BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 656
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
10 de
julio del 2012
Del 9
de mayo del 2012
Sumario:
1.
De la Rúa, el 20 de diciembre y la carne podrida del PJ.
2. Un nuevo gatillo: el dedo, la mano y el brazo de todos los
gatillos.
3. Universidad Nacional de La Matanza: especialización en represión.
4. Lavando cárceles.
5. Bernal: cómo la policía resuelve sus conflictos.
De la Rúa, el 20 de diciembre y la carne podrida del PJ.
El 3 de mayo, el CIJ (Centro de Información Judicial, sitio oficial
de la Corte Suprema de Justicia) publicó, bajo el título
“Casación Penal confirmó el sobreseimiento de De
la Rúa por los incidentes del 20 de diciembre de 2001”,
la noticia de que, con el voto de los camaristas Cabral y Madueño,
el máximo tribunal penal nacional había rechazado los
recursos contra el sobreseimiento del ex presidente por los homicidios
y lesiones durante la represión del día final de su mandato.
Prudentemente, nos negamos a opinar sobre el fallo cuando la noticia
trascendió a todos los medios. Una y otra vez insistimos a los
periodistas que los querellantes en esa causa no habíamos recibido
notificación alguna, y que, aunque es habitual que este tipo
de información llegue a los medios antes que a las partes, no
era razonable que, pasado un día y medio, la sentencia fuera
inencontrable. Quien busque hoy esa nota en la página del CIJ
(www.cij.gov.ar) no la va a encontrar. La bajaron, lisa y llanamente,
porque publicaron una noticia FALSA.
Para que quede claro: el centro oficial de información de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó una MENTIRA.
No fue una noticia incompleta o que contuviera alguna inexactitud, sino
una total y absoluta falsedad. Un invento que sólo se explica
como operación de prensa, anunciando el fin de la instancia penal
contra el ex presidente radical, justito el mismo día que el
gobierno celebraba que los radicales, y casi todos sus ex socios en
el gobierno de la Alianza, votaban en masa junto a la bancada oficialista
el proyecto de ley sobre YPF.
El que quiera relativizarlo, puede hablar de un “error”.
Pero la verdad es indiscutible: Esta vez, la carne podrida a los medios
la tiró el PJ. El Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Un nuevo gatillo: el dedo, la mano y el brazo de todos los gatillos.
Matías Lobos fue asesinado el 28 de marzo pasado. En el oeste
del segundo cordón urbano bonaerense, en el barrio Los Naranjos,
Malvinas -el mismo en el que vivía- por un presunto e insignificante
robo, sufrió la persecución del patrullero 11640 de la
Comisaría 2ª de Gral. Rodríguez.
Los policías Pancere y Ayeza -ambos subtenientes de la bonaerense-
determinaron que Matías y un amigo, que manejaba una moto, eran
los autores del robo y salieron a cazarlos.
En los caminos internos del barrio, el policía Pancere le disparó
desde atrás y mató a Matías en el acto. Por supuesto,
la justificación a la que nos tienen acostumbrados no demoró
en llegar: "la policía repelió un ataque en un feroz
tiroteo previo". La persecución se extendió hasta
las entrañas mismas del Hospital Municipal de Rodríguez.
Sin embargo, las actuaciones judiciales, siempre proclives a consagrar
la impunidad, no pueden ocultar dos razones que desmienten al asesino:
un revolver inservible (se pretende portado por Matías aunque
fue hallado en el bolsillo de su pantalón) y el tiro que entró
por la espalda y salió por la tetilla izquierda, hablan de un
inexistente enfrentamiento. A menos que se desafíe la lógica
y se considere cierto que un tiroteo se pueda efectuar desde un arma
inútil y guardada en un bolsillo, la trayectoria del disparo
mortal indica claramente que se trató de un fusilamiento.
La tarea ahora es ardua. Por un lado, evitar que el círculo de
la impunidad se cierre. Por el otro, continuar sembrando conciencia
sobre la naturaleza sistémica de este nuevo asesinato de un pibe
pobre a manos del aparato represivo estatal.
El primer paso está dado: la labor militante de familiares de
CORREPI de Moreno, supo unirse a la indignación y bronca de la
madre y vecinos de Matías.
El más importante se dará mientras caminemos más
allá de la condena contra el dedo que jaló el gatillo,
sabiendo que ese dedo pertenece a la mano del estado, el brazo represivo
con el que -paradojas de la lucha de clases- la dominante suele firmar
sus cobardes sentencias.
Matías Lobos vivió apenas 17 años, sólo
porque el dedo, la mano y el brazo de la clase dominante así
lo quiso.
Universidad Nacional de La Matanza: especialización en represión.
Con la vieja excusa de la inseguridad, en el partido de La Matanza lograron
uno de los sueños que el poder tenía vedado: poner una
escuela de policía en una universidad pública.
No es que se respetara la autonomía universitaria antes, ya que
en todas las universidades está naturalizado el hecho de contar
con patovicas y seguridad privada, en algunos casos armados, como en
la UNLaM. Pero esta vez pudieron colocar una sede de la Vucetich, con
la cual se estima que en cinco años duplicará la cantidad
de verdugos que patrullan los barrios de La Matanza, municipio tristemente
célebre por la desaparición de Luciano Arruga, y por infinidad
de fusilamientos y muertes en la tortura, a manos de la misma policía
que va a ser formada en la universidad, por docentes de la misma.
Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, del riñón
del kirchnerismo por el sector de Balestrini, sostuvo que “es
un logro por el que venimos trabajando hace mucho tiempo: que La Matanza
tenga un anexo de la Escuela de Policía Vucetich en su distrito”.
Afirma que esta medida va a contribuir a la “formación
democrática de la bonaerense”, como si el problema fuera
la formación de la policía. Por el contrario, es otro
intento por obtener consenso, en lo que este gobierno es un especialista,
a pesar de que en el mismo distrito tanto la policía bonaerense
como el ejército reprimieron todos los reclamos de los damnificados
por el temporal del mes pasado que dejó varios días sin
luz y agua a gran parte de la población.
Por otra parte, el kirchnerismo hace rato que quiere sacarse de encima
a Daniel Martínez, rector de la universidad, quien está
siendo investigado en dos causas: una por amenazas, asociación
ilícita, falsificación de instrumento público y
defraudación al Estado, la otra por una cuenta no declarada en
un banco de Estados Unidos. Martínez, junto con la Liga Federal
Universitaria, encabezó actos patoteriles en contra de los estudiantes
que todos los días denuncian políticas como éstas.
De todos modos, a la hora de reprimir, como siempre, los sectores que
se disputan los espacios de poder olvidan sus diferencias en pos de
sus intereses comunes, por lo que Martínez y el kirchnerismo
de La Matanza van juntos en esto.
Semana tras semana, en nuestro boletín, damos repaso de lo que
implica la policía en la calle en los hechos de inseguridad:
narcotráfico, trata de personas, negociados de toda clase, manejo
de los delitos comunes, ajustes de cuentas y un largo etcétera.
El manejo de todo esto es la cuota que la policía le cobra a
los poderosos por defender sus intereses.
Ahora les ceden un espacio del pueblo, que luchó largamente por
impedir que la policía entre. Hoy no solamente entra en la universidad,
sino que forma parte de la matrícula.
Lavando cárceles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó
al estado argentino que “tome las medidas necesarias a fin de
proteger la vida y la integridad de todas las personas detenidas en
las unidades 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense”,
a raíz de medidas cautelares que realizaron la Comisión
Provincial por la Memoria (CPM) y el CELS, ambos organismos (uno oficial,
el otro oficioso) ligados directamente al kirchnerismo. Esta operación
política, de la que ya hemos hablado en el boletín n°
652, parte de la mentira de afirmar que el “problema carcelario”
se restringe a ciertas unidades del SPB (a cargo del gobernador Scioli,
con quien casualmente el kircherismo está enfrentado) y niega
que en todo el Sistema Penitenciario Federal (SPF) el hacinamiento,
las nefastas condiciones de vida, las torturas, golpes y muertes son
moneda corriente. Este tipo de “medidas” es una más
de las operaciones del kirchnerismo, que utiliza los “derechos
humanos” para conseguir rédito político.
Las muertes en cárceles y comisarías son responsabilidad
del Estado, ya sean estas muertes causadas por las torturas, golpes,
o por cualquier acción directa de los agentes represivos o por
la omisión de la asistencia necesaria para preservar la integridad
y la vida de las personas privadas de su libertad.
Sistemáticamente, durante los casi 30 años de “democracia”,
más y más muertes ocurren en situaciones de encierro.
Esta semana, sin ir más lejos, en Bragado, Provincia de Buenos
Aires, Jonathan Palavecino, de 23 años, quien se encontraba detenido
en una comisaría de dicha localidad, apareció ahorcado
en su calabozo. La versión oficial explica un supuesto “suicidio”
que siempre, en estos casos, ponemos en tela de juicio ya que las más
de las veces es el “verso” oficial para encubrir asesinatos
de la policía.
En la provincia de Corrientes, en San Lorenzo, Raúl Eduardo Cardozo,
de 31 años, falleció a raíz de quemaduras en el
90% de su cuerpo. Raúl había sido detenido en un festival
de doma y demorado en la comisaría donde, a raíz del incendio
de un colchón en su celda, sufrió gravísimas quemaduras.
No así los policías, quienes, como es de esperar, no tienen
ni una ampolla en el dedo…
Las cárceles, lejos de cumplir una función de “rehabilitación”,
cumplen una función represiva, necesaria para sostener un sistema
de desigualdad social. No por casualidad la población que se
encuentra allí encerrada, es pobre. Así como en las calles,
la policía y demás fuerzas represivas, son las encargadas
de mantener el control social, amedrentando, torturando y matando a
los pibes jóvenes y pobres, para que no se les ocurra organizarse
e intentar cambiar algo de este sistema injusto que diariamente ejerce
su violencia sobre ellos, las cárceles son otra pata más
de este sistema represivo, y allí también, los agentes
penitenciarios se encargan de amedrentar, torturar y matar a los pobres.
Como es un hecho que no puede tapar del todo, los gobiernos intentan
continuamente lavarle la cara a su aparato represivo.
Proyectos como el que la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda,
presentó en el congreso, sólo apuntan a lavar la cara
a un aparato que, por su función intrínseca, es imposible
de reformar. Ese proyecto, de “reestructuración y desmilitarización”
del SPF, mediante el cual se propone crear un “sistema público
de cuidado y resguardo de derechos en el cumplimiento de la pena”,
implicaría una reforma por la cual el sistema penitenciario pasaría
a ser un “servicio público, de carácter federal
y civil, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación”. Le avisamos a la diputada que el SPF ya depende
del Ministerio de Justicia, con lo cual, el “problema” de
la conducción civil de las cárceles ya estaría
solucionado.
Ni el problema se restringe a ciertas unidades penitenciarias, ni el
problema es el supuesto "autogobierno" de las instituciones
represivas, pues la conducción ya la tiene el poder ejecutivo.
El problema es el sistema. Las cárceles, al igual que la policía,
son la pata represiva del estado.
Bernal: cómo la policía resuelve sus conflictos.
La mayoría de las veces que ahondamos en algún crimen
vemos que en mayor o menor medida, hay culpabilidad desde las fuerzas
represivas del Estado cualquiera sea su uniforme, ya sea por su participación
en grandes negocios de droga, prostitución o secuestros, como
porque buscan “resolver” problemas personales o familiares.
La semana pasada, Juan Guillermo Moreno, sargento retirado de la Policía
Federal, le debía a Guillermo Mouzo una importante suma de dinero
y, al tener dificultades a la hora de pagar, decidió saldar la
cuestión de la forma que le enseñaron estando en la fuerza,
en la única forma que conoce para “resolver” situaciones
conflictivas. Decidió ir a la casa de su acreedor y asesinarlo.
Mouzo se encontraba en compañía de dos amigos, Sergio
Farinola y Gabriel Vilar, a los que el ex sargento disparó también,
matándolos en el acto. Cabe destacar que Moreno disparó
ocho veces, los ocho disparos fueron certeros, se trataba de un tirador
“ejemplar”
Inmediatamente después del episodio, el asesino salió
tranquilamente de la casa, donde se cruzó con la esposa de la
primera víctima y le habló con total naturalidad, evidentemente
tranquilo con la satisfactoria resolución de su asuntito.
Juan Guillermo Moreno no es un “loquito suelto” dentro de
la institución policial. Al revisar el Archivo de Casos de Personas
Asesinadas por el Aparato Represivo estatal, que desde CORREPI presentamos
todos los años, se puede ver que existe una constante de casos
en los que los métodos, herramientas y recursos que el estado
pone a disposición de las fuerzas represivas para cumplir su
fin institucional, son usados para resolver conflictos personales o
familiares.
Como bien explicaba Rodolfo Walsh “sus conflictos personales y
aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por
la vía del arma reglamentaria” (La secta del gatillo alegre:
El enigma de La Matanza, Rodolfo Walsh, 1968.).
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
13.484
