BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 660
|
Por Correpi especial para Villa Crespo Digital
10 de
julio del 2012
Del 5
de junio del 2012
Sumario:
1. Amenaza de cárcel para los militantes antimineros.
2. Cristian Ibazeta, preso asesinado en una cárcel de Neuquén.
3. Continúa la lucha antirrepresiva en Olavarría.
4. Organizando la represión.
5. Control social a la tucumana.
Amenaza de cárcel para los militantes antimineros.
"Hay que hacerle entender a esa gente de alguna forma, en eso estamos",
fue la respuesta que Amelia Sesto de Leiva, Presidenta del Superior
Tribunal de Justicia de Catamarca, le dio a los periodistas cuando le
preguntaban si los militantes antimineros que protestan sobre la Ruta
60, podían ser encarcelados.
La titular del poder Judicial, daba respuesta también a la kirchnerista
titular del poder Ejecutivo provincial Lucía Colpacci, quien
cursó una nota a la magistrada promoviendo la detención
y procesamiento de los luchadores. Respuesta que se extiende al intendente
Ávila de Tinogasta (un vil portero de los empresarios) y hasta
al embajador en Chile, el "progresista" Gines García,
preocupado por el comercio fronterizo (la ruta en cuestión habilita
el paso San Francisco).
Todos contestes en la necesidad de acallar cuanto antes la protesta
social. Es inocultable que la lucha antiminera pone en riesgo los intereses
de los empresarios para quienes trabajan los gobernadores, los embajadores,
los intendentes y los jueces. Más, este episodio que levanta
una voz de alerta y solidaridad incondicional con los luchadores catamarqueños,
es un rotundo ejemplo de cómo funciona el sistema, de cómo
se alinean sus gerentes, qué intereses no pueden ser afectados,
y también es un emblema de la respuesta única que el estado
formula: represión y criminalización.
En simultáneo, en la zona norte del Conurbano bonaerense, la
comisión interna del Frigorífico Rioplatense ha sido llamada
a prestar declaración indagatoria por participar de un conflicto
gremial, mientras el único no citado, Carlos Zerrizuela, sigue
con la amenaza de un burdo juzgamiento por disposición de la
justicia Federal de San Martín.
A su turno, tres delegados de FATE han sido notificados de la formación
de otra causa en la fiscalía de San Fernando, esta vez, por defenderse
de matones y carneros mientras ejercían el paro ante los incumplimientos
empresariales (causa ésta donde CORREPI asume la defensa técnica
junto al CeProDH).
La amenaza de encarcelar al que protesta, al que ejerce el derecho más
allá de las formulaciones retóricas, los pone en evidencia:
delito no es sólo una conducta antijurídica y culpable
en los términos formales del Código Penal, lo es también
(y fundamentalmente) toda conducta social o individual que jaquee los
intereses de la clase dominante. Delito es todo lo que ellos dicen que
es delito.
Una jueza a instancias de una gobernadora, con el aplauso de un intendente
y la connivencia de un embajador, dicen que la protesta es un delito.
En las estribaciones cordilleranas o en el superpoblado conurbano bonaerense,
el denominador común es el interés empresario.
Las empresas los necesitan y ellos cumplen con el eufemismo fetichista,
la excusa elegante, la grandilocuente pretensión de hacernos
creer que sólo están haciendo cumplir la ley.
Eso fue, es y será siempre criminalizar la protesta, ese modo
sutil de marcar la cancha y esconder la brocha que se repite y se extiende
por toda la geografía nacional, desmintiendo la canallesca afirmación
del gobierno de los derechos humanos, experto en negar lo que ha sido
una constante de su gestión.
En todo el país, se cuentan por miles los trabajadores y luchadores
sociales perseguidos. Nacional y popular... es la criminalización.
Cristian Ibazeta, preso asesinado en una cárcel de Neuquén.
El 21 de mayo pasado, Cristian Ibazeta, interno de la Unidad nº
11 de la provincia de Neuquén, fue atacado y recibió 24
puñaladas en su cuerpo que, luego de varios dí¬a de
agoní¬a, le produjeron la muerte. Faltaba poco tiempo para
que empezara con las salidas transitorias.
Cristian habí¬a denunciado, desde 2004 hasta la fecha, en
siete ocasiones, a los miembros del servicio penitenciario del penal
por diferentes hechos de tortura.
En 2009, denunció las condiciones de detención, y la Cámara
en lo Criminal nº 1, a cargo de los jueces Luis Marí¬a
Fernández (ex asesor legal del Ejército durante la dictadura),
Mario Rodrí¬guez Gómez y Alejandro Cabral, lo rechazó
sin tener en cuenta las torturas que sufrí¬a cotidianamente
de parte del servicio.
En 2010, declaró en un juicio oral contra 27 integrantes del
servicio, por las torturas que habí¬an recibido 45 presos
en 2004. Mientras 6 de los policí¬as recibieron algún
tipo de condena, 21 fueron absueltos, y volvieron a custodiar a los
presos que los habí¬an denunciado. Luis Marí¬a
Fernández fue uno de los jueces que absolvieron a los servicios.
El otro fue Juan José Gago. Carlos Brondo, el entonces jefe de
seguridad, hoy dirige todos los penales de la provincia de Neuquén.
El servicio penitenciario nunca pudo cooptar a Ibazeta para que forme
parte de los buchones y entregadores que hay dentro de la prisión.
Tampoco pudo amedrentarlo con la tortura cotidiana. Durante todos estos
años mantuvo la lucha que implicaba denunciar y declarar contra
sus torturadores, pese que debí¬a seguir en el mismo lugar,
“custodiado” por aquéllos a quien denunciaba.
En el boletí¬n informativo nº 659, afirmábamos
que la lógica del sistema, que reprime con el gatillo fácil
en las calles, se reproduce, con otras formas, en los centros de detención
de todo el paí¬s, sean provinciales o federales, a través
de las torturas, los incendios, los supuestos suicidios, y los enfrentamientos
provocados por los mismos servicios carcelarios.
Pero, como decí¬amos en otra nota del mismo boletí¬n,
la finalidad es la misma: afectar la subjetividad de las masas, para
que agachen la cabeza ante la autoridad y no se planteen la necesidad
de enfrentar al aparato represivo. La represión “preventiva”
busca que los pobres se disciplinen en el respeto al orden y la autoridad.
Continúa la lucha antirrepresiva en Olavarría.
En el Boletín Informativo nº 658 relatábamos cómo,
el 12 de mayo, Diego González fue torturado por policías
de la comisaría 1ª de Olavarría, quemado con agua
hirviendo mientras le exigían una coima. Desde entonces, la movilización
popular no ha cesado, y con ella, se consiguió que tres de los
policías imputados (Néstor Rodríguez, Nicolás
Manuel y Edgardo Constancio) fueran detenidos y trasladados a la unidad
penal de General Alvear. Claro que jueces y fiscales están esperando
su chance para decir “no son torturas, son apremios”, cosa
que pronto puedan ser liberados.
En tanto, el secretario de DDHH de la provincia, Guido Carlotto (parece
que se transmite en la familia el cargo, como las escribanías),
apareció, como otros oportunistas, a lavar la cara de la represión.
“Vamos a instrumentar todas las instancias necesarias para ayudar
a esclarecer este inadmisible y horrendo caso de tortura” declaró.
Y así, con un gran discurso bueno para generar consenso, anunció
el traslado de varios oficiales a otras dependencias, que ahora torturarán
en otros lados. Como si el problema fueran unos policías aislados
y no toda la institución.
Militantes antirrepresivos de la localidad (compañeros organizados
en el ENA, Encuentro Nacional Antirrepresivo), se encuentran luchando
y denunciando que no es un caso aislado. El de Diego, es una demostración
más de que este accionar es sistemático e inherente a
las fuerzas represivas. Y que tanto los organismos oficiales como los
oficiosos son los encargados de lavarle la cara a la represión,
cuando estos casos, cuando trascienden, para pegarse en sus internas.
Organizando la represión.
Esta semana, Nilda Garre, la ministra de Seguridad, inauguró
el Centro Unificado Federal de Respuesta Rápida, que consiste
en poner la tecnología al servicio de la represión. Allí
se centralizan las comunicaciones entre las distintas fuerzas represivas
del estado (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria) con el objetivo de
articular una respuesta “rápida y entre todos” frente
a cualquier situación de “inseguridad”, además
de implementar nuevos dispositivos de informática y comunicaciones
de última generación (¿socializará Gendarmería
el software del Proyecto X?).
Si la seguridad de los ricos es la represión de los pobres, entonces
no hay otra alternativa que decir que lo único que han hecho
es mejorar sus herramientas para reprimirnos mejor.
Por otro lado, el ministerio de Seguridad y el titular de la Oficina
Anticorrupción del ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
Julio Vitobello, acordaron un convenio para implementar “estrategias
de transparencia y mejorar el control sobre la administración
pública de todas las fuerzas del estado”, en el intento
de eliminar la corrupción de las fuerzas.
Vano intento, cuando la corrupción –como la represión-
es parte inherente de la naturaleza del estado capitalista. Tampoco,
en materia de corrupción, “es sólo un policía...”.
Ya lo señalaba Rodolfo Walsh en El Enigma de la Matanza: “La
secta del gatillo fácil, es también la logia de los dedos
en la lata”. Corrupción y represión van de la mano,
y juntas actúan a través del aparato estatal.
Y por si no nos quedó claro que Nilda Garré esta por demás
dispuesta a seguir organizando y profundizando la represión,
desde esta semana sumó a 540 gendarmes a las calles de José
León Suárez, en el marco del Operativo Centinela. Así,
con la excusa de la “inseguridad”, militarizan los barrios,
cuando todos los días vemos que la inseguridad es la policía
en la calle: son ellos quienes matan a nuestros pibes, meten la droga
en los barrios y roban.
Control social a la tucumana.
Los códigos de faltas y contravenciones, y la facultad del arresto
para “identificar” o “averiguar antecedentes”,
permiten a las policías y otras fuerzas de seguridad detener
en cualquier momento y lugar, a personas que no han cometido ningún
delito. Mientras un juez o un fiscal deben justificar, aunque sea en
forma aparente, por qué ordenan una captura, un policía
sólo tiene que afirmar que observó una “actitud
sospechosa” (por ejemplo, que “el sujeto desvió la
mirada” o que “aceleró el paso” al advertir
el móvil policial), o invocar su “olfato” para privar
a alguien de su libertad.
Desde los viejos códigos rurales dirigidos a disciplinar a los
“vagos y malentretenidos”, y la Ley de Residencia, que apuntaba
a los revoltosos urbanos, estas normas han ido evolucionando a través
de los códigos de policía, los edictos policiales y, en
tiempos más modernos, las faltas o contravenciones.
Desde el fin de la última dictadura, casi todas las provincias,
y la propia ciudad de Buenos Aires, han actualizado el sistema, dotándolo
de legitimidad de origen, al ser dictado por legisladores y no directamente
por la policía, y actualizando su contenido para orientarlo hacia
quienes deben ser eficientemente disciplinados en cada momento y lugar.
Tucumán es una provincia atrasada en la materia, pues todavía
rige un sistema similar al de los viejos edictos policiales, por lo
que, en estos días, todas las bancadas legislativas discuten
un nuevo Código de Contravenciones. Son varios los proyectos
en danza, pero, más allá de sus diferencias, todos parten
de la misma premisa: el código penal no alcanza para ejercer
el control social.
Por eso, más allá del debate puntual que se propone sobre
alguna figura en particular (merodeo, vagancia, etc.), todos coinciden
en la necesidad de dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas
eficaces para el control social.
Esa necesidad de disciplinamiento, incrementada en tiempos de crisis,
explica por qué la sentencia en la causa Bulacio que ordenó
al estado argentino eliminar el sistema de detenciones arbitrarias,
no puede –no podrá- ser cumplida por ningún gobierno
que administre una sociedad dividida en clases.
FUENTE:
CORREPI
Caracteres:
12.084
