BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 642
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
11 de
febrero del 2012
Del 17
de enero del 2012
Sumario:
1.
Gatillo fácil, encubrimiento oficial y lucha popular enLa Rioja.
“...Aquí
se trata de tapar el hecho del homicidio con las reacciones sociales
posteriores y plantear la postura de que los chicos no hicieron caso
a la orden de irse de la vía pública”....
2.
Un patovica con el puño fácil.
...se
puede ver también como, estos agentes de seguridad privada se
hacen cargo de manera creciente de la represión preventiva...
3.
De espías, proxenetas, policías y funcionarios.
...algo
ya está probado: como siempre afirmamos, el crimen organizado,
en Argentina, es gerenciado por el aparato represivo estatal...
4.
Más consenso para reprimir mejor.
...se
advierte con toda claridad cuál ha sido, y será, la política
del kirchnerismo: lograr el mayor consenso para reprimir mejor.
5.
Fotos en comisarías: hagamos como que algo hacemos.
...Una
vez más, vemos cómo el poder punitivo estatal, sin errores
ni accidentes, elige sostener normas para reprimir más y mejor...
6.
Crece la lista del gatillo fácil y la tortura
Algo
que no se discute con el kirchnerismo es la capacidad que ha tenido
para reconstruir las instituciones burguesas después de 2001,
dándole tranquilidad y estabilidad a su clase...
Gatillo
fácil, encubrimiento oficial y lucha popular en La Rioja
El 20
de noviembre del año pasado, a la madrugada, durante un baile
organizado en un club, frente a la plaza, por la municipalidad de Aimogasta,
en La Rioja, un altercado entre unos jóvenes que se retiraban
dio la excusa a dos policías para hacer lo que les han enseñado,
y lo que más les gusta: empuñar una escopeta y dispararla
contra los chicos. Allí quedó tendido en el suelo el cuerpo
sin vida de Belén Brizuela, de 17 años, con un disparo
en la sien.
Según
la autopsia y la pericia balística, la boca del arma se encontraba
a una mínima distancia de la cabeza de Belén: entre 40
y 100 cm. Una escopeta, aunque esté cargada con postas de goma,
a esa distancia es letal. Antes de disparar, el policía, de apellido
Lucero, le pegó un culatazo en la cabeza al novio de Belén,
Nicolás Palacio, quien estaba con ella y su hermano Diego Palacio.
La intensa
y lógica reacción de bronca del pueblo de Aimogasta, especialmente
de los más jóvenes, culminó con el patrullero quemado
y destrozos en edificios públicos. Los dos hermanos Palacios,
y otros chicos, están acusados en una causa que tramita en forma
paralela a la del asesinato, corroborando que la “teoría
de los dos demonios” sirve, también, más allá
de las dictaduras.
La movilización
popular y la decidida acción del padre de Belén, el conocido
folclorista Carlos Brizuela, que ya se constituyó como querellante
ante la jueza de feria, lograron que los policías Horacio Lucero
y César Alfredo Mendoza fueran detenidos, imputados, por ahora,
por homicidio calificado.
No es
menor señalar que se trata de dos oficiales de 28 y 27 años
respectivamente, que no llegan a tener dos años en la fuerza,
con conceptos de 9 y 10 según sus legajos, y que La Rioja es
una de las provincias más notablemente alineadas con el gobierno
nacional. Una buena muestra, por partida doble, de que el gatillo fácil
no es privativo de las “viejas y malas policías”
ni de alguna provincia en particular, sino que es una herramienta de
control social plenamente vigente entre los cuadros reclutados en democracia,
y formados siguiendo la línea del “gobierno de los derechos
humanos”.
Por descontado
que los policías argumentan una de las recurrentes historias
oficiales. Esta vez, la del forcejeo. La causa es ya un muestrario de
“irregularidades”, como dicen los medios para evitar la
incómoda afirmación de que todo el aparato estatal se
está esforzando por darle una mano a los camaradas en apuros.
Así, argumentan que se perdieron elementos de prueba esenciales,
como los cartuchos disparados, “porque, debido a los desmanes,
no se pudo preservar la escena del hecho”; no se ha podido determinar
qué armas largas fueron usadas, ni qué arma llevaba cada
policía, porque, según los jefes policiales, todos removidos
después del homicidio, “no se llevaba registro de qué
arma portaba cada efectivo”.
Carlos
Brizuela, esta semana, se puso en contacto con CORREPI, y nos escribió:
“Aquí se trata de tapar el hecho del homicidio con las
reacciones sociales posteriores y plantear la postura de que los chicos
no hicieron caso a la orden de irse de la vía pública”.
Nos cuenta, también, que ante la repercusión del caso,
el gobierno ya les mandó emisarios pretendiendo comprar silencio
con plata, lo que obviamente la familia rechazó. En su mensaje,
nos dice Carlos: “...no vamos a ser parte de una sociedad que
encubre estas instituciones de poder... queremos movilizar para obtener
una sentencia justa y que no cubra la corporación policial. Entre
menos de 10 días en nuestra provincia ocurrieron dos casos similares
y aún el Ministro de Seguridad y Justicia no ha dado explicaciones
y mantiene su cargo como si nada hubiese ocurrido. Una verdadera burla”.
Apoyamos
plenamente, desde nuestra organización, el camino de denuncia
y lucha dignamente elegido por la familia Brizuela, a cuya disposición
se ha puesto CORREPI por entero, con el compromiso de viajar a La Rioja
apenas nuestros recursos lo permitan.
Un
patovica con el puño fácil
El pasado
6 de enero, en la ciudad de Pergamino, Iván Hortiguera, de 16
años, fue asesinado por un empleado de seguridad privada, Fabián
Núñez, quien lo golpeó y lo arrojó por el
balcón de un séptimo piso.
Iván
era el novio de la hija de Núñez, que como se oponía
a la relación, cuando los encontró juntos en la casa de
su ex esposa, decidió terminar con la vida de Iván tirándolo
por el balcón.
Como no
podía ser de otra manera, ahora Núñez está
al resguardo en una comisaría, esperando las órdenes del
juez. Sus seudo colegas lo cuidan mejor que nadie de la bronca de los
familiares y amigos de Iván.
Como este
caso, es cada vez mayor el número de víctimas de agresiones,
torturas o asesinatos en manos de miembros de agencias de seguridad
privada.
Cabe destacar
además que, así como sucede muchas veces con miembros
de la policía y demás fuerzas, estos agentes utilizan
los recursos que les ofrece su “oficio” (la fuerza física,
el entrenamiento, armas, la impunidad) para dirimir conflictos personales.
Muchas
veces se ven verdaderos matones en las puertas de bares y boliches,
en las tiendas de ropa, en los supermercados, etc. que a cambio de un
sueldo están dispuestos a golpear y hasta matar si les parece
necesario, a pedido del empleador.
Este ascenso
en el número de asesinados por agentes de seguridad privada implicó
que debiéramos incluirlos en nuestro archivo de casos de personas
asesinadas por el aparato represivo del estado, como uno de los grupos
intervinientes en la represión preventiva.
Así
como vemos el perfeccionamiento en los mecanismos represivos con la
utilización de barra bravas y patotas sindicales “tercerizando”
la represión, se puede ver también como, estos agentes
de seguridad privada se hacen cargo de manera creciente de la represión
preventiva que golpea a diario a los sectores más vulnerables
del pueblo: los jóvenes y los pobres.
De
espías, proxenetas, policías y funcionarios
El 13
de febrero del año 2000, el diario Página/12 publicaba
una nota titulada “HISTORIAS NEGRAS DE LA SIDE Y LA SEGURIDAD
COMO EXCUSA - Un club de espías prósperos con negocios
sucios”. Allí se repasaban las historias y negociados de
célebres integrantes del aparato de espionaje estatal, desde
Raúl Guglielminetti hasta Hugo Anzorreguy, pasando el comisario
Mario Naldi o el famoso Jaime Stiuso, y se relataban sus vínculos
con no menos conocidos proxenetas como Luciano Garbellano y los pingües
negocios que ligan a todos ellos.
Un párrafo
estaba dedicado a Raúl Martins: “un profesor de historia
en colegios católicos, conocido en la SIDE como “Aristóbulo
Manghi”, fue señalado como el titular de varios puticlubs,
algunos con cierta fama, como es el caso de The One, Veo-veo y Top Secret.
Martins había ingresado a la SIDE en 1974, de la mano de José
López Rega, el monje negro que, respaldado por las ciencias ocultas
y la logia masónica P-2, fundó la temible Alianza Anticomunista
Argentina, avanzada de la represión ilegal posteriormente perfeccionada
por la dictadura militar. Martins, conocido como “el profesor”
y jubilado de la SIDE en octubre de 1987, fue denunciado por pagar coimas
a funcionarios judiciales y policiales. Un testigo habría señalado
que el juez Oyarbide recibía dinero de Martins a cambio de protección
para sus locales nocturnos. Locales que le otorgaban ganancias que rondaban
entre los 6000 y los 7000 pesos por noche. Por ese raro voyeurismo que
suelen compartir los espías, el boliche The One tendría
instalado un sistema de televisión donde se filmaban los encuentros
sexuales de sus habitués. Los videos de esos encuentros tenían
un claro destino: extorsionar a los clientes”.
Doce años
después, nuevamente el nombre de Raúl Martins alcanzó
los diarios, esta vez porque su hija Lorena formuló una denuncia
penal contra él y sus asociados, brindando toda clase de datos
sobre la red de prostíbulos en todo el país, la forma
en que la banda coopta chicas en el exterior y en Argentina para someterlas
a la prestación forzada de servicios sexuales, y, desde luego,
aportando detalles de la manera en que tanto el gobierno nacional como
el de la ciudad protegen la “empresa”, a cambio de jugosas
coimas.
Lorena
Martins realizó la denuncia como parte de la ofensiva que ella
y su madre encaran contra su padre en el marco de la división
de la sociedad conyugal, ya que, es obvio, los ingresos fabulosos del
negocio de la prostitución no fueron reconocidos por el hombre
en el juicio de divorcio. Sea cual fuere el fin de la denunciante, lo
cierto es que brinda toda la información que conoce sobre la
asociación de los proxenetas con la policía federal, tanto
de comisarías como de Drogas Peligrosas y otras dependencias;
con el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, cuya campaña
ayudó a financiar Martins, y varios de sus funcionarios y con
funcionarios del gobierno de Mendoza.
El juez
favorecido con el sorteo de la causa resultó ser Norberto Oyarbide,
gran conocedor del tema, a partir de su relación con Luciano
Garbellano, dueño de Spartacus. Como está de vacaciones
en Punta Cana, mientras piensa cómo explicar que con su sueldo
se pudo comprar un anillito de un cuarto de millón de dólares,
lo reemplazó su colega el juez federal Martínez de Giorgi,
que se sacó la papa caliente delegando la investigación
a la fiscalía.
Como sea
que evolucione el caso, algo ya está probado: como siempre afirmamos,
el crimen organizado, en Argentina, es gerenciado por el aparato represivo
estatal.
Más
consenso para reprimir mejor
Hace pocos
días, se conoció que el gobierno “de los derechos
humanos” ha decidido reformar integralmente los planes de estudio
de formación militar. Según las noticias, los militares
de las tres fuerzas, podrán “cursar materias en universidades
nacionales, disponer de mayor tiempo de estudio, realizar prácticas
conjuntas entre las tres fuerzas, haciendo eje en el fortalecimiento
de la libertad individual y la responsabilidad”. Sabina Frederic,
antropóloga, fue la que dirigió el proceso de reforma
desde 2006 hasta la actualidad. La intención de la reforma es,
en lo esencial, formar a los militares “para que tengan capacidad
de intervenir en situaciones inciertas, aplicando perspectivas diversas
a una misma cuestión.” “No estamos en la Guerra Fría,
no está claro el enemigo, no está claro con qué
se tendrán que enfrentar. Hay que formarlos para que respondan
con imaginación y creatividad”, explicó Frederic.
La reforma
en los planes de estudios es, tradicionalmente, una de las herramientas
de las que se vale el Estado, gobierne quien gobierne, para legitimar
a su aparato represivo. Intenta crear la ilusión de que las fuerzas
de la represión pueden ser reformadas, que todo es un problema
de falta de educación. A esto también contribuyen personajes
como Hebe Pastor de Bonafini, que sostiene que “Hay otra clase
militar con la que debemos empezar a conversar.” (Boletín
nº 636).
Sin embargo,
durante el gobierno de los Kirchner, más de 5.000 militares y
policías se entrenaron en cursos que brindan los Estados Unidos.
Las fuerzas armadas, desde 2004 hasta la fecha, han realizado más
de 150 ejercicios conjuntos con ejércitos de todo el mundo (principalmente
de los EEUU y de Latinoamérica). Una de las principales hipótesis
de conflicto de esos ejercicios, es la realización de “operaciones
de mantenimiento de la paz” (Peace Keeping Operations, PKO), que
es un eufemismo para designar a las operaciones de represión
de rebeliones populares.
Para más
datos, las reformas “a tono con las instituciones democráticas,
con el fortalecimiento de la libertad individual y la responsabilidad”,
es uno de los principales arietes ideológicos de la política
imperialista de los yanquis, que destinan miles de millones de dólares
al año para financiar, en todo el mundo, a ONGs que tienen por
finalidad legitimar las instituciones de la democracia burguesa. Como
se puede ver, en realidad, se trata de una reforma a tono con los intereses
del imperialismo norteamericano.
El mismo
sentido ha tenido la reciente aprobación de la última
ley antiterrorista, la octava dictada por los Kirchner, por mandato
imperial. Parte del arco supuestamente progresista que defiende al gobierno
apoyó la ley, y aportó sus supuestos argumentos para generar
consenso. En estos últimos días, el diputado “socialista”
Jorge Rivas, salió a defenderla argumentando que no se trata
de una ley destinada a reprimir la protesta social, porque el texto
contiene un párrafo que dice: “Las agravantes previstas
en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos
de que se trate tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos
humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
Ese agregado
fue utilizado para hacer pasar una reforma reaccionaria como algo progresista.
En realidad, esa aclaración, no sólo es superabundante,
sino que es una mentira. Ya el código penal establece, en su
artículo 34, inciso 4º, que no pueden ser castigadas las
conductas realizadas en ejercicio legítimo de un derecho. Añadir
la misma definición legal en otro artículo no implica
ningún cambio. Es claro que la función de ese párrafo
es engañar.
Asimismo,
en la práctica, cada vez que procesan a algún compañero
por luchar, los jueces se encargan de explicar que la ley no ampara
el ejercicio “abusivo” de los derechos. De esa manera justifican
el armado de causas contra los luchadores. Recordemos, además,
la advertencia que hizo Cristina Fernández de Kirchner a los
trabajadores, en su discurso de asunción, cuando dijo que derecho
de huelga no es derecho de extorsión.
Así,
se advierte con toda claridad cuál ha sido, y será, la
política del kirchnerismo: lograr el mayor consenso para reprimir
mejor.
Fotos
en comisarías: hagamos como que algo hacemos
El defensor
oficial de menores de La Plata, Julian Axat, hizo el año pasado
una presentación en defensa de la "privacidad de los menores
detenidos o demorados", o sea, todos los chicos de menos de 18
años que entran a una comisaría, hayan o no cometido algún
delito, cuestionando la práctica policial de fotografiarlos para
los "álbumes de malvivientes" o de "modus operandi".
Luego, esas fotos son mostradas a víctimas de delitos para que
elijan a quién identifican como su agresor. También planteó
que la existencia de camaras de seguridad en colegios vulnera el mismo
derecho a la privacidad de los chicos. El juez Luis Federico Arias,
poco después, hizo lugar al pedido y ordenó al ministerio
de Seguridad que la policía cese con esa práctica, que,
como bien sabe cualquiera que haya pasado por una comisaría,
es constante y extendida a todo el país.
Como siempre,
en el tan garantista fallo se esconde más de lo que se muestra.
Para empezar, ningún chico de menos de 18 años debería
ser detenido ni "demorado", a menos que se lo acuse formalmente
por un delito. Más allá de las normas que regulan las
facultades policiales para detener personas arbitrariamente, la sentencia
de la Corte IDH en el caso Bulacio, además de condenar y ordenar
al estado argentino derogar tanto la AA (averiguación de antecedentes)
como los códigos de faltas y contravenciones, expresamente se
refiere a los menores de edad. El propio juez Arias, hace ya tres años,
y a instancias del mismo defensor Axat, hizo lugar a un habeas corpus
preventivo contra las detenciones arbitrarias de menores, incluyendo
la averiguación de antecedentes o detención "para
identificar", el código de faltas y el "procedimiento
de entrega del menor", éste sin siquiera el respaldo normativo
de las anteriores.
Igual
que con el habeas corpus, sin mucha tardanza, en plena feria judicial,
el gobierno bonaerense, con Casal a la cabeza, apeló este fallo
planteando una "inatendibilidad sustancial de la pretensión,
por considerar que no se encuentra acreditado cuales serían las
dependencias policiales que llevarían los registros denunciados",
es decir, porque, dice, el juez no aclaró de qué comisarías
se trata... ¡son todas, señor ministro, y bien lo sabemos!.
El tema
eterno de las fotografías tomadas a detenidos, acusados o no
de un delito, no sólo viola "el derecho a la privacidad
de los menores". Pocos derechos les quedan también a los
adultos, sistemáticamente fotografiados (sobre todo cuando son
detenidos en una movilización o cualquier tipo de protesta),
al simple arbitrio policial, y usados, luego, como ocurriera con el
militante -casualmente, de La Plata- Gabriel Roser, para ser involucrado
en una causa judicial por un delito al que era totalmente ajeno, y que
lo retuvo preso varios años, hasta que se demostró, ya
en el juicio y al amparo de la movilización poular, que era una
causa armada para disciplinar su activismo y el de su organización.
El fallo de Arias cita, como ejemplo, el caso de un "demorado"
por AA, que fue "reconocido" por una víctima de un
abuso deshonesto", y sólo fue desvinculado de la investigación
gracias a que había muestras de tejidos que permitieron hacer
un análisis de ADN.
Una vez
más, vemos cómo el poder punitivo estatal, sin errores
ni accidentes, elige sostener normas para reprimir más y mejor.
Y cómo queda a criterio de los funcionarios "garantistas"
denunciar, a veces, y siempre parcialmente, alguna de estas prácticas,
consolidando, inversamente, las que no objetan. Ello no hace más
que afirmar nuestra militancia, y la necesidad permanente de denunciar
la realidad de las cosas.
Crece
la lista del gatillo fácil y la tortura
Algo que
no se discute con el kirchnerismo es la capacidad que ha tenido para
reconstruir las instituciones burguesas después de 2001, dándole
tranquilidad y estabilidad a su clase.
Por supuesto,
y como siempre, la estabilidad de los ricos es lograda a costa de la
sangre y explotación de los pobres. No es sorprendente, entonces,
que el kirchnerismo sea el gobierno que tiene el índice más
alto de fusilamiento por gatillo fácil de la historia reciente,
llegando a ser más de 3.400 las victimas de la represión
preventiva que lleva adelante el gobierno que se autoproclama "de
los derechos humanos".
Esto es
posible gracias a lo hábiles que han sido en generar consenso
y legitimación en torno a la represión, llevando adelante
medidas que en otro contexto hubieran sido imposibles de implementar,
como la militarización del país entero (Operativo Cinturón
Sur, Operativo Centinela, Operativo Escudo Norte, etc.), o la aprobación
de varias leyes antiterroristas.
El 25
de noviembre de 2011, presentábamos en Plaza de Mayo, y nuestros
compañeros del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo) en el
resto del país, la recopilación de casos de personas asesinadas
por el aparato represivo del estado desde 1983 hasta octubre del año
pasado. Denunciábamos que el estado era responsable, hasta esa
fecha, por el asesinato de 3.393 personas, la mayoría chicos
jóvenes, pertenecientes al pueblo trabajador y asesinados en
su enorme mayoría mediante la represión preventiva, aquella
que apunta a las clases más explotadas de nuestra sociedad con
el objetivo del control social.
Más
de 1.800 de esos asesinatos corresponden al gobierno kirchnerista y
la lista sigue creciendo. Entre el cierre del Archivo 2011 y esta semana,
el aparato represivo del estado ha seguido matando al ritmo de casi
un pibe por día. Son más de 30, ya, los casos chequeados
que hemos debido incorporar al que será el Archivo 2012.
Entre
los más recientes, están los casos de Walter Luna, de
25 años, asesinado a golpes dentro del penal de Magdalena; Fabián
Zubrica, de 20, fusilado por policías bonaerenses el 15 de este
mes; Dante Morelli, asesinado en un penal de Santa Fe; Luis Molina de
24; Matías Martín de 22; Daniel Luna en Tucumán;
Andrés Lezcano; Roque Ceballos...
La lista
sigue y seguirá, ya que no hay reforma, buenas intenciones o
purgas que puedan detener o cambiar el objetivo del aparato represivo
del estado que no es otro que disciplinar mediante el miedo y el asesinato
a los más pobres y al pueblo trabajador, porque son ellos quienes
tienen la capacidad de rebelarse frente a las injusticias que le presenta
un sistema hecho por y para los poderosos y ricos, sistema que se sostiene
con la explotación, el sudor y la sangre del resto de la sociedad.
FUENTE:
CORREPI
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