BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 643
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
11 de
febrero del 2012
Del 25
de enero del 2012
Sumario:
1.
El ajuste se garantiza con represión.
...ya
se empiezan a hacer visibles los conflictos que genera el plan económico
que se decide a implementar el gobierno...
2.
Bonafini, embajadora kirchnerista para buscar consenso RECOMENDADA
La
Patagonia ... recibió hace una semana la visita de Hebe Pastor
de Bonafini para “sellar un compromiso” con el kirchnerismo
3.
Polivioladores, polichorros y politorturadores
...inseguridad,
es la policía en la calle...
4.
Gatillos festivos y amistosos.
Dos
muestras del uso cotidiano que dan a sus armas bonaerenses y federales
5.
Guerra entre fuerzas de choque
...parte
de esa política, de la triple alianza antiobrera entre el Estado,
los burócratas y los patrones...
6.
Cárceles de mala muerte RECOMENDADA
“Hay
que cagarlos a palos, a trompadas y después hablarles (…)
A veces hay que enseñar primero con una cachetada”…
El
ajuste se garantiza con represión
A pocas
semanas de que la presidenta anunciara su plan de emergencia económica
y ajuste dirigido al “endeudamiento de las provincias”,
ya se empiezan a hacer visibles los conflictos que genera el plan económico
que se decide a implementar el gobierno.
A sólo
una semana de estos anuncios, fue noticia cómo se reprimía
en Río Gallegos a los estatales por protestar contra un paquete
de medidas de ajuste que atentan contra el empleo, las condiciones laborales
y el salario.
Luego,
se anunciaron los despidos de, por lo menos, 4.000 empleados públicos
en la provincia de Río Negro.
Pocos
días después, en Trelew, una protesta de camioneros contra
el despido de 170 trabajadores, por parte de la empresa de gas Camuzzi,
fue reprimida por la policía, en cumplimiento de una orden judicial
de desalojo. La represión, que concluyó con veinte trabajadores
heridos, fue realizada por la Comisaría 2ª.
Al parecer,
tan desprolijo fue el accionar de la policía y sumado a que se
trataba de trabajadores agremiados al sindicato de Moyano, que el gobernador
puso en disponibilidad al jefe del operativo, comisario Juan Carlos
Contreras, por actuar con “demasiado celo” ante la orden
de la justicia. Claramente la actitud no fue la misma ante la represión
de los trabajadores estatales en Santa Cruz, dos semanas atrás.
Al margen
de las internas en el partido de gobierno, lo cierto es que hay una
política de ajuste real que provoca la reacción de los
sectores de trabajadores que ven pesar sobre sus espaldas la crisis
económica.
Acompañando
estas medidas, que no son más que la implementación del
plan económico nacional, desde el gobierno llaman a los gremios
a “actuar con racionalidad” y callarse la boca o, de lo
contrario, vendrán los palos para los menos obsecuentes e indisciplinados.
Así,
mientras el ajuste va golpeando a los trabajadores en los distintos
puntos del país, los funcionarios acercan planes de negociación
a los sindicatos que prevén un congelamiento de las paritarias
cerrando con un aumento del 18%, cifra muy por debajo de las necesidades,
si se mira la inflación y la falta de reacomodamiento del salario
al menos en el último año.
Parte
del plan, además, es cerrar una canasta básica acordada
con los gremios y las empresas de acuerdo a las cifras del INDEC. Lo
que es bastante desalentador ya que parte de esas cifras oficiales desprendidas
de la “encuesta anual de hogares”, contempla la situación
de que un cuarto de la población, el 11,3% de las personas, viven
con $27 por día. ¿Esta será la canasta de subsistencia
que propondrán para los trabajadores?
Claramente,
las condiciones a las que quieren someter al pueblo trabajador para
garantizar las ganancias de los empresarios, no serán aceptadas
por quienes se disponen a defender sus condiciones de dignidad y su
trabajo.
Será
tarea entonces, seguir enfrentando con la lucha el ajuste y la represión.
Bonafini,
embajadora kirchnerista para buscar consenso RECOMENDADA
La Patagonia,
escenario de incansables luchas de los trabajadores ante el plan de
ajuste nacional, recibió hace una semana la visita de Hebe Pastor
de Bonafini para “sellar un compromiso” con el kirchnerismo.
La propia
Bonafini puso en palabras el objetivo de una política de cooptación
que el gobierno puso en funcionamiento en 2003 y que aún hoy
sigue rindiendo sus frutos, cumpliendo el mismo rol de “embajadora”
kirchnerista que la llevó a Santa Cruz junto a Sergio Schoklender,
en marzo de 2006, después de la ocupación militar y torturas
en pleno conflicto petrolero, a oficiar de “mediadora” entre
los trabajadores y el gobierno.
Así,
mientras desde el gobierno se viene reprimiendo cada lucha, ejecutadas
por los diferentes gobiernos y fuerzas provinciales, a lo largo y ancho
del país, el kirchnerismo se da el lujo de lavarse la cara en
las palabras de quienes hace ya tiempo, abandonaron la lucha.
Hebe de
Bonafini, en la movilización en Río Gallegos, acompañada
de varios funcionarios, agitó a la juventud a cantar y gritar
“apoyamos el proyecto nacional y popular”.
Pero por
más que griten e intenten que se mire para otro lado, las balas
y los palos de la represión se siguen enfrentando hoy con los
trabajadores y el pueblo que pelea por su dignidad.
Un acto
no podrá borrar de las mentes santacruceñas la militarización
en Las Heras, la represión a sus maestros, el encarcelamiento
a sus luchadores. Hechos que se enmarcan en una realidad que ni las
palabras de Bonafini ni la artillería propagandística
completa del “gobierno de los DDHH” pueden ocultar: los
17 asesinados en movilizaciones, los más de 5.000 procesados
por luchar y los cinco presos políticos.
Polivioladores,
polichorros y politorturadores.
La misma
comisaría de Trelew de la primera nota volvió a ser noticia
al día siguiente, cuando se supo que diez policías habían
torturado a un joven de 16 años. Además de los golpes
que le propinaron, lo violaron con una tonfa (bastón reglamentario).
Lo habían detenido porque lo encontraron discutiendo con su novia.
Esta es una de las consecuencias del sistema de detenciones arbitrarias
que impera en todo el país y que, según la sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio”,
viola los tratados internacionales de derechos humanos.
Seguramente,
como también informa el Comité de Derechos Humanos de
la ONU, que aplica la Convención contra la Tortura, el tribunal
que entienda en la causa, calificará la conducta policial con
alguna figura menor, para evitar decir que en democracia también
se tortura.
Sin embargo,
estos no son hechos aislados. Como denunciamos desde CORREPI, constantemente
se conocen hechos que logran superar el cerco mediático, y que
involucran a la policía en la comisión de todo tipo de
delitos.
Entre
los más recientes, en la Ciudad de Buenos Aires, un sargento
de la Policía Federal, Jesús Walter Yapura, fue detenido
por intentar violar a un menor de 14 años en el baño de
la estación de subte Congreso de Tucumán, de la línea
D. Este policía ya había sido indagado en una causa por
torturas, en julio de 2010, protagonizada por agentes de la comisaría
23ª, de Palermo, y en la que la subinspectora Natalia Verón
aplicó picana eléctrica a los tres detenidos torturados.
También, como suele suceder, la tentativa de violación
fue recaratulada como un delito menor (abuso deshonesto), la impunidad
de ayer permitió decir “no tiene antecedentes”, el
hecho de ser policía sirve para afirmar “posee trabajo
estable con buen concepto de sus superiores”, y ya la cámara
de apelaciones ordenó la libertad del policía pedófilo,
que ahora, desde los medios, se da el lujo de amenazar a su víctima
y a sus padres.
El 5 de
enero, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, seis policías
detuvieron y torturaron a Juan José Reynoso, un joven de 23 años.
Lo llevaron a la comisaría porque no poseía los papeles
de la moto que conducía. Una vez allí, lo golpearon hasta
que convulsionó y perdió el conocimiento.
Por último,
esta semana se pudo conocer también el caso de un policía
federal, detenido en la costa por asaltar turistas, sumándose
así a otras noticias de este año, de policías robando
en las zonas de veraneo.
Estos
casos se multiplican por todo el país, todos los días.
Muy pocos logran superar el silencio cómplice de los medios de
desinformación masiva. Policías cometiendo todo tipo de
delitos, organizando y administrando actividades como el tráfico
de drogas, la trata de personas, el robo de automotores, etc., evidencian
que “inseguridad es la policía en la calle”.
Gatillos
festivos y amistosos
El 15
de enero, un grupo de jóvenes quiso entrar al club Bolívar
de Alejandro Korn (partido de San Vicente), donde se estaba festejando
el cumpleaños de 15 de la hija de un policía bonaerense,
en el que se encontraban varios de sus colegas, de civil y francos de
servicio.
Tras discutir
con uno de los chicos, el padre de la cumpleañera y sus colegas
empezaron a los tiros, uno de los cuales impactó en la cabeza
de Fabián Zubrica, de 20 años de edad.
Alguien
llamó a la policía, por lo que llegaron al lugar policías
de la comisaría de Alejandro Korn, situada a poco más
de diez cuadras, que reprimieron al conjunto de chicos con postas de
goma. “No hicieron nada por defender a los chicos, sólo
buscaron proteger a los efectivos que estaban en la fiesta”, dijo
uno de los amigos de Fabián. Irremediable recordar otra fiesta
de 15, en agosto de 2004, en Talar de Pacheco, cuando en similares circunstancias
-una discusión iniciada por un invitado adulto que hizo un comentario
grosero sobre la novia de uno de los adolescentes- el policía
federal Pablo Alcides Barros, tío de la cumpleañera, decidió
espantar a los pibes a los tiros, y mató por la espalda a Carlos
Bustamante (21) que se estaba yendo de la fiesta.
En otro
episodio, esta vez en Los Polvorines, un policía federal de la
comisaría 35ª mató de un balazo en la cabeza a un
amigo suyo, según dijo, al querer defenderlo de un ladrón
que intentaba asaltarlo.
Para variar,
el homicida estuvo detenido sólo 24 horas, tras declarar que
su amigo lo había llevado hasta la puerta de su casa y que, cuando
él se bajó del coche, apareció un ladrón
e intentó asaltarlo. Fue entonces, dijo, que apuntó al
individuo desde el otro lado del auto, por la ventanilla del acompañante
y por encima de la cabeza de su amigo. Pero, argumentó, la bala
rebotó contra el techo del vehículo e impactó en
la cabeza del hombre que estaba al volante. Obviamente, el asesino asegura
que el misterioso tercero, del que ningún rastro quedó,
tenía un arma e hizo un disparo, pero el único casquillo
encontrado pertenece al arma del policía.
Dos muestras
del uso cotidiano que dan a sus armas bonaerenses y federales.
Guerra
entre fuerzas de choque
La semana
pasada, una pelea entre dos facciones de la barra brava de Chicago,
Los Perales y Los Antenas, resultó en la muerte de Agustín
Rodríguez, de Los Perales, y con Aldo “El Paraguayo”
Barralda, de Los Antenas, internado en el Hospital Santojanni, con un
puntazo en el abdomen.
Los Perales
fueron hasta el Hospital a asesinar a Barralda, buscando vengarse de
la muerte de Rodríguez. Como no pudieron encontrarlo, realizaron
todo tipo de destrozos.
La respuesta
inmediata de las autoridades del Hospital fue pedir más seguridad,
es decir, más policía. La respuesta de los gobiernos nacional
y de la Ciudad, fue lavarse las manos y culparse mutuamente.
Está
claro que si hay algo que no garantiza la policía es la seguridad.
Por el contrario, policías y barra bravas son socios en el delitos.
Lo demuestran el asesinato de los tres militantes del Frente Popular
Darío Santillán en Rosario, o la complicidad en el asesinato
de Mariano Ferreyra, entre policías y burócratas, con
la participación, también, de miembros de hinchadas.
Los compañeros
delegados de la Línea 60, que llevan adelante una lucha por la
organización independiente de su Comisión Interna, y que
vienen sufriendo el ataque sistemático de patotas, contratadas
por la empresa DOTA para impedirlo, han denunciado que Barralda fue
uno de los reclutados por la patronal para atacarlos. Han denunciado
que Ángel Paisa, dueño de DOTA, lo contrató, junto
a 250 personas más, para boicotear la organización. Y
agregaron que de esas 250 personas, entre 30 y 40 son barras de Boca
y de Chicago. Es más, uno de sus delegados denunció a
Barralda porque lo amenazó a él y a su familia.
Está
claro que más policía no puede ser la respuesta al hecho
protagonizado por los barras bravas en el Hospital Santojanni. Quienes
normalmente les franquean los ingresos a los estadios de fútbol,
y que les cubren la retirada cuando asesinan a militantes, como sucedió
con Mariano Ferreyra, son parte del problema y no de la solución.
Son parte de esa política, de la triple alianza antiobrera entre
el Estado, los burócratas y los patrones, como Ángel Paisa,
que contrató a Barralda para amedrentar a los delegados de la
línea 60, o como UGOFE, que contrató a Favale para asesinar
a Mariano Ferreyra.
Esta política
es común en todos los niveles de gobierno y recorre todo el país.
Basta recordar, a título de ejemplo, que el macrismo utilizó
barras bravas para atacar a los docentes que protestaban, en la legislatura,
contra la modificación de las Juntas de Calificación,
o que el kirchnerismo usó barras de Chacarita para atacar a los
trabajadores del Hospital Francés.
El único
camino que tienen los trabajadores para enfrentar esta política
antiobrera, y a sus fuerzas de choque, es la organización independiente
del Estado y los patrones, recurriendo a los métodos de autodefensa
que, a lo largo de su rica historia, se ha dado la clase obrera en todo
el mundo.
Cárceles
de mala muerte RECOMENDADA
Esta semana,
hicieron ruido las palabras del intendente kirchnerista de Villa Gobernador
Gálvez, Pedro González, en referencia al tratamiento que
merecen los “delincuentes reincidentes”. “Hay que
cagarlos a palos, a trompadas y después hablarles (…) A
veces hay que enseñar primero con una cachetada”…
dijo el ilustre funcionario.
En los
mismos días que se armaba un gran revuelo mediático por
este rapto de sinceridad, salieron a la luz dos noticias sobre la forma
en que se vive y se muere en las cárceles de mala muerte argentinas.
En Formosa,
se supo de la muerte de un joven en un instituto de menores, ahorcado
con una sábana en su celda. También se conocieron los
escabrosos detalles de la represión que sufrieron los internos
de la Unidad Penal N° 1 de Corrientes, que incluyeron palazos, picana,
gases lacrimógenos y facazos propinados por los verdugos del
servicio penitenciario.
Todo empezó
el sábado 15, a raíz de una quema de colchones en protesta
a la negativa hacia un interno de ver a la familia, horas después
de haberse enterado del fallecimiento de su padre. La respuesta de los
funcionarios del servicio penitenciario fue enviar a grupos especiales
antimotines para reprimir la medida de fuerza. El saldo fue de varios
heridos graves, heridos con elementos cortantes y con fracturas múltiples.
Por este
hecho, y otros que vienen ocurriendo desde hace meses, los internos
del penal iniciaron el lunes 16 una huelga de hambre y sus familiares
radicaron una denuncia contra el subsecretario de Gobierno, el Director
del Servicio Penitenciario, el personal y autoridades de la UP1 y los
miembros de los grupos especiales (PAR y ETOP).
Como podemos
ver, lo que propone el intendente de G. Gálvez es lo que se da
en la realidad, el tratamiento a los presos es el mismo en todos lados,
sean reincidentes o no.
FUENTE:
CORREPI
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