BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 648
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
4 de abril
del 2012
Del 12
de marzo del 2012
Sumario:
Garré,
la policía y lo imposible
Garré
recargada
Ningún
pibe nace chorro, pero por las dudas…
La
recurrente criminalidad policial
La
masacre, la nueva ofensa
Por Correpi
especial para Villa Crespo Digital
4 de abril
del 2012
Garré, la policía y lo imposible
Esta semana,
Nilda Garre, la ministra de seguridad, encargada de coordinar y hacer
efectiva la política represiva del gobierno, ordenó el
retiro y desplazamiento de 56 comisarios y 23 comisarios inspectores
de la policía federal.
En algunos
casos, fueron los propios policías los que pidieron el retiro,
porque alcanzaron los requisitos para jubilarse, o porque no ascendieron
en el escalafón, como es el caso del ex titular de la comisaría
19ª, Gerardo Fabián Galli, que fue “congelado”
en los ascensos –pero no echado- por sus vinculaciones con el
proxenetismo junto al “empresario” Raúl Martins.
Estas “purgas” periódicas suelen ocurrir cuando la
obviedad de los crímenes de algunos de sus subordinados requiere
una limpieza de cutis para sostener la imagen de la fuerza y del gobierno
que la dirige. Es el caso del comisario inspector Luis Mansilla, ex
jefe de Control de Líneas de la Policía Federal, y del
comisario Jorge Ferreyra, ambos procesados por el asesinato del militante
Mariano Ferreyra, a los que el gobierno optó por excluir del
servicio activo para facilitar que la culpa quede visibilizada en ellos,
y se disimule la responsabilidad estatal en el hecho.
Cabe aclarar
que, como no fueron exonerados, sino simplemente pasados a la situación
de retiro, todos gozarán de sus haberes jubilatorios, obra social
y demás privilegios como jubilados estatales, sin importar que
estén investigados por asesinatos, narcotráfico, violaciones,
tortura, proxenetismo u otros delitos.
Los cargos
vacantes serán ocupados, en algunos casos, por personal de gendarmería,
otro sector de los ejecutores de la represión estatal al cual
quieren hacer ver como “patrióticos y limpios”, pero
que cumplen la misma función que cualquier policía o prefecto
y que no es otra que reprimir manifestaciones o fusilar pibes en los
barrios.
Este tipo
de maniobras tiene el objetivo de generar consenso para la represión,
ya son un “lavado de cara” de las fuerzas represivas basado
en la vieja y falsa excusa de que existen policías malos y otros
buenos, o manzanas podridas que pudren al resto, de modo que “el
problema” se solucionaría separando a los “malos”.
Se pretenden generar, así, erróneas expectativas del pueblo
sobre quién se encarga de disciplinarlo y reprimirlo. El gobierno
intenta una vez más confundir y construir consenso para llevar
a delante lo que la represión necesaria para mantenerse en donde
están.
Como decimos
una y otra vez desde CORREPI, no es un policía, es toda la institución.
No se trata de personas que actúan individualmente, sino de la
función que cumplen en la sociedad, y eso no se puede (y tampoco
lo pretenden) alterar. No se puede cambiar la naturaleza de una institución
fundamental para los ricos y poderosos como la policía, la gendarmería
o cualquier color de uniforme que se encargue de repartir palos al pueblo
trabajador para mantener el poder de los que nos explotan día
a día.
Purgas,
cursitos de DDHH, cambios de colores en los uniformes, descuelgue de
cuadros o lo que vaya a inventar el gobierno para seguir reprimiendo
con consenso, no altera su carácter represivo. No podemos esperar
soluciones del gobierno que más pibes ha fusilado en los barrios,
que lleva 17 compañeros caídos en manifestaciones y que
militarizó el país. La única respuesta frente a
la represión del estado de los poderosos es la organización
y la lucha del pueblo trabajador.
Garré
recargada
Los diarios
titularon “Sorpresivos cambios en el ministerio de Seguridad”
o cosas parecidas. Es que, de la noche a la mañana, la secretaria
de Seguridad Operativa, Cristina Camaño, fue relegada a una tarea
menor, como secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales,
Ministerios Públicos y Legislaturas, y fue reemplazada por Sergio
Berni, un “pingüino operativo”, como lo definió
el diario Infobae.
Berni,
con larga experiencia castrense (es teniente coronel retirado), es un
hombre leal. Leal al que le toque en turno, como lo prueba su derrotero
político. Simpatizante carapintada, fue funcionario estrella
de Duhalde y de ambos Kirchner. Pasó por el ministerio de Desarrollo
Social, desde donde capitaneó el proceso de disciplinamiento
y cooptación de buena parte del movimiento piquetero, y por el
ministerio de Defensa, donde trabó relación con Garré.
Últimamente, era senador en la legislatura bonaerense, dirigiendo
el bloque oficialista, alineado con Mariotto.
“El
cargo lo crearon para mí, soy viceministro”, dijo a la
prensa, dejando bien clarito que no viene a reemplazar simplemente a
la desplazada Camaño (que apenas la noche anterior puso la cara
por la ministra en la comisaría 8ª, mientras estaban detenidas
las familias de John Camafreitas y Marcelo Sepúlveda), sino que
su rol es el de jefe del estado mayor de la represión en el gobierno
nacional, y de comisario político hacia la provincia de Buenos
Aires.
“No creemos en la negociación de los conflictos, no es
nuestro eje de trabajo”, anunció. En el año de crecimiento
de la conflictividad social que se viene, el desembarco de Berni en
el ministerio de Seguridad muestra el lugar que la represión
ocupa en la agenda oficial.
Ningún
pibe nace chorro, pero por las dudas…
Durante
el mes de enero de 2012, en Catamarca, la policía “levantó”
a casi 180 chicos de menos de 18 años en la calle, con un promedio
de 44 pibes detenidos por semana. Los menores de edad representan más
de la mitad de los detenidos en total.
Según
las estadísticas que se realizaron al terminar la feria judicial,
cuatro pibes menores de 18 años amanecen por día tras
las rejas. Más del 80 % de esos chicos proviene de hogares de
escasos recursos. Ésta es la función a la que están
llamados estos matones a sueldo: Golpearlos, detenerlos y encerrarlos;
atemorizarlos, matar su dignidad, su pensamiento, y matarlos físicamente
en muchos casos, funciones éstas que desempeñan cada día
mejor, y para la que están adoctrinados, al servicio de la burguesía.
El subsecretario
de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Morales, manifestó que
“el aumento en los arrestos se debe al mayor índice de
delitos cometidos por los menores”, y así trata de justificar
el incremento del 300% de los arrestos respecto del mismo mes del año
pasado.
La mentira se cae sola: En su mayoría, son chicos entre 10 y
15 años de edad, que están allí porque un oficial
que asegura que los encontró cometiendo un delito, escapando
tras un frustrado hecho o en “actitud sospechosa”, decidió
demorar. El código de faltas o contravencional y la detención
por averiguación de antecedentes o para identificar “justifican”
la casi totalidad de esas detenciones, rara vez vinculadas con una imputación
concreta por un delito.
Por otra
parte, trascendió que las autoridades, buscando mejorar su eficiencia,
trabajan en la conformación de una Brigada Juvenil, cuyos efectivos
se encargarán exclusivamente de los procedimientos que involucren
los chicos de menos de 18 años.
Uno de
los casos que demuestra lo que afirmamos, ocurrió el viernes
9 de septiembre de 2011, cuando cuatro adolescentes de 16 y 17 años
murieron quemados en la “Alcaidía de Menores” , un
lugar donde nunca deberían haber estado. Los chicos sólo
podían estar detenidos 48 horas, pero llevaban 9 días
en la celda, padeciendo torturas, y en condiciones infrahumanas, sin
ventilación, sin suficientes colchones y con baños totalmente
sucios.
Los agentes policiales les dieron un encendedor, les cerraron la puerta
de la celda con candado, y los desafiaron a que se prendieran fuego
si querían protestar. Iniciado el fuego, no abrieron el calabozo
sino cuando los chicos ya agonizaban. Junto a los policías, fueron
igualmente responsables por la muerte de Nelson Fernández (17),
Franco Nieva (16) Nelson Molas (17), y Franco Sosa (17) las juezas de
Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto; ministro de Gobierno,
Javier Silva; el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat; el jefe de
Policía, Francisco Soria, y el gobernador Eduardo Brizuela del
Moral.
Completando
el círculo represivo, cuando los familiares salieron a la calle
a denunciar cómo murieron sus hijos, fueron amenazados por personal
de la comisaría 10ª.
Desde CORREPI llamamos “represión preventiva” a estas
situaciones cotidianas de la democracia de los DDHH, que para muchos
representan aparentes abusos de poder por parte de la policía,
cuando en realidad son una política de estado en la que confluyen
todas las instituciones estatales.
La
recurrente criminalidad policial
Todos
sabemos que la policía siempre está detrás de los
crímenes más indignantes. Son ellos los que manejan los
grandes secuestros, el narcotráfico, la trata de personas para
la explotación sexual, etc., todas “changas” suyas,
avaladas por el Estado, que las conoce, pero perdona todo a cambio de
que cumplan eficientemente su tarea de reprimir al pueblo.
¡Y cómo la cumplen!. En Córdoba, las detenciones
arbitrarias, eficaz herramienta de control social, están a la
orden del día. Varios oficiales “arrepentidos” de
la policía de Córdoba, confesaron que se les ordenaba
detener personas sólo por estar en la calle, con el fin de cumplir
“cupos” semanales. Los que “cumplían con el
objetivo” eran premiados con un cuadrito de honor con foto en
la dependencia, al mejor estilo del “empleado del mes” de
McDonald’s. Los que no, eran castigados con hasta ocho horas de
sobrecarga de servicio.
Éste
es solo uno de los métodos que la policía utiliza para
adoctrinar a sus subordinados, métodos que terminan generando
oficiales violentos y perversos, oficiales deshumanizados. Pero es eso
justamente lo que se busca, y no generar conciencias “cívicas
y honradas”, como asegura la ministra Garré, que se jacta
de la cantidad de cursos de Derechos Humanos que hay para estos delincuentes
uniformados.
La
semana pasada, por ejemplo, salieron a la luz estos casos:
Matías Leonel Domed, ex miembro del Ejército, sentenciado
a 22 años de prisión por el homicidio agravado de Martín
Aranda, ocurrido en 2009, pidió cumplir la pena en su casa. El
ex militar ya estaba con prisión domiciliaria por robo calificado,
aunque todo el barrio sabía que no la respetaba, ya que solía
estar en unas cocheras cercanas a su casa, donde traficaba drogas. Cuando
Martín Aranda estaba charlando con unos amigos en la calle, Domed
pasó y simplemente le disparó, matándolo en el
acto.
También
hubo novedades en el asesinato de Patricia Gasparotti, muerta a manos
de su esposo, Cristian Terraza, de la PFA. Según testimonios,
el policía era muy posesivo y celoso, la obligó a dejar
de trabajar y casi no la dejaba salir de casa, amenazándola con
matarla. Cumplió. Luego de una muy fuerte pelea, Patricia fue
unos días a la casa de sus padres. Terraza le pidió disculpas
y ella volvió a su casa. Una semana más tarde, su mamá
la encontró muerta. Terraza continúa prófugo.
En Bahía
Blanca, Pcia. de Buenos Aires, unos chicos fueron asaltados por tres
delincuentes armados que les robaron ropa y celulares. Los chicos hicieron
la denuncia, y tras una serie de investigaciones salió a la luz
que uno de los asaltantes era el subteniente Walter Derromediz. Los
otros dos, más jóvenes, eran el hijo del policía
y un amigo suyo.
Cerca de allí, en Coronel Pringues, un policía intentó
abusar de una chica de 14 años. El oficial la llevó violentamente
al auto, diciéndole que quería hacerle unas preguntas.
Dos amigas, que estaban con ella, fueron a llamar al padre, que se encontraba
en su casa, a una cuadra de allí. Cuando él llegó,
encontró al policía tratando de besar a la joven, por
lo que empezó a insultarlo a los gritos. La chica pudo salir
corriendo hacia su padre, momento en el cual el policía se dio
a la fuga.
Cuando
los medios masivos de información (o más bien de desinformación
de masas) pegan el grito en el cielo por más policía,
lo que están pidiendo es más violencia, más represión,
más inseguridad en las calles del pueblo.
La
masacre, la nueva ofensa
A medida
que transcurren los días, con la bronca intacta, uno va asociando
la muerte de los trabajadores en la masacre de Once con el rol que jugaron
en ella los empresarios dueños de la concesión y el estado
que los representa.
La ausencia
de inversiones, el manejo discrecional de los subsidios, la inseguridad
del servicio, van de la mano con el dejar hacer y el ninguneo de las
denuncias de los ferroviarios combativos, que la secretaría de
Transporte a cargo del ministro De Vido (pieza clave en el entramado
de los negocios kirchneristas) se encargó de cajonear, en beneficio
de los empresarios mandantes.
Muchos,
entonces, se sorprenden e indignan cuando encuentran como noticia, que
otra agencia del mismo estado (en este caso el Poder Judicial a través
del Juez Bonadío) le ha otorgado al propio Estado la calidad
de querellante en la causa. Por ley, esa calidad le corresponde a quien
resulte ofendido por un delito de acción pública (por
ejemplo a los heridos y familiares de los muertos).
Pero rápidamente
consignamos: No hay lugar a la sorpresa.
Cualquier
seguidor de estas páginas, advierte que la pretensión
de no responsable del Estado en la muerte de los trabajadores, es una
maniobra constante que suele evidenciarse sobremanera en los casos de
represión.
Que la
autonomía, y hasta carácter de tercer sujeto, mediador,
componedor, etc. que se le pretende atribuir, es el modo inteligente
que instrumentan para construir el espejismo de un ente ético,
incapaz de diseñar políticas de disciplinamiento social
con las que satisfacen los imprescindibles niveles de explotación
y alienación que hacen ricos a sus empresarios mandantes.
Para el discurso oficial y los medios que lo reproducen y amplían,
cuando un policía mata con el gatillo fácil, es un loquito
y no la institución; cuando la patota sindical al servicio de
la UGOFE y con apoyo policial pone en acto a la Triple Alianza Antiobrera
y mata a Mariano Ferreyra, se pretenden responsabilidades meramente
personales y hasta -desde los más altos niveles del propio Estado-
toman distancia de ellos, previo haber participado de estrategias tendientes
a favorecerles su situación procesal.
En este
mismo sentido, debe interpretarse el paso judicial de esta maniobra
distractiva del Estado frente a la indelegable responsabilidad que le
compete junto a los empresarios y a los burócratas que los sostienen.
La masacre
de Once no puede analizarse por fuera de la lucha de clases donde cada
uno de los nombrados (y todos juntos a la vez) jugó un papel
protagónico, pero en la otra vereda de los muertos. La pretensión
de un “Estado ético” en medio de esa lucha, es, en
el mejor de los casos, una ilusión, es decir, una distorsión
de la realidad.
Desde
CORREPI sostenemos que es una canallada cómo diluye su responsabilidad
el gobierno que permitió la masacre. La justicia no hizo nada
nuevo al darle el mismo carácter al familiar de un trabajador
asesinado que al sujeto-ente que debió evitarlo. Así,
instalan la idea de que el gobierno está de nuestro lado, y esa
es, después de las muertes, la más grave ofensa que pueda
descargarse sobre los trabajadores.
Desde
CORREPI denunciamos la represión a la que fueron sometidos los
vecinos de Berazategui el viernes 2 de marzo, quienes vienen exigiendo,
hace ya mucho tiempo, el traslado de la central eléctrica “Subestacion
Rigolleau”, que amenaza de muerte a los que viven en la zona.
Ya cuentan
con una muestra de lo que esto puede significar a su salud: En la cercana
localidad de Ezpeleta, la subestación SOBRAL se cobró
la vida de 160 personas. Lejos de importarle, el Estado se encargó
de enviar a sus fuerzas para reprimir esta lucha y garantizar las ganancias
de la empresa EDESUR.
FUENTE:
CORREPI
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