA y el Parador de la Ruta 197 y Panamericana.
En el
NOA se sumaron 300 gendarmes y personal especializado en el Chaco Salteño;
en Retiro se creó un Centro Operativo de Control en la terminal,
que cuando esté instalado contará con 90 cámaras
de vigilancia de alta definición, 200 efectivos suplementarios
entre Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria,
escáneres de rayos X y canes adiestrados; finalmente, en el Parador
se apostarán 30 gendarmes para realizar controles de equipaje
y personas.
Estas
medidas se implementan con la excusa de la lucha contra el narcotráfico,
la trata de personas y otros delitos complejos, delitos que están
en manos de las mismas fuerzas represivas.
Además,
Cristina Kirchner prorrogó por decreto el Operativo Escudo Norte
por un año más. Se ve que, en materia de control social,
la gendarmería y la prefectura hicieron un “buen trabajo”
en las provincias más pobres del país.
Por su
parte, el gobernador Scioli lanzó el megaoperativo de temporada,
que desplegó en las ciudades balnearias y las rutas de acceso
a 7.500 policías, 600 patrulleros, 400 motos y 25 comisarías
móviles.
Este impresionante
despliegue de vigilancia está completamente en sintonía
con la lógica represiva que vienen implementando el gobierno
kirchnerista y sus aliados. Con estas medidas no se pretende cuidar
a los turistas, sino mantenerlos bajo vigilancia y dejar bien en claro
quiénes son los dueños de las calles.
En relación
al control social y a la persecución a los que luchan, también
hubo importantes avances en materia de identificación biométrica.
En el Boletín N° 634 hablamos del lanzamiento del SIBIOS
(Sistema Federal de Identificación Biométrica para la
Seguridad) que permite identificar a las personas, mediante un software
que procesa huellas dactilares y fotografías.
La meta
que se propone el gobierno es que absolutamente toda la población
del país esté en esta base de datos, para el cotejo de
huellas e identificación de rostros por medio de rasgos que son
característicos desde el nacimiento. Se vale para ello de los
datos obtenidos en la reciente campaña de renovación de
documentos a través del Registro Nacional de las Personas, que
ya tiene datos de 14 millones de personas. Se estima que en dos años
se cumplirá el objetivo de tener a toda la población en
esta base de datos. Tampoco quedarán excluidos los extranjeros,
ya que la idea es que Migraciones esté incluida en este sistema,
que también cuenta con la capacidad de almacenar muestras de
ADN y registros de voces.
Pensemos
por un instante, recordando la reciente reforma de la ley antiterrorista,
en los alcances de esta medida, en el marco de la criminalización
a la protesta que este gobierno lleva adelante. Así se aprestan
a estar en condiciones de perseguir a cualquiera que no esté
dispuesto a dejarse adoctrinar y luche contra el sistema.
Gatillo
fácil a diario
El número
de jóvenes asesinados por el aparato represivo del estado sigue
creciendo, a medida que se profundiza "el modelo".
El año
empezó con el fusilamiento de una persona que todavía
no pudo ser identificada, pero que, como siempre, era joven (25 años)
y pobre. Esto ocurrió en Mendoza, una de las provincias donde
gobierna el kirchnerismo, cuando el joven de Guaymallén, acusado
de un robo, recibió cuatro tiros de la policía mientras
se protegía atrás de una heladera en un patio.
Al otro
día, 2 de enero, en Buenos Aires, un oficial de la Metropolitana
asesinó sin dudar a un chico de 19 años que, argumentó,
intentó sacarle la moto.
Intentos
de robo repelidos a balazo vivo, que, sólo a veces, tiempo después
quedan expuestos como lisos y llanos fusilamientos. Así ocurrió
el día de reyes, cuando trascendió la detención
de cinco oficiales de la policía bonaerense, entre ellos un comisario,
por el homicidio agravado de Andrés Osvaldo Lezcano (38), ocurrido
el 2 de enero de 2011 en Valeria del Mar.
Ese día,
según los cables de la agencia Telam que a su vez reflejaban
la versión policial, la policía intentó detener
a dos hombres que habían cometido un robo, hiriendo a uno y matando
al otro. El caso, presentado entonces como “grave hecho de inseguridad
en la Costa”, terminó con el subcomisario Claudio Arnouk,
el principal Jorge Alday, el inspector Diego Palacios, el principal
Ariel Pantolone y el subteniente Guillermo Aranda detenidos, con una
historia bien diferente. Los policías integraban el operativo
de “seguridad” en la costa, y organizaban robos reclutando
“mano de obra” al estilo de los “horneros” del
caso Cabezas. Lezcano era uno de ellos, hasta que –quizás
porque quiso “renunciar al trabajo”- fue ejecutado, simulando
el robo y el enfrentamiento.
La represión
“preventiva” del gatillo fácil apunta sistemáticamente
hacia los más excluidos, y entre ellos, a los más jóvenes,
para evitar, con ese disciplinamiento, que lleguen a ser capaces de
rebelarse contra el sistema que los oprime, y los condena a la constante
y creciente explotación.
Desde
CORREPI no nos cansaremos de denunciar estos hechos represivos cotidianos
y naturalizados, ni de decir que no hay reforma que valga con el aparato
represivo del estado. Ni cursos de DDHH, ni purgas, ni cúpulas
con civiles, ni “democratización”, todas tácticas
de lavadas de cara de los verdugos, con el fin de generar consenso para
la represión.
Viejas
recetas de ajuste y represión en la renovación del mandato
kirchnerista
A pocos
días del anuncio de Cristina Kirchner sobre la “ley de
presupuesto y emergencia económica” y el pedido de ajuste
a las provincias, ya comienzan a sentirse las consecuencias de las medidas
que tienden a garantizar las ganancias de los empresarios y reforzar
el disciplinamiento social.
El 29
de diciembre, los gremios de docentes, estatales, judiciales y municipales
de Santa Cruz se movilizaron en contra del paquete de medidas de ajuste
que el gobernador Peralta enviara a la legislatura para aprobar antes
de finalizar el año 2011, y así hacer buena letra con
los mandatos presidenciales.
En el
anuncio del gobernador santacruceño, los trabajadores no sólo
vislumbraron el futuro negro, sino que, además, tuvieron que
soportar que se responsabilizara del déficit provincial a “las
recurrentes medidas de fuerza de los gremios petroleros”.
Los trabajadores
reaccionaron ante las clásicas medidas de ajuste como el tope
salarial, la suspensión de paritarias, el recorte de sueldos,
la suspensión de contrataciones y pase a planta de muchos trabajadores,
el aumento de la edad jubilatoria, entre otras. Todas medidas que apuntan
a “recortar el gasto público”, las mismas viejas
recetas menemistas y delarruístas, que ahora utilizan los proclamadores
del “proyecto nacional y popular”.
A la movilización
de los trabajadores, el gobierno respondió con la represión
de la gendarmería y la policía provincial dirigida por
Hassan, el responsable de la represión a los trabajadores petroleros
en 2007.
La represión,
entre balas y gases, dejó al menos dos decenas de heridos y garantizó
que los legisladores pudieran huir del recinto.
Con este
escenario, el gobierno provincial optó por suspender la sesión
y los funcionarios de La Cámpora, ni lerdos ni perezosos, aprovecharon
para despegarse de la responsabilidad y renunciar en masa.
Pero,
a pesar de la maniobra, lo que es imposible negar es que Peralta sólo
intentaba cumplir con la política de ajuste nacional planificada
desde la Casa Rosada, desde dónde también se apuraron
a aprobar las leyes como las antiterroristas, que preparan el escenario
represivo del nuevo periodo de gestión K.
Así
se presenta el panorama del nuevo mandato kirchnerista: se preparan
para gobernar garantizando el ajuste y la represión.
Pero ante
esto, la respuesta popular sigue siendo la organización independiente
y la lucha en las calles, para poner freno a las políticas de
hambre y enfrentar a la represión.
José
Pedraza y su teoría de la “confabulación”
Y un día
habló el jefe de la patota. Un día habló uno de
los responsables de la muerte de Mariano Ferreyra. José Pedraza,
líder de la Unión Ferroviaria (UF), escribió una
carta que fue leída por su hija en un programa de C5N, en la
que denunció “una confabulación” en su contra,
y llegó a decir que “ha pasado más de un año
y no se sabe quién mató a Mariano, pero nuestros afiliados
siguen presos como rehenes”.
Desde
el día que asesinaron a Mariano, CORREPI viene denunciando a
la Triple Alianza Antiobrera (estado, empresa y burocracia sindical)
como responsable de la emboscada que terminó con la vida del
militante. La empresa dio licencia a la patota de UF para que aleccionara
a los díscolos trabajadores. El estado, a través de la
policía, le abrió camino a la patota para que actuara
y le cuidó las espaldas para que escaparan con seguridad después
del asesinato. La patota, dirigida por Pedraza y comandada por Pablo
Díaz, fue la ejecutora del plan criminal común.
Ni los
que están presos son inocentes “afiliados”, como
dice Pedraza, ni la razón de su encarcelamiento es una “confabulación”.
Los que
están presos son burócratas que no trabajan, que viven
del trabajo de los ferroviarios, que entregan las luchas de los trabajadores
y hacen millonarios negocios con las empresas tercerizadoras. Y están
presos, como Pedraza, gracias a la movilización popular y su
lucha.
La única
confabulación fue la de los aliados históricos en contra
del pueblo trabajador.
Duhalde
agradecido
El 1º
de enero se cumplieron 10 años del día en que Eduardo
Duhalde fue designado presidente de la Nación por la Asamblea
Legislativa, después de la caída del gobierno de Fernando
De La Rua y el fracaso de los intentos de presidencia de Ramón
Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Camaño.
El ex
presidente aprovechó el aniversario para agradecer a todos los
dirigentes políticos y empresarios que “lo ayudaron a pacificar
el país y mantener el sistema democrático”. Formidable
salvavidas de plomo del ex intendente, gobernador y presidente, y, alguna
vez, ex bañero, que recordó a los legisladores peronistas
y de la UCR; al actual presidente de la Unión Industrial Argentina
(UIA), José Ignacio de Mendiguren; al gobernador chaqueño
Jorge Capitanich; a Jorge Remes Lenicov y otros que lo acompañaron
en su gestión y que hoy, si se lo cruzan en la calle, tratan
de no saludarlo.
Más
de uno de los actuales kirchneristas formaron parte de aquel gobierno,
como antes habían apoyado, hasta que empezó su declive,
a Carlos Menem. De Mendiguren, al que hoy Cristina Fernández
llama familiarmente “Vasco” en sus discursos, fue ministro
de la Producción de Duhalde. Daniel Scioli fue su secretario
de Deportes y Turismo. Jorge Capitanich, su jefe de Gabinete; Aníbal
Fernández secretario general de la Presidencia, y Carlos Soria,
cuya muerte lamentó Duhalde con pesar, su jefe de la SIDE.
Todos
juntos, “pacificaron el país”, a sangre y fuego en
el Puente Pueyrredón, y “mantuvieron el sistema democrático”,
engendrando al kirchnerismo. La burguesía, agradecida.
FUENTE:
CORREPI
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