BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 657
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Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
15 de
mayo del 2012
Del 15
de mayo del 2012
Sumario:
1.
A pesar de todo Segovia va preso (aunque sea por un ratito).
2. Lautaro Bugatto y los medios oficialistas.
3. Permitido torturar, prohibido decirlo.
4. Tinogasta: Este gobierno reprime la protesta (comunicado del E.N.A.)
5. El Proyecto X manda a juicio a un trabajador.
A
pesar de todo Segovia va preso (aunque sea por un ratito).
Desde que el policía federal Alberto Alejandro Segovia fusiló
con un tiro en la nuca a Mauricio Vega en el barrio de Colegiales, el
Estado dispuso todo su aparato para auxiliarlo en el “mal trago”
de la investigación judicial.
Primero, el juez Daffis Nikilson intentó cerrar la causa, entendiendo
que un tiro en la nuca a quemarropa a un pibe desarmado con ambos brazos
del otro lado de un portón era una legítima defensa (ver
Boletín N° 544). Desbaratamos el intento a fuerza de denuncia
y fuerte movilización, mientras nuestros compañeros abogados
exponían sus argumentos ante la Cámara de Apelaciones.
La defensa del asesino fue tomada orgánicamente por la Dirección
de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad, cuyo decano, Federico
Luis María Hierro, intentó negociar una probation, es
decir, que el verdugo pagara el asesinato de un joven con tareas comunitarias
(ver Boletín N° 581), al mismo tiempo que el tribunal suspendía
el inminente juicio alegando problemas organizativos que, de todos modos,
no impidieron la turbia negociación, que tuvo la causa en suspenso,
entre la Cámara de Casación y la Corte Suprema, por más
de un año.
A pesar de todo eso, finalmente llegamos al juicio. En el interin, habíamos
denunciado la presencia de los abogados ministeriales en la defensa
de los policías de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra,
de la que, ni corta ni perezosa, la ministra Garré los retiró
para cuidar la imagen del gobierno. También Segovia se quedó
sin su defensa institucional oficial, que fue reemplazada por la Dra.
Valeria Corbacho, experimentada defensora policial: Fue la abogada del
ex subcomisario Luis Abelardo Patti en la causa por el asesinato de
los militantes Cambiasso y Pereyra Rossi; de los represores Samuel Miara,
Roberto Sosa y Eufemio Uballes en la causa por el CCD El Atlético;
del espía metro-federal Ciro James, y del policía David
Villalba, el que se quedó sin batería para filmar justo
en el momento que la patota atacó a los trabajadores ferroviarios
y las organizaciones que los acompañaban.
Y siguió el apoyo del estado para su verdugo, apenas si procesado
por homicidio culposo. Pero, a pesar de todo, igual logramos que Alberto
Segovia fuera condenado a tres años de prisión efectiva,
de nuevo con la movilización de la familia y los amigos de Mauro,
que, junto con CORREPI, no dejaron de perseguirlos y escracharlos a
todos: policía, fiscales, jueces y defensores.
En la sentencia, los jueces dieron como válida la teoría
del “accidente” y siguieron el pedido de la fiscalía,
a pesar de todas las pruebas que demostraron que el arma no se disparó
sola, que el policía disparó a matar y, como es habitual
por su cobardía, además, disparó por la espalda.
En la lectura de la sentencia, los jueces se excusaron indicando que
la condena la emitieron siguiendo la elevación a juicio y la
pena pedida por la fiscal.
En la condena a 12 años de prisión que logramos hace casi
un año contra Luis Oscar Ayunta, teniente de la policía
bonaerense, miembro del Grupo Halcón, tropa de elite de dicha
fuerza, asesino de Cristopher Torres, se garantizó la impunidad
del verdugo alegando que tenía un buen concepto de sus superiores
y vecinos, por lo que actualmente está en libertad (ver Boletines
N° 596; 597 y 598). A Segovia lo mandamos preso, pero por 3 años.
Ya vemos que el poder se las rebusca de una forma u otra para premiar
a sus perros guardianes.
Como siempre repetimos: las fuerzas policiales son el brazo ejecutor
de las políticas represivas del Estado, y el poder judicial es
el encargado de garantizar la impunidad. Sólo la conciencia del
pueblo puede revertirlo, con organización independiente del Estado
y sus diferentes gobiernos, porque entendemos que obrar de otra manera
es volver a matar a nuestros pibes.
Lautaro Bugatto y los medios oficialistas.
El 6 de mayo, Lautaro Bugatto, jugador de fútbol del club Banfield,
fue asesinado por el policía bonaerense David Benítez,
en la localidad de Burzaco, provincia de Buenos Aires. Según
el relato del policía, intervino para evitar un supuesto robo
y debió enfrentarse con los delincuentes. Uno de los siete tiros
que disparó ingresó por el pulmón de Bugatto, produciéndole
la muerte. No se encontraron más vainas servidas que las del
policía.
La trascendencia del hecho, que se explica en parte porque la víctima
es un jugador de fútbol, evitó que se plantara una escena
de otro tipo, como cuando esto ocurre con pibes pobres de barrio. Es
decir que, en este caso particular, no hubo lugar para la versión
típica de la policía y los medios de comunicación:
“delincuente de frondoso prontuario muere en enfrentamiento”.
En este caso, los medios mostraron la noticia como algo novedoso y sorprendente,
y, desde luego, como un exceso de un policía que actuó
en forma negligente. En algunos casos, por las propias peleas políticas,
algunos utilizaron este hecho para pegarle al partido de gobierno. En
otros casos, los medios oficialistas como Página/12, a través
del periodista Bruschtein, intentaron despegar al gobierno nacional,
y encarar la cuestión como un problema exclusivo de la provincia
de Buenos Aires, para influir en la interna Scioli/Casal vs. Mariotto.
Lo mismo que hicieron hace unas semanas con el servicio penitenciario
bonaerense.
Así, en una entrevista a Gonzalo Bugatto, militante del Movimiento
Evita y hermano de Lautaro, el periodista hacía preguntas como
la siguiente: “Con un modelo nacional en el que los derechos humanos
y una policía que no reprime son algunos de los principales logros,
¿por qué la provincia de Buenos Aires no se acomoda a
los tiempos que corren?”
El hermano de la víctima y militante del Movimiento Evita, no
hizo más que reproducir el discurso oficial de la fuerza descontrolada,
de la maldita policía, y de la necesidad de cambiar la formación
actual. Del hecho de que el mismo día, pero en Mendoza, ocurriera
otro caso de gatillo fácil, Gonzalo Bugatto sacó la conclusión
de que habría una autonomía policial incontrolable, cuando
en realidad lo que eso indica es que hay una política sistemática
que abarca a todo el país.
En la misma línea, el periodista Juan Britos, de Tiempo Argentino
(13/05), entrevistó a varios familiares de víctimas de
la represión que militan en CORREPI. El entrevistador sólo
estaba interesado en las víctimas de la policía bonaerense
y luego nos reconoció que su diario no quiere que se mencionen
a las fuerzas represivas federales. La nota no se refiere en ningún
momento a CORREPI, ni se hace mención a los números que
manejamos, aunque sí se nombran a otras organizaciones como Madres
del Dolor o el CELS.
Además de la utilización política de este crimen,
a través de medios oficialistas, en favor de una fracción
del peronismo, y en desmedro de otra, también se intentó
instalar el falso debate de que este hecho es consecuencia de que el
policía estaría obligado a portar su arma las 24 horas,
o que viviría en permanente estado policial, lo que es mentira,
ya que hace diez años que esa obligación no existe.
Sin embargo, no recibió la misma atención mediática
el hecho de que, por estos días, se entregara el policía
federal del GEOF, Pablo Valente, quien asesinó, durante un allanamiento,
a Alan Stéfano Tapia. Se encontraba prófugo desde hacía
un mes, luego de que fuera procesado por homicidio simple.
Estos hechos se repiten por todo el país. Lejos de ser una muestra
sobre una supuesta autonomía policial incontrolable, son el reflejo
de una política estatal sistemática destinada a mantener
a raya a los más pobres. Y es una política tan estratégica
que, ni el hecho de que algunas veces un político pague algún
costo, logra cambiarla. Los policías no actúan así
porque estén mal formados. Actúan así, porque ésa
es su función social en el marco de las relaciones sociales capitalistas:
reprimir a los pobres.
Permitido torturar, prohibido decirlo.
El 25 de mayo de 2010, Juan Carlos Lezcano (28) y Alberto Rolón
(45), dos vecinos de Rauch, provincia de Buenos Aires, aprovecharon
el feriado para salir a cazar mulitas. Al mediodía, una patrulla
policial los detuvo. Una vez en la comisaría, alojados en lugares
separados, fueron torturados mientras los policías los interrogaban
por un robo de unas ruedas de camión. Golpes con guantes de box
para que los torturadores no se lastimaran los nudillos, submarino seco,
gas pimienta en los ojos, amenazas de cortarles un dedo con una tenaza
y todo tipo de vejámenes estuvieron incluidos en la sesión
de tormentos.
En el juicio oral que se está desarrollando contra seis policías,
quedó probado que tanto celo en esclarecer el robo de los neumáticos
se debió a que su dueño, un acaudalado hacendado de fluidos
vínculos con la policía, había prometido una recompensa
de diez mil pesos si encontraban a los responsables. Y claro, en lugar
de investigar el robo, los uniformados agarraron los primeros dos perejiles
que encontraron, y los torturaron para que se hicieran cargo.
Ante la imposibilidad de barrer el asunto bajo la alfombra, la acusación
contra los policías no es por el delito de aplicación
de tormentos, sino por apremios ilegales. Una figura penal menor, siempre
a mano para que la pena resulte excarcelable y no se mencione la palabra
prohibida: tortura, el crimen de estado por excelencia.
Lo mismo sucedió esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Después
de más de dos años de pelea judicial, iniciada cuando
el vecino de Villa Soldati, Luis Carlos Gallardo, recurrió a
CORREPI para denunciar cómo fue torturado por policías
de las comisarías 36ª, 38ª y 50ª, finalmente logramos
la elevación a juicio del expediente. Luis y su esposa, junto
a otra pareja de amigos, estaban en el boliche Pachá cuando se
produjo la irrupción de personal policial a raíz de una
pelea entre otras personas.
Los policías, ya terminada la pelea, maltrataron y golpearon
a varios parroquianos ajenos al incidente, entre ellos una de las mujeres
que estaba con Luis, quien no pudo contener la indignación, e
insultó a los policías. Como respuesta, fuera del local,
lo apalearon entre seis o siete uniformados, causándole fracturas
varias en el rostro y lesiones graves en un ojo y el oído. Además,
le robaron las llaves del auto, el celular y destrozaron el vehículo.
De nuevo, el fiscal se contentó con acusar al único policía
identificado, Sergio Martínez, de la 38ª, por vejaciones,
lesiones y robo. Desde la querella, en cambio, volveremos a acusar por
aplicación de tormentos, convencidos de que hay que llamar a
las cosas por su nombre. Represor al represor, y torturador al torturador.
Tinogasta: Este gobierno reprime la protesta.
Una vez más, el gobierno que propagandiza “no reprimir
la protesta social”, no sólo reprimió el corte de
la ruta 60 que llevan a cabo los compañeros que están
luchando en defensa de los recursos naturales, sino que golpeó
y detuvo a tres de los manifestantes.
Más grave aún fue el hecho de que, por algunas horas,
la policía ocultó el paradero de los detenidos.
De esta forma, continúa la represión contra el pueblo
de Tinogasta, que no se resigna a abandonar la lucha contra las empresas
mineras que vienen a saquearnos.
De esta forma, continúa la represión contra los militantes,
trabajadores y luchadores sociales, que ya tiene, desde 2003, un saldo
de 17 asesinados por las fuerzas de seguridad, presos políticos
y miles de procesados y encausados.
Para enfrentar esta represión nos movilizamos, y denunciamos
que este gobierno y sus policías, federal y provinciales, son
los responsables de la represión a los que luchan. ¡BASTA
DE REPRESIÓN! ¡LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR! ¡BASTA
DE PERSECUSIÓN! ¡CIERRE DE TODAS LAS CAUSAS A LOS LUCHADORES
SOCIALES!
ENA - Encuentro Nacional Antirrepresivo, integrado por:
FAM (Frente Antirrepresivo de Mar del Plata); CADH (Comisión
Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario); Sociedad de Resistencia
(Mendoza); AGARRE (Acción Grupal AntiRrepresiva Estatal - Comodoro
Rivadavia); Corriente del Pueblo, Jóvenes KURMI, MoCaJu - Movimiento
Campesino de Jujuy (Jujuy); Militantes Antirrepresivos de Olavarría;
Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos de El Bolsón;
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba
(CADDHH); Pájaros en la Cabeza (Santa Fe); Antirrepresión
(Misiones); Centro Cultural y Social Estación Esperanza (Rafaela);
CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).
El Proyecto X manda a juicio a un trabajador.
Apoyado exclusivamente en los informes de inteligencia y testimonios
de policías y gendarmes, el juez federal de Tres de Febrero rechazó
los planteos de la defensa, a cargo de CORREPI, en la causa por dos
cortes de la Panamericana contra el compañero Carlos Zerrizuela,
delegado del Frigorífico Rioplatense, y decretó la elevación
a juicio oral. Así, el compañero será juzgado por
un tribunal oral federal de San Martín acusado de ser el “cabecilla”
del grupo de casi 200 trabajadores que, en dos oportunidades, se movilizaron
sobre la ruta Panamericana en defensa de su salario, y en reclamo de
mejores condiciones laborales.
Toda la prueba con la que el fiscal pidió y el juez concedió
la elevación a juicio está impregnada de las tareas de
inteligencia realizadas por los gendarmes en el marco del Proyecto X,
que, infiltrados en la manifestación, sacaron fotos, hicieron
preguntas disfrazados de periodistas o manifestantes y completaron los
datos obtenidos con los registros de militantes que obran en su base
de datos en Campo de Mayo.
Cuando nos opusimos a la elevación, el juez validó las
“pruebas” aportadas por los dependientes de la ministra
Nilda Garré con un solo argumento: “la prueba no es nula,
porque yo la ordené”. Una afirmación que demuestra
que “legal” o “ilegal” son conceptos que sólo
dependen de quien tiene el poder de crear, interpretar y aplicar las
normas, y que, por lo tanto, son ajenos a los trabajadores y propios
de quienes gobiernan en su propio beneficio.
La misma semana, mientras todavía resuenan las confusas palabras
de la ministra Garré jurando entre toses que el Proyecto X no
existe, la presidenta Cristina Fernández se hizo cargo plenamente
de su existencia y utilidad represiva. A raíz de un operativo
en el que se incautó droga, afirmó que ello fue posible
por la utilización de datos aportados por gendarmería
y su base de datos. Irónicamente, dijo: “¿Cuántas
tapas nos hicieron con eso los medios hegemónicos, los diarios?
Tapas y tapas ¿Vieron que no era para investigar a simples ciudadanos?”.
No, claro. No es para hacer inteligencia interna a “simples ciudadanos”,
sino a trabajadores antiburocráticos organizados para defender
sus derechos, como los delegados del Frigorífico Rioplatense.
FUENTE:
CORREPI
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