BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 644
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
11 de
febrero del 2012
Del 9
de febrero del 2012
Sumario:
1.
Más asesinatos en las cárceles.
...Este
sistema no busca “rehabilitar” o “reinsertar”,
sino ejercer el control social sobre el pueblo y, claro, amparar a sus
sicarios.
2.
Con la nueva Ley Antiterrorista, más persecuciones a los luchadores.
Cada
vez son más duros los métodos de hostigamiento hacia los
trabajadores organizados, por parte de la policía, jueces y fiscales;
siempre a favor de los intereses de las empresas y los poderosos...
3.
Nunca seremos eso.
...¿Cuántas
veces escuchamos "Este gobierno no reprime" o "Es el
gobierno de los derechos humanos", repetido hasta el cansancio
por las voces del peronismo y progresismo filo K?...
4.
Inseguridad es la policía “de los DDHH” en las calles.
...
afirmamos, pruebas en mano, que “los grandes crímenes son
perpetrados y protagonizados por las fuerzas”...
5.
La profundización del modelo para los explotados: Gatillo fácil
y torturas.
...
no es problema de manzanas podridas o funcionarios políticos
que no saben controlar a su policía, sino que la represión
se despliega a lo largo y ancho del país con un mismo objetivo...
6.
Procesados por defender los derechos de la naturaleza.
Comunicado
de los Jóvenes Kurmi de Jujuy, nuestros compañeros en
el ENA, y otras organizaciones, sobre la persecución judicial
a referentes de la Corriente del Pueblo, procesados por enfrentarse
a la megaminería.
Más
asesinatos en las cárceles RECOMENDADA
El 1º
de enero, Sergio Benjamín Alegre Verón, de 35 años,
fue asesinado a puñaladas en el penal de Urdampilleta. Tenía
heridas de faca en su cuello y nuca que le provocaron la muerte. Su
asesinato ocurrió en el pabellón de máxima seguridad,
y fue oficialmente presentado como “pelea entre internos”.
Este tipo de hechos son recurrentes en las cárceles de mala muerte
y siempre implican la participación de los agentes penitenciarios,
que “liberan la zona” o directamente mandan a sus propios
sicarios a ejecutar algún “preso problemático”.
El 28
de enero, en la Unidad 46 de José León Suárez,
Patricio Barros Cisneros, de 25 años, fue asesinado a golpes
por agentes del servicio penitenciario cuando, en el horario de visitas,
se acercó a pedir un lugar con mayor privacidad para estar con
su esposa, quien está embarazada de 8 meses. En su presencia,
y la de otros testigos, los penitenciarios Silva, Benítez, Maciel,
"El Gallego", Luna y Chaparro, entre otros, le dieron una
paliza tal, que lo mataron. Un rato más tarde, le dijeron a su
esposa que Patricio se había suicidado, “golpeándose
la cabeza contra una reja hasta morir”. Un tiempo antes, su hermano
Diego había denunciado que los penitenciarios obligaban a los
internos a salir a robar para ellos. No hay nada casual en este ataque.
Pero no
sólo los agentes del servicio penitenciario protagonizaron este
asesinato. El propio fiscal y las autoridades del Servicio Penitenciario
Bonaerense también sostuvieron la descabellada versión
del “suicidio”, a tal punto que, cuando un funcionario de
la Defensoría General quiso aportarle los datos brindados por
los testigos del apaleamiento que involucraban a los penitenciarios,
el fiscal se negó a recibirlos.
A tan
solo una semana de las reveladoras declaraciones del intendente kirchnerista
de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González, quien dijo
que a los “delicuentes reincidentes (…) hay que cagarlos
a palos, a trompadas, y después hablarles” y de la noticia
de la represión en el penal de Corrientes que dejó como
saldo más de 100 heridos, vemos la sistematicidad de las torturas
y asesinatos en las cárceles, con la participación de
todo el sistema penitenciario y judicial. Este sistema no busca “rehabilitar”
o “reinsertar”, sino ejercer el control social sobre el
pueblo y, claro, amparar a sus sicarios.
Con
la nueva Ley Antiterrorista, más persecuciones a los luchadores
RECOMENDADA
Cada vez
son más duros los métodos de hostigamiento hacia los trabajadores
organizados, por parte de la policía, jueces y fiscales; siempre
a favor de los intereses de las empresas y los poderosos.
La semana
pasada, en Santa María, Catamarca, nueve manifestantes antiminería
que bloqueaban el paso a los camiones de la minera La Alumbrera, dejando
pasar al resto de los vehículos, a los cuales les entregaban
volantes explicando la gravedad del proyecto minero, fueron detenidos.
Como no había, técnicamente, un “corte de ruta”,
ya que sólo impedían el paso de los camiones de La Alumbrera,
recurrieron a la siempre útil “averiguación de antecedentes”.
Pero enseguida el fiscal resolvió que lo que los compañeros
formaban parte de “una agrupación que tiene por objeto
imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”,
y los imputó por el delito de prepotencia ideológica (art.
213 bis del código penal), norma creada por el gobierno radical
de Illia, al que Perón subió la pena en su tercer gobierno,
y que ahora el kirchnerismo ha declarado, en la última ley antiterrorista,
delito federal. Los compañeros, aunque con la causa en trámite,
fueron liberados, después de que organizaciones de todo el país
(como el Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, CORREPI, y otros integrantes
del ENA) se comunicaran telefónicamente a la comisaría
reclamando su soltura.
Desde
Correpi, venimos denunciando el constante perfeccionamiento de las herramientas
“legales” para perseguir a la militancia. Hemos dicho y
escrito sobre la reiterada sanción de leyes “antiterroristas”,
incluso con un informe especial en la revista Antirrepresivo (anterior
a la sanción, en diciembre, de la octava de estas leyes). Se
trata de normas para la represión de los luchadores, que equiparan
al luchador con el terrorista y dan las más amplias libertades
de interpretación a los jueces.
El mismo
día de las detenciones en Catamarca, en Famatina, la Rioja, también
había masivas movilizaciones contra la empresa Osisko, otra trasnacional
minera. El pueblo riojano sabe, por más que los medios lo oculten,
que es un proyecto que destruye completamente el ecosistema y genera
gravísimos problemas en los cultivos, único sustento económico
de muchos de los pobladores, además de la terrible contaminación
del agua con químicos como el cianuro.
En La
Rioja, gracias a la lucha popular y a la solidaridad de todo el país,
se logró que el proyecto fuera suspendido, por ahora. Sin embargo,
al mismo tiempo se dieron a conocer listas negras que la empresa confeccionó
sobre los manifestantes, en un detallado trabajo de inteligencia, que
caracteriza a los compañeros según su grado de compromiso
con la lucha.
En Formosa
también se agudiza la represión. Hace solo un par de semanas,
en Villa Gral. Belgrano, Ermindo Penayo y su hermano, Marcial, militantes
del Mocafor (Movimiento Campesino de Formosa) fueron detenidos en el
terreno de su casa, por el supuesto hurto de ganado a la empresa ganadera
Cabanella. Al negar los hechos falaces que les imputaban, fueron violentamente
torturados. Marcial quedó en libertad, pero Ermindo siguió
detenido por tres días en los que se lo siguió torturando
violentamente, bajo amenaza de que si no firmaba su culpabilidad lo
iban a “matar a golpes”. Los compañeros están
ahora imputados en esta causa “armada” en su contra y en
beneficio de la empresa Cabanella, que hace meses viene amedrentándolos
para desalojarlos de sus tierras.
Finalmente,
al cierre de este Boletín, nos estamos movilizando en repudio
a la nueva represión y detenciones de activistas antiminería
en Catamarca.
Nunca
seremos eso
Un golpe
de efecto local: la ministra Garré recibió a familiares
de víctimas del gatillo fácil y se comprometió
a no corporativizar ni a dejar impunes los crímenes.
Otra noticia
de más elevada y sutil confección: Human Rights Watch
(un organismo de derechos humanos a la yanqui) sostiene que la inseguridad
ciudadana es la amenaza central para las jóvenes democracias
latinoamericanas y recomienda a los estados, para afrontarla, que inviertan
en más recursos (equipamiento y formación policial y militar).
La represión,
en tanto política de estado, se legitima mediante el consenso,
que aporta el consentimiento de la población para que aquella
se lleve a cabo. Pero ese consentimiento no se da naturalmente, ese
consenso se construye y se coopta.
Las agencias
del estado, que día a día despliegan la violencia contra
los sectores bien identificados de la sociedad (en general contra jóvenes
pobres, marginalizados u organizados) disponen de un mecanismo de "aceptación",
que ingeniosamente traduce sus crímenes cotidianos en "ejercicios
rutinarios de la facultad institucional para preservar el orden y la
paz social".
Lo gestual,
lo comunicacional, la chapa de quien lo dice, cobra un valor fenomenal
a la hora de convalidar esta política. Machacar con fraseología
que apela al sentido común (que ellos mismos establecen) también.
El impacto
en la subjetividad de quien, de otro modo, no convalidaría, es
el ineludible paso previo al objetivo final. Que no es la verdad, si
no su distorsión.
¿Cuántas
veces escuchamos "Este gobierno no reprime" o "Es el
gobierno de los derechos humanos", repetido hasta el cansancio
por las voces del peronismo y progresismo filo K?
Como si
la tercera parte de los muertos en la protesta social no hubiera acaecido
en el mandato K o más de la mitad de muertos por el gatillo fácil
y la tortura o detención les resultaran ajenos.
El Poder
Ejecutivo, del cual forma parte la ministra Garré, es el jefe
operativo y político de la misma policía que mata a un
pibe por día con la modalidad que dice repudiar frente a nuevas
víctimas. Garré es la misma ministra que ordena proveer
a la defensa judicial de sus subordinados en casos de gatillo fácil
(por ejemplo la del Kunky Mendez en La Matanza) o en casos de represión
selectiva (causa Mariano Ferreyra).
Clara
lógica del poder frente a la visibilidad que adquiere su política:
cuando las víctimas ensucian, nada mejor que el dolor de otras
para limpiarse.
Lo sutil
pero en el mismo camino, pertenece al campo de los llamados "respetables
organismos de Derechos Humanos": fogonear con la inseguridad como
novedosa hipótesis de conflicto, es asegurarle al estado y a
la clase que lo dirige su pertrechamiento y adiestramiento para convalidar
las muertes de todos los pobres, todos los días. Como dijo un
compañero del equipo de Familiares de CORREPI: "nosotros
nunca seremos eso".
En este
contexto, el de distraer y confundir, se inscribe la construcción
del consenso necesario para que los gendarmes del poder real lleven
a cabo su misión: garantizar el orden social en una sociedad
dividida en clases.
Por su
naturaleza, esa sociedad no admite derechos ni mucho menos humanos.
Su hipócrita formulación discurre entre la gestualidad
ministerial y la complicidad encubierta de los políticamente
correctos.
Una vez
más, tiene razón el compañero.
Inseguridad
es la policía “de los DDHH” en las calles
Desde
nuestro rol militante antirrepresivo, siempre denunciamos que “Inseguridad
es la policía en la calle” y afirmamos, pruebas en mano,
que “los grandes crímenes son perpetrados y protagonizados
por las fuerzas”. Muchas veces, los medios intentan ocultar las
noticias en las que los uniformados son descubiertos. Pero gracias a
la militancia y también a que la sociedad argentina denuncia
cada vez más abiertamente los crímenes de las fuerzas
represivas, los uniformados quedan más expuestos a ser vistos
como lo que realmente son: unos asesinos que se encargan de hacer negocios
con la trata de personas, el narcotráfico y el robo organizado.
En diciembre
de 2011, el cuerpo de Carlos Fretes fue descubierto en un descampado
de Longchamps. Había sido muerto a golpes: lo mutilaron e intentaron
prenderlo fuego para borrar las huellas. Como en el barrio se saben
las cosas, los vecinos fueron a la casa de Claudio Américo Mena,
un narco de Florencio Varela con estrechos vínculos con la seccional
2ª de esa localidad e intentaron lincharlo. Un “buche”
de la comisaría fue el encargado de entregar a Fretes a Mena,
ya que lo acusaban de “haber marcado” la casa del narco
para un robo que se había producido días anteriores. El
narco pudo sacar sus pertenencias de su lujosa casa con la protección
de la Bonaerense, que, mientras Mena se mudaba, reprimía con
balas de goma a los vecinos que querían lincharlo. Con toda esta
protección Claudio Américo Mena está prófugo.
Si sabe de él, no le avise a la policía.
El 1º
de febrero, fue detenida una sargento de la bonaerense por mantener
como rehén a cinco integrantes de una familia, golpearlos y haberles
robado mil euros. El hecho ocurrió en Ezeiza. Como las víctimas
se resistieron al robo y lograron desatarse para pedir ayuda, al huir
la oficial olvidó sus pertenencias, entre ellas su celular. La
polichorra Sonia Alejandra Umpierre, de 30 años, que reprimía
para la comisaría 1ª de Cañuelas, fue separada del
cargo pero obviamente no está detenida.
El 13
de enero, el policía mendocino Juan Pablo Alcaraz fue descubierto
con el equivalente a 170 mil pesos en moneda chilena. El 4 de febrero,
la policía chilena logró descubrir el por qué el
uniformado tenía tal suma de dinero: en un operativo lo detuvo
con 300 kilos de marihuana. El oficial lideraba una red de tráfico
de drogas entre Argentina y el país trasandino y también
se asegura que hay más uniformados involucrados.
El 9 de
enero, fue detenido Gabriel Giménez en la ciudad boliviana de
Santa Cruz de la Sierra, un ex comisario y ex jefe de la División
de Inteligencia Criminal de Salta. Estaba prófugo desde mayo
de 2011, cuando fue detectado un cargamento de cocaína en el
que quedó implicado. También hay otro narcoficial de alto
rango implicado: se trata del oficial principal Carlos Gallardo, entonces
jefe de la sección Frontera de la División de Inteligencia
Criminal.
Por último,
cabe señalar que sólo en el mes de enero de 2012, 34 miembros
de las distintas fuerzas represivas fueron arrestados por cometer delitos
graves como torturas (“apremios ilegales”), homicidios,
robos, narcotráfico y hasta abusos sexuales.
Ésta
es la inseguridad. Ésta es la policía de los DDHH: la
que llena de drogas nuestras tierras, la que organiza los grandes robos,
la que organiza la trata de personas y la que viola mujeres y niños.
Inseguridad es la policía en las calles.
La
profundización del modelo para los explotados: Gatillo fácil
y torturas
Marcelo
Supúlveda tenía 26 años y vivía en Benavidez,
partido de Tigre. Su primo, John Camafreitas vivía en Boedo.
Sus vidas terminaron, policía mediante, con días de diferencia.
Ambos se encontraron en distintas situaciones y lugares con la cara
del estado y con lo que este tiene reservado a los jóvenes pobres:
las balas y la tortura del aparato represivo estatal.
El 9 de
enero, Marcelo venía escapando de un individuo que lo perseguía
por un conflicto barrial. Para esconderse se metió en un terreno,
custodiado por vigilantes de la empresa de seguridad privada Securitas.
Dos guardias, sin mediar palabra, lo redujeron y se abocaron a golpearlo
brutalmente hasta que llegó la policía, que siguió
con la tarea emprendida por sus compañeros sin uniforme oficial.
Marcelo murió en el patrullero, camino al hospital.
El 23
de enero, su primo, John Camafreitas, se alejaba de una plaza en Boedo
donde hubo una disputa entre grupos adolescentes hasta que llegó
la policía y los reprimió. John y un amigo fueron perseguidos
por un patrullero de la 8ª. Uno de los policías le disparó
a John en la nuca. Después de agonizar cinco días en el
hospital, el pibe murió.
Esta forma
de actuar del aparato represivo del estado, ya sea la policía,
la gendarmería o la fuerza de turno, no es casual ni producto
de errores o excesos, es la política sistemática de represión
preventiva que el estado despliega para reprimir y disciplinar a las
clases empobrecidas y explotadas de la sociedad, con el objetivo de
evitar que amenacen el lugar de poder y riqueza que ocupan quienes manejan
y administran el estado.
No es
un policía “loco” o “abusivo”, sino que
el gatillo fácil y la tortura forman parte de una política
consciente llevada a cabo por toda la estructura represiva estatal.
Mostrando
que el gobierno kirchnerista sigue rompiendo records en materia represiva,
2012 empezó y sigue con cantidades de casos de gatillo fácil
que nos anticipan lo que será el año. Éstos son
sólo algunos de los casos que registramos en las últimas
semanas:
- El 21
de enero, en la localidad mendocina de Rivadavia el vigilador Raúl
Barbosa, al ver a alguien dentro del predio que custodiaba, disparó
sin vacilar y asesinó por la espalda a Gustavo Juan Ramírez,
de 33 años.
- El 22
de enero, en Córdoba, el policía retirado Antonio Funes
fusiló por la espalda, con su escopeta calibre 16, a Juan Pablo
Acosta, de 9 años.
- El 24
de enero, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, un subteniente
de la policía bonaerense supuso que dos personas intentaban robar
un camión de lácteos que estaba a su custodia. Mató
a uno de ellos de un tiro en la cabeza.
- El mismo
día, pero en Barrientos, al oeste del conurbano, un policía
federal que se encontraba de franco también fusiló de
un disparo en la cabeza a Cristian Edgardo Corvalán de 23 años,
quien huía tras un intento de robo en una heladería.
- El jueves
26 de enero, en Tortuguitas, el teniente 1° de la policía
bonaerense Claudio Ibarra “arregló” sus problemas
familiares de la única forma que lo puede hacer alguien que forma
parte del aparato represivo, matando. En medio de una discusión
con su esposa María Salomé Suma, de 32 años, el
teniente sacó su arma reglamentaria de 9 milímetros y
disparó siete veces. María recibió cuatro disparos.
Luego, con tal de no enfrentar consecuencias, el teniente intentó
fallidamente suicidarse.
Queda
claro que no es problema de manzanas podridas o funcionarios políticos
que no saben controlar a su policía, sino que la represión
se despliega a lo largo y ancho del país con un mismo objetivo:
el disciplinamiento de las clases explotadas, y con una misma intención:
la profundización del modelo que imponen los ricos y poderosos
al pueblo trabajador.
Procesados
por defender los derechos de la naturaleza RECOMENDADA
Comunicado
de los Jóvenes Kurmi de Jujuy, nuestros compañeros en
el ENA, y otras organizaciones, sobre la persecución judicial
a referentes de la Corriente del Pueblo, procesados por enfrentarse
a la megaminería.
¿Quién
se beneficia si las trasnacionales continúan en nuestro territorio
con la extracción de minerales a cambio de cianuro y arsénico
en la tierra y el agua, la eliminación de montañas y la
creación de gigantescos huecos donde están enclavadas;
la depredación de millones de litros diarios de agua necesaria
para todas las formas de vida, la contaminación del aire y la
conversión de tierras cultivables en paramos desérticos?
La velocidad
con la cual se están destruyendo las condiciones que hacen posible
la vida se ha acelerado en las últimas décadas, sin dudas
las políticas de desarrollo y progreso dan cuenta de que este
modelo civilizatorio, de producción, distribución y consumo
es absolutamente incompatible con la preservación de la vida
en el planeta.
Las políticas
de carácter extractivista nos muestran, como sucede con la mega
minería en nuestro país, que no existen negocios monopolistas
sustentables, mientras mayores son las dinámicas destructivas
en la extracción de recursos naturales, menores son las posibilidades
de respuesta y adaptación a las condiciones planetarias que el
saqueo genera.
En lo
que puede ser caracterizado como el asalto final del capital a la naturaleza,
las principales resistencias a este modelo depredador, a este proceso
de acumulación por desposesión, nacen de pueblos y comunidades
que sostienen su vivencia rescatando las experiencias del mundo tradicional.
Son estas experiencias, estas memorias colectivas de que es posible
vivir de otra manera, las principales reservas políticas y culturales
con las cuales cuenta la humanidad para cuestionar y resistir el avance
de este modelo depredador y destructor de la vida.
Construimos
nuestras organizaciones como espacios fundacionales de un nuevo modelo
civilizatorio, sosteniendo colectivamente tradiciones ancestrales que
recuperen el sentido de vida, como el sumak kawsay (el buen vivir) del
que hablan los pueblos indígenas andinos, replanteándonos
las relaciones entre los seres humanos y la madre tierra, vinculándonos
desde una vivencia de respeto con la naturaleza, luchando por sus derechos
y armonizando nuestra relación con ella reconociendo su dimensión
espiritual.
En ese
sentido no nos sorprende que quienes se arrogan el poder para violar
los derechos de la madre naturaleza hoy estén procesando a Luciana
Santillán y Gerónimo Peralta, referentes sociales de la
provincia de Jujuy que, como sucede con organizaciones hermanas en todo
el país, son perseguidos por sostener la lucha por los derechos
de la naturaleza, por defender el agua y la vida.
Entendemos
que el valor agregado de cada una de las organizaciones que en nuestro
país enfrenta a los monopolios radica en su “espíritu
de sacrificio”, en su disposición a dar pelea ante las
trabas que surgen, sostenidos desde valores que expresan la fuerza de
la montaña y que van a contramano de la locura de la sociedad
actual.
CON MEGA
MINERÍA NO HAY PAÍS EN SERIO – POR LOS DERECHOS
DE LA NATURALEZA - EL AGUA Y LA VIDA SE DEFIENDEN.
Corriente
del Pueblo - Jóvenes KURMI - Instituto Taki Onqoy - Movimiento
Campesino de Jujuy.
FUENTE:
CORREPI
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