BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 649
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
4 de abril
del 2012
Del 20
de marzo del 2012
Sumario:
Asesinados
para el control social
Cuatro
historias que se suman a la larga lista de asesinados en el cotidiano
ejercicio del control social...
Más
muertes en penales y comisarías
Son
tres, en apenas unos días, las noticias de personas fallecidas
a manos de los verdugos que custodian las rejas de cárceles y
comisarías argentinas.
Los
tres poderes: siempre contra el pueblo
...Se tiran la pelota entre ellos, se acusan de corruptos, represores,
apelan al “archivo histórico”, cuando realmente ninguno
de ellos, ni los partidos a los que pertenecen, resiste la historia...
La
excusa del terrorismo
El imperialismo hace y deshace librando batallas contra el supuesto
terrorismo…
Nuevamente
amenazas y agresiones a militantes en Jujuy
La Corriente del Pueblo de Jujuy, organización integrada al Encuentro
Nacional Antirrepresivo, denunció esta semana nuevas amenazas,
aprietes y acciones violentas en su contra...
Asesinados para el control social
Cuatro historias que se suman a la larga lista de asesinados en el cotidiano
ejercicio del control social:
Hernán
Alborcen (25) fue asesinado en Monte Grande el 11 de febrero de este
año, de un disparo en la cabeza. Era de madrugada; estaba sentado
en el cordón de la esquina de su casa, esperando a que su novia
volviera del boliche. Dos policías bonaerenses de la comisaría
de Esteban Echeverría lo fusilaron en ese mismo lugar.
Desde
entonces, sus padres encontraron todas las trabas que pone el sistema
para garantizar la impunidad de los verdugos de pobres. El fiscal que
lleva la causa (como en general sucede cada vez que estos funcionarios
tienen que responder por los perros guardianes del poder y la riqueza),
evade a los familiares, los confunde, no les da respuestas, tendiendo
a que las víctimas se cansen y dejen de pelear.
Julio
Luna (62) era un comerciante de la localidad bonaerense de Quilmes que
tenía un mini-supermercado. En la mañana del 5 de marzo,
un joven entró al comercio e intentó asaltar a Julio.
Un policía federal vestido de civil que estaba entre los clientes,
fiel a sus reflejos policíacos, sacó su arma para detener
al ladrón, sin importarle el riesgo para la vida de las personas.
La bala policial terminó hiriendo al Luna, que murió mientras
era trasladado al hospital.
El 8 de
marzo, en Merlo, provincia de Buenos Aires, un policía bonaerense
mató a dos jóvenes de 23 y 25 años. El policía
estaba vestido de civil. Salía de un comercio y dice que dos
ladrones intentaron sacarle el dinero que llevaba encima. Claro está
que, para todo agente del sistema que se precie, el valor del dinero
es siempre superior al valor de la vida. Y como los policías
no se desprenden de su arma ni para ir a hacer los mandados, éste
no dudó en matarlos, seguro de tener de su lado a sus colegas
para encubrirlo, a jueces y fiscales para protegerlo, y a las cadenas
de medios para reproducir la versión policial del confuso episodio.
Al fin y al cabo, los muerto no hablan, y menos si son pobres.
Más
muertes en penales y comisarías
Son tres,
en apenas unos días, las noticias de personas fallecidas a manos
de los verdugos que custodian las rejas de cárceles y comisarías
argentinas.
En San Martín, provincia de Buenos Aires, en el penal de José
León Suárez, Patricio Barros Cisneros (26) falleció
el 28 de enero producto de las torturas. Las personas que presenciaron
el ataque sostienen que participaron alrededor de once penitenciarios
que lo esposaron y, una vez en el suelo, lo reventaron a golpes de puño
y pies. Incluso uno de los verdugos saltó sobre su pecho en reiteradas
oportunidades.
Hay cuatro penitenciarios con orden de captura, acusados de homicidio
agravado por alevosía. Como siempre, no hay juez en Argentina
que se atreva a decir “tortura” en democracia). Lógicamente,
también, Rodrigo Chaparro, Héctor Aníbal Mario,
Gerardo Rodolfo Luna y César Raúl Benítez ya se
profugaron. Si usted, estimado lector, sabe algo de ellos, ¡no
avise a la policía!.
En Córdoba,
Sandra López (41) portera de una escuela y madre de tres hijos,
murió luego de haber sido golpeada durante su arresto, después
de doce horas sin asistencia médica. Todo comenzó el 3
de marzo, cuando fue detenida, junto a su esposo y tres personas más,
porque había filmado un operativo en su barrio, en el que los
vecinos denuncian que la policía entró a los tiros. Sandra,
que sufría de gastritis nerviosa, se descompuso tras los golpes
policiales y vomitó sangre. Pese a los reclamos de los otros
detenidos, recién fue vista por un médico doce horas después.
Ya era tarde, y, aunque liberada, murió el lunes 5.
En Catamarca,
Diego Iván Pachado (20) fue detenido junto a su amigo, Mario
González, por averiguación de antecedentes. Minutos antes
Diego y Mario habían sido asaltados. Diego tenía un profundo
corte en la cabeza, producto de la golpiza que le propinara la policía.
Tampoco recibió asistencia médica. Cayó en coma
y murió dos días después de su detención
en la sala de terapia intensiva del hospital San Juan Bautista, el martes
13.
La lista
de muertos en cárceles y comisarías sigue engordando,
así como la de muertos por el gatillo fácil, las dos modalidades
de represión preventiva que el Estado descarga sobre el pueblo
para disciplinarlo. No hay purga, no hay “programa de DDHH”
que pueda modificar estas prácticas que son parte de la función
encargada por los poderosos a las fuerzas de seguridad.
Los
tres poderes: siempre contra el pueblo
Esta semana, los legisladores de la UCR realizaron una denuncia penal
contra el Ministro de Planificación Federal, Inversión
pública y Servicios, Julio De Vido, por la masacre ferroviaria
de Once, en la que murieron 51 personas y hubo 700 heridos.
De Vido respondió argumentando que el radicalismo debe explicaciones
por los muertos de diciembre de 2001, refiriéndose al asesinato
a manos de las fuerzas represivas de 39 personas en todo el país
durante la rebelión popular que forzó la partida anticipada
del gobierno de la Alianza UCR-Frepaso, y recordó, también,
históricas represiones radicales, como “La Semana Trágica”,
“La Patagonia Rebelde” o los comandos civiles de 1955. No
mencionó, en cambio, la masacre del Puente de Corrientes, en
1999.
“Todo
el mundo tiene derecho a presentar las denuncias que crea necesarias,
pero debe haber coherencia entre quien las hace y su historia. A mí
como militante me gustaría que las nuevas autoridades del radicalismo
aprovechen su nueva gestión para hacer una sincera autocrítica
política por estos asesinatos y todos los que perpetraron los
gobiernos radicales a lo largo de la historia” fueron sus palabras
textuales.
¿Y por casa cómo andamos? Ni siquiera hay que recurrir
demasiado a la historia, de la que, de todos modos, el peronismo no
sale mucho mejor parado que el radicalismo, para cuestionar lo que De
Vido, peronista y del riñón del kirchnerismo de la primera
hora, llama su “coherencia militante”.
De Vido
funcionario, desde 2003, del gobierno que más muertos tiene por
el gatillo fácil desde 1983; que mató 17 luchadores en
la protesta social y, sin dudas, el gobierno que mejor pulió
los mecanismos de criminalización de la pobreza y la protesta.
Es funcionario estrella del gobierno que llenó de policías,
gendarmes y prefectos las calles en nombre de una “seguridad”
que nos cuesta un pibe muerto por día con el gatillo fácil
y la tortura, y que sostiene más de 5.000 procesos contra luchadores
populares.
Esta semana,
también el presidente de la Corte Suprema dijo que “el
Estado no debe perseguir al que piensa diferente”… ¿Se
estaba refiriendo al Proyecto X? ¿A los perseguidos por cortar
calles y rutas, que esperan juicios en los que se va a definir si pasan
varios años presos por defender los derechos de trabajadores?
No, se estaba refiriendo a la libertad de expresión y al equilibrio
de poderes: “los jueces deben evitar los abusos de toda clase
de poder”, dijo. Lorenzetti podrá hacerse el desentendido,
pero nosotros sabemos cuál es el papel de los jueces: aplicar
las herramientas que el poder legislativo pone al servicio del poder
para mantener al pueblo estrangulado por la explotación y la
opresión.
Se tiran la pelota entre ellos, se acusan de corruptos, represores,
apelan al “archivo histórico”, cuando realmente ninguno
de ellos, ni los partidos a los que pertenecen, resiste la historia.
Como decimos siempre: gobierne quien gobierne, la represión es
necesaria para administrar una sociedad dividida en clases.
La
excusa del terrorismo
El imperialismo
hace y deshace librando batallas contra el supuesto terrorismo…
“Seguiremos atacando a quién pretenda agredir a la ciudadanía
israelí”, advirtió el primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, quien afirma, sin referirse a los ataques
que está sufriendo la Franja de Gaza desde el pasado viernes
9 de marzo, que han podido desactivar una acción terrorista que
estaba siendo planificada. La cuestión es que ya son 18 los muertos
palestinos, de los cuales solo dos fueron víctimas del bombardeo
“selectivo” que desató todo el conflicto el día
9: el secretario general de los Comités Populares de Resistencia
(CPR) y su escolta. Los demás, fueron víctimas de los
bombardeos que sufrieron los barrios populares en represalia a la respuesta
que los CPR y la Yihad Islámica han dado a Israel desde ese mismo
viernes.
Ante la situación de emergencia histórica de Gaza, agravada
por los constantes ataques aéreos israelíes, la muerte
de los civiles y la persecución política que sufren los
palestinos que en ese territorio habitan, la ONU sólo se pronunció
denunciando los bombardeos palestinos a Israel.
Un poco más al este, en sintonía con la hipocresía,
la represión sigue siendo la forma de lastimar al pueblo sirio,
en un embate que se dibuja desde afuera. El respaldo en fondos, armas
y formación a las filas rebeldes sirias esta dado principalmente
por Inglaterra, Francia, EEUU, con colaboración de Turquía,
Libia y el Líbano. El régimen al que quieren voltear,
presidido por Bashar Al Assad, responde al partido del Baas, que hace
más de 50 años que ejerce el poder.
En este
escenario complejo se desata la brutal represión sufrida por
el pueblo traducida en asesinatos y huidas masivas de refugiados que
no sólo son el resultado de la violencia estatal (cosa a la que
estamos acostumbrados), sino que también responden a las milicias
respaldadas por el imperialismo occidental o por el islamismo ortodoxo.
Según la ONU, son 7.500 las muertes en este casi año de
conflicto sirio.
Mientras
tanto, en Rusia, al mismo tiempo que el gobierno apoya al gobierno sirio
de Al Assad y festeja la presencia de la ONU en Siria, manda a la policía
a reprimir las protestas desatadas en Moscú y en San Petesburgo
en contra de los resultados de las elecciones que arrojaron un 63,60%
a favor de Putin. Fueron unos 550 los detenidos luego de la represión
contra las manifestaciones que exigían el fin de la persecución
política y los fraudes masivos.
El imperialismo va marcando el ritmo de las políticas represivas,
vestidas de ataques aéreos, de banderas de defensa del terrorismo,
de oposición democrática, o de policía reprimiendo
y apresando en una represión, que no hacen más que imponer
el verdadero terror a través de los estados, a fuerza de formar
policías, financiar milicias desestabilizadoras, sostener las
prácticas más abusivas o hambrear al pueblo trabajador.
Terroristas no son los que se organizan para, junto con otros, cambiar
la materialidad de su existencia, los que siembran terror son los que
atacan la organización del pueblo.
Nuevamente
amenazas y agresiones a militantes en Jujuy
En un
reciente comunicado, la Corriente del Pueblo de Jujuy, organización
integrada al Encuentro Nacional Antirrepresivo, denunció esta
semana “La incesante campaña de amenazas, aprietes y acciones
violentas contra nuestras organizaciones [que] intenta poner freno al
trabajo que diariamente realizamos en barrios y comunidades de nuestro
país, en un escenario que tiene por objetivo último, imponer
una política de entrega y saqueo del territorio nacional”.
Señalan
los compañeros que “No es ninguna casualidad que esta campaña
surja con virulencia cuando planteamos una pelea frontal contra el modelo
minero” y describen el accionar represivo: “por un lado
las fuerzas tradicionales de seguridad reprimiendo abiertamente o infiltrándose
en movilizaciones y acciones cotidianas identificando y golpeando selectivamente
a referentes de asambleas ciudadanas, organizaciones sociales, estudiantiles
y sindicales, comunidades indígenas, tratando de aislar cada
una de las iniciativas del campo popular y sosteniendo el desmembramiento
del mismo con diversas metodologías. Por otro lado, la aprobación
por orden de Washington de la “Ley antiterrorista”, norma
para reprimir al pueblo y sus luchas, nuevo y gravísimo intento
de avance represivo que ha tomado cuerpo con la remisión al Congreso
por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.
Puntualmente,
denuncian los recientes pedidos de captura de los referentes sindicales
de la Comisión Directiva del ingenio “La Esperanza”,
como parte de la campaña de amedrentamiento que enfrentan desde
la conformación de la Corriente en 2006, jalonada por distintos
episodios de represión directa a sus militantes en los barrios
en los que se organizan, así como la promoción de causas
penales en represalia a movilizaciones y manifestaciones, hasta el ataque
directo a golpes sufrido por las compañeras Cecilia Quiroz y
Mariana Argañaraz a pocas cuadras de Recursos Hídricos
luego de que realizaran gestiones en esa dependencia.
Concluyen su denuncia diciendo: “No estamos dispuestos a ver pasivamente
como continúan saqueando nuestra tierra. Estamos contra la entrega
de nuestros territorios, transformándolos en cotos de caza encerrando
lagos, montañas y cerros cuyos minerales son nuestras mayores
reservas; estamos contra la extranjerización de nuestros principales
recursos estratégicos; sostenemos la defensa de los derechos
de la naturaleza y de nuestro pueblo”.
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CORREPI
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