BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 654
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
15 de
mayo del 2012
Del 23
de abril del 2012
Sumario:
1.
Walter Bulacio: 21 años después, la lucha continúa
2.
Zaffaroni y los policriminales
3.
Siguen reprimiendo a los que luchan
4.
Amenazas y represión enla UP 48
5.
Base militar yanqui en Chile
CUERPO
“Canciones
a partir del asesinato de Mariano Ferreyra”
Para
adquirir anticipadamente el disco, contactate con nosotros a correpi@fibertel.com.ar,
buscanos en Facebook o acercate a nuestro local, Carlos Calvo y Alberti,
lunes de 17 a 19; jueves de 19 a 21; sábados de 11 a 15.
Walter
Bulacio: 21 años después, la lucha continúa
Hace 21
años, los diarios titulaban: "Agoniza en el Sanatorio Mitre
el estudiante detenido durante un recital de rock". Unos días
después, Walter Bulacio murió. La historia es tan corta
como repetida: operativo policial "de prevención",
detenciones y golpes, un centenar de detenidos, más golpes. De
los 73 pibes arrastrados a la comisaría 35ª, ni uno solo
fue acusado de un delito: todas las detenciones fueron "justificadas"
con la averiguación de antecedentes, las contravenciones, o la
condición de menor de edad del preso, esas herramientas para
detener a cualquiera en cualquier momento y lugar que los legisladores
ponen a disposición de las fuerzas de seguridad, y que jueces
y fiscales cada tanto revalidan en nombre de la "seguridad ciudadana".
La otra
cara de los 21 años de impunidad la vemos a diario en las calles
y los barrios, en cada pibe detenido porque sí; en cada torturado
en una comisaría; en cada fusilado por el gatillo fácil.
No hace una semana que la policía protagonizó un hecho
idéntico en un recital de la banda Gatillazo. Como en 1991, hubo
palos, corridas y presos, apaleados antes y durante la detención.
Pero no hubo heridos graves ni muertos, y los medios lo silenciaron
por completo.
El crimen
de Walter Bulacio es paradigma de represión policial y de impunidad
garantizada por todos y cada uno de los sucesivos gobiernos nacionales.
A fuerza de 21 años de lucha organizada, dentro y fuera de los
tribunales, logramos una condena de la Corte Interamericana de DDHH
contra el estado argentino, sostenemos hasta hoy la causa abierta contra
el comisario Miguel Ángel Espósito, y, sobre todo, logramos
que el nombre de Walter siga siendo bandera para los que enfrentamos
a diario la represión estatal.
Por Walter
y por todos, cada abril, renovamos el compromiso de organizarnos y luchar
contra todas las formas que asume la política represiva estatal.
Zaffaroni
y los policriminales
El juez
de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, continúa
cumpliendo su tarea de legitimador de la política represiva del
Estado. Esta semana, en el cierre del Simposio de Seguridad Pública
y Ciudadana en el Mercosur, organizado por el ministerio de Seguridad,
a cargo de Nilda Garré, Zaffaroni sostuvo que “la Policía
no es eficaz si no goza de la confianza de la gente”, y apoyó
la necesidad de una conducción política de las fuerzas
represivas, como si hasta el presente se hubieran conducido solas.
En otra
oportunidad, Zaffaroni había sostenido que el “problema”
de la policía era la cantidad de efectivos, lo que aparentemente
las haría ingobernables, y propuso la creación de policías
comunales (Ver boletín nº 645).
Pero,
¿cómo va a tener confianza el pueblo en la policía,
si es el permanente blanco de la represión, preventiva o selectiva;
si, como todos sabemos, es la policía la principal generadora
de “inseguridad” al administrar el delito en los barrios?.
En la
misma semana que Zaffaroni insistía con su letanía legitimadora,
en la comisaría 38ª de la ciudad de Buenos Aires, la policía
robaba 74 armas. El escándalo obligó al gobierno a echar
lastre y separar al armero de sus funciones.
En Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires, fueron detenidos dos policías
por robarle $ 15.000 al primo de Riquelme.
En Santiago
del Estero, detuvieron a 18 policías por el robo de bienes de
uso que habían secuestrado en dos causas y que estaban bajo la
custodia de la fuerza de elite Grupo Especial de Rescate (GETOAR).
En Tucumán,
un policía retirado raptó, drogó, violó
y mantuvo cautiva durante tres días a una adolescente de 17 años
de una familia amiga.
En Berazategui,
provincia de Buenos Aires, un policía bonaerense fue detenido
por estafa, consistente en vender viviendas construidas por el Estado.
En Catamarca,
se separó a varios policías que se quedaron con fondos
del Estado mediante la liquidación fraudulenta de adicionales,
en lo que aparece claramente como un pase de facturas al interior de
la fuerza, luego de los ataques que protagonizó el pueblo catamarqueño
cuando conoció la muerte de Diego Pachao, ocurrida en la comisaría
7ª.
No se
trata de conducciones, ni de una manzana podrida, ni de una jurisdicción
en particular, sino de la propia naturaleza del aparato represivo estatal,
la que tiene como consecuencia, entre otras, la permanente criminalidad
policial.
Mientras
Zaffaroni intenta recetas para legitimar la represión estatal,
desde CORREPI denunciamos que inseguridad es policía en la calle
y convocamos a organizarnos y a luchar contra la represión.
Siguen
reprimiendo a los que luchan
Hace un
mes, CORREPI, la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, APEL,
CEPRODH, CADEP, CADHU y Liberpueblo presentamos, en una conferencia
de prensa, un informe sobre criminalización de la protesta que
abarca el período 2001-2012, y sintetiza los primeros resultados
de la sistematización de datos sobre la situación de los
miles de compañeros criminalizados por luchar.
El elevado
porcentaje de conflictos gremiales criminalizados, muestra, también,
que los trabajadores organizados por fuera y en contra de las burocracias
sindicales son la principal preocupación del gobierno en este
tema (ver Boletín nº 650).
Esta semana,
se conocieron otros ejemplos de luchas reprimidas que confirman esa
denuncia.
En la
provincia de Chaco, en la intersección de las rutas 11 y 90,
un grupo de indígenas, que se encontraba reclamando la instalación
de una escuela de salud pública, y el pase a planta de miembros
de las comunidades originarias, fue reprimido por más de 700
policías, que fueron puestos allí para aleccionar a unos
200 manifestantes.
La labor
represiva fue calificada como “un trabajo encomiable” por
el ministro de Gobierno provincial, Juan Manuel Pedrini.
A más
de 2.000 kilómetros, en la provincia de Chubut, trabajadores
de la salud que intentaron acampar frente a las puertas del ministerio
de Salud de la provincia, en reclamo de mejoras salariales y para los
hospitales, fueron reprimidos por fuerzas especiales de la policía
provincial. Varios de los compañeros que se manifestaban sufrieron
lesiones graves, como fractura de costillas.
En Bariloche,
agrupaciones peronistas adictas al intendente, es decir, fuerzas de
choque, amenazaron con ocupar el centro cívico para reprimir
un reclamo de estudiantes, por el mantenimiento del boleto estudiantil,
que se viene llevando a cabo en ese lugar de la ciudad.
La excusa
fue que consideraban que la protesta era “destituyente”.
Un eufemismo para evitar decir que no han podido cooptar a los que reclaman.
Sin embargo, las agrupaciones que amenazaron con esa acción olvidaron
una regla elemental para las patotas: actuar de tal manera que su jefe,
el intendente, aparezca como desligado de la acción, para que
no pague el costo político. Al hacer público el anuncio,
los políticos que los apañan, entre ellos, el senador
Pichetto, no tuvieron otra alternativa que salir a desautorizarlos.
Tres ejemplos
de esta semana, en diferentes lugares del país, que confirman
la denuncia que hiciéramos un mes atrás. Cuando los que
luchan no pueden ser cooptados y disciplinados, la única respuesta
del Estado es la represión, a través de las fuerzas estatales
o paraestatales, y la criminalización.
Amenazas
y represión en la UP 48
En la
Unidad Penitenciaria 48 de San Martín funcionaba una Sede CUSAM,
donde los presos podían estudiar y rendir materias con el fin
de obtener un título secundario o universitario, hasta que las
autoridades penitenciarias decidieron cerrarla, como forma de castigo
para los que denuncian las condiciones inhumanas en las que viven dentro
de la cárcel.
Jesús
Cabral, alumno de la sede, logó difundir una carta abierta donde
cuenta que el Director de la Unidad 48, Andrés Almirón,
junto a otros penitenciarios, irrumpió en la Sede CUSAM, a punta
de escopeta y a puro golpe, al grito de “Acá mandamos nosotros
y van a parar de hacer denuncias”. Los amenazaron, vejaron y secuestraron
la llave del lugar.
En el
comienzo de la carta, Jesús recuerda que “el día
4 de enero del corriente año fui trasladado y torturado por parte
del Director de la Unidad N° 48 Andrés Almirón y los
subdirectores Pirali y Urraco, todo ello con el aval y complicidad del
Director provincial de casos contenciosos del Ministerio de Seguridad
y Justicia”. Ese relato forma parte de las experiencias cotidianas
y sistemáticas que tienen que soportar los presos en todas las
cárceles del país.
La tortura,
la humillación y el maltrato son moneda corriente. Los presos
están a merced de un estado que es bien consciente de esto. Policías
y guardiacárceles actúan con total libertad, porque saben
que tienen como garantía un aparato que los avala y los protege
cuando llevan adelante su trabajo, que no es otro que reprimir para
disciplinar al pueblo trabajador y hambreado.
Juan Manuel
Casolati, secretario de Ejecución Penal de San Martín,
esta semana confesó: “El poder político en general
lo que hace es negociar con la seguridad, en este caso con el Servicio,
ciertos niveles tolerables de gobernabilidad. Negociamos con ustedes
que nos garanticen la gobernabilidad del sistema. A cambio nosotros,
el poder político, les permitimos que sigan con los negociados”.
No es
un dato menor que la gran mayoría de la población carcelaria
sea joven y pobre, igual que las víctimas sistemáticas
del gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias policiales.
Base
militar yanqui en Chile
Hace poco,
fue noticia la creación de una base militar en Chaco, dirigida
por el Comando Sur yanqui. Hace unos días, trascendió
una nueva base del Proyecto Sur, que instaló en Chile un Centro
de Entrenamiento Militar.
El centro
de entrenamiento militar de “cascos azules”, inaugurado
el 5 de abril pasado, fue construido con un aporte de cerca de 500 mil
dólares proporcionados por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos. La inauguración de este centro fue explicada
en el marco de la puesta en marcha del “Peacekeeping Operations-Americas”
(PKO-Americas), ejercicio anual de “las fuerzas de paz”
de la ONU. Claro, falta aclarar para quiénes está garantizada
esa “paz”: no es la paz para el pueblo, sino para los poderosos,
que dormirán tranquilos sabiendo que cuentan con el respaldo
del imperialismo yanqui para poder seguir generando sus riquezas a costa
de la miseria del pueblo.
Los organismos
chilenos de Derechos Humanos han denunciado que, en los ejercicios,
los que hacen de “civiles” que se enfrentan a los uniformados
aparecen caracterizados como jóvenes con jeans y poleras, algunos
encapuchados, lo que claramente evoca los enfrentamientos entre carabineros
y manifestantes durante las movilizaciones estudiantiles y muestra cuál
es el “enemigo” que se entrenan para combatir.
Estados
Unidos pretende sigue avanzando en la colonización mediante la
militarización, y los gobiernos latinoamericanos se pelean por
abrirle la puerta.
Lejos
estamos de poder plantear que los gobiernos latinoamericanos están
avanzando en la independencia político-económica y en
la lucha por los Derechos Humanos. A cada paso, vemos nuevas manifestaciones
de defensa al imperialismo, que genera directamente peores condiciones
de vida y mayor control social para todos nosotros.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
11.824
