BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 653
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
15 de
mayo del 2012
Del 18
de abril del 2012
Sumario:
1.
El ejército “humanitario” de Cristina y Bonafini
2.
Justicia para Mauricio Vega, 23 y 25 de abril
3.
Represión a los que luchan, impunidad para los perros guardianes
4.
Policías “especiales” para barrios “vulnerables”
5.
Juicio a la tortura en Rauch
CUERPO
“Canciones
a partir del asesinato de Mariano Ferreyra”
Para
adquirir anticipadamente el disco, contactate con nosotros a correpi@fibertel.com.ar,
buscanos en Facebook o acercate a nuestro local, Carlos Calvo y Alberti,
lunes de 17 a 19; jueves de 19 a 21; sábados de 11 a 15.
Ganadores de la rifa: Nº 405 y Nº 105(el Nº 719 que salió
primero no fue vendido).
El
ejército “humanitario” de Cristina y Bonafini
“Después
de la tormenta, represión”, titulamos en el último
Boletín. Nos referíamos a la respuesta represiva que padecieron
los vecinos de las zonas más pobres y más afectadas por
el temporal que dejó incontables muertos (no sólo los
casi 20 reconocidos oficialmente, según se habla por lo bajo
en los barrios) y miles de familias de trabajadores sin techo, o directamente
sin casas, y muchos más sin luz y sin agua hasta ahora.
A la represión
directa de la policía y la gendarmería sobre los vecinos
que salieron a cortar calles, a hacer piquetes y se movilizaron para
denunciar el abandono absoluto en que se encuentran, se sumaron esta
semana las fuerzas armadas, enviadas por la presidenta Cristina Fernández
a realizar “tareas humanitarias”, como repartir bidones
de agua. Tareas “humanitarias” como las que, desde 2003,
sostiene el actual gobierno en Haití, donde ya son tan frecuentes
las denuncias por asesinatos, torturas y violaciones cometidas por las
tropas de ocupación que ni siquiera trascienden en los medios.
Siguiendo
el ejemplo del amo imperial, que hace rato dejó de lado las invasiones
desembozadas para reemplazarlas por “acciones humanitarias”
como los Operativos MEDRETE y otros similares (ver Boletín nº
652), el ejército argentino se desplegó en las barriadas,
imponiendo por mera presencia el necesario control social para dificultar,
cuando menos, que la bronca acumulada estalle –y, menos aún,
que se organice. La presidenta de la Asociación de Madres de
Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, ratificó su rol de propagandista
del gobierno y legitimadora de la represión, cuando, en declaraciones
a la agencia oficial Telam, calificó de "medida sensacional
de la Presidenta" el despliegue de las FFAA en los barrios.
Seguramente
impulsada por la necesidad de remontar las posiciones perdidas a raíz
de escándalo por el negociado de Sueños Compartidos con
Schoklender SA, agregó que “hoy el Ejército está
con los más necesitados”; destacó “los cambios”
generados por la hoy ministra de Seguridad Nilda Garré; ponderó
los “nuevos planes de estudio”, pidió a los vecinos
que “reciban bien a los uniformados” y remató remedando
patéticamente al Che: “En el Ejército hay hombres
nuevos, que están haciendo lo que soñaron nuestros patriotas".
Entre
las “medidas sensacionales” de la presidenta y el apoyo
logístico de una de sus principales propagandistas, queda el
pueblo trabajador, forzado a tolerar otro color más de uniforme,
como si ya fuera poco con las diversas policías, la gendarmería
y la prefectura, patrullando sus calles y disciplinando sus vidas.
Justicia
para Mauricio Vega, 23 y 25 de abril
La noche
del 28 de febrero (madrugada del 1 de marzo) de 2009, después
de haber recorrido los corsos de varios barrios de la ciudad porteña,
bailando con la murga Los Incansables de Chacarita, Mauricio Vega (32)
fue asesinado por el policía Alberto Segovia, de la comisaría
33ª de la PFA. Terminados los desfiles del carnaval, la murga tenia
la costumbre juntarse a comer una pizza y hacer un cierre familiar juntos,
de niños a abuelos. Cerca de las 3:10, Mauro fue a comprar gaseosas
y cervezas en la moto de uno de sus amigos, acompañado por un
chico de la murga de 15 años.
Cuando
paró, cerca de la esquina de Moldes y Zabala, dos policías
que pasaban en su patrullero decidieron que eran “dos personas
sospechosas”. Uno de los policías redujo al chico y lo
tiró contra el piso. Mauro salió corriendo, y, a las dos
cuadras, se topó con la vía del tren. Mientras trataba
de saltar un portón de reja cerrado, de espaldas a Segovia, recibió
el tiro en la nuca, a quemarropa. Lejos de inmutarse, el policía
intentó simular un enfrentamiento y le dijo a su compañero:
“Me mandé una cagada: me parece que lo maté. ¡Vámonos!”.
A pesar
de estar ostensiblemente probado que se trató de un fusilamiento,
no sólo porque las pericias determinaron que fue un disparo con
el arma apoyada en el cuero cabelludo, sino porque, además, el
policía admitió en su indagatoria que Mauro le daba la
espalda al momento que lo remató, y que “tenía los
dos brazos pasados del otro lado del portón que intentó
saltar”, el juez de instrucción Eduardo Daffis Niklison
decidió que el policía “no tenía otra opción”
que meterle un tiro a Mauricio, y lo sobreseyó. Desde CORREPI
apelamos el fallo, nos movilizamos y logramos que la causa se reabriera.
En noviembre
de 2010, teníamos fecha para la iniciación del juicio.
Pero el TOC 21 (el mismo que juzgará la causa por el asesinato
de Mariano Ferreyra) lo suspendió, porque la defensa del policía
propuso que se perdonara al policía a cambio de una promesa de
buena conducta, otorgándole una “probation”. Así,
con unas pocas tareas comunitarias, pretendían evitar el juicio.
No es menor que la defensa fue asumida institucionalmente por el Departamento
de Asuntos Penales del ministerio de Justicia y Seguridad (hoy, sólo
Seguridad).
Frente
a este intento de ganar impunidad, desde CORREPI volvimos a movilizar,
y logramos que el TOC rechazara la probation. Aun así, la defensa
(entre los que estaba el Dr. Federico Luis Hierro, defensor del comisario
Espósito, del asesino de Kunky Méndez y tantos otros,
y varios de los que un año más tarde defenderían
a los policías en la causa Ferreyra) recurrió a la cámara
de Casación y, ante el nuevo fracaso, a la Corte Suprema.
Con ese
recorrido procesal, se perdió todo 2011. Hoy, gracias a la lucha
sostenida de los compañeros, logramos llegar al juicio oral,
que se hará los días 23 y 25 de abril, en Lavalle y Libertad,
a partir de las 10:00. Una vez más, la familia de Mauricio, los
amigos del barrio y de la murga, y los militantes de CORREPI, nos movilizaremos
frente al edificio judicial, para decir ¡basta de impunidad garantizada,
basta de matar a nuestros pibes y cuidar a sus asesinos! ¡Basta
de gatillo fácil! ¡JUSTICIA PARA MAURICIO Y PARA TODOS
LOS PIBES ASESINADOS!
Represión
a los que luchan, impunidad para los perros guardianes
Amenazas,
persecuciones con el código penal en mano y represión
directa son los métodos del gobierno para tratar de disciplinar
a los trabajadores que se organizan en forma independiente, por fuera
de su burocracia sindical.
El martes
10 de abril, dos docentes catamarqueños, agremiados en ADUCa
(Docentes Unidos de Catamarca) fueron blanco de atentados mafiosos en
sus casas: a Pablo Pinela, Secretario Adjunto, le quemaron la entrada
de la casa con bombas molotov y una rueda de auto que tenía
un guardapolvo blanco adentro, rociados con combustible; al mismo tiempo
a Olga Ponce de León, Secretaria General, le pintaron un mensaje
mafioso en la casa: “Con la democracia no se jode. Son boleta”.
Los docentes
denunciaron las amenazas y agresiones de militantes de La Cámpora,
que los acusan de “destituyentes” porque llamaron a un paro
para el día 11 que no obtuvo respuesta alguna de las autoridades.
El mismo
martes, en el norte de Buenos Aires, los trabajadores de la línea
60 iniciaron un paro que duró cinco días para reclamar
a la empresa MONSA la reincorporación de cuatro compañeros
despedidos y la solución de problemas en el servicio que se vienen
arrastrando desde hace mucho tiempo y afectan tanto a los choferes como
a los usuarios.
La respuesta
del gobierno fue el envío de gendarmería, que rodeó
a los trabajadores y los amenazó con soltarles los perros. Los
trabajadores, acompañados por delegados de otras fábricas
cercanas y organizaciones políticas, resistieron dentro de las
instalaciones de la empresa a la espera de una instancia de diálogo.
El informe
sobre la criminalización de la protesta, realizado entre varias
organizaciones, entre ellas CORREPI, y que se sigue actualizando, muestra,
entre otras cosas, que la inmensa mayoría de las causas
judiciales más recientes son contra delegados de base e integrantes
de comisiones internas antiburocráticas.
Como contracara,
esta semana se conoció el sobreseimiento de los policías
que asesinaron a Roberto y Mario López, integrantes de la comunidad
Qom, La Primavera. El juez Santo Gabriel Garzón consideró
que uno de los policías, Gustavo Coronel, no había participado
en el hecho y el otro, Orlando Paredes, había actuado en
“legítima defensa”. Defensa de los intereses
de quienes querían desalojar a la comunidad Qom de sus tierras
ancestrales.
Así
es la lógica del sistema: para los que se organizan y salen a
reclamar por sus derechos, represión. Para sus perros guardianes,
impunidad.
Policías
“especiales” para barrios “vulnerables”
Quien
quiera saber qué cosa es un “barrio vulnerable”,
puede darse una vuelta por la Escuela de Suboficiales y Agentes de la
Policía Federal en Chacarita. Ahí se entrenan 210 policías
especiales en un escenario que despliega todos los estigmas sociales.
“Tal
como si fuera un asentamiento, los aspirantes simulan situaciones de
conflicto en los cuales los instructores, personificando a agresores
y víctimas, les enseñan a intervenir en situaciones de
riesgo”, relataron las páginas de Tiempo Argentino. Resulta
que este “espacio de forma laberíntica en el que abundan
los pasillos angostos y obstáculos en el suelo”, simula
ser uno de los barrios vulnerables donde actuará un nuevo grupo
especial de la Policía de Prevención Vecinal de la PFA.
La verdadera
confesión del comisario Leonardo Palmieri, jefe del primer grupo
que entrará en acción, quien señaló que
“el 70% de los problemas en estos lugares tiene que ver con la
violencia doméstica y disyuntivas entre vecinos”, pone
en evidencia que la función preventiva de la represión
sigue siendo política corriente de las diferentes fuerzas estatales
y que cualquier excusa viene bien a la hora de militarizar los barrios.
Según
lo explicó Garre (http://youtu.be/FR9sZhLZUPU), se trata de la
“Prevención del delito y la disuasión, el relacionamiento
con la comunidad más profundo que lo que sería expresamente
la conjuración del delito o la represión del delito, es
decir las instancias previas”. Para ello, “el estado los
dota de técnicas específicas de reducción del sospechoso,
los forma en el aprendizaje de la comunicación no verbal y los
propone como mediadores de conflictos”.
Para prevenir
que la bronca se organice, para imponer el control social en nombre
de la “intervención vecinal”, se proponen la naturalización
de la presencia de más uniformados en los barrios más
pobres.
Otra confesión
de parte: “...esta mirada no está tan vinculada al delincuente
concreto ubicado, sino a una prevención y a una disuasión
del delito”. Así se desnuda la concepción legitimada
por las relaciones de poder de considerar que el enemigo es el habitante
de ese eufemismo para la pobreza: los barrios vulnerables.
Juicio
a la tortura en Rauch
Seis policías
de la localidad de Rauch, Pcia. de Buenos Aires, serán llevados
a juicio por privación ilegítima de la libertad, apremios
ilegales y omisión de denunciar, el próximo 7 de Mayo.
Dos años
antes, los policías Cristian Orlando Peralta, Hugo Daniel Mansilla,
Gustavo Walter Caputo, Diego Hernán Muñoz, Oscar Damián
Calvo y Liliana Soledad Ravenna, detuvieron a dos jóvenes acusándolos
del robo de unas gomas.
A pesar
de que el dueño de las cubiertas declaró que estos chicos
no habían sido quienes las robaron, los policías los trasladaron
a la comisaría, donde los golpearon y picanearon.
Tan evidente
resultó el hecho, que cuando los muchachos denunciaron lo ocurrido,
el fiscal ordenó el allanamiento de la comisaría, en el
que pudieron secuestrar una picana eléctrica y otros elementos
de tortura descriptos por las víctimas.
El allanamiento
provocó la indignación de quien fuera intendente por esos
años, Jorge Ugarte y el secretario de Gobierno, Jorge Luis Ugarte
(hijo), quienes negaron los hechos y reivindicaron la conducta policial.
Este caso,
explicita la conducta policial que continúa aplicando la tortura
como forma de hostigamiento y represión, y de los jueces, que
cumplen su rol hablando de delitos menores, como los apremios, cuando
la cantidad de pruebas no permite desestimar la denuncia.
En dictadura,
la utilización de estos métodos, eran avalados por un
régimen político que decía combatir a la subversión
en una situación de guerra. En democracia, la aplicación
de la tortura cuenta con misma la impunidad que garantizan desde el
estado. En lugar de condenarlos por torturadores, se los convierte en
simples “abusadores del poder” que se “exceden en
el uso de la violencia”. Nada mejor para dejar a salvo al conjunto
del aparato estatal.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
13.214
