BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 652
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Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
15 de
mayo del 2012
Del 11
de abril del 2012
Sumario:
1.
Murió el secretario de DDHH del gobierno kirchnerista
2.
Las cárceles y la lógica del sistema
3.
Ramón Arapí: ¡Presente!
4.
El kirchnerismo trabaja para el imperialismo
5.
Después de la tormenta: Represión
6.
Breves
CUERPO
“Canciones
a partir del asesinato de Mariano Ferreyra”
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buscanos en Facebook o acercate a nuestro local, Carlos Calvo y Alberti,
lunes de 17 a 19; jueves de 19 a 21; sábados de 11 a 15.
Murió
el secretario de DDHH del gobierno kirchnerista
Esta semana
falleció el secretario de DDHH del gobierno kirchnerista, Eduardo
Luis Duhalde. Las notas póstumas recordaron su actividad en la
defensa de presos políticos durante las dictaduras militares
de los ’60 y ‘70, junto a Rodolfo Ortega Peña y otros,
primero desde el equipo legal dela CGT de los Argentinos, y luego en
la Asociación Gremial de Abogados. No faltó la mención
a su valiente intervención, junto a casi una veintena de abogados
en Rawson y Trelew, en agosto de 1972. Duhalde intervino luego, personalmente,
en las gestiones ante el gobierno de Salvador Allende para lograr que
Santucho y los demás fugados pudieran ponerse a salvo en Cuba.
Semejante
pasado, plagado de actos de solidaridad y de liso y llano heroísmo,
hubiera justificado todos y cada uno de los obituarios y homenajes que
se sucedieron esta semana, si no fuera porque, en el tramo final de
su vida, Eduardo Luis Duhalde tiró por la borda esa honrosa historia
y se ubicó en la vereda opuesta a la que ocupó en aquellos
años.
Un pasado
de lucha y compromiso no otorga impunidad para, más adelante
en la vida, justificar cualquier cosa, incluso la quebradura y el abandono
de los principios y las convicciones. Cuando Eduardo Luis Duhalde se
sumó al proyecto kirchnerista, como operador principal de la
tesis propagandística sintetizada en la definición de
“gobierno de los DDHH”, aquel valiente abogado que pasaba
los habeas corpus en favor de los compañeros presos en la Base
Almirante Zar debajo de la puerta de la pieza de hotel del juez del
Camarón Jorge Quiroga, se transmutó en el gran legitimador
del gobierno que más y mejor (con más consenso) ha sabido
reprimir desde 1983.
El respeto
por el compromiso que llevó a la desaparición y muerte
de Martins, Ortega Peña y otros destacados compañeros,
que son nuestro ejemplo, no impide que evaluemos el rol que Eduardo
Luis Duhalde (al que hace rato dejamos de llamar “el Bueno”),
cumplió bajo la gestión kirchnerista, contribuyendo decisivamente
a silenciar su carácter represor.
Hay muchos
ejemplos concretos de lo que señalamos, como su intento de diluir
la responsabilidad del gobierno nacional en el sistemático incumplimiento
de la condena al estado argentino en la causa Bulacio, donde pretendió,
a las órdenes de su entonces superior, el ministro Aníbal
Fernández, convertirse en querellante, a la par de la familia
de Walter y nuestros militantes. O sus denodados –y muchas veces
exitosos- esfuerzos por cooptar familiares de víctimas de la
represión policial, contratándoles abogados (como en el
caso de Lucas Ibarrola) o concediendo subsidios, cargos y otros beneficios
a quienes, desorientados o simplemente oportunistas, aceptaron trocar
“protesta por propuesta”, como si pudieran señalar
con claridad a los asesinos de sus hijos cobrando de la misma ventanilla.
Como Hebe
Pastor de Bonafini, devenida de símbolo de la lucha independiente
y principista en fogosa propagandista de los Kirchner (algo incómoda
ahora, después del escándalo de su empresa constructora),
Eduardo Luis Duhalde voluntariamente abandonó aquel pasado que
lo hacía digno de un sentido recuerdo de los trabajadores y el
pueblo a la hora de su muerte. Por propia decisión, la lápida
sobre su tumba ya no puede decir “murió un defensor de
los derechos humanos”. Indigno de su propio pasado, no murió
un compañero. Sólo murió un funcionario del gobierno
que tiene 5.000 compañeros sometidos a causas penales por luchar,
que tiene presos políticos y desaparecidos y que nos mata un
pibe por día con el gatillo fácil y la tortura.
Las
cárceles y la lógica del sistema
Como ocurre
con la policía bonaerense, el SPB (Servicio Penitenciario Bonaerense)
suele ser blanco de acusaciones de “autogobierno” y denuncias,
por parte de funcionarios y organismos como el CELS, el Comité
contra la Tortura, la Comisión por la Memoria y otros organismos
que responden directamente al gobierno nacional, cuya función
es limpiar la imagen del sistema en general, desviando el eje de la
cuestión, como si el resto de las fuerzas policiales y el SPF
(Servicio Penitenciario Federal) fueran diferentes.
El jueves
29 de abril, el kirchnerista Gabriel Mariotto, vicegobernador de la
provincia de Buenos Aires, abogados del CELS, integrantes de la Comisión
por la Memoria, el Comité contra la Tortura, legisladores de
La Cámpora y la Defensoría del Pueblo de San Martín,
realizaron una visita al penal de la misma jurisdicción. Al término
de esa visita, Canal 7 realizó una entrevista a Mariotto y Verbitsky,
donde puntualizaron las condiciones infrahumanas que padecen los presos
y sus familias. Allí cargaron las tintas contra Daniel Scioli
(gobernador de la provincia) y Ricardo Casal (ministro de Seguridad
bonaerense), afirmando que “el Estado está ausente, no
se cumple con la Constitución y se violan varios derechos humanos,
situaciones que generan violencia al momento en que los presos quedan
en libertad y propicia su reincidencia”.
Esta es
una clara utilización de los presos y sus familias para hacer
política, teniendo en cuenta que éste es otro capítulo
en la novela de la interna dentro del kirchnerismo. Si hay una institución
donde no solamente el Estado no está ausente, sino que, por el
contrario, se muestra sin disfraces, es en las cárceles.
Se reiteran
las denuncias sobre los penitenciarios, que proveen de armas a los internos
para que se maten entre ellos, juntan grupos enfrentados o directamente
los mismos penitenciarios asesinan por medio de la tortura, como en
el caso de Patricio Barrios Cisneros (ver Boletín Nº 649).
Pero esto
no es distinto en el resto de los penales que exceden el alcance de
Scioli y Casal y que son responsabilidad directa del gobierno nacional.
Claro ejemplo de eso es lo ocurrido en la UP Nº 1 de Corrientes,
donde hubo más de 100 heridos con fracturas y cortes, por los
golpes propinados por los penitenciarios (ver Boletín Nº
643). No es una cuestión de autogobierno o falta de control,
es la función que cumple la institución en la sociedad,
igual que la policía.
Y la función
es el control social. Las cárceles son depósitos donde
se barre bajo la alfombra lo que el mismo sistema genera, donde se pretenden
tapar los resultados de las políticas que hambrean al pueblo
y lo empujan a la violencia, la drogadicción y la miseria. Los
mismos presos son la carne de cañón en los negocios de
los guardias penitenciarios y los funcionarios, como es el caso de la
megacausa por narcotráfico en Misiones, donde están involucrados
miembros del SPF (ver Boletín Nº 647).
El mayor
ejemplo de esto es el hecho de que la inmensa mayoría de la población
carcelaria es pobre, gran parte en espera de juicio. Por el contrario,
si es un policía el acusado, en el caso de estar preso es solamente
a fuerza de la movilización popular. En la mayoría de
los casos, los policías esperan sus juicios tranquilos en sus
casas (como es la situación actual de Maximiliano Ledezma, policía
asesino de Walter Robles y Leandro Pérez, quien fue recientemente
beneficiado con el arresto domiciliario) o se dan a la fuga. Esto es
sistemático, cuando la justicia no puede absolverlos directamente,
como sí fue el caso de los policías que asesinaron a Julián
Antillanca, o los penitenciarios que violaron y prendieron fuego a Luis
Gorosito, todos ellos recientemente absueltos.
Nosotros
sostenemos que no hay reforma que modifique la situación de los
presos y que, al contrario de lo que postulan Mariotto, Verbitsky y
el resto de los esbirros al servicio del poder, el Estado se manifiesta
con toda claridad en una institución que, por la función
que cumple en la sociedad, es imposible de modificar.
Ramón
Arapí: ¡Presente!
Durante
las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando la movilización
popular se alzó contra las medidas económicas que hambreaban
al pueblo, y como reacción al estado de sitio ordenado por el
gobierno de la Alianza UCR-Frepaso, que encabezaba Fernando De la Rúa,
y que integraban radicales, peronistas y socialistas, la brutal represión
dejó como saldo cientos de heridos y 39 asesinados por las balas
policiales en todo el país.
Al día
de hoy, diez años pasaron, y la mayoría de los autores
materiales y políticos de aquellos terribles hechos siguen impunes.
Luego de diez años de incansable lucha haciendo frente a todos
los obstáculos impuestos por la “justicia” argentina,
la única causa en la que se logra llevar a juicio a algunos de
los responsables políticos de estos hechos, es la que, si nada
más se interpone, comenzará a mediados de este año
y que tiene como imputados al ex secretario de Seguridad de la Nación,
Enrique Mathov; al ex jefe de la Policía Federal, Rubén
Santos y a los comisarios Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero
y, en la que se ha sobreseído al mayor responsable de la represión,
el ex presidente y hábil escapista, Fernando De la Rúa.
Otros de los responsables políticos, en cambio, andan caminando
por ahí con el apoyo del actual gobierno, como, por ejemplo,
el entonces subcomisario Ernesto Weber, quien comandó el grupo
de combate que reprimió en la Plaza de Mayo, cobrándose
la vida de Carlos “Petete” Almirón, Gastón
Riva y Diego Lamagna, y que fue ascendido a comisario por Aníbal
Fernández durante el gobierno kirchnerista, hoy retirado con
todos los lujos.
Las condenas
judiciales que se van obteniendo son, sin duda, fruto de la lucha popular.
Así sucedió en la provincia de Corrientes esta semana.
Tras largos años de lucha de la familia junto con la Red de Derechos
Humanos de Corrientes, que coordina con CORREPI, se ha logrado condenar,
tardíamente, a 20 años de prisión al policía
asesino de Ramón Arapí.
En muchas
provincias del país, la estrategia represiva durante las jornadas
del 19 y 20, fue la de una cacería policial en los barrios para
evitar que el pueblo se movilizara a los centros de cada ciudad. En
Corrientes, el operativo policial que aterrorizó los barrios
fue dirigido por el subsecretario de Seguridad Manuel Aguirre, el jefe
de la policía Fleitas y el ex ministro de Justicia y Gobierno
Pedro Cassani, todos funcionarios del actual Gobierno Provincial.
Ramón
Arapí, de 22 años, estaba con amigos tomando tereré
en el Barrio Nuevo de Corrientes. Entró al barrio una camioneta
Ford F-100 bordó sin leyendas identificatorias y sin patente,
con cinco hombres, cuatro con el uniforme de combate azul-celeste de
la policía de Corrientes. Arapí trató de esconderse,
pero dos de los policías lo corrieron y alcanzaron. Uno lo golpeó
y le pegó un tiro que entró por el pecho y salió
por la espalda. En esa fecha fue asesinado también el correntino
Juan Alberto Torres, con una bala policial en el abdomen.
Por el
crimen de Ramón, fue condenado a veinte años de prisión
el policía Juan Ramón Vallejos, autor material del hecho.
El subcomisario René Pirzi y los suboficiales Esteban Fabián
Blanco, Estanislao Leiva y Alberto Alfonso, acusados de encubrimiento
agravado, fueron penados con cinco años de prisión; y
el suboficial Juan Carlos Díaz fue condenado a dos años
de prisión en suspenso por haber adulterado el libro de guardias.
El camino
no ha sido fácil, como dijo Hilda Presman, de la Red de Derechos
Humanos. La familia, señaló la compañera, “luchó
con fortaleza y coraje contra el encubrimiento policial y contra las
complicidades de todo tipo" y nunca transó con el poder
político ni aceptó acuerdo alguno, ya que, como siempre
decimos, la sangre de nuestros caídos no se vende.
La lucha
continúa en las calles, porque la represión contra el
pueblo se hace sentir día a día. No nos olvidamos, y no
nos reconciliamos.
El
kirchnerismo trabaja para el imperialismo
A fines
de marzo, el ex jefe de gabinete de Eduardo Duhalde, y actual gobernador
ultrakirchnerista, Jorge Capitanich, inauguró un “centro
de asistencia y ayuda humanitaria” en Resistencia, provincia de
Chaco.
La reacción
de las organizaciones populares fue instantánea, al denunciar
que ese centro es una base de operaciones del Comando Sur de EEUU. Ante
esta denuncia acerca de la penetración del imperialismo norteamericano
en nuestro país, el gobernador tuvo que salir a inventar algo,
y no se le ocurrió mayor mentira que desvincular a las fuerzas
armadas norteamericanas de la instalación del centro. No tuvo
mejor idea que justificarse diciendo que había sido una donación
de la embajada de los Estados Unidos. Una cosa no quita la otra.
En agosto
de 2008, la embajada yanqui, entonces a cargo de Earl Anthony Wayne,
informaba que en la mañana del 13 de agosto, Capitanich y Wayne
habían encabezado “… la ceremonia de cierre del programa
de ayuda humanitaria y alivio de desastres. Chaco fue seleccionada por
el gobierno argentino para trabajar en conjunto con la embajada en la
implementación del programa de asistencia civil humanitaria que
involucra al personal de defensa civil provincial y seis municipalidades
locales: San Martín, Sauzalito, Villa Angela, Puerto Tirol, Barranqueras
y Tres Isletas. Este programa civil fue fundado por el Comando Sur de
EE.UU. y coordinado por Orlando Tejada de El Salvador, un experto con
amplia experiencia en la organización y planificación
de defensa civil para desastres naturales en América Latina”.
(http://argentina.usembassy.gov/chaco_event.html).
El 4 de
noviembre de 2011, la página de la gobernación chaqueña
informaba que el centro de emergencias “es financiado por el Comando
Sur de los Estados Unidos y que tanto la mano de obra que lo construyó
como los muebles y los equipos son chaqueños.”. (http://www.prensa.chaco.gov.ar/?pag=noticia&nid=19879).
La intervención
del imperialismo norteamericano en una provincia es imposible sin la
previa anuencia del gobierno nacional argentino. De hecho, es una ley
nacional, la 25.880, dictada en 2004, la que permite que se autorice
el ingreso de personal militar extranjero con inmunidad de jurisdicción.
Fue así que Orlando Tejada, del Comando Sur, ya en 2008 estaba
dirigiendo la “capacitación” de funcionarios locales.
La misma gobernación señalaba que su participación
en las reuniones: “forma parte del convenio suscripto con la Embajada
de los Estados Unidos, con el Comando Sur del Ejército de ese
país, a través del cual esta institución norteamericana
brinda asistencia técnica para el armado de los programas y sistemas
necesarios institucionales para la asistencia en la emergencia ambiental,
acciones que se enmarcan en el HAP.” (http://www.prensa.chaco.gov.ar/?pag=noticia&nid=418).
El programa
de asistencia humanitaria y alivio de desastres es uno de los principales
arietes del imperialismo yanqui para penetrar en Latinoamérica.
Dentro de este programa mayor, se pueden mencionar los ejercicios de
entrenamiento para preparación de médicos (brigadas militares
médicas, MEDRETEs) o el programa de Acción Cívica
Médica (MEDCAP). En 2011 los Estados Unidos realizaron 88 MEDRETEs
y MEDCAP, en 19 países de Latinoamérica, en los que se
atendieron a 225.000 personas.
(http://www.southcom.mil/ourmissions/Pages/Humanitarian%20Assistance.aspx).
El programa
MEDRETE está dirigido a mejorar la imagen de EEUU en el mundo.
En palabras de uno de los militares yanquis, “En muchos casos
es la primera interacción de un individuo con nosotros, y cuando
el primer contacto es bueno, siempre tendrán una imagen positiva
de nosotros”. Otros programas menores, de asistencia humanitaria
son el “Beyond the Horizon” y el “New Horizons”,
por los cuales el ejército norteamericano colabora en la construcción
de escuelas, clínicas, centros comunitarios, pozos de agua, etc.
Una de
las intervenciones militares más famosas, ocultada bajo el eufemismo
del “alivio de desastres”, es el que lleva adelante el imperialismo
en Haití con la cooperación ininterrumpida del Estado
argentino desde 2004 (Minustah).
Los objetivos
de esta política fueron explicitados en un documento del Departamento
de Defensa, “Estrategia de Defensa Nacional”, de 2008: “Este
conflicto es una campaña irregular prolongada, una violenta lucha
por la legitimidad y la influencia sobre la población. El uso
de la fuerza juega un papel, sin embargo, los esfuerzos militares para
capturar y matar a los terroristas pueden estar subordinados a las medidas
para promover la participación local en el gobierno y los programas
económicos para estimular el desarrollo, así como los
esfuerzos para entender y atender las quejas que a menudo se encuentran
en el corazón de la insurgencia. Por estas razones, posiblemente
el componente militar más importantes de la lucha contra los
extremistas violentos no es tanto nuestra propia intervención,
sino lo bien que ayudamos a nuestros socios a defenderse y gobernarse
a sí mismos. Trabajar con y por medio de los agentes locales
cuando sea posible para hacer frente a los retos de seguridad común
es el enfoque mejor y más sostenible para luchar contra el extremismo
violento. A menudo, nuestros socios están en mejor posición
para manejar un determinado problema porque entienden la geografía
local, las estructuras sociales y la cultura local mejor que lo que
nosotros jamás podríamos. Es la colaboración entre
las agencias de nuestros socios internacionales lo que ayudará
a los Estados vulnerables y las poblaciones locales en su intento de
mejorar las condiciones para erradicar el extremismo y desmantelar las
estructuras que apoyan y permiten que los grupos extremistas crezcan”.
(http://www.defense.gov/news/2008%20National%20Defense%20Strategy.pdf)
En resumen,
los programas de asistencia humanitaria del Comando Sur tienen por finalidad
generar consenso para que el imperialismo penetre en América
Latina y desarrolle actividades de contrainsurgencia, que impidan el
crecimiento de la organización popular independiente, contra
el ataque a las condiciones de vida de las masas que llevan adelante
sus socios menores, las burguesías autóctonas y sus gobiernos,
en este caso, el kirchnerismo “nacional y popular”.
Después
de la tormenta: Represión
La terrible
tormenta de la semana pasada no fue vivida de igual manera por todos
los habitantes de la provincia de Buenos Aires. También en este
aspecto se hizo notar la diferencia de clase de la que siempre hablamos.
En los
barrios más pudientes, donde alcanza -y sobra- el dinero, y donde
las construcciones, nada precarias, no sufrieron casi daños,
la luz volvió rápidamente, el agua ya no falta, y el Estado
se hizo presente rápidamente limpiando las calles, levantando
árboles, y dejando todo en óptimas condiciones para que
la vida continúe.
Otra fue
la historia en los barrios humildes, donde las calles de tierra son
parte cotidiana del paisaje, y donde el techo de chapa se logra con
un esfuerzo importante. Allí donde las construcciones son precarias
porque no queda otra, la tormenta hizo lo suyo, volando techos, derrumbando
innumerables postes de luz y árboles, cobrándose la vida
de 17 personas –por lo menos-, dejando sin electricidad a mas
de 300.000 usuarios, y por ende sin agua a gran parte de la población.
En los
barrios del conurbano como Moreno, Merlo, Ituzaingó, Florencio
Varela, donde la única forma de resolver los destrozos es mediante
la ayuda y presencia del Estado, las respuestas no aparecen, y los vecinos
hacen notar su bronca, la organizan y salen a exigir lo que les corresponde.
En Merlo,
los vecinos salieron a exigir respuestas marchando hacia el municipio,
ahí el Estado, al mando del intendente Raúl Othacehé,
se hizo presente, pero a través de la represión, deteniendo
a manifestantes y mandando a su patota y a la Guardia de Infantería
de la Bonaerense para amedrentar a los vecinos.
No es
casualidad. Se repite en los barrios más afectados: una gran
presencia del Estado a través de sus fuerzas represivas, para
persuadir a los vecinos, para evitar que se organicen, para mantener
todo controlado, y, si no lo logran, para meter balas, gases y palos
a los que se atreven a levantar la cabeza.
Esa es
la única respuesta que el Estado decide dar a los que se organizan
y luchan.
BREVES
* Se cumplieron
dos años del asesinato de la compañera Silvia Suppo, testigo
de la causa contra el ex juez Brusa y otros represores de la dictadura.
Hubo una gran movilización en Rafaela, liderada por el Espacio
Verdad y Justicia por Silvia Suppo, que integra, junto a otras organizaciones,
el Centro Cultural Estación Esperanza, nuestros compañeros
en el Encuentro Nacional Antirrepresivo.
* En la
causa contra los 49 militantes del FOC detenidos en la represión
a la marcha docente en Plaza de Mayo el 24 de junio de 2011 y acusados
por atentado y resistencia a la autoridad y lesiones, la defensa, a
cargo de CORREPI, logró el sobreseimiento de todos los compañeros.
* Apoyado
exclusivamente en los informes de inteligencia y testimonios de policías
y gendarmes, el juez federal de Tres de Febrero rechazó los planteos
de la defensa, a cargo de CORREPI, en la causa por dos cortes de la
Panamericana contra el compañero Carlos Zerrizuela, delegado
del Frigorífico Rioplatense, y decretó la elevación
a juicio oral.
FUENTE:
CORREPI
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