BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 647
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
2 de marzo
del 2012
Del 1º
marzo del 2012
Sumario:
1.
El espionaje se aplica, no se explica.
…la ministra de Seguridad, Nilda Garré, intentó
dar algunas respuestas públicas en conferencia de prensa que
no hicieron más que ratificar la responsabilidad del gobierno…
2. El estado nos mata, los medios mienten y la justicia encubre.
… Lo cierto es que, como decimos todas las semanas: no es un policía,
es toda la institución…
3. Cárceles de la tortura.
… uno de los engranajes del aparato represivo del estado.
4. De nuevo, la policía envuelta en violaciones y negocios de
trata.
…Tres casos que siguen demostrando que la policía se maneja
con la impunidad que el sistema le ofrece…
5. Victoria en Lomas de Zamora.
… gran cantidad de organizaciones, lograron, movilización
y escraches mediante, hacer renunciar a Raúl Magallanes al cargo
de Consejero Escolar…
6. ¿Tragedia? No, crimen social.
…otro crimen social, perpetrado por la triple alianza antiobrera…
El
espionaje se aplica, no se explica
Luego
de las denuncias por espionaje a militantes gremiales y políticos,
contra gendarmería, a través del “Proyecto X”,
la ministra de Seguridad, Nilda Garré, intentó dar algunas
respuestas públicas en conferencia de prensa que no hicieron
más que ratificar la responsabilidad del gobierno en la implementación
de su política de persecución a los luchadores sociales
y políticos.
Garré
dejó en claro que no se trata de ningún plan oculto y
ella misma se encargó de confirmar que este programa de espionaje
funciona desde 2002, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde y que hasta
el 2009 se han estado haciendo actualizaciones, año desde el
cual están implementando nuevas tecnologías “del
siglo XXI” para las tareas de inteligencia.
A pesar
del reconocimiento explícito de la existencia de este mecanismo
de espionaje, desde el gobierno insisten en tratar de desvincular estos
procedimientos de la política represiva y persecutoria que criminaliza
la protesta social.
En la
misma sintonía del discurso oficial, que vienen sosteniendo desde
2003, de defensa de los DDHH, la ministra intentó relativizar
las tareas de inteligencia. En sus declaraciones a la prensa, Garré
dijo que el Proyecto X "no es un plan de espionaje" y que
en las manifestaciones sociales "no interviene la dirección
de Inteligencia sino la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales
que no tiene acceso al Proyecto X, y que realiza los seguimientos sólo
con requerimiento de la justicia". En este procedimiento, explicó
que “938 actuaciones se abrieron con orden judicial sobre un total
de 1.200”, con lo que admitió que Gendarmería actúa
también “preventivamente” y luego “comunica”
a la Justicia. De 938, actuaciones precisó que en “578
los jueces pidieron identificar personas y en 576 notificar e intimar
a manifestantes” que cortaban rutas.
Entre
dichos y desdichos, Nilda Garré hizo cargo al ministerio del
Proyecto X, manejado por la gendarmería, sin explicar del todo
de qué se ocupan finalmente. Lo que sí queda claro es
la existencia de mecanismos de espionaje que apuntan a recabar información
de quienes nos organizamos para luchar, que luego sirven a los jueces
para procesarnos y encarcelarnos.
Como ya
lo mencionamos en el comunicado del 18 de febrero de 2012, el estado
es el que nos espía, “…todos los militantes sabemos,
porque forma parte de nuestra cotidiana experiencia: Que en las movilizaciones
hay presencia de personal de las fuerzas de seguridad, sin uniforme,
que, caracterizados como “periodistas”, o intentando fundirse
con los manifestantes, obtienen registros fotográficos, de video
o grabaciones, que se almacenan en bases de datos, y se utilizan para
aportar “pruebas” en las causas judiciales con las que se
represalia a las organizaciones populares y sus integrantes”.
La explicación
de lo que significa el Proyecto X sólo la podemos dar quienes
lo padecemos. El estado y todas sus instituciones, sólo están
para aplicarlo.
El
estado nos mata, los medios mienten y la justicia encubre
Ya la
semana pasada pasábamos revista sobre la situación represiva
en Misiones, donde fue asesinado Rafael Núñez en la URII
de Oberá, y en Corpus, donde finalmente falleció Adrián
Vargas luego de una brutal golpiza y diez días de agonía.
Esta semana
se supo de la muerte de un hombre de nacionalidad paraguaya, Daniel
Vargas Rodríguez, a manos del GEOF (Grupo Especial de Operaciones
Federales), en las afueras de Posadas, también provincia de Misiones.
Daniel Vargas fue fusilado por la espalda cuando intentaba escapar de
un galpón donde custodiaba 2.000 kg de marihuana. En la causa,
que tramita en El Dorado, se descubrió que en este galpón
no sólo había drogas, sino que también se escondían
dos cabecillas de la banda narco de la que forman parte miembros del
servicio penitenciario federal (SPF). Además, las pericias demostraron
que la víctima no portaba armas, ni se encontraron rastros de
pólvora que indicaran que había intervenido en enfrentamiento
alguno, es decir: fue ejecutado para silenciarlo. El fusilamiento de
Vargas se investiga en la megacausa iniciada el 25 de mayo del año
pasado, cuando la gendarmería detuvo en la ruta 12 un camión
Scania del SPF con 2.300 kg de marihuana.
En Entre
Ríos, Samuel Marcelo Rivas, de 27 años, murió producto
de una convulsión durante su arresto. La versión de los
medios es que Samuel “se puso muy nervioso durante su arresto
pero que no fue golpeado”. Es sabido que la policía sabe
como pegar y no dejar marcas, también es sabido que los medios
siempre levantan la versión de la policía. Frente a esas
“convulsiones” espontáneas, recordamos otras “muertes
naturales”, como la “descompensación” de Sergio
Durán en la comisaría 1ª de Morón, o el “aneurisma”
de Walter Bulacio en la 35ª de la PFA. Muertes naturales, dicen,
siempre en comisaría... natural que se mueran del dolor, descompensados,
convulsionando o con hemorragias cerebrales durante la tortura.
Para finalizar,
en la provincia de Santa Fe, un chico de diez años sigue internado
en grave estado luego de haber recibido dos impactos de bala en la nuca
efectuados por personal de seguridad privada de una guardería
náutica. Uno de los verdugos es un ex policía rosarino,
Enrique Fabián Cettour, de 50 años. El otro, José
Gabriel Correa, tiene 25. Los vigilantes habían pensado que el
chico, que estaba esperando a su papá, quería robar, por
lo que efectuaron al menos siete disparos. Dos lo alcanzaron en plena
nuca y hoy se sigue debatiendo entre la vida y la muerte.
Lo cierto
es que, como decimos todas las semanas: no es un policía, es
toda la institución. En Misiones se asesinó para encubrir
una sucia trama de narcotráfico que involucra, hasta donde se
sabe, al servicio penitenciario; en Entre Ríos, la muerte fue
producto las torturas; y en Santa Fe queda demostrado que sólo
quienes se saben impunes no tienen el menor problema de disparar al
menos siete veces a un niño, con el pretexto de prevenir un robo.
Cárceles
de la tortura
“Me
dirijo a ese medio para dar a conocer las distintas irregularidades
y la forma inhumana, que vive cada interno en este lugar, por el abuso
de poder y de autoridad, por parte de la seguridad y dirección
del establecimiento”. Con estas palabras, se inicia un detallado
informe presentado por Eduardo Javier Aimar, interno de la unidad Nº
5 de Villa María (Córdoba), que describe las diferentes
formas de tortura que padecen los internos del penal a manos de sus
guadiacárceles, y compara al jefe de seguridad con un general
del nazismo.
El informe
continua describiendo “Nos cortan el agua y la electricidad donde
conviven 40 internos por pabellón, en los baños no se
puede entrar porque se encuentran llenos de excrementos que rebalsan
de los inodoros y orina por todo el piso por la falta de agua y en los
corte de energía se nos pudre la carne que con mucho sacrificio
nos traen nuestros familiares (...) hay internos de otras provincias
a los que se les negó el ingreso a sus familiares” y otras
arbitrariedades,
No es
novedad la situación carcelaria que, como dice el informe “muchos
internos no lo hacen público por temor a la represión
que toma seguridad y la dirección”. Sabemos qué
podemos esperar de estas herramientas estatales destinadas a disciplinar
y controlar (y exterminar) a los pobres, que, por más intentos
de maquillar los barrotes, no puede disfrazar su naturaleza represiva.
En ese
marco de lavado de cara se produjo la asunción de la nueva jefa
del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini, “la
primera mujer en ocupar ese cargo”, que, reivindicaciones de género
al margen, irrelevantes por cierto en este caso, sabemos qué
intereses defiende.
La nueva
jefa de los 17.000 perros guardianes del servicio penitenciario y el
gobernador Scioli ya diseñan nuevos nombres para viejas políticas,
como dejó claro el gobernador tras su primera reunión:
“desde mi primer mandato impulsé la educación y
formación laboral en las cárceles”.
Lo que
no logra ocultar esta ves el maquillaje es lo que la ONG Asociación
de Pensamiento Penal describió en otro informe, como trabajo
esclavo, tras un relevamiento en la cárcel de Batán donde
“se han instalado al momento no menos de diez emprendimientos
privados, previa autorización de las autoridades del Servicio
Penitenciario [que] en algunos casos sólo llegan a 600 pesos,
sin contar con ninguno de los derechos previstos para los trabajadores
en la ley de contrato de trabajo”.
No hay
sorpresa, ni asombro. Ésta es la función carcelaria, uno
de los engranajes del aparato represivo del estado.
De
nuevo, la policía envuelta en violaciones y negocios de trata
El lunes
20 de febrero, Francisco, un pibe de 16 años de Los Polvorines,
fue detenido, como tantas otras veces, como sucede a diario en las barriadas
con los pibes “marcados” que se niegan a ser mano de obra
esclava de la policía. Esta vez lo acusaban de un delito, otras
ni en eso se molestaron, total para eso están la detención
para averiguar antecedentes o los códigos contravencionales y
de faltas.
En la
comisaría de Grand Bourg, lo metieron en un calabozo. Mientras
dos “guardianes del orden” lo maniataban, un tercero le
bajó los pantalones, se puso un preservativo y lo violó.
El chico,
en un estado de depresión que alarmó a la psicóloga
del instituto de Menores donde fue alojado, le contó lo sucedido
a su abuela.
Cuando
declaró en la causa, también se lo contó al Defensor
Dr. Sicardi, quien hizo la denuncia e informó a la “Comisión
contra la Tortura ”, ente estatal cuya función parece limitarse
a la interna que sostiene con el ministro Casal.
Dos días
después, el miércoles 22 de febrero, la justicia penal
de la ciudad de Río Cuarto resolvió juzgar a un comisario
que estaba a cargo de una seccional de un pequeño pueblo del
sur de Córdoba, acusado de abusar sexualmente de sus subordinadas
y de amenazar a policías compañeros de las supuestas víctimas.
Con frases del calibre de “vos anda al loft, me das un besito
y te sacas la ropita” o ¿Ustedes quieren un ascenso? Entonces
ya saben lo que tienen que hacer en el loft”, el comisario Adelqui
Benegas atormentaba a diario a dos de sus subordinadas. El “loft”
al que hacía referencia, era la comisaría a su mando
Una de
las damnificadas aseguró: “la chapa de comisario era un
escudo que lo protegía de todo”. Con el respaldo de todo
el aparato estatal, pese a que Benegas quedó imputado por abuso
sexual reiterado en dos oportunidades y coacción reiterada en
tres casos, a víctimas denunciaron que “sigue en su casa,
cobrando el sueldo de comisario y no fue pasado a disponibilidad”.
Finalmente,
unos días antes, el viernes 17, Carina Ramos acusó a un
comisario de la policía federal de haberla sometido a la prostitución
en una red de trata de personas. Denunció que el jefe policial
la amenazó de muerte para que deje de recurrir a los tribunales
por el caso. La mujer, de 37 años, aseguró que recibió
intimidaciones de “gente del narcotráfico” y de “toda
la mafia de la noche”, socios del comisario Juan Antonio Araya,
jefe de la comisaría 31ª.
“La
que maneja todo esto es la Policía Federal , lo dicen los del
narcotráfico y los fiolos, quienes actúan en combinación”,
resaltó, y recordó que el juzgado de Rodolfo Canicoba
Corral está al tanto de esta red, ya que recibió una denuncia
contra Araya en noviembre último.
Tres casos
que siguen demostrando que la policía se maneja con la impunidad
que el sistema le ofrece, que están adiestrados para cumplir
su rol dentro de la sociedad, y que, además de perseguir pibes
pobres en los barrios con detenciones arbitrarias y gatillo fácil,
usan también las violaciones como forma de tortura, al tiempo
que abusan de sus propias subordinadas y hacen negocios como proxenetas.
Victoria
en Lomas de Zamora
En Lomas
de Zamora, el pasado 22 de febrero, gran cantidad de organizaciones,
lograron, movilización y escraches mediante, hacer renunciar
a Raúl Magallanes al cargo de Consejero Escolar.
Este poseedor
de un amplio currículo represivo había llegado, el 10
de diciembre de 2011, a través de la lista del Frente Para la
Victoria , para cubrir un importante rol de autoridad en el ámbito
escolar.
Dentro
del oscuro prontuario de este amigo del kirchnerismo, se puede mencionar
que fue jefe de calle de la bonaerense de Camps y Etchecolatz durante
la dictadura; fue investigado por la vinculación con Ribelli
y el atentado a la AMIA ; fue denunciado por encubrimiento en el caso
Cabezas y fue denunciado en varias oportunidades por maltratos y amenazas.
En 2004,
fue Jefe de Seguridad del intendente Jorge Rossi, y designó como
"custodios" del Palacio Municipal a por lo menos cuatro policías
retirados, denunciados por estar vinculados a la desaparición
de personas durante la dictadura.
La renuncia
se hizo conocer mientras múltiples sectores estaban movilizados
en el Consejo Escolar de Lomas. Luego de divulgarse, Magallanes salió
del edificio rodeado de patovicas que provocaron verbalmente a los manifestantes
y les robaron varios bolsos y morrales.
Ante el
escrache popular, este desecho humano se refugió en el palacio
municipal, que se llenó inmediatamente de policías que,
naturalmente, acudieron a la protección de un ejemplo en la historia
represiva local.
Párrafo
aparte merece el valor militante de los compañeros que, mediante
la denuncia y la movilización, lograron expulsar del ámbito
educativo a esta escoria.
¿Tragedia?
No, crimen social
El 22
de febrero, en la estación terminal de Once del ferrocarril Sarmiento,
se desató el horror que muchos venían denunciando que
iba a ocurrir. El choque del tren que dejó como saldo 51 muertos
y más de 700 heridos. Los medios caracterizaron como “Tragedia
de Once” lo que fue otro crimen social, perpetrado por la triple
alianza antiobrera de la patronal, el Estado y la burocracia sindical,
con la actuación especial, que nunca falta, de la policía.
Mostrando su desprecio por el pueblo, ni siquiera se preocuparon en
revisar el tren completamente para constatar que no hubiera más
víctimas atrapadas, lo que, de todos modos, no impidió
que la ministra de seguridad Nilda Garré los felicitara por las
tareas de rescate.
Cuando
se desencadenó la furia popular, luego de que finalmente se encontrara
el cuerpo sin vida de Lucas Menghini Rey, desaparecido por casi tres
días, la represión no se hizo esperar, ya que para ello
sí son expertos. Desalojaron con gases lacrimógenos y
palazos a todos los que estaban en la estación expresando su
bronca, la bronca que siente el pueblo, que es el que siempre pone los
muertos.
Cualquiera
que viaje regularmente en los trenes urbanos de Buenos Aires, sobre
todo los de la línea Sarmiento, puede dar fe del estrado desastroso
en el que están las formaciones, donde millones de personas todos
los días viajan hacinadas. La empresa que tiene la concesión,
TBA, hoy intervenida, recibe desde hace años subsidios millonarios.
Nada invierten, los trenes son el material sobrante y obsoleto que descarta
Europa y acá el grupo Cirigliano los presenta como si fueran
el lujo y el confort.
Las denuncias
de los trabajadores ferroviarios sobre el estado de las formaciones,
las vías, la mala señalización y un largo etcétera,
sólo tienen como respuestas la persecución y la represión,
como el caso del Pollo Sobrero, encarcelado por orden del gobierno,
o los tercerizados de la línea Roca, reprimidos por la burocracia
asesina de Pedraza, hoy procesado por el asesinato de Mariano Ferreyra.
El actor
infaltable en esto que parece una película de terror, pero que
es la realidad que padece el pueblo, es el Estado. Lo primero que hubo
que tolerar fue la bochornosa conferencia de prensa del secretario de
transporte, Juan Pablo Schiavi, que pretendió echarle la culpa
a los trabajadores que viajaban en el tren por estar en los primeros
vagones, y banalizó el asunto, asegurando que si hubiese ocurrido
el día anterior, que fue feriado, no hubiese sido tan grave.
Luego le tocó el turno a Nilda Garré, a quien parece que
el destino le jugó una mala pasada al día siguiente que
felicitara a la policía y los bomberos por las tareas de rescate.
Ninguno
se hace cargo, y no sólo eso, sino que el Estado se presentó
pretendiendo ser querellante en la causa, como si fuera otra víctima,
y no uno de los victimarios, con la clara intención de entorpecer
la investigación, que, de todos modos, sabemos que no va a llegar
hasta todos los culpables, sino que, como siempre, tratará de
cortar el hilo por lo más delgado. Se cambiará algún
engranaje prescindible y la maquinaria seguirá andando, como
los trenes de la línea Sarmiento.
No debemos
confundirnos y debemos llamar a las cosas por su nombre: este fue un
crimen social. La empresa se dedica a robar sistemáticamente
al pueblo, en asociación con el Estado, que no controla y participa
del reparto del botín, junto con la burocracia sindical, que
en lugar de representar a los trabajadores, aplican la represión
que el Estado terceriza a través de ellos. Total, la vida de
los trabajadores que viajan y de los trabajadores del tren, es prescindible
para este sistema.
FUENTE:
CORREPI
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