BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 645
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
2 de marzo
del 2012
Del 16
de febrero del 2012
Sumario:
1.
Parque Indoamericano: "Impunidad para todos".
...El
juez Eliseo Otero, fiel a su larga trayectoria judicial, sobreseyó
a los 44 policías y a la jueza...
2.
¿Huelga policial? Película nao tem fin.
...un
policía NO ES UN TRABAJADOR, a menos que se afirme que la tarea
de ejercer violencia sobre los más necesitados admita esa calificación...
3.
El estado argentino sigue asesinando, con prisa y sin pausa.
En
dos semanas, la represión preventiva ... se cobró varias
víctimas.
4.
Policía municipal.
...la
creación de nuevos cuerpos policiales estaba en los planes del
gobierno desde hace mucho tiempo...
5.
Es política de estado, no "descontrol".
...
es falso es que se deba a que la policía ... sea "difícil
de controlar" ... es la tarea que deben llevar a cabo en una sociedad
dividida en clases.
6.
Más de policriminales.
...
esta semana… otra larga lista de casos...
7.
Causa Ferreyra: Patota y policía, la causa es una sola.
...la
foto del largo banco de los acusados tendrá a la policía
y a la burocracia de la UF como siempre estuvieron, codo a codo, contra
el pueblo trabajador...
Por
fin, ¡La Galle a la calle!
El
22 de febrero, en los tribunales de Lomas, vamos por ¡Libertad
a Carlos Olivera!
Parque
Indoamericano: "Impunidad para todos"
En diciembre
de 2010, la policía federal y la metropolitana coordinaron sus
fuerzas para reprimir a los ocupantes de un predio en el Parque Indoamericano
de Villa Soldati. Durante el "operativo conjunto", fueron
asesinados Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri
Álvarez, y media docena de vecinos sufrieron heridas de arma
de fuego.
En la
causa que investiga los homicidios y heridas, el fiscal había
imputado a 11 policías de la federal, 33 de la metropolitana
y a la jueza que dio la orden de desalojo, María Cristina Nazar,
y pidió al juez de instrucción que se los indagara y procesara.
El juez
Eliseo Otero, fiel a su larga trayectoria judicial, sobreseyó
a los 44 policías y a la jueza. ¿De qué manera
se garantizó la impunidad? Con la conocida formula que, aunque
se sepa que disparó la policía, si no se puede saber quien
apretó el gatillo, no lo apretó nadie. Lo concreto es
que Emilio, Rosemary y Bernardo fueron asesinados por el estado, y,
lógicamente, el aparato judicial (que es del estado, tanto como
el policial), una vez más demuestra que entre ellos se cubren,
que el sistema está bien aceitado, y que no hay cuestiones al
azar ni autonomía en el accionar policial.
El juez
Otero, como tantas veces lo ha hecho, aseguró que el accionar
de la policía estuvo "justificado" porque la orden
de desalojo era "legítima". "La ecuación
ha sido tan simple como efectista: los proyectiles debieron provenir
del grupo de funcionarios que pretendían cumplimentar la orden
judicial de desalojo sobre el predio y la responsabilidad debiera extenderse
a todos quienes participaron en la gestación de aquella orden"
dijo el magistrado, en un completo acto de cinismo. De paso, criticó
las conclusiones a las que llegó el fiscal en su dictamen, disgustado
porque no se investigó a los vecinos de la Villa 20.
Desde
CORREPI seguimos afirmando que no existe la autonomía policial,
que no es un loco suelto o una manzana podrida, no es un policía,
sino toda la institución, que está dirigida por el gobierno
de turno. En el Parque Indoamericano se pudo ver a los gobiernos nacional
y de la Ciudad obrando en conjunto para reprimir una toma de tierras
causada por el desamparo en el que viven miles de personas. La orden
de desalojo la dictó una jueza de la ciudad, fue cumplida con
celeridad por los verdugos federales y metropolitanos, y un juez de
la Nación les garantizó la impunidad a todos.
La compañera
Elizabeth Ovidio, esposa de Emilio Canaviri Álvarez y militante
de la TPR, no podrá apelar este fallo, ya que su petición
de ser querellante con patrocinio de CORREPI fue rechazada en dos oportunidades
por el mismo juez Otero, quien no tuvo por probado que su marido, enterrado
con otro nombre ya que portaba el DNI de un paisano, sea el padre de
sus hijas, y se negó a realizar los estudios de ADN necesarios.
¿Huelga
policial? Película nao tem fin
Los matones
se amotinan. El mafioso que los contrata se indigna, por eso dispone
el envío de otros matones, para que el mensaje llegue rápido
y preciso a la barriada obligada al pago. El caos que preocupa es la
posible ausencia de control social prolongado, que es el principal negocio
del mafioso desairado.
Pero no
es la trama de una película ni el trazo grueso de una novela
de acción. Es un hecho de la realidad que aconteció en
Bahía, estado empobrecido y populoso de Brasil, la mayor economía
emergente, maquillada por la progresía continental.
Cuando
se pretende contar lo ocurrido con la policía militar estadual
como un hecho inscripto en el marco de una huelga, se empieza distorsionando.
La huelga es una acción propia, exclusiva y excluyente de la
clase trabajadora, que mediante esa acción directa, presiona
al capitalista dejando de vender en el mercado su único recurso,
la fuerza productiva, creativa, que le es inherente.
Y un policía
NO ES UN TRABAJADOR, a menos que se afirme que la tarea de ejercer violencia
sobre los más necesitados admita esa calificación.
El policía
no pertenece a la clase trabajadora, porque su disposición es
a controlarla, a encarcelarla, a matarla. Aunque haya nacido y hasta
se criara en su seno, la decisión de alistarse lo aparta de ella,
lo desclasa, cuando se convierte en su verdugo, mientras que él,
para su amo (el estado y la clase que lo regentea) es un esclavo con
látigo.
El proceso
de desclasamiento puede advertirse sin titubeos cuando el policía
pone en acto sus pretensiones. En Brasil lo fue en este orden:
1) Nuevos
planes de carrera (adiestramiento y militarización);
2) Mejores
condiciones (recursos para reprimir mejor);
3) Remuneración
digna (en los últimos 5 años obtuvieron el 30% de ajuste);
4) Seguro
por accidentes (impunidad encubierta frente a sus crímenes).
En sintonía
con las recomendaciones de "respetables organismos de Derechos
Humanos", la asonada policial se funda en la hipótesis de
conflicto interno que manejan los países de la región:
la seguridad en el centro de toda sociedad dividida en clases. En cómo
proveer al combate "de este flagelo que tiene a los buenos ciudadanos
como rehenes de los delincuentes y a quienes velan por nuestra calidad
de vida como abnegados servidores".
Este mediático
discurso que contribuye a la fabricación industrial del consenso,
es el que los legitima. La confusión que instalan entre los trabajadores,
por cierto que también: el brazo armado de la clase dominante
se mimetiza con la clase sobre la que descarga su arsenal, tan solo
para reprimirla mejor y en mérito a la seguridad… de los
ricos, claro.
Las explicaciones
sobre la formación dictatorial, (la Universidad de Río
sostuvo que las PM "están formadas para la guerra y no para
proteger al ciudadano") o sobre la escasa remuneración "que
los torna violentos y corruptos", son macanas que desvían
la cuestión.
Porque
la violencia estatal o paraestatal no puede administrarse de otra manera
que con los parámetros de una guerra despareja (gatillo fácil,
tortura, desaparición, fusilamiento), la brutalidad y crueldad
del brazo armado de la burguesía no depende de su formación,
sino de su concepción. Del mismo modo que la corrupción
institucional no es una causa, sino la paga en negro por los servicios
prestados.
Importa
entonces comprender que lo de Brasil (como lo de cualquier otro similar)
fue un levantamiento de los perros guardianes frente a sus amos.
Y cuando
los perros se satisfacen o tranquilizan...ya sabemos cómo sigue
la película.
El
estado argentino sigue asesinando, con prisa y sin pausa
No esperábamos
que febrero fuera una excepción en cuanto a las muertes provocadas
por la política represiva estatal, pero la realidad supera nuestras
especulaciones. En dos semanas, la represión preventiva, aquélla
cuyo objetivo es aplicar el control social a los sectores objetivamente
interesados en cambiar el injusto estado de las cosas, y que, por lo
tanto, se descarga de manera indiscriminada sobre los más pobres
y en particular los más jóvenes, se cobró varias
víctimas.
El 5 de
febrero, Daniel Gonzalo Nieto, un procesado detenido en el penal de
Miraflores, Catamarca, fue asesinado de dos puntazos, uno en el tórax
y otro en la espalda. Las autoridades penitenciarias alegaron lo de
siempre, que el preso tuvo una pelea y que lo encontraron casi muerto.
El 7 de
febrero, encontraron a un detenido de apellido Almada, alojado en la
Departamental de Rosario del Tala, colgado de los barrotes. El servicio
se excusó diciendo que ya estaba sin vida y que no pudieron hacer
nada para salvarlo. Lo mismo, dicen, le pasó a Yanina Hernández
Painnenfil, que estaba alojada en la Unidad 3 de Ezeiza, y apareció
"suicidada" el viernes 3 de febrero, lo que eleva el record
de esa unidad, a 6 "suicidadas" en apenas dos años
(junto a Silvia Nicodemo, Romina Leota, Noelia Randone, Vanesa Rodríguez
y Natalia Alé).
Ante tantos
casos idénticos, que se repiten todas las semanas, vuelven una
y otra vez a nuestra memoria las palabras de Rodolfo Walsh sobre estos
recurrentes "suicidios": "Como todo el mundo sabe, la
melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta
negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu,
los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia
que pueda reclamar por ella". ("La secta del gatillo, el enigma
de La Matanza").
Fuera
de las cárceles, en la localidad de Pablo Podestá, partido
de Tres de Febrero, un policía federal asesinó a un chico
de 15 años, e hirió a su amiga, de 16. Como es costumbre,
la fuente policial informó que el policía había
sido sorprendido por cuatro motochorros, para luego decir que, cuando
"se distrajeron", el policía sacó su pistola
9 milímetros, se produjo un tiroteo, del que el policía
salió indemne, y en el que murió el supuesto delincuente.
No faltó el perro (arma plantada), un revólver calibre
38 largo.
A principios
de mes, un policía bonaerense asesinó a un chico que,
según la versión policial, había ingresado a un
albergue transitorio en Quilmes, para asaltarlo, con un revólver
de plástico.
El miércoles
8 de febrero, en San Martín, un sargento primero del ejército,
que presta servicios en Campo de Mayo, fusiló a un joven de 18
años que, según él, intentaba robarle el rodado.
En una primera versión dijo que su hijo de dos años se
encontraba dentro del automóvil. Luego, que su hijo estaba a
resguardo con la madre que, a su vez, le había alcanzado el arma
reglamentaria. Se informó un tiroteo de frente, en el que el
pibe de 18 años recibió varios disparos en el pecho y
del que el sargento salió ileso.
En Martínez,
un policía de la bonaerense asesinó a un joven de 20 años
que, minutos antes, había asaltado una tienda de ropa con otros
cómplices. La versión de los medios fue la misma de siempre,
el policía advirtió su condición, dio la voz de
alto, y recibió como respuesta una andanada de disparos de parte
de los delincuentes. Sin embargo, el muerto tiene un tiro en la espalda
y el policía, que fue atacado por cinco delincuentes, no tiene
un solo rasguño.
Se repiten
a rabiar los casos de supuestos delincuentes con muy mala puntería
en todo el país. Por ello, vuelve a nuestra memoria Rodolfo Walsh,
que en la publicación citada también decía: "En
los tres primeros meses de 1968, la Policía bonaerense mató
en tiroteo a diez delincuentes, o presuntos delincuentes, sufriendo
por su parte una sola baja. Este rendimiento de diez a uno es único
en el mundo…"
Estas
noticias, aparecidas en apenas dos semanas, ponen al descubierto la
realidad represiva cotidiana, a la que se suma, por ejemplo, la criminalidad
policial, de la que hablamos en otra nota porque, como también
decía Walsh, la secta del gatillo alegre es también la
logia de los dedos en la lata.
Policía
municipal
El gobernador
Scioli anunció que pondrá en funcionamiento la primera
etapa de una nueva fuerza policial denominada de PREVENCION MUNICIPAL.
No hay sorpresas, la creación de nuevos cuerpos policiales estaba
en los planes del gobierno desde hace mucho tiempo. La "seguridad",
como nueva hipótesis de conflicto interior, sólo apuró
los trámites.
Presentada
con la candorosa imagen de la policía de "proximidad vecinal",
el nuevo cuerpo represivo no es más que un acotado y previsible
experimento descentralizador de algunas funciones de la convencional
policía provincial.
Acotado,
porque se reduce al ámbito de los municipios de más de
100 mil habitantes que quieran adherirse. Previsible, porque a través
de su diseño, descentraliza funciones, multiplicando agentes
y potenciando la capacidad represiva de un estado que no para de crecer
en la materia. La apariencia "civil" con la que pretenden
disfrazarla (la planificación de su accionar quedará en
manos del Intendente) cede ante las cuestiones centrales, que se concentrarán
en un jefe operativo perteneciente a la policía de la provincia.
Lo previsible y reiterado: llevará el nombre "municipal"
inserto en el uniforme, aunque los agentes que lo ostenten recibirán
instrucción policial; y si bien su campo de acción se
limitará a espectáculos públicos, problemas con
el tránsito y conflictos vecinales, cada uno de sus efectivos
estará armado (adiestrado y armado por la misma policía
de la provincia). Es decir, más de lo mismo.
Por más
eufemismos que usen, se trata de una fuerza de seguridad que viene a
completar el potencial represivo de un estado provincial que cuenta
con más de 50 mil efectivos de la Bonaerense, otro tanto de la
policía federal que tiene sus delegaciones multiplicadas, más
el aporte de los operativos Centinela y Cinturón Sur, que incorporaron
decenas de miles de gendarmes y prefectos. Todo sin contar que en determinados
sitios como el transporte público (estaciones ferroviarias) hay
un ejército de agentes de la seguridad empresaria.
No es
muy difícil imaginar barriadas enteras del Gran Buenos Aires,
ahora también vigiladas y controladas por esta "democrática"
fuerza. No requiere mucho esfuerzo comprender que viene a sumar presencia
devastadora entre los sectores empobrecidos de la provincia. Y que en
el horizonte de la democracia argentina se dibuja la silueta del verdadero
estado policíaco.
No
hay sorpresa, decíamos
Es
política de estado, no "descontrol"
Durante
la presentación de un libro sobre el derecho y cuidado del medioambiente,
el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni,
se refirió a la situación que atraviesa la policía
bonaerense diciendo que "Aunque pongan a San Francisco de Asís,
la policía bonaerense es muy difícil de controlar".
La afirmación es parcialmente verdad: sea cual fuere el santo
que a cada cual le agrade, nada cambiaría en ninguna policía
(no sólo la bonaerense) bajo su mando. Lo que es falso es que
se deba a que la policía (bonaerense o cualquiera) sea "difícil
de controlar", sino porque la que vemos a diario es la tarea que
deben llevar a cabo en una sociedad dividida en clases. ¿O alguna
vez vimos a algún policía negándose a cumplir una
orden de reprimir?
Para rematar
su discurso, el cortesano opinó que "La gente exige seguridad
a los municipios, que no controlan la policía, es más
fácil controlar tres mil personas que cincuenta mil". Si
la cuestión pasara por la cantidad, la provincia de Tierra del
Fuego, con 45.000 habitantes y un puñado de miles de policías,
no exhibiría el índice más alto, después
de Santa Fe, de muertes por gatillo fácil y en lugares de detención
en proporción a su población.
Más
de policriminales
Sumando
a la larga lista de casos del boletín anterior, que demuestran
que lejos de ser un remedio para la inseguridad, la policía ES
la inseguridad, esta semana… otra larga lista de casos:
Una oficial
de la policía Metropolitana y su madre, fueron detenidas junto
a otras tres personas, acusadas de integrar una banda dedicada a la
elaboración y venta de cocaína. La droga era preparada
en la casa de la mujer policía, en el barrio porteño de
Ramón Carrillo.
Allí
se incautaron tres kilos de cocaína, 43 de marihuana, una pistola
calibre 9 milímetros cargada con 16 cartuchos, un revólver
calibre 38 y nueve teléfonos celulares utilizados por la banda.
Además, hallaron precursores químicos para fraccionar
la droga, una balanza y una prensa.
En Villa
Madero, partido de La Matanza, un empleado civil de la Policía
Federal hirió a balazos a un hombre cuando lo descubrió
con su ex mujer.
En el
marco de las investigaciones por el robo de $80.000 a una oficina de
una empresa constructora (en el que hubo un herido) fue detenido un
ex suboficial que fue exonerado de la fuerza el año pasado cuando
se descubrió que, junto con su hermana, también policía,
permitían el ingreso de droga para un preso en la comisaría
1ª. El ex efectivo había sido despedido, también,
de la empresa constructora, en la que trabajaba como seguridad, por
ser sospechoso del robo de unos 3.000 litros de combustible.
En General
Roca, un oficial de la policía rionegrina de más de 10
años de antigüedad es investigado por haberse quedado con
drogas que habían sido incautadas a un detenido.
El cabo
Fernández, un agente de la policía de Mendoza, resultó
condenado a tres años de prisión en suspenso y cuatro
años de inhabilitación especial por haber torturado en
2005 a un vecino de Maipú, junto a otros dos agentes, en la comisaría
10ª. El fallo absolvió a los otros dos policías (Marcos
Andrés Torres Antivilla y Miguel Alberto Genes Peralta). Y, claro,
determina que, en menos de lo que canta un gallo, el represor volverá
a tener chapa y arma. El mismo agente había sido absuelto por
otras 3 causas: En 2007, por pegarle a un compañero que dejó
en libertad a dos detenidos que no habían cometido ninguna falta,
y por estafar a un turista. En 2006, por amenazar a una persona que
observaba un accidente vial.
Una mujer
que estaba a punto de recuperar su libertad denunció que fue
abusada por dos penitenciarios mientras era transportada en un camión
de traslado del Servicio Penitenciario Bonaerense hacia la Unidad 45
de Melchor Romero.
Atención,
si ve un delito, no avise a la policía.
Causa
Ferreyra: Patota y policía, la causa es una sola
Apenas
habían pasado unas semanas del asesinato de Mariano Ferreyra,
cuando empezamos a denunciar públicamente que, cumpliendo a pies
juntillas su función, el poder judicial intentaba esconder bajo
la alfombra la participación de la policía federal. Dijimos,
desde el primer día, en los tribunales y en las calles, que el
ataque a los trabajadores tercerizados y a las organizaciones movilizadas
con ellos el 20 de octubre de 2010, fue parte de un plan criminal en
el que la patota, la policía y la empresa se repartieron las
tareas, parea lograr un fin común: defender los comunes intereses
de la triple alianza antiobrera, el estado, la patronal y la burocracia
sindical, todos socios en las ganancias, en la explotación y
la represión a los trabajadores.
Cada uno
hizo lo que debía hacer: UGOFE licenció a los integrantes
de la patota; ésta ejecutó el crimen, y la policía
garantizó su seguridad e impunidad, abriéndoles el camino
primero, y evitando que los compañeros los persiguieran y alcanzaran,
después.
El estado
echó a andar su maquinaria para ocultar ese mecanismo, y entregó
el engranaje más sucio, débil y reemplazable (Pedraza
y su patota). La jueza Wilma López los encarceló por el
homicidio calificado de Mariano y las tentativas de homicidio de Elsa
Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Al mismo tiempo que
preservó a la parte más valiosa, la patronal, cuyos representantes
sólo han declarado como "testigos", para proteger a
los hombres de la federal, imposibles de dejar afuera de la investigación
por la fuerza de los hechos, se urdió la maniobra de inventar
una causa paralela, simulando que se investigaba a los de uniforme "por
otra cosa".
Una y
otra vez insistimos en que la policía federal hizo un aporte
fundamental al plan criminal, custodiando a la patota, abriéndole
el paso para que actuara, luego garantizando su escape seguro y destruyendo
pruebas de su accionar. Pero la trampa de la "causa paralela"
parecía funcionar, a tal punto que su ejecutora, la fiscal Camaño,
fue premiada por su eficiencia con la designación como segunda
línea en el ministerio de Seguridad.
El nuevo
fiscal y la jueza López procesaron a seis jefes policiales por
abandono de persona agravado por haber resultado la muerte, mientras,
desde la querella, acusábamos a los comisarios Lompizano, Mansilla
y Ferreyra, el subcomisario Garay, los oficiales Echavarría y
Conti y el agente Villalba como partícipes necesarios en la ejecución
del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa,
delito penado con prisión perpetua.
El año
pasado, con la instrucción terminada en las dos causas, ya tuvo
que admitir la cámara de apelaciones que se trataba de un mismo
hecho, en el que habían intervenido dos grupos de personas, patoteros
y policía. Luego, casi a fin de año, el tribunal oral
que recibió la causa de los policías tuvo que reconocer
que había indudable conexidad con la de Pedraza y sus matones,
y la mandó a tramitar al mismo tribunal oral nº 21, al que,
al mismo tiempo, las querellas exigimos que se unificaran ambos expedientes.
Como siempre,
aun cuando no les quede otro remedio que admitir que falló el
intento, dieron vueltas, decidieron no resolver durante la feria de
enero, pero, al final, no les quedó otro remedio que aceptar
que no tenían argumento para defender la separación en
dos partes de lo que estuvo unido desde el comienzo. Y se reunificó
el trámite de las que llamamos "causa policía"
y "causa patota".
Es un
importante, aunque parcial, triunfo de la verdad, a fuerza de movilización
y pelea. Cuando comience el juicio oral, la foto del largo banco de
los acusados tendrá a la policía y a la burocracia de
la UF como siempre estuvieron, codo a codo, contra el pueblo trabajador.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
22.036
