BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 659
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
10 de
julio del 2012
Del 29
de mayo del 2012
Sumario:
1. Sigue a la persecución a delegados por luchar.
2. El imperialismo nos informa lo mal que está la situación
con los DDHH.
3. Las cárceles del sistema siguen asesinando.
4. Gatillo fácil con mala puntería.
5. Al este y al oeste llueven, lloverán… las balas y las
leyes de la represión estatal.
Sigue a la persecución a delegados por luchar.
El 31 de mayo comienza el juicio contra dos delegados de la Línea
60, Néstor Marcolín y Yuren Pérez Cardona.
Este juicio claramente forma parte de una persecución por su
militancia sindical, pues los compañeros delegados van a juicio
luego de la sostenida lucha que encabezaron los trabajadores contra
la flexibilización de la empresa Monsa y luego de enfrentar fuertes
amenazas por parte de patotas que actúan contra las asambleas
protegiendo los intereses de esta empresa.
La misma situación enfrenta Néstor Piriz, delegado de
la Línea C del subte agremiado en la AGTSyP, quien fue agredido
por una patota en el marco de una asamblea y ahora la justicia lo lleva
a juicio acusado de amenazas.
En ambos casos, los jueces se basan en los testimonios de un capataz
y agentes de seguridad de las empresas para acusar a los trabajadores
de las mismas agresiones que ellos sufrieron por parte de las patotas,
agresiones de las que, además, estos “denunciantes”
fueron partícipes o cómplices.
Estos casos son un claro ejemplo de cómo los compañeros
delegados, además de enfrentar a las empresas que explotan a
los trabajadores, deben enfrentar la acción concreta de patotas
y del estado, que a manos del poder judicial, criminaliza a quienes
luchan por condiciones laborales dignas.
Esta es la situación de decenas de trabajadores que luchan y
son procesados, perseguidos y apresados por un estado que efectivamente
pone todas sus herramientas al servicio de los intereses empresariales.
Es el caso de delegados del frigorífico Rioplatense, Fate, Firestone,
Kraft, Ferroviarios, Subte, Transporte de colectivos, Paty, etc.
Ante esta situación es sumamente necesario movilizarnos y hacernos
presentes en la calle para denunciar esta persecución.
Esta semana continúa el juicio en Tribunales de Retiro contra
Néstor Piriz, delegado del Subte. El 31 de mayo, comienza el
juicio contra los delegados de la Línea 60, Marcolín y
Cardona, en los tribunales de Tacuarí 138. Porque si tocan a
uno, tocan a todos.
El imperialismo nos informa lo mal que está la situación
con los DDHH.
Esta semana, el Departamento de Estado yanqui, a cargo de Hillary Clinton,
presentó el informe anual de la situación de los DDHH
en el mundo. En el apartado de Argentina señala tres puntos que
cataloga como preocupantes: "Las acciones que podrían afectar
la libertad de prensa"; "el uso excesivo de la fuerza por
parte de la Policía, que a veces puede acabar con muertos"
y "la continua violación de los derechos de los pueblos
indígenas".
En lo referido al aparato represor del estado en su conjunto, menciona
“denuncias contra las fuerzas de seguridad por corrupción,
pobres condiciones de prisión, maltratos a prisioneros",
"ocasionales arrestos arbitrarios" y "extensas detenciones
previas a juicio”.
Para aclarar, cuando dice “uso excesivo de la fuerza, que a veces
puede acabar con muertos” realmente se refiere a lo que denunciamos
todos los días como represión preventiva, política
de estado apuntada hacia los pobres para disciplinarlos e imponer la
idea de que en la calle manda la policía, es decir: control social.
Luego ahonda un poco más acerca de las condiciones de “vida”
en las cárceles y muy cínicamente habla de “ocasionales
arrestos arbitrarios” cuando no son ocasionales, al contrario,
son sistemáticos y es una de las principales herramientas que
tienen las distintas fuerzas represivas para ejecutar la tarea del disciplinamiento
a los pobres.
Así y todo, el Departamento de Estado destacó la gestión
de la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré.
"Avanzó en el combate contra la corrupción en las
fuerzas de seguridad, especialmente dentro de la Policía Federal",
sostiene. Es de todos modos esperable el elogio a una de las personas
que más obedientemente siguió, en los últimos tiempos,
los mandatos del imperialismo.
Es bueno recordar que las políticas de seguridad y derechos humanos
en Argentina siguen a rajatabla los mandatos del Departamento de Estado
yanqui. A fin del año pasado, el kirchnerismo realizó
la octava reforma al código penal a través de “leyes
antiterroristas” a pedido del GAFI (Grupo de Acción Financiera
Internacional), el FMI y demás organismos similares. Hemos hablado
anteriormente del entrenamiento que reciben, por parte de EEUU, militares,
policías y personal civil en materia de técnicas de interrogatorios
(torturas), además del financiamiento por medio de becas (ver
Boletín N° 595).
Se quejan de lo que ellos mismos promueven y financian. La instalación
de la base de “ayuda humanitaria” en Resistencia, Chaco,
es otra muestra de lo mismo (ver Boletín N° 652). Recordemos
lo que padeció el pueblo de Haití con el “humanitarismo”
yanqui, que contó con la colaboración de la obediente
y eficaz Nilda Garré que les envió a los cascos azules
para contribuir a las masacres de los genocidas ejércitos yanquis
y haitianos (ver Boletines N° 585, 575 y 543) en el marco de la
Minustah.
Nuevamente el Departamento de Estado yanqui nos somete al circo de la
hipocresía, aparenta horror ante la situación internacional
de los DDHH (¿y por casa como andamos?), al mismo tiempo que
marca el camino que tienen que seguir los gobiernos obedientes. El estado
argentino demostró ser un alumno destacado a la hora de ejecutar
los planes para que el imperialismo profundice el saqueo de los recursos
y la represión a los que se le opongan.
Las cárceles del sistema siguen asesinando.
Mientras en la provincia de Buenos Aires, Scioli, Casal y Mariotto,
pretenden dirimir su interna política utilizando el tema del
gatillo fácil y la muerte en las cárceles para conveniencia
propia, los casos que se multiplican en el país muestran que
no es una cuestión de jurisdicciones.
Esta semana que pasó, se conocieron diversos casos de muertes
en cárceles, en diferentes provincias, lo que pone en evidencia
que el asesinato en centros de detención es parte de una política
que abarca a todo el país.
En San Lorenzo, Corrientes, Raúl Eduardo Cardozo (31) fue detenido
y golpeado delante de su hija de 7 años. En la celda de la comisaría
fue prendido fuego, hasta morir, para tapar las marcas de los golpes
que los policías le habían propinado. En este hecho hay
cinco policías implicados.
En General Pico, La Pampa, dos presos fueron “suicidados”
convenientemente con sábanas y frazadas. Se trata de los presos
Luis Wilson (29) que murió en la celda de la Comisaría
2ª de esa ciudad, y de Darío Ospital (34), quien murió
en la celda de la Alcaidía de la Unidad Regional II. Este último
estaba pronto a cumplir la condena y a recuperar su libertad.
En Mendoza, Leonardo Miranda (22), un interno del pabellón 16
del Penal de Boulogne Sur Mer, fue asesinado en un supuesto enfrentamiento
con otros internos. El supuesto autor de la muerte de Miranda está
imputado además por el homicidio de Carlos Soria, ocurrido en
medio de una riña entre ocho internos en Almafuerte en noviembre
pasado.
Es común en todas las cárceles y comisarías que
los servicios penitenciarios entreguen a algunos internos, generalmente
molestos para el servicio, para que sean asesinados por otros internos,
en zonas que dejan liberadas dentro de los penales. Lo mismo ocurre
con los incendios en cárceles y comisarías, que se utilizan
para borrar los rastros de las torturas que se aplican sobre los detenidos.
La lógica del sistema, que reprime con el gatillo fácil
en las calles, se reproduce, con otras formas, en los centros de detención
de todo el país, sean provinciales o federales, a través
de las torturas, los incendios, los supuestos suicidios, y los enfrentamientos
provocados por los mismos servicios carcelarios.
Gatillo fácil con mala puntería.
Desde CORREPI decimos que el gatillo fácil forma parte de lo
que denominamos la represión preventiva, aquella cuyo objetivo
es aplicar el control social a los sectores objetivamente interesados
en cambiar el injusto estado de las cosas, y que, por lo tanto, se descarga
de manera indiscriminada sobre los más pobres y en particular
los más jóvenes, que son así disciplinados en el
respeto al orden y la autoridad.
Este tipo de represión asesina a un pibe por día en todo
el país, cuando los asesinos de uniforme tienen puntería.
Por suerte, a veces fallan. Es lo que ocurrió en Godoy Cruz,
provincia de Mendoza, donde cuatro policías que, según
sus dichos, estaban buscando a unos delincuentes, desencadenaron una
balacera contra unos estudiantes que se encontraban comprando una gaseosa
en un kiosco. El saldo fueron más de 30 disparos, que pegaron
en diferentes lugares. A uno de los chicos que estaban en el lugar alcanzaron
a herirlo en una pierna. Un automóvil, donde se cubrieron otros
chicos, quedó hecho un colador de la cantidad de balazos que
recibió. Como no había muerto nadie, los policías
amenazaron a los pibes para que se fueran sin decir nada.
En La Falda, provincia de Córdoba, la policía intentó
terminar con una pelea afuera de un local bailable a los balazos. Tan
cerca de las personas detonaron sus armas, tan al cuerpo dirigieron
sus disparos, que una chica de 16 años recibió una posta
de goma en su ojo y lo perdió. Tuvo suerte de que el policía
no le disparara más de cerca, sino probablemente la hubiera asesinado.
Dos casos en los que, por suerte, no murió nadie. Si hubiera
habido alguna víctima fatal, enseguida las fuerzas represivas
habrían intentado plantar una escena de enfrentamiento, y los
medios habrían publicado la noticia haciendo referencia a delincuentes
abatidos.
De todos modos, aún con mala puntería, la finalidad de
la represión preventiva se cumple: afectar la subjetividad de
las masas, para que agachen la cabeza ante la autoridad y no se planteen
la necesidad de enfrentar al aparato represivo, para cambiar el injusto
sistema que nos mata un pibe por día.
Al este y al oeste llueven, lloverán… las balas
y las leyes de la represión estatal.
No es noticia, frente a la barbarie del capitalismo, la respuesta de
quienes, por su condición de oprimidos, se rebelan no sólo
para frenar el avance de la miseria sobre sus vidas.
Así pasó en Montreal, segunda ciudad de Canadá,
esta semana, cuando la Ley y la Bala asistieron a la revuelta generalizada
que protagonizan trabajadores, estudiantes y desocupados. Lo que empezó
como una medida de protesta con reivindicaciones concretas que evidencian
la privatización de la educación por medio de fuertes
cuotas en la matrícula, fue haciéndose eco también
de la desocupación y los ajustes en la inversión de la
economía social del estado canadiense. La multitudinaria marcha
que convocó a miles de jóvenes en su mayoría, dejó
un saldo de 120 detenidos, producto del avance de la policía
con camiones hidrantes, balas de goma y gas pimienta. Los manifestantes
no se quedaron atrás y mostraron la organización y solidaridad
de los de abajo a más de 100 días de la primera gran huelga
que continuó hasta la fecha con una seguidilla de manifestaciones.
A esta última se le ha sumado como consigna convocante el rechazo
absoluto a las dos leyes vigentes desde el 18 de mayo, que buscan criminalizar
la protesta social. Una de ellas, municipal, multará a quienes
asistan con máscaras para proteger su identidad con una pena
de entre 1.000 a 5.000 dólares canadienses. La otra, una Ley
Especial del gobierno provincial, exige que todas las manifestaciones
de disidencia popular se sometan al control fastidioso del estado. Cualquier
manifestación, en cualquier parte de Quebec, debe presentar una
hora de inicio y un itinerario completo a la policía local, por
lo menos, 8 horas antes, o se la considerará ilegal. Además
la policía se reserva el derecho de cambiar el itinerario en
cualquier momento, no pudiéndose realizar manifestaciones en
espacios de las instituciones académicas. Cualquier representante
o cualquier miembro que bloquee el acceso a las clases, o aconseje a
otros a hacerlo, estará sujeto a una multa que puede variar desde
los 7.000 a 35.000 dólares. Si una asociación estudiantil
entera es considerada culpable de lo antes mencionado, se les aplicará
una multa de entre 25.000 y 125.000 dólares. Es también
ilegal animar a cualquiera a participar en una manifestación
y es, potencialmente, ilegal informar a través de internet.
Más cerquita, en Chile, la última movilización
contra el gobierno antipopular de Piñera convocó a unas
100.000 personas, reprimidas con toda la violencia característica
de los carabineros, quienes detuvieron a 70 manifestantes e hirieron
varios de gravedad.
Mientras, en Siria, el régimen de Bashar Al Assad volvió
a bombardear en Hula a 110 personas con las armas que Rusia le provee.
En Colombia y Venezuela, sus estados se ocupan de controlar las fronteras
desplegando una cualitativa militarización con la excusa de “hacer
frente al avance guerrillero”.
Y así, se replican y multiplican las ofensivas del pueblo contra
sus opresores, los ricos y poderosos, al este y al oeste, al norte y
al sur, como las balas y las leyes de todos los estados. La represión
está ahí, lista para desatarse con toda su furia cada
vez que el control se les escapa de las manos.
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CORREPI
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