BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 646
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Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
2 de marzo
del 2012
Del 23
de febrero del 2012
Sumario:
1.
Garré-Moyano, política de estado (meta palo y oportunismo).
...
¡qué dos! dijo el diablo... y se estaba mirando los pies.
2.
Balas y tortura para todos.
...
las manos del Estado están manchadas de la sangre de los pobres...
3.
Policías violadores.
...El
uniforme y el arma, herramientas fundamentales para infundir temor,
garantes absolutos del poder de oprimir....
4.
Libertad a todos los presos políticos.
...
la Galle no es la excepción a la regla... Debemos tomar esta
lucha como ejemplo, y multiplicarla...
5.
Represión a los que luchan, política de Estado más
afilada que nunca.
Cada
semana nos encontramos con nuevos casos de represión a la protesta
... a lo largo de todo el país...
6.
Masacre en Honduras.
359
muertos: “Mantener la justicia, aunque el mundo perezca”...
Garré-Moyano, política de estado (meta palo y oportunismo)
La policía
federal y la gendarmería del “gobierno de los Derechos
Humanos” reprimieron una protesta de quienes se reivindican como
ex combatientes de Malvinas. Con particular violencia, las fuerzas represivas
avanzaron sobre la Avenida 9 de Julio, y lograron despejarla. La respuesta
del estado derivó en muchos heridos y una veintena de detenidos.
La ministra del área, Nilda Garré, se justificó
diciendo: "no nos quedó otra".
Con mucho
olor a interna, a desaires por vueltos o compromisos incumplidos, la
CGT que lidera el burócrata Hugo Moyano hizo gala de oportunismo.
En un comunicado, firmado con el burócrata judicial Julio Piumato,
se escandalizó frente a esta "escalada que esperamos no
sea un cambio en la política de persuasión y de respeto
irrestricto a los derechos humanos, que pretendemos siga siendo una
política de Estado".
La recurrencia
a la represión para resolver toda demanda social es una constante
del gobierno nacional, tan constante, como las falacias y distorsiones
a las que recurre la burocracia cuando de cuestiones represivas se trata.
Hace rato
que al gobierno "no le queda otra" que reprimir la protesta
social, por eso tiene 17 muertos en movilizaciones, y miles de trabajadores
y estudiantes criminalizados. Y hace rato también que estos devenidos
"preocupados" dirigentes cegetistas hicieron del caradurismo
una profesión de fe.
Sostener
que hay una política de “persuasión y de irrestricto
respeto por los derechos humanos” cuando han sido promotores y
protagonistas de un despliegue represivo que define al kirchnerismo
como uno de los dos gobiernos que más muertes ha tenido en la
protesta desde 1983 (el otro fue el de la Alianza), es una subestimación
a la inteligencia de la clase trabajadora.
Que la
burocracia necesite “despegar” del gobierno que se jactó
de ganar con el 54% de los votos y que, como medidas consiguientes,
aprobó una nueva ley antiterrorista; escondió los tarifazos
detrás de la quita de subsidios a las empresas de servicios públicos
y limitó las discusiones paritarias, no implica que olvidemos
su directa participación en la comisión o blanqueo de
crímenes de estado.
Los hacemos
cargo, a unos y otros, de las muertes de compañeros como Mariano
Ferreyra, y del despliegue represivo desatado en tantísimos conflictos
obreros, por caso, el emblemático de Kraft. En todos ellos, mientras
los trabajadores luchaban, Moyano, Tomada, Fernández, por cuenta
y orden de Néstor y Cristina Kirchner, consensuaron la manera
de exterminarlos. Ésta es su verdadera política de estado.
Los compañeros
solemos decir, la calle es la calle, el sitio donde la clase trabajadora
confronta directamente con la triple alianza antiobrera (el estado,
la empresa, la burocracia sindical).
Así
como la organización y la lucha es la política de la clase,
la represión es la respuesta de esa alianza. Esa es, y será
siempre, la única política del estado capitalista que
el gobierno lleva adelante y la CGT ha legitimado con su consentimiento
expreso, el accionar de sus patotas, y el ominoso silencio.
El gobierno
y la CGT... ¡qué dos! dijo el diablo... y se estaba mirando
los pies.
Balas
y tortura para todos
En el
Barrio Mitre, de Saavedra, Stéfano Tapia, de 20 años,
fue asesinado por un oficial del GEOF, cuerpo de elite de la Policía
Federal. Durante un allanamiento en su casa, el policía disparó
a Stéfano un tiro en el estómago. Como si esto fuera poco,
el allanamiento siguió su curso mientras Stéfano se desangraba
sin ningún tipo de asistencia médica. Recién cuando
lo vio un vecino, llamaron a la ambulancia. Cuando la ambulancia al
fin llegó, una vecina escuchó a este oficial decirle a
la médica que Stéfano tenía un “golpe”
y cuando la médica le contestó que lo que tenía
era un orificio de bala, éste le retrucó “vos callate,
hacé tu trabajo que yo hago el mío”. Stéfano
falleció ese mediodía en el Hospital Pirovano. La gendarmería
comenzó las pericias del hecho sin mucho apuro, 12 horas después
de ocurrido el hecho.
En Córdoba,
Gonzalo Ezequiel Barrionuevo, de 24 años, apareció “ahorcado”
en un calabozo de la comisaría 17ª, donde se hallaba detenido.
La versión policial, como es de esperarse, apunta a los famosos
“suicidios” tan bien pintados por Rodolfo Walsh en “La
secta del gatillo alegre” cuando dice que “la melancolía
que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en
los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los
chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar
por ella”.
En Misiones,
en la URII de Oberá, a raíz de una pelea entre dos internos,
fue asesinado Rafael Núñez, de 34 años, de un puntazo
en el pecho.
Raúl
Abel Sánchez, de 31 años, falleció esta semana
luego de estar internado desde el 16 de enero en el Hospital Escuela.
Raúl estaba preso en el penal n° 6 de San Cayetano, cuando
recibió una terrible golpiza a manos de los agentes penitenciarios,
que lo dejó con traumatismo craneoencefálico y debiendo
recibir respiración asistida. Su familia y la Red de DDHH, mediante
un comunicado de prensa, denuncian la responsabilidad del servicio penitenciario
provincial (celadores, oficiales y el grupo ETOP, quienes le propinaron
la golpiza), de las autoridades penitenciarias y del ejecutivo provincial.
Además, denuncian que la causa por torturas que radicaron el
30 de enero, se encuentra parada, y que la asistencia médica
que recibió fue mala. Asimismo, en el momento de la golpiza,
cuando otros internos intentaron parar a los agentes penitenciarios,
también fueron salvajemente golpeados.
En Corpus,
provincia de Misiones, Adrián Vargas, de 21 años, murió
el martes 14, luego de agonizar durante 10 días. El sábado
4 de febrero, hubo una discusión familiar en la casa de los Vargas.
Un vecino llamó a la policía. El patrullero llegó
y los policías intentaron llevarse al joven. Ante la resistencia
del chico y su familia, los policías lo amenazaron: “te
vamos a estar esperando y en algún momento te vamos a agarrar”.
Esa misma noche, Adrián salió de su casa con un amigo
para ver los festejos de carnaval. Los policías lo encontraron,
lo golpearon, esposaron y lo subieron al patrullero, donde continuaron
golpeándolo para luego tirarlo del patrullero y dejarlo abandonado.
El joven fue asistido por sus vecinos e internado con traumatismo de
cráneo en grave estado.
Estos
hechos dejan ver la cadena de mentiras, que comienza en la policía,
y se continúa en los medios y en la justicia, siempre listos
para brindar su ala protectora a los sicarios del Estado que, después
de todo, sólo cumplen las funciones que el mismo Estado les encarga,
las de mantener a los pobres bien controlados y hacerles saber, a fuerza
de palo y bala, quien manda.
Como denunciamos
semana tras semana, mes tras mes y año tras año, las manos
del Estado están manchadas de la sangre de los pobres, porque
un sistema injusto donde la mayoría es oprimida por una minoría,
sólo se mantiene con represión sistemática, gobierne
quien gobierne.
Policías
violadores
Policías
violadores. Representantes emblemáticos de una fuerza que somete
a través de la violencia. El uniforme y el arma, herramientas
fundamentales para infundir temor, garantes absolutos del poder de oprimir.
12 y 13
años tienen las nenas ultrajadas que hoy en día tienen
que soportar, además del estigma del abuso, enfrentar a un sistema
que está preparado para garantizar la impunidad de los delincuentes
de uniforme y el escarnio de las víctimas.
En Coronel
Suárez, provincia de Buenos Aires, una nena de 12 años
le contó a su mamá a través de mensajes de texto,
que su padrastro, un ex policía de 44 años, abusaba de
ella desde los 7. El 1° de enero, el policía intentó
violarla dentro de un auto, por eso la chica le escribió a su
madre: "Ya no aguanto más; desde los siete años mi
vida es un infierno. Me quiso violar, pero no lo logró. Me amenazó
con matarme si te contaba. Hoy (por el 2 de enero) me pegó. No
le digas nada de esto por teléfono ni mucho menos en persona".
En Campo
Viera, provincia de Misiones, una nena de 13 años fue brutalmente
violada, y su familia denunció la complicidad policial. La chica
fue entregada el domingo 15 de enero, por una mujer conocida de la familia,
quien pasó toda la tarde de ese día en la casa de la nena
con la excusa de una visita, esperando la oportunidad de sacarla de
la casa bajo engaños. Cuando pudo lograrlo, la guió hacia
un auto donde la esperaban estos hombres, quienes la drogaron, la golpearon
y violaron durante horas. La chica pudo identificar a cinco de ellos,
pero había otros tres encapuchados. Cuando la familia intentó
hacer la denuncia en la comisaría, los policías los amenazaron
de muerte. Hasta el día de hoy, luego de un mes, la nena continúa
internada en el hospital.
Es de
manos de estos verdugos que contamos, día a día, las víctimas
de nuestro pueblo. Ante la opresión existen dos caminos a elegir,
el padecimiento o la resistencia. La defensa de nuestra dignidad radica
en la lucha cotidiana. Y el éxito de la lucha, en la organización
popular
Libertad
a todos los presos políticos
Karina
Germano López, “La Galle”, está detenida por
motivos similares a aquellos por los que el estado argentino asesinó
a su padre, Rodolfo Germano, desaparecido en la última dictadura
militar.
Durante
los ’90, exiliada en España, fue una activa y reconocida
militante del movimiento “ocupa” y propulsora de la agrupación
H.I.J.O.S. en Barcelona. Continuó su militancia, de regreso en
Argentina.
En febrero
de 2002, fue condenada por el estado brasileño a 30 años
de prisión, condena que fue producto de una causa fraguada en
donde se le adjudicó, junto a militantes chilenos y colombianos,
el secuestro extorsivo del empresario televisivo Washington Olivetto.
Desde
noviembre de 2006, se encuentra detenida en el penal de Ezeiza, gracias
a la intensa lucha que su madre y amigos llevaron a cabo para conseguir
el traslado. Desde fines de ese año se le venía negando
el derecho a salidas transitorias, que le corresponden al cumplirse
una sexta parte de la condena de acuerdo al régimen de progresividad
que dispone la Ley de Ejecución Penal brasileña.
Hoy, 10
años después de ser condenada y gracias a la lucha incansable
que se vino llevando adelante por parte de numerosas organizaciones
sociales, políticas y de DDHH, la Corte Suprema debió
admitir que le corresponden las salidas transitorias y la Galle va a
poder salir a la calle.
Pero la
Galle no es la excepción a la regla. El “gobierno de los
DDHH”, a lo largo de toda su gestión, llegó a acumular
más de 100 presos políticos, unos 6.000 procesados por
luchar, y 17 muertos en movilizaciones.
Debemos
tomar esta lucha como ejemplo, y multiplicarla, contra la represión
a los que luchan y por la libertad de TODOS los presos políticos.
Represión
a los que luchan, política de Estado más afilada que nunca
Cada semana
nos encontramos con nuevos casos de represión a la protesta por
parte de los distintos brazos represivos del Estado a lo largo de todo
el país.
En Catamarca,
siguen las persecuciones a los manifestantes antimineras. Hace dos semanas,
un grupo “pro-minera”, integrado por personas que los mismos
pueblerinos pudieron identificar como patovicas contratados por la empresa,
impidió el acceso a la ruta central de Andalgalá. El bloqueo
selectivo tenía como fin el impedimento de acceso o salida a
todo “posible asambleísta”, así como a distintos
medios de prensa y hasta a una jueza que se dirigía a Belén,
donde aún se encuentran detenidos los compañeros criminalizados.
Durante el corte, estos “manifestantes pro-minera”, siempre
resguardados por la policía provincial, violentaron a varios
ambientalistas que intentaban pasar.
La medida
fue finalmente levantada, pero los compañeros de Catamarca siguen
sufriendo seguimientos, amenazas y armados de causas falsas por parte
de la empresa minera, así como allanamientos por parte de la
policía provincial, la que, obvio decirlo, se negó a registrar
las denuncias de los compañeros que fueron golpeados y agredidos
cuando quisieron pasar por la ruta.
Los gobiernos
nacional y el provincial, defensores como siempre de los intereses empresariales,
continúan con su doble discurso y con su llamado al diálogo,
silenciando los constantes ataques sufridos por los manifestantes, ataques
que, todos sabemos, son su propia y única respuesta.
Un poco
más al norte, en Tartagal, Salta, trabajadores desocupados que
se manifestaban junto con distintas organizaciones sociales pidiendo
por la reestatización de los hidrocarburos, fueron reprimidos
por un grupo de infantería provincial.
Por último,
en la provincia de Buenos Aires, trabajadores de la secretaría
de Derechos Humanos, agremiados en ATE, fueron amenazados y violentados
por patovicas agremiados en SUTCAPRA. Ruben Schaposnik, uno de los delegados
amenazados, denunció que estos ataques son sistemáticos
dentro de la actual gestión.
Al estado
nacional se le terminó de caer la careta de “defensor de
los Derechos Humanos”, y confirma a diario su real objetivo de
coerción del pueblo trabajador en pos de los intereses de los
poderosos. Más que nunca, habrá que estar bien organizados
para denunciar y combatir la represión que día a día
sufrimos los que levantamos la cabeza para gritar en contra de este
sistema injusto.
Masacre
en Honduras
El 14
de febrero fue noticia el incendio que provocó, hasta ahora,
359 muertos en un penal de Honduras. Sobre el comienzo del incendio
hay, como dicen los medios, “versiones encontradas”. La
versión oficial (es decir, policial) dice que el incendio se
produjo por un cortocircuito eléctrico, pero sobrevivientes del
incendio afirman que el fuego comenzó en medio de una pelea interna
entre bandas enfrentadas del penal, pelea facilitada por la acción
de los guardacárceles que liberaron la zona.
La cantidad
de muertos sólo tiene una explicación, pese a que la versión
oficial no tiene todavía un cuento armado. Muchos de los presos
murieron a causa de las quemaduras, debido a que los guardiacárceles
se resistieron a abrir las celdas, lo que significó una condena
de muerte para centenares de personas. Por otro lado, a quienes tuvieron
la posibilidad de huir del fuego, se los asesinó. Los relatos
de los sobrevivientes hablan de la balacera que comenzó a poco
del comienzo del incendio, donde los integrantes del aparato represivo
apuntaban y disparaban contra aquellos que intentaban salvarse, fusilándolos
con tal de evitar su fuga del penal.
De más
está decir que el penal estaba sobrepoblado en un 300% de su
capacidad, que la gran mayoría de los muertos provenían
de los sectores mas explotados de la sociedad, que muchos ni siquiera
habían recibido alfabetización. El diario cubano El nuevo
Herald lo retrata de esta manera: "La gran mayoría de los
más de 355 muertos eran hombres pobres del campo cuyos parientes
nunca entendieron los procesos legales que los conllevaron a la Penitenciaría
Nacional de Comayegua".
Pero al
estado todavía le quedaban balas para repartir. Al enterarse
del incendio, los familiares de quienes cumplían condena ahí
se acercaron masivamente al penal para reclamar por la vida de quienes
estaban adentro. El cartel que tantas veces habían visto sobre
la puerta del penal no les dejaba muchas dudas sobre lo que ocurrió
y lo que iba a ocurrir, es bastante explicito: “Mantener la justicia,
aunque el mundo perezca”. Justicia, claro está, hecha por
y para los ricos y poderosos con el objetivo de someter, explotar y
disciplinar al resto de la sociedad. Y bien lo demostraron cuando policías
y militares arremetieron con balas de plomo y gases lacrimógenos
contra los cientos de personas que esperaban recibir noticias sobre
la salud de sus parientes. La represión sufrida por las familias
no provocó muertes, pero dejó varios heridos en grave
estado.
El estado
de las cárceles y la represión que sufren diariamente
quienes se encuentran en ellas no es exclusividad de Latinoamérica.
Entendiendo que los penales forman parte del aparato represivo del estado
y que éste es primordial para toda la clase explotadora en cualquier
país, es obvio que donde haya una sociedad dividida en ricos
y pobres habrá represión, ya que es la naturaleza de las
fuerzas de seguridad de cualquier estado disciplinar y matar a la mayoría
explotada que amenaza al poder de unos pocos con la organización
y la lucha por lo que les corresponde. Así es en Argentina y
así es en el resto de los países.
La masacre
de Honduras recuerda que el 8 de diciembre de 2010, un incendio en un
penal de Chile dejó más de 80 muertos; que, en Argentina,
fueron 33 los presos muertos en 2007 a causa del fuego desatado en el
penal de Santiago del Estero, y otro tanto en Magdalena, dos años
antes, sin olvidar hechos anteriores, como en Coronda. Casos semejantes
hay en cantidad en toda América Latina. Sin mencionar a Brasil,
en 2007, en Guinea, 22 jóvenes murieron por asfixia al verse
impedidos de escapar del humo del fuego por los guardiacárceles.
O el domingo pasado, cuando, debido a que los guardiacárceles
abrieron las puertas de los pabellones, 44 personas murieron en un enfrentamiento
dentro de un penal en Apodaca, México.
"El
trabajo los hará libres" se leía en Auschwitz. “Mantener
la justicia, aunque el mundo perezca” reza el cartel del penal
de Honduras. Faltaría agregar que eso se lleva a cabo a costa
de la sangre de los pobres, acá y en el resto del mundo.
FUENTE:
CORREPI
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