BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 650
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
4 de abril
del 2012
Del 25
de marzo del 2012
Sumario:
1.
“¿Tortura? Culpa de la sociedad...”, dicen el gobierno,la
ONU y el CELS.
2. Torturas, puebladas y más represión.
3. Vale Todo.
4. Poliladrones en acción.
5. Informe sobre criminalización de la protesta.
“¿Tortura?
Culpa de la sociedad...”, dicen el gobierno, la ONU y el CELS
La semana
pasada, senadores radicales y peronistas bonaerenses, junto con el CELS
y la ONU anunciaron, con bombos y platillos, la creación de un
“órgano de prevención de la tortura” en la
provincia. Otro más, habría que decir, porque “Comisiones
contra la Tortura”, “Observatorios contra la Tortura”
o cosas parecidas abundan en la estructura gubernamental de la provincia
de Buenos Aires, y en todo el país.
Como los ministerios o secretarías de Derechos Humanos, que no
faltan a nivel nacional y de las provincias, estos “organismos”
buscan instalar la ficción de que los gobiernos se preocupan
por “prevenir la tortura”, cosa de estar a tono con las
leyes y tratados internacionales en los que se despachan con enorme
palabrería sobre la defensa de los DDHH y la prohibición
de los tormentos.
El actual
gobierno, en el marco de su constante práctica de sostener su
trabajada imagen de “gobierno de los DDHH”, es campeón
en esto de crear este tipo de organismos o de promover seminarios, coloquios
y todo tipo de escenarios donde dicen cosas tan sesudas como “Si
la tortura sigue existiendo es porque las sociedades así lo quieren
y sólo desde la participación ciudadana puede venir la
solución”, como disparó
Emilio Ginés Santidrián, integrante del Sub Comité
de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas en esta oportunidad,
al tiempo que llamó a “Establecer un dialogo para hablar
del hacinamiento, de las condiciones en las que se encuentran estas
personas”, en referencia a los presos que sufren tormentos.
O sea:
a Patricio Barros Cisneros, preso en el penal de José León
Suárez, lo mató a palos “la sociedad”, y no
once guardiacárceles torturadores que aplicaron una política
de estado. El gobierno, junto con esos organismos nacionales o internacionales,
nos convoca a “dialogar” sobre el apaleamiento, la picana,
el submarino seco, el pata-pata, los submarinos y todo el despliegue
de habituales métodos de torturas en los lugares de detención,
antes de pasar al “coffee break” donde se charlará
de cosas más placenteras.
Así,
enmascaran la exclusiva responsabilidad estatal, a través del
gobierno de turno, en la sistematicidad de la tortura; se presentan
como quienes tienen “la solución”, y recurren al
viejo truco de la “participación ciudadana,” cuando
son ellos los gerentes de una política represiva sistemática
que requiere, para su mejor implementación, de la invisibilización
de la represión, por un lado, y de la construcción de
consenso, por el otro.
En este
intento de maquillaje, que ha sido una de las especialidades kirchneristas,
juegan un papel protagónico los “organismos”, como
el CELS, que se dedican a legitimar y fortalecer las instituciones que
no son otra cosa que las ejecutoras de la represión cotidiana.
Silencian, así, que desde 1983, la “democracia”,
administrada por radicales, peronistas y “progresistas”
de toda laya (Frepaso, Partido Socialista, etc.) asesinó más
de 3.400 personas con el gatillo fácil y la tortura; desapareció
un centenar de pibes; tiene presos políticos y más de
4.000 compañeros criminalizados por defender sus derechos. Con
una mano bendicen y promueven “órganos para prevenir la
tortura”, y con la otra organizan proyectos de espionaje e infiltración
en las organizaciones populares, como el Proyecto X de gendarmería
y sus equivalentes policiales y en otras fuerzas, que dependen, igual
que sus “Comités” y “Comisiones”, del
mismo gobierno, fortalecido con los funcionarios aportados por “organismos”
como el CELS.
Y nada
más útil, para tapar la represión actual, que hablar
del pasado, como lo hicieron hace unos días cuando funcionarios
kirchneristas se juntaron con el Centro Internacional para la Justicia
Transicional (ICTJ) para “debatir sobre el avance de los juicios
contra el terrorismo de estado”, por supuesto que sin mencionar
el pibe que nos matan a diario, ni a los 17 asesinados en movilizaciones
desde 2003. Hablan del pasado, matan en el presente, y generan consenso
para la represión con medidas que aparecen como “progresistas”,
creadas e implementadas por el mismo estado que necesita reprimir para
seguir garantizando los privilegios de la clase explotadora, cuyos intereses
representa y defiende.
Torturas, puebladas y más represión
En la
localidad santafesina de María Susana, un chico de 17 años
fue levantado en la calle por la policía y torturado hasta dejarlo
en grave estado de salud. A fuerza de golpes de puño y patadas,
le exigían que llamara "jefe" a uno de los policías.
Los vecinos reaccionaron con indignación, se movilizaron y apedrearon
la comisaría. El ministro de Seguridad provincial, Leandro Corti,
manifestó "si bien todavía no hay algún grado
de precisión y claridad de cómo sucedieron los hechos,
sí nos preocupa la manifestación que se dio en esta localidad
por este conjunto de vecinos".
Claro
está que, a un ministro de Seguridad, no le preocupa que sus
subordinados dejaran a un adolescente internado en grave estado, resultado
de la política de disciplinamiento social que sus asesinos de
uniforme cumplen al pie de la letra. Al ministro de seguridad del “progresista”
gobierno santafesino, lo que en realidad le preocupa, es que el pueblo
se niegue a ser sometido, ultrajado, torturado. Es por eso que a los
policías que torturan y matan impunemente sólo se los
somete a una investigación sumaria, mientras que a los vecinos
se los incrimina y procesa por daños, atentado, resistencia a
la autoridad y toda herramienta jurídica al alcance de la mano.
En la
provincia de Catamarca, otro caso de tortura en comisaría tomó
relevancia mediática cuando la víctima, Diego Pachao (20),
sufrió muerte cerebral luego de quedar en estado de coma dentro
de su celda en la comisaría 7ª de la capital provincial.
Este joven también había sido levantado por un patrullero
en la calle. Su familia se enteró de la detención porque
un amigo que había sido detenido junto a Diego, y que presenció
la golpiza, pudo avisarles. La noticia tomó estado público,
por lo que la gobernadora kirchnerista, Lucía Corpacci, no perdió
tiempo y, rauda como una laucha, fue al hospital a sacarse fotos con
los familiares desesperados del joven, llevándoles la misma lista
de promesas que escucharon los familiares de los cuatro adolescentes
muertos en la Alcaldía de Menores el año pasado (ver Boletín
N° 626, 19 de septiembre de 2011). Luego, mandó a su vicegobernador,
Dalmacio Mera, a sacarse fotos para los medios recorriendo comisarías,
e hizo intervenir la comisaría 7ª. Y entre tantas fotos
y promesas, otro joven, Fernando Velárdez (25) era detenido y
torturado en la comisaría 6ª de la misma ciudad.
"Quiero
que la ciudadanía, los padres del joven fallecido y todos los
jóvenes en situación de vulnerabilidad, que muchas veces
son detenidos en las comisarías, sepan que este gobierno no va
a tolerar de ninguna manera que hechos como estos vuelvan a pasar en
nuestra querida provincia (...) Una policía que golpea no es
la policía-institución que este gobierno quiere"
dijo la gobernadora. Frases hechas para este tipo de ocasiones, que
todo gobernante repite cuando un caso de tortura es conocido masivamente,
apelando a la falaz teoría de la autonomía policial que
les permite salir del ojo de la tormenta cada vez que se pone en evidencia
el uso sistemático de la tortura, circunscripta a una política
estatal de control y disciplinamiento de la clase trabajadora ante un
régimen político basado en la explotación y el
hambre.
Los vecinos de Diego Pachao, como en Santa Fe, también reaccionaron
con indignación y manifestaron su furia frente a la comisaría.
Corpacci adoptó inmediatamente el discurso conspirativo, sosteniendo
que la pueblada constituía un “ataque a la democracia”,
y pidió más gendarmes en su provincia (que, de paso, no
le vienen mal para mantener a raya a los manifestantes antimineros de
Catamarca). Hubo allanamientos y diez detenidos por la manifestación.
La justicia
y los medios cumplieron también su papel en la farsa: los fiscales
detuvieron a los catorce policías que participaron del asesinato
de Pachao, de quienes nunca trascendieron los nombres pues el ministerio
de Seguridad prefirió resguardar la integridad de sus asesinos
uniformados. También fueron detenidos los jóvenes que
pelearon en la calle con Diego y su amigo antes de ser arrestados, dos
hermanos de 17 y 19 años. Los resultados son absolutamente previsibles:
paulatinamente la información publicada por los medios viró
de "murió el joven torturado por la policía"
a " la justicia investiga si Pachao murió por los golpes
en una pelea", inculpando de esta forma a los jóvenes por
la muerte de Diego.
Finalmente, y como era de esperarse, los 14 policías fueron liberados
luego de tomarles declaración indagatoria, y ya están
a disposición del estado para seguir torturando y matando pobres.
Vale todo
Vale para
Jujuy: La jueza Pérez Rojas, aquella que ordenó el violento
desalojo del ingenio Ledesma y causó 4 muertos en las filas del
pueblo norteño, ordenó la semana pasada la detención
de los dirigentes y abogados del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros
del Ingenio La Esperanza. La causa, una protesta social del año
2010 que obligaba al poder a dar respuestas frente a la grave crisis
que viven los trabajadores en la provincia. Varios días detenidos,
procesados y finalmente excarcelados, con la amenaza vigente de un poder
político presto a desempolvar causas a punto de prescribir diciendo:
"se acabó la protesta desestabilizadora".
Vale para
Catamarca: Como se relata en la segunda nota de este Boletín,
la pueblada originada en el asesinato en la tortura de Diego Pachao
fue definida por el gobierno provincial como algo “desestabilizador,
estuvo organizado para generar el caos".
Vale para la ciudad de Buenos Aires: Movimientos piqueteros cortaron
puentes y calles contra la política clientelar del gobierno,
expresada en el manejo discrecional de los Planes Argentina Trabaja.
Para ellos la ministra Garré disparó: "fueron cortes
salvajes y desestabilizadores y sus dirigentes son extorsionadores".
Días antes, un grupo de vecinos de la Villa 31 hicieron lo propio
con la autovía Illia, reclamando elementales reivindicaciones
para que sus hijos pudieran estudiar. No fue Garré en este caso,
sino el ministro macrista Esteban Bullrich quien usó los mismos
términos que la ministra de la seguridad kirchnerista: "Los
vecinos son extorsionadores".
Vale para todos los que, a lo largo y ancho del país, resisten
y pelean contra las políticas antipopulares. La ley antiterrorista
es mucho más que un instrumento que acompaña, es la voz
vergonzante de los gobiernos de derecha, “nacionales y populares”
frente a la protesta social, que no extorsiona ni desestabiliza. Los
pone en evidencia.
Poliladrones en acción
Tras un
llamado al 911, en la municipalidad de Florencio Varela, dos policías
bonaerenses, llegaron con la indicación de socorrer a una mujer
que se encontraba en el interior de un Peugeot 206, desmayada.
Sin embargo, lejos de socorrerla, simularon un operativo, tomando declaración
como testigos a una parejita que circulaba por el lugar. Minutos más
tarde, convencidos de tener la zona despejada, comenzaron su “real
operativo”. Lástima que no tuvieron en cuenta que estaban
siendo filmados por las cámaras instaladas por la comuna en distintas
esquinas, que en esta oportunidad registraron cómo uno de los
policías agarró las llaves del auto, abrió el baúl
y enseguida, su otro compañero acomodó el patrullero bien
"pegado" al Peugeot 206 donde estaba la mujer para intentar
ocultar la maniobra. El policía que abrió el baúl,
se apoderó de una notebook y un celular, los tapó con
su campera de servicio y subió al patrullero. Consumado el robo,
los policías se fueron con total impunidad, sin saber que, esta
vez, la víbora se mordió la cola, y estaba todo registrado
en el video.
En el boletín nº 645 dijimos: “Atención, si
ve un delito, no avise a la policía”… ¡Pero
si necesita auxilio tampoco los llame!
Informe sobre criminalización de la protesta
La Asociación
de Ex-Detenidos Desaparecidos, APEL, CEPRODH, CADEP, CADHU, Liberpueblo
y CORREPI presentaron, en una conferencia de prensa, un informe sobre
criminalización de la protesta que abarca el período 2001-2012,
y sintetiza los primeros resultados de la sistematización de
datos sobre la situación de los miles de compañeros criminalizados
por luchar.
La base de datos que da origen al informe será permanentemente
actualizada con el registro de nuevos datos, así como la incorporación
de otros anteriores que no llegamos a incluir en esta etapa.
El informe
está contiene los siguientes capítulos: Presentación
de la situación de criminalización y represión
2001-2012; Presentación de la metodología de trabajo para
la recopilación y registro de casos; Informe estadístico
de casos criminalizados registrados; Identificación de tipos
penales utilizados para la criminalización de la protesta; Registro
de las organizaciones criminalizadas en distintos lugares del país;
Anexo con listado de víctimas de la represión estatal
y paraestatal a la protesta y la organización popular entre los
años 2001-2012; Detalle de las fuentes de información
utilizadas para el relevamiento de los casos; Listado de materiales
bibliográficos, investigaciones e informes consultados para la
realización del informe.
Así,
sobre un total de más de 4.000 casos, y 2.268 con registros completos,
se confirma el crecimiento de esta variante de la política represiva
estatal, que anunciara Aníbal Fernández en octubre de
2003 desde la tapa del diario La Nación (con el que, entonces,
no estaba pelado el gobierno): “A los que saquen los pies del
plato, los vamos a esperar con el código penal en la mano”,
y que ratifica a cada paso el gobierno, cuando acusa de desestabilizadores,
extorsionadores o creadores de caos a los que se organizan para luchar
por sus derechos. El elevado porcentaje, en particular en los años
más recientes, de conflictos gremiales criminalizados, muestra,
también, que los trabajadores organizados por fuera y en contra
de las burocracias sindicales son la principal preocupación del
gobierno en este tema.
CORREPI,
que milita contra la represión selectiva, luchando por la libertad
de los presos políticos y la defensa de los criminalizados en
la protesta con el mismo énfasis que denunciamos la represión
preventiva del gatillo fácil, la tortura y la militarización
de los barrios, celebra este esfuerzo conjunto de las organizaciones
populares para construir este Archivo, y seguirá aportando para
que, como nuestro Archivo de Casos de personas asesinadas en la represión,
sea una efectiva herramienta de lucha a disposición de todos
los compañeros, que sirva para poner en evidencia el carácter
represor de los gobiernos que se suceden en la administración
del estado.
FUENTE:
CORREPI
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